LOS TIEMPOS DE LA JUSTICIA PARA EL PRESIDENTE PETRO

 Comentario 26/08/2024

 

LOS TIEMPOS DE LA JUSTICIA PARA EL PRESIDENTE PETRO

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

El presidente Petro y los funcionarios de su gobierno o quienes participaron en su campaña electoral tienen la obligación de responderle a la justicia por las múltiples acusaciones de delitos contra las normas electorales que se cometieron en su campaña o delitos de corrupción que se han cometido durante su período de gobierno. No es sólo responsabilidad política, lo es también jurídica y, en algunos casos, penal.

En Colombia, el presidente puede ser juzgado por varios organismos del Estado, dependiendo de la naturaleza de los cargos:

Congreso de la República:

·         Cámara de Representantes: Actúa como acusadora en los procesos de juicio político contra el presidente. Si la Cámara aprueba la acusación, el caso pasa al Senado.

·         Senado de la República: Actúa como juez en los juicios políticos. Si el Senado encuentra culpable al presidente, puede imponer sanciones que incluyen la destitución del cargo.

Corte Suprema de Justicia:

·         En casos de delitos comunes cometidos por el presidente, la Corte Suprema de Justicia tiene la competencia para juzgarlo.

Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes:

·         Esta comisión es la encargada de investigar las denuncias contra el presidente y otros altos funcionarios del Estado. Si encuentra mérito en las acusaciones, puede recomendar al pleno de la Cámara de Representantes que se inicie un juicio político.

Estos organismos aseguran que el presidente de Colombia pueda ser juzgado de manera justa y conforme a la ley, bien en el orden político o también en el judicial y penal.

Además, por decisión del Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral sí puede investigar y acusar al presidente por los delitos cometido en su campaña, por violación de las normas electorales, como de hecho dos de sus magistrados ya han levantado evidencias incontrovertibles sobre dichas violaciones en su campaña. Los funcionarios tanto d su campaña como de su gobierno deben, por su parte, atender a las instancias de la justicia ordinaria que les corresponda.

De hecho, en materia electoral el candidato y su fórmula vicepresidencial, el gerente y el tesorero de la campaña son mancomunadamente responsables por las violaciones a las normas electorales, como lo consagra el artículo 109 de la constitución. Probada la violación ya está dado el fallo por la propia Constitución, sin fórmula de juicio alternativa o discusión alguna.

El presidente y los miembros de su gobierno y de su campaña aducen que sus acusaciones son una persecución política de sus adversarios y corresponden a un golpe blando, golpe de Estado, supuestamente quieren tumbarlo, según sus opiniones, compartidas, por su puesto, por todos sus áulicos y correligionarios.

Tratándose de temas de gobierno, según las normas electorales, las penales y la constitución de la república, existe una responsabilidad penal en cabeza de quien cometió un delito, pero la responsabilidad política está en cabeza del gobierno de turno, sin la posibilidad de argüir de nuevo, como en el caso del proceso 8.000 del expresidente Ernesto Samper, que “todo fue a mis espaldas”.

Pues bien, tanto en la campaña como en el gobierno de Gustavo Petro hay demasiadas sindicaciones o indicios de violaciones de normas, tales como:

Durante su campaña:

·         La consecución de $15.000 millones para la campaña por Armando Benedetti, quien afirmó que si se supiera el origen todos irían a la cárcel.

·         Las contribuciones conseguidas por Juan Fernando Petro, su hermano, de narcotraficantes de la cárcel de la Picota

·         Las contribuciones para la campaña recibidas por Nicolás Petro, su hijo, del Turco Hilsaca y Santander Lopesierra, señalados traficantes.

·         Las contribuciones en criptomonedas de Daily Cop.

·         Los gastos e ingresos de la campaña no reflejados en las cuentas e investigados por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL sobre honorarios de consejeros, vuelos y gastos de propaganda. Ya hay pruebas de $5.300 millones no explicados en esas cuentas, determinados por los magistrados investigadores.

·         Las investigaciones que se plantean deben ser realizadas por la COMISIÓN DE ACUSACIONES del Congreso, donde el presidente tiene control por sus integrantes afines a su línea política.

·         Dineros donados por varios sindicatos (Fecode y la USO) y no reflejados en sus cuentas de campaña.

·         Gastos millonarios durante el día de las elecciones en testigos electorales y en la celebración del triunfo en el Movistar Arena, que el presidente afirma que no son de la campaña, ¿entonces son gastos de qué?

·         Euclides Torres, contratista y aportante millonario a la campaña con múltiples contratos dados por el gobierno a su favor como si fuera una contraprestación por sus donaciones a la campaña.

·         Los vuelos chárteres del candidato y de miembros de su campaña a través de Sadi (transportes aéreos de Ibagué) y no reflejados en sus cuentas.

Durante su gobierno:

·         Las bolsas o maletas con dinero en la casa de Laura Sarabia.

·         Los sobrecostos y demandas del contrato de pasaportes en la Cancillería, como consecuencia de sus instrucciones y de otros contratos recientes, que conducirán a un gran detrimento patrimonial por las demandas de Thomas Greg & Sons, por más de $120.000 millones.

·         El tema de los sobrecostos en la compra de los Carrotanques para la Guajira.

·         Los $4.000 millones supuestamente entregados a miembros del senado y de la cámara para el pago del paso favorable de las reformas sociales en el Congreso, provenientes de la UNGRD-Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo por Sneyder Pinilla y Olmedo López, y la implicación a varios funcionarios dependientes de la Presidencia.

·         Los diversos contratos celebrados por dependencias de la presidencia con notorios sobrecostos y posiblemente coimas que configuran corrupción.

En síntesis, tanto desde su campaña como en su gobierno hay indicios documentados que comprometen al presidente, a funcionarios de su campaña o de su gobierno y a miembros de su familia. La responsabilidad penal serán los jueces y magistrados quienes la decidirán, pero la responsabilidad política del gobierno Petro es un deber de toda la ciudadanía, juzgarla y rechazar sus conductas. Lamentablemente, los tiempos de la justicia en el caso de un presidente, y más uno sinuoso como Petro, son inesperadamente largos a pesar de la contundente evidencia que lo compromete.