Comentario 11/06/2024
LA LEY
DE MURPHY EN LA SALUD DE LOS COLOMBIANOS
Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/
Ed
Murphy era capitán militar e ingeniero de desarrollo del laboratorio aéreo de
**EE. UU.** en Wright Field, y en uno de sus proyectos, acuñó la famosa frase “si
algo puede fallar, fallará”. También dijo que “si se dejan al azar las
cosas, tenderán a ir de mal en peor”, surgiendo esto a raíz de pruebas y
ensayos realizados con modelos nuevos y mejorados de aviones de combate. De
allí se derivaron las conocidas leyes de Murphy, las cuales, aunque parezcan
sin sentido, la práctica demuestra que sí suceden.
Ambas
frases describen muy bien lo que está aconteciendo en Colombia con su sistema
de salud, el cual presenta deficiencias que, de no ser atendidas, podrían
empeorar. Situémonos inicialmente en lo que está ocurriendo: lo primero es
reconocer que la salud en Colombia es un derecho fundamental que
garantiza que todas las personas tengan acceso a servicios de salud necesarios,
atención de calidad y tratamientos adecuados. Según la Ley Estatutaria de
Salud (Ley No. 1751 de 2015 que regula el derecho fundamental a la salud en
Colombia):
- Su objetivo es garantizar, regular y establecer mecanismos de protección para el acceso a servicios de salud.
- El derecho a la salud es autónomo, irrenunciable y comprende el acceso oportuno, eficaz y de calidad a servicios para la preservación, mejoramiento y promoción de la salud.
- El Estado tiene la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar este derecho, y su prestación como servicio público esencial es obligatoria.
En
resumen, el derecho a la salud en Colombia implica que todos los ciudadanos
deben recibir atención médica adecuada y contar con los recursos necesarios
para preservar su bienestar. Lo segundo es que el financiamiento del sistema
de salud en el país se basa en diversas fuentes para garantizar el acceso a
los servicios médicos. En síntesis, el sistema de salud en Colombia se financia
mediante una combinación de cotizaciones de los afiliados, recursos fiscales y
otras fuentes.
La
estructura de la salud en Colombia, hasta ahora, está fundamentada en tres
tipos de instituciones diferentes:
- La ADRES, institución que recauda los dineros aportados por los contribuyentes, empleadores y trabajadores. Esta institución le paga a las EPS la unidad de pago por capitación (UPC) o pago por persona anual, que corresponde a la prima por los riesgos en salud que deben cubrir las aseguradoras, es decir, las EPS, que se mencionan a continuación.
- Las EPS, empresas promotoras de servicios de salud: las que estructuran las redes de servicios y actúan como aseguradoras para afianzar los riesgos en salud (pagos por servicios médicos, hospitalarios, tratamientos, medicinas, laboratorios, etc.). Las EPS pagan a las IPS los servicios que prestan a sus respectivos pacientes, a partir de lo que reciben como UPC o pago por persona anual vinculada a su institución.
- Las IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud conformadas por toda la red médica, hospitalaria, terapéutica y de servicios de salud que se prestan a los pacientes.
Cuando
la UPC es insuficiente para cubrir los gastos de las IPS, se compromete la
solvencia y la solidez de las EPS. Esto, por supuesto, vuelve inviable el
sistema y se traduce en la “quiebra” de estas instituciones, las cuales entran
en incapacidad de operar.
No
es difícil entender el concepto anterior; sin embargo, el Gobierno nacional,
con un enfoque puramente ideológico, no ha querido entenderlo y ha permitido
que las cosas vayan mal y cada vez peor, hasta llevar a las EPS a una verdadera
encrucijada para poder seguir prestando sus servicios, los cuales son de
tremenda delicadeza e importancia para el buen funcionamiento del sistema. Las
cosas van mal y por la ley de Murphy, cada vez podrán ir peor. Las EPS tenderán
a fallar una a una en su capacidad financiera y operativa, por la asfixia
económica a la cual se las somete. El camino se “cerró” y las EPS no tendrán
viabilidad de continuidad en su operación, en las condiciones descritas. Es
responsabilidad esencial del gobierno actual, sin descartar algún manejo
inopinado en las finanzas de alguna que otra EPS.
Murphy
también acuñó otra frase: “Si existe la posibilidad de que varias cosas
puedan salir mal, saldrá mal aquella que cause el mayor daño”. Esto es
justamente lo que está ocurriendo; de los tres tipos de instituciones
mencionadas están fallando las EPS, que son el corazón del sistema, las que
permiten que todo funcione, desde el dinero que se recauda y fluye de la ADRES
a las EPS y de estas a las redes prestadoras IPS que tienen contratadas para
que atiendan a los pacientes remitidos. Lo malo es que no se ven soluciones
prontas y eficaces en el horizonte, lo cual tenderá por agravar todo el sistema
de salud de Colombia, con unos costos en la protección de la salud de los
colombianos inimaginables, y no hablamos de costos económicos solamente, nos
referimos a costos en calidad y en bienestar de vida, y aún en eventualidades
de muerte por falta de atención oportuna.
Es
claro que la salud es un derecho de los colombianos y que, finalmente, el
obligado a proporcionarla es el Estado con las diferentes fuentes de recursos
que dispone. El ser intencionalmente cicatero con el pago de la UPC está
reventando al sistema y destruyendo la institucionalidad que con miles de
esfuerzos se ha construido durante los últimos 30 años, con una opinión
favorable del público en general de más del 80%, sobre la calidad y oportunidad
de los servicios de salud que reciben los ciudadanos. ¿Vale la pena poner en
riesgo el sistema de salud de los colombianos por el punto de vista ideológico
del gobierno? Con la salud no se juega.
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