domingo, 15 de septiembre de 2024

PETRO: NO LE MIENTA MÁS AL PAÍS

 Comentario 16/09/2024

 

PETRO: NO LE MIENTA MÁS AL PAÍS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

El presidente de la República, Gustavo Petro, por todo tipo de medios, repite una y otra vez un particular mensaje, en el que insiste que se estaría fraguando un supuesto plan para desestabilizar el gobierno del llamado cambio, un golpe blando dado por las oligarquías y los viejos poderes políticos a su mandato autodenominado progresista.

Y es que al mandatario colombiano no le ha gustado para nada la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE), a una presunta violación de los topes en la financiación de su campaña presidencial, de primera y segunda vuelta. “Cada paso dado contra el presidente en el Consejo Electoral constituye un golpe de Estado”, dice Petro.

La evidencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, con pruebas documentales que hablan de violación de las normas electorales por más de $5.300 millones de pesos, por exceso en los topes (límite de recursos permitidos), ocultamiento de ingresos y egresos de la campaña y por el origen de los recursos.

El primer mandatario asegura que una providencia del Consejo de Estado que reafirmó la facultad del Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña del presidente entraña un “golpe de Estado”. Vale decir que también la Corte Constitucional avaló esta misma facultad para el CNE. El fondo del asunto es que se define la autoridad competente para investigar y sancionar las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición del Pacto Histórico, de la que el hoy presidente fue candidato.

La competencia para adelantar las actuaciones administrativas con relación al presunto incumplimiento al régimen de financiación de las campañas presidenciales, incluso donde los candidatos han resultado elegidos jefes de Estado, recae únicamente en el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con lo establecido en los artículos constitucionales 109 y 265 y lo estipulado en la Ley 996 de 2005. Se investiga la campaña, no al presidente.

El presidente trata de desconocer el ordenamiento jurídico y las disposiciones del Consejo de Estado que facultan al Consejo Nacional Electoral, aduciendo que quien es el único que lo puede enjuiciar es la Comisión de Acusaciones de la Cámara Representantes y luego, para ser aprobada la acusación, debe pasar por el Senado de la República. Las pruebas son palmarias en contra de la violación de las normas electorales y aún está por ver su reafirmación en la investigación de las cuentas pertenecientes a la campaña, que decretará el Consejo Nacional Electoral en pleno. Sin embargo, Gustavo Petro y sus áulicos siguen hablando de golpe blando.

No hay tal golpe blando, lo que se quiere crear por parte del presidente Petro son cortinas de humo y distracción de la atención sobre el verdadero problema de la violación de las normas electorales y por esa vía del artículo 109 de la Constitución de la República que indica la prohibición de la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, hecho que será sancionado con la pérdida de la investidura o del cargo. Además de las sanciones penales tipificadas en el Código Penal, donde los delitos de “financiación de Campañas electorales con fuentes prohibidas”, “violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales” y “omisión de información de aportante”, son punibles penalmente.

Así, estamos frente a dos tipos de delitos, los de indignidad de presidente Petro con la eventual pérdida de su investidura y los delitos penales de los miembros de su campaña por la violación de las normas electorales. El presidente de la República cuenta con un fuero especial que implica que las presuntas faltas penales o disciplinarias en las que pueda incurrir sean de conocimiento exclusivo del Congreso de la República.

Desde la época de las campañas de primera y segunda vuelta se oían voces diversas sobre posibles delitos electorales en la campaña de Petro, voces de diversos orígenes y partidos se unieron para afirmar que había tales delitos y solicitar su investigación. Ahora ya se cuentan por decenas las denuncias. Desde que la campaña de Petro decidió “correr las líneas éticas” como alguna vez afirmó Sebastián Guanumen, miembro de la campaña y hoy premiado con la representación diplomática de Colombia en Chile, todo se consumó, con todo tipo de “formas, colores y sabores” en contra de las normas y, por supuesto, afectando el juego limpio con los demás candidatos y las otras campañas. En la campaña de Petro, la ética brilló por su ausencia y la política sucia primó sobre el cumplimiento de las leyes y de los procedimientos establecidos.

Sencillamente, todo es un fraude que debe ser sancionado en forma ejemplar, por lo tanto, les corresponde al Consejo Nacional Electoral en lo administrativo y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara en lo disciplinario y penal adelantar las respectivas investigaciones y, en caso de considerarlo pertinente, acusar ante el Senado de la República. Esta última autoridad determinará si procede la pérdida del cargo y/o la remisión a la Corte Suprema de Justicia en caso de delito. En todo caso, Petro no debe mentirle más al país ni tratar de desestabilizar sus instituciones para sembrar cortinas de humo sobre su verdadera responsabilidad frente a estos hechos. El que se da un golpe blando es Petro mismo, si violó las normas, o demuéstrele presidente al país que no es así, pero sin mentirle.

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