LA ECONOMÍA PETRISTA

 Comentario 26/09/2022

 

LA ECONOMÍA PETRISTA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Aunque existe una variada opinión a nivel de los centros de investigación política, social y académica del mundo sobre considerar las labores del Estado como productivas o no productivas, no existe una conclusión única y los criterios son diversos. La teoría de mayor aceptación es que el Estado con sus múltiples servicios hace una contribución, pero no una producción.

Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor, si un productor industrial, compra materia prima, emplea maquinaria y equipos, insumos diversos y labor humana para hacer una transformación y fabricar un producto que luego vende en el mercado y eso le genera una ganancia, su actividad se considera como productiva en las llamadas cuentas nacionales, en las cuales se mide lo producido por el respectivo país en el año correspondiente. Si, por el contrario, en una oficina pública se hace un trámite para un ciudadano, no hay en realidad una producción cuantificable, si bien hay una contribución a un proceso que le genera un beneficio al propio interesado. Este trámite no se contabiliza en esas cuentas nacionales, por lo tanto, no queda incorporado en la medición del producto interno bruto del respectivo país en el año correspondiente.

Hay muchos otros servicios que se consideran una contribución, pero no una producción, desde el punto de vista mencionado. Para citar dos ejemplos, las labores de las amas de casa en el hogar (actividades del cuidado doméstico) o los servicios religiosos de una iglesia (actividades de carácter espiritual), son contribuciones, pero no producciones comparables a las que realizan otras actividades como la producción agropecuaria o la minera, los establecimientos de comercio, los servicios profesionales, los servicios financieros, etc., todos los cuales sí forman parte de la producción nacional.

Pues bien, el programa económico de Gustavo Petro está fundamentado en la redistribución de la riqueza a través del Estado, mediante la generación de un amplio número y valor de subsidios o beneficios a las personas consideradas vulnerables o a las comunidades marginadas, según sus propios criterios. Para ello se han planeado diversas estrategias de recaudo de impuestos y contribuciones tales que permitan financiar dichas erogaciones, sin considerar el mayor recaudo actual, producido por la reforma tributaria anterior hecha en el último año del gobierno de Iván Duque (con un crecimiento estimado para 2022 de cerca del 20% en el recaudo con relación al 2021, más del doble de la inflación esperada del 8.5% aproximadamente al cierre del año), se tramita actualmente una nueva reforma tributaria, la cual ha sido considerada por los sectores productivos como regresiva, dado el impacto que tendrá en las finanzas privadas y en los sectores económicos y especialmente en los mineros, esos sí de carácter productivo. El dinero que por esta vía recauda el Estado, se volverá gasto en subsidios, los cuales, por sí mismos, no son productivos, aunque generen bienestar a sectores de la comunidad.

Otras de las iniciativas del nuevo gobierno para obtener recursos para sus subsidios surgen de canalizar parte sustantiva de las pensiones obligatorias privadas para llevarlas a Colpensiones, la agencia estatal que las administra, cuando hoy son ahorros obligatorios de los ciudadanos en los fondos privados de pensiones para formar su propia pensión. Estos recursos serán empleados, entonces, como fuente de nuevos subsidios para quienes no tienen derecho a la pensión, por no haber cotizado durante su vida laboral o productiva. Aparentemente, una loable labor pero llena de populismo y de problemas, como, por ejemplo, trasladar el costo (deuda + intereses) del nuevo subsidio a las finanzas públicas, ya que los déficit de Colpensiones están a cargo del Estado y también porque no habrá nuevas generaciones de jóvenes para subsidiar con su ahorros pensionales a los viejos, como ocurre con los sistemas de prima media o de reparto estatales como el de Colpensiones, a diferencia de los de ahorro individual de las instrucciones privadas, máxime cuando la esperanza de vida ha crecido sustancialmente y el período de pago de su pensión se extenderá.

El otro frente de recursos surgirá de la salud, ya que la iniciativa del gobierno Petro es que el sistema sea administrado por el ministerio de salud, sin la intervención del aseguramiento y la administración que hacen las EPS. De nuevo un error pensar que la prestación de los servicios de salud de clínicas, hospitales, centros de atención, laboratorios, paramédicos, farmacéuticas, etc., pueden ser contratados y pagados directamente por el ministerio de salud, apoyado en las instancias de los gobiernos municipales, todo lo cual hará que el sistema de salud se vuelva un verdadero caos y una gran fuente de corrupción. Si bien algunas no han estado exentas de problemas de corrupción, la salida de varias EPS, por cancelación de su operación, habla claramente de la complejidad de operar la salud de los colombianos, hoy considerada de buena cobertura y razonable calidad. Si por la vía de la administración directa del pago de los recursos de la salud por el Estado, y no por las EPS, se generan otros subsidios del gobierno, el sistema, quedaría desfinanciado.

Claramente hay que afirmar que los recursos de la salud o de las pensiones que surgen de las cotizaciones de los ciudadanos, no son recursos del Estado, sino de los propios ciudadanos aportantes. Deberían estar en reservas apropiadas para dar cumplimiento a esas y no a otras obligaciones. No puede ser que por el camino de la exacción o apropiación del Estado de más y más impuestos y de más y más recursos de la salud y de las pensiones, el gobierno se vuelva un generador interminable de subsidios, los cuales conducen a una enorme dependencia de los ciudadanos por el fomento al asistencialismo y su no participación en actividades productivas. No más ver el caso de Estados Unidos, donde, existiendo demanda de trabajadores en muchas actividades productivas, no hay oferta de mano de obra, porque los ciudadanos en edad de trabajar se acostumbraron a la vida de los subsidios.

Si como en estos ejemplos la política económica de Petro se convierte en una continua demanda y apropiación de los recursos de las personas y los sectores productivos, para financiar un Estado asistencialista, tendremos la circunstancia de que unos deben trabajar para otros vivir “sabroso”, y eso no puede ser así. Todos somos ciudadanos y todos tenemos derechos, deberes y responsabilidades con nosotros mismos y con toda la comunidad. La solución está en estimular el crecimiento económico para generar mayores fuentes de ingresos privadas y públicas y que, por esta vía, se aminoren poco a poco los problemas sociales. Pero el programa de Petro apenas si habla de industrialización, sin indicar cómo, y de agotamiento por extinción de otros sectores productivos, especialmente los productores de hidrocarburos, bajo el prurito del cuidado del medio ambiente, donde Colombia tiene una mínima participación en la generación de gases de efecto invernadero, más por la deforestación, que por el consumo de energías no renovables.

No es bueno ni sano el camino del Estado asistencialista y populista que el gobierno Petro nos está proponiendo. Por ahora, todos serán elogios, especialmente de sus copartidarios, pero luego vendrán los llantos.

LA VIOLENCIA ARMADA Y LA PAZ TOTAL

 Comentario 19/09/2022

 

LA VIOLENCIA ARMADA Y LA PAZ TOTAL

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Ciertamente no podemos decir que estamos en paz, al menos no en lo relacionado con la violencia de naturaleza política y guerrillera, lo cual dio origen al proceso de paz FARC-Santos (2016), donde se obligó al Estado y a todas sus instituciones y, por consiguiente, a todos los colombianos, a cumplir unos acuerdos, según los cuales las partes se comprometían con lo firmado.

Por parte de la guerrilla de las FARC se establecía la dejación de las armas, la cesación de acciones violentas (secuestro, chantaje, extorsión, violación, etc.), la devolución de bienes en favor de las víctimas, el desminado, el combate a los cultivos ilícitos, que ellos mismos ayudarían a erradicar, la entrega de rutas, la concentración en territorios para su paulatina reincorporación a la sociedad con la realización de proyectos productivos, la transformación como partido político (hoy también llamado Comunes, fuerzas alternativas del común), su integración al parlamento a través de 10 curules, entre otros temas. Se les aceptó el narcotráfico como delito político y el lavado de activos, como consecuencia del mismo tráfico de drogas, no se sancionó.

En materia de justicia se les concedió un sistema de Justicia Transicional (JEP), de carácter transitorio, pero paralelo y sustitutivo de la justicia ordinaria, el cual tendría como finalidad juzgar a todas las partes involucradas en el conflicto (FARC, miembros del ejército, funcionarios públicos y ciudadanos) a partir de su autoinculpación verosímil en los delitos cometidos, para otorgarles penas alternativas o sustitutivas (“restaurativas”, es decir, no cárcel) de las contempladas en la justicia ordinaria, aplicables a todos los demás ciudadanos que sean delincuentes en los mismos delitos. Se concedió amnistía e indulto a las bases guerrilleras, pero no a sus cabecillas “El Secretariado de las FARC”, pero nada que se juzgan realmente, aún no entendemos claramente el porqué.

Por parte del Estado, se establecieron las zonas de rehabilitación de la “guerrillerada”, donde se les proporcionó apoyo económico para su sustento y sus proyectos productivos, se constituyeron los organismos del acuerdo como la JEP, la Comisión de la Verdad y la llamada Comisión de Seguimiento y Verificación, se encargó de su protección a la Unidad Nacional de Protección en los casos sensibles. El Estado se comprometió, además, a la llamada Reforma rural integral, esfuerzo que apenas se ha ejecutado con limitado avance, por las erogaciones y la complejidad que significa y porque no hay cómo financiarlo en breve tiempo, lo que implica en la práctica que este será un cumplimiento diferido para varios gobiernos. El objetivo de este punto es transformar el campo en forma integral y estructural, a partir de la inclusión y la formalización de los campesinos con la entrega de tierras, la integración de las regiones y la seguridad alimentaria. Aunque la evidencia actual es que algunos ciudadanos ya se están tomando las tierras por medio de invasiones violentas.

En síntesis, el acuerdo se suponía que era la gran solución para la pacificación de todo el país, para restablecer el progreso, la aplicación de la justicia transicional, la revelación de verdad, la no repetición y la reparación de las víctimas por los victimarios. Así se planteó, sin embargo, y sin entrar en muchos detalles, el acuerdo sólo se ha cumplido parcialmente en algunas cosas, pero no en lo fundamental, el retomar la paz en el campo y en la ciudad. Hoy lo vemos en forma cada vez más angustiosa:

• Movimientos armados de todo tipo azotando el campo y las ciudades más desprotegidas, sean guerrilleros disidentes de las FARC, pertenecientes a otros grupos guerrilleros o delincuencia común que se camufla con el supuesto de tener principios políticos.
• Se ve claramente, que no entregaron todas las armas, algunas caletas debieron dejar, así como dinero y capacidades logísticas.
• Ataques leves a la infraestructura del país con un alto costo económico, social y ambiental y grandes perjuicios a las regiones para su desarrollo. Hoy tenemos zonas de amplio conflicto armado, paros armados y territorios sin la presencia del Estado y con el control de la guerrilla o los grupos de delincuencia organizados.
• Continúan los cultivos de coca, sin la colaboración de los ex FARC para su erradicación. Ahí están 250.000 hectáreas de coca cultivadas en Colombia y creciendo, listas para enriquecer a los carteles colombianos y extranjeros y a los guerrilleros en armas y, además, para dañar las democracias, las economías, las instituciones con su corrupción y poder económico y militar y para acabar con las mentes de los consumidores, generando un grave problema de salud pública y de familias afectadas por sus graves secuelas.
• La efectividad de la JEP, como cuerpo de justicia, aún no se ve como algo real y verdaderamente restaurativo y llevan varios años, desde el 2016.
• Los bienes de las FARC aún pendientes de su entrega para la reparación de las víctimas, muy poco han entregado en realidad.
• La actuación de los congresistas de las FARC (Comunes) en el congreso, ni fu ni fa, según los medios de comunicación. Más bien pasaron a vivir bueno y a dejar acumular sus años con comodidad.
• En las ciudades se ha dejado sentir una ola de violencia y de violentos en cada movimiento social o manifestación que se presenta, con la evidencia que estos vándalos han sido entrenados y pagados por miembros de las guerrillas, según revelan las propias autoridades.
• Para muchos ciudadanos las condiciones de la negociación con el Gobierno Santos (quien se ganó su premio nobel con el acuerdo), las concesiones, la permisividad, la pasividad frente a sus delitos y las reincidencias, los hace sentir que les “metieron las manos a la boca” en materia de justicia.
• Los nexos de la “guerrillerada” en las disidencias con los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el lavado de activos, el control de las regiones, sus enormes recursos y las armas que todavía poseen los vuelven una guerrilla de mucho riesgo. El apoyo que encuentran en las autoridades y el territorio venezolano los convierte en más peligrosos aún.

¿Será que estas experiencias le sirven al país para no cometer los mismos errores en el llamado proceso de paz total del presidente Petro?, según el cual todos los violentos caben para hacer una nueva paz. No sabemos todavía cómo lo van a hacer y qué van a ceder y lograr, ¿más impunidad?, sólo hemos visto su acercamiento con los antiguos y avejentados líderes del ELN en Cuba, para retomar su proceso de desmovilización y paz. Veremos qué sigue, pero nos acompaña la preocupación de demasiada zanahoria y nada de lo demás.

EL DÓLAR AL ALZA Y EL PESO A LA BAJA

 Comentario 12/092022

 

EL DÓLAR AL ALZA Y EL PESO A LA BAJA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

En todos los países se compara la relación de la moneda doméstica frente al dólar americano como un elemento de evolución y evaluación de la respectiva economía, debido a la devaluación de su moneda frente al dólar o la inversa, la revaluación, si la moneda local gana precio frente a la divisa extranjera. Es normal la comparación con el dólar por ser esta la moneda de cambio universal y de reserva mundial, si bien no la única, sí la más frecuente. Muchos países acumulan parte de sus reservas en divisas en este instrumento de cambio, de valor y de pago, bien en las propias arcas de sus respectivos bancos centrales o también en bancos en el exterior. En el caso colombiano hablaremos de la relación peso/dólar americano como representativa de la devaluación o revaluación, según corresponda.

El comportamiento del dólar en los mercados mundiales obedece a muchos factores entre ellos, razones geopolíticas, unas, monetarias, comerciales y cambiarias otras, dónde, por supuesto, el dólar se ha convertido en la moneda de acumulación en tiempos normales o de refugio en tiempos de incertidumbre, por considerarse la moneda fuerte soportada por la Reserva Federal de los Estado Unidos. Es decir, se acumulan dólares por las necesidades originadas en el comercio mundial de bienes y servicios, donde unos países los suministran y otros los adquieren, pagando su valor en la divisa norteamericana.  Además, los flujos de capitales financieros y de inversión forman parte de ese movimiento continuo de divisas por el mundo, por sus sistemas financieros y sus mercados de valores y en los llamados mercados de futuros donde se negocian mercancías con entrega y pago en períodos o plazos pactados. En consecuencia, no podemos afirmar que la moneda de un país fluctúa frente al dólar sólo por razones domésticas, sin embargo, estas últimas suelen tener una gran influencia, veamos por qué, a partir de unos simples ejemplos:

En Colombia, para citar un período de 10 años como ejemplo, el dólar del 5 de septiembre de 2012 se cotizaba a $1.814,06 pesos, y el mismo día de este año 2022, se cotizó a $ 4.466,73 pesos, es decir una devaluación del peso frente al dólar del 157,25% en los diez años. ¿Qué significa?, que hoy tendríamos que pagar 2.46 veces más, aproximadamente, por el mismo dólar. Si a un hijo nuestro que en el 2012 estudiaba en el exterior le girábamos $5.000 dólares semestrales para sus gastos universitarios, pagando $9.070.300 pesos para adquirirlos, si sus estudios fueran hoy, con el mismo valor en dólares para el giro, ello nos obligaría a un pago de $22.333.650 pesos[1]. Si asumimos que el curso es el mismo en su currículo, en la misma Universidad y ciudad, el esfuerzo en pesos colombianos es significativamente mayor, todo por la devaluación, pues nada más ha cambiado. O sea que el ciudadano colombiano ha perdido una gran capacidad de compra en el exterior por ese sólo efecto. Nominalmente podríamos decir que cada vez somos más pobres si continúa la devaluación, como es de prever, y nos comparamos con alguien en el mundo que gane su salario en dólares. Para esos ciudadanos en el exterior su capacidad de compra de productos o servicios colombianos ha aumentado y seguirá aumentando al ritmo de la devaluación que se acumule. Expliquemos ahora un poco las causas internas de la devaluación:

También en el interior de Colombia, la disponibilidad de dólares en un momento determinado favorece su apreciación o depreciación. Si hay abundancia de dólares, su precio pierde valor y, por el contrario, si hay escasez, su cotización se eleva, como en todos los bienes que se comercializan, dado que es también una mercancía que se compra y se vende en el mercado. Ahora bien, otras razones afectan también la cotización del dólar en el país:

• La propia devaluación: Si históricamente, la devaluación es muy alta, los ciudadanos buscarán refugiarse en dólares para protegerse de cualquier contingencia adversa de su economía, como sucede hoy en Argentina, por ejemplo
• La inflación: al erosionarse el valor de la propia moneda colombiana por pérdida de su poder adquisitivo, hará que el dólar sea cada vez más caro y habrá que pagar más pesos por cada dólar.
• La dinámica de la economía: una economía dinámica y creciente favorece el ingreso de divisas y permite que el dólar no pierda valor rápidamente, pero al contrario también sucederá.
• Los equilibrios macroeconómicos: cualquiera de los sectores de la economía, privado, público o externo, que tenga algún déficit o superávit, buscará financiarlo o ahorrarlo en divisas extranjeras, como una alternativa, generando corrientes de dólares que ingresan o salen del país, afectando su cotización.
• Las razones políticas: el dólar, como todos los valores económicos, se ven afectados en sus precios de mercado por las condiciones políticas del respectivo país, en períodos de estabilidad se verá un dólar de mejor precio y en períodos de alteración un dólar en sentido contrario.
• Las percepciones de los consumidores:  los consumidores son grandes influenciadores de los precios de muchos productos, si hay nerviosismo frente al entorno, en general, los precios irán al alza, si hay tranquilidad, los precios tenderán a ser estables, en las divisas también ocurre lo mismo.
• Pueden existir otras razones como la especulación con los precios u otros fenómenos ocasionales que alteren el precio de las divisas.

Con el ejemplo citado, lo que podemos concluir para la economía colombiana es que ha deteriorado fuertemente su capacidad de compra y pago en el exterior, por la devaluación de su moneda frente al dólar, cada vez somos más “pobres” pues disminuye nuestro poder adquisitivo al comprar en dólares. Lo malo es que al paso que vamos lo seguiremos siendo.

Solamente un manejo macroeconómico prudente, estable y creciente, que permita elevar la productividad de la economía, es decir, más producción en dólares por habitante promedió, conduzca a revertir esta situación, bien porque nos volvamos exitosos exportadores o porque atraigamos divisas por inversión extranjera o turismo, por ejemplo, de tal manera que tengamos más abundancia de dólares para satisfacer su demanda, además, que ésta sea moderada y estable. Por dónde vamos, no se ve una revaluación en el futuro, más bien se acentuará la devaluación, como la resultante de lo que sucede en el país y más si suprimimos o aminoramos fuentes de divisas, como las provenientes de los hidrocarburos en forma temprana y sin sustitución próxima.

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[1] La devaluación aumenta la inflación por los bienes o servicios importados. Sin embargo, si la inflación del país, por otras razones internas, ha erosionado aún más el ingreso de los ciudadanos, la situación de pesos necesarios para el giro se complicaría aún más.

 

¿PARA DÓNDE VA LA SEGURIDAD NACIONAL?

 Comentario 05/09/2022

 

¿PARA DÓNDE VA LA SEGURIDAD NACIONAL?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Las funciones de la fuerza pública están claramente definidas en la constitución de la república de 1991, en su capítulo 7, y en los artículos 216 al 219, como sigue:

Artículo 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.

Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Artículo 219. La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley.

Sin embargo, y ante esta meridiana claridad de las funciones y el ámbito de actuación de la fuerza pública, el presidente Petro, como comandante supremo de las fuerzas militares, está dando órdenes que apuntan en direcciones bien diferentes, aunque aparenten ser con buena intención. Veamos algunos de estos hechos y situaciones, los cuales, aunque parezcan desconectados, están profundamente relacionados y obedecen a los mismos fines transparentes u ocultos:

• Nueva doctrina para la fuerza pública: la seguridad humana.
• Cerca de 70 experimentados generales de las fuerzas militares y de policía retirados del servicio.
• La policía con funciones de colaboración cívica y ciudadana.
• Separación de la policía del ministerio de defensa para pasar, probablemente, al ministerio del interior. Con mala experiencia en el pasado dónde la policía se politizó, y empleo su poder e inteligencia con fines políticos, no de seguridad. Petro los invita a deliberar, pero no participar (¿?).
• La paz total con todos los grupos guerrilleros y el sometimiento o acogimiento de los grupos delincuenciales organizados y narcotraficantes con beneficios y penas restaurativas, no necesariamente de cárcel.
• Cárceles sin delincuentes: No se construirán más cárceles y se facilitará la salida de los inculpados por agilización de las penas.
• Traslada a los alcaldes la responsabilidad total por la seguridad: “El puesto de mando unificado tiene como sentido proteger la vida y esa es la responsabilidad del alcalde, según el presidente Petro”. Puestos de mando unificado bajo la dirección de las alcaldías.
• Diálogos de paz regionales: ¿Muchos y diferentes procesos y diálogos de paz?
• Los inculpados y detenidos de las situaciones de paro y de la parálisis de los dos años anteriores (la primera línea) no los considera delincuentes, simples jóvenes que ejercían el derecho a la protesta, a pesar de ver la forma violenta y salvaje como destruían medios de transporte, infraestructura urbana, de policía, empresarial y de cómo afectaron el abastecimiento y lesionaron gravemente la economía del país y las familias.
• Habrá separación o transformación (o terminación) del ESMAD. Y ahora la primera línea será parte determinante en las modificaciones y las reformas que se le introduzcan.
• El narcotráfico como delito conexo a la guerrilla de las FARC y no han hecho nada por desmontar los cultivos. En materia de justicia a las mismas FARC se les concedió un sistema de Justicia Transicional (JEP), de carácter transitorio, pero paralelo y sustitutivo de la justicia ordinaria, el cual tendría como finalidad juzgar a todas las partes involucradas en el conflicto, pero seis años después de su creación aún sin resultados y se espera que se extienda esta experiencia a los nuevos procesos de paz.
• No órdenes de captura ni extradición a los negociadores de los procesos de paz.
• No erradicación de cultivos ilícitos ni uso de glifosato. No policía ni ejército en labores de erradicación.
• No bombardeos a grupos armados si hay niños (¿?).
• No servicio militar obligatorio y opcional un servicio social relacionado con la paz.
• Delitos menores sin sanción penal, recordar el ejemplo de la devolución del celular y pagar su servicio durante 6 meses, del ministro Osuna.
• Extradición condicionada de los narcotraficantes si se someten a la justicia colombiana, delatan, entregan bienes y rutas y no delinquen hacia el futuro, con penas restaurativas.
• Combate a bandas de narcotraficantes, pero no a campesinos cocaleros. No es específico cómo es el combate, aparentemente sólo interdicción de naves y aeronaves.
• Muchos cargos públicos sensibles (inteligencia, control, vigilancia y seguridad del Estado) en poder de exguerrilleros, con un marcado acento político de izquierda radical.
• Propuesta de Asamblea de cocaleros en El Tarra, Norte de Santander (¿?).

Nos vamos a quedar sin seguridad urbana y rural, no habrá un real combate al delito y a los delincuentes, que son verdaderos facinerosos, violentos, desalmados o malintencionados. Además, se profundizará la economía, la política, la vocación social e institucional de carácter socialista, totalitaria y autocrática. Y mientras tanto el socialismo de todo el mundo acecha para tomarse el país, y Venezuela nos provoca con su poder militar y su guerrerismo, asesorado por Rusia, China e Irán, aunque se muestran como mansos corderos con la reapertura de la frontera y las relaciones consulares y comerciales.

Petro prometió cambiar el país y de verdad lo está haciendo en el campo de la seguridad ciudadana, pero en muchos otros campos económicos, sociales, y empresariales, también. ¿Con cuáles consecuencias?, en mi opinión, se está desmontado la seguridad y la defensa del país, de su ciudadanía y de sus instituciones. ¿Este si es el mandato de Petro como presidente con el 50% de los votos a su favor, afectando al 100% de los colombianos? ¿Es esto constitucional o un abuso de poder del nuevo gobierno?, dominante, además, porque vinculó a su programa a los partidos políticos tradicionales, todos los cuales lo acompañan hoy en el Congreso, por la famosa mermelada, con la honrosa excepción del Centro Democrático en oposición y Cambio radical en independencia.