lunes, 29 de marzo de 2021

¿SE ACABÓ LA DEMOCRACIA?

 Comentario 29/03/2021

 

¿SE ACABÓ LA DEMOCRACIA?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

En un importante artículo publicado por el diario El Tiempo del 14 de marzo de 2021, se revelan los resultados de una encuesta que buscaba verificar la percepción de los colombianos sobre su sistema democrático. Pues bien, estos hallazgos son francamente preocupantes dado que la manifestación de los encuestados es de una clara decepción sobre el sistema político que nos rige y que ha sido uno de los baluartes de la estabilidad política e institucional de Colombia durante toda su historia.

Veamos primero brevemente los resultados de la encuesta para luego hacer los comentarios:

Lámina 1                                                                                              Lámina 2                                                                        


La primera lámina nos muestra la evolución de la opinión sobre el apoyo a la democracia, el cual pasa desde un 55.4% en el 2012, que ya era bajo, hasta un 18.2% en el 2020, que nos deja “callada la boca”. El desencanto con el sistema democrático de Colombia es abrumador.

Según el diccionario de la Real Academia Española, la democracia es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo. Esta soberanía -o autoridad suprema- puede ejercerse directamente o por medio de representantes. En otras palabras, la democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos son quienes tienen el poder a través de su voto para la revisión y modificación de su constitución, para la elección de sus representantes o para juzgar las acciones de sus gobernantes o de los elegidos como representantes en los diferentes órganos de decisión del Estado.

Hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilitan a la ciudadanía amplios mecanismos refrendatarios o plebiscitarios consultivos. Así, la democracia es obra directamente cuando la decisión es adoptada por los miembros del pueblo, mediante plebiscitos y referéndums vinculantes, elecciones primarias o facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes. Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes.

En Colombia la constitución creó la división de los poderes públicos para buscar el equilibrio de poderes y la representación popular en forma equilibrada, con un sistema de pesos y contrapesos de cada rama del poder sobre las otras, para la mayor y mejor transparencia y gestión en representación del pueblo. Es así como se crearon las tres ramas del poder en forma independiente: ejecutiva (Gobierno), legislativa (Congreso, con Senado y Cámara) y judicial (sistema de justicia).

Pues bien, en la segunda parte del gráfico presentado se tiene la opinión de los colombianos sobre sus ramas de poder, donde se concluye que la confianza en ellas viene disminuyendo hasta niveles realmente bajos y preocupantes. El ejecutivo, representado por el presidente, apenas alcanza un 38% de voto favorable, el Congreso un 21% y el Sistema de Justicia un 26%. Cifras todas demasiado bajas como para dejar de preguntarse, ¿cuáles son las causas detrás de esa pérdida sistemática y totalmente regresiva de afinidad con las tres ramas del poder?

En nuestra opinión es una mezcla entre la pérdida de significado de los partidos políticos, la corrupción y la clara desfiguración que han venido presentando al país las tres ramas en su falta de efectiva decisión, de total transparencia y de la eficiente y eficaz ejecución, donde en buena medida están primando los intereses de grupos de opinión, económicos o políticos, más que los intereses reales de la ciudadanía.  Los jueces ya hacen política y no justicia, los legisladores no legislan, ejercen labor política y el ejecutivo, quien también actúa políticamente, ha concentrado buena parte del poder ante la ausencia de los anteriores, con logros y yerros, por supuesto. Como las promesas políticas de campaña son un cuento mientras dura la campaña, así como también la transparencia brilla por su ausencia, las intrigas y componendas políticas son recurrentes y la mano ajena en los contratos públicos es permanente, se convierten en una fuente de desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones, en sus representantes y en su democracia.

Entre las formas de gobierno alternativas más comunes se encuentran la monarquía (gobierno de reyes), la teocracia (gobierno de clérigos), la aristocracia (gobierno de los ricos), la tiranía ( gobierno de los tiranos que se toman el poder y se vuelven omnímodos), la dictadura (gobiernos que se transforman en verdaderas dictaduras de personas o camarillas que se tratan de perpetuar en el poder), el comunismo (gobierno del estado totalitario y del partido único) y nuestra querida, desprestigiada y aporreada democracia. ¿Cuál escogemos y defendemos?, la democracia, por supuesto, no hay mucho mejor para escoger, pero con la exigencia de su buen funcionamiento.

lunes, 22 de marzo de 2021

¿PETRO PRESIDENTE?

Comentario 23/03/2021

¿PETRO PRESIDENTE?

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

En acalorada entrevista concedida a la periodista Vicky Dávila por el candidato Gustavo Petro para la revista Semana del 17 de marzo del 2021, realizó una serie de afirmaciones con el tono de advertencias si llega a la Presidencia en el año 2022. Vamos a examinarlas tomando el texto como lo pronunció, sin embargo, dividiendo las temáticamente para poderlas abordar en forma independiente, así (entre comillas sus afirmaciones):

1. Lo primero que dijo fue que “todos tendrían que pagar impuestos en su totalidad porque las excepciones son corrupción”. Además, al hablar de los empresarios privados, afirma: “En un Gobierno progresista[1], que paguen los impuestos y compitan. Y dejen de tener un Estado arrodillado ante ellos”.

Como es bien sabido, el Estado atraviesa por una seria encrucijada fiscal y de endeudamiento interno y externo que rebasan las posibilidades de las exhaustas arcas del tesoro nacional. Se tramitan las reformas fiscales y tributarias en este momento para subsanar, en lo posible, los déficits, o mitigar sus impactos inmediatos, transfiriendo a las vigencias futuras parte de los impactos que ha dejado la atención de la pandemia por más de $40 billones en todos los frentes que ha causado tan exigente, imprevista y crítica situación de salud y de restricciones a la actividad productiva, y las consecuencias que ha dejado en todos los niveles de la sociedad.

Tiene razón el señor Petro al esperar que “todos” paguen impuestos, evitando, en lo posible y en lo razonable, las exenciones y exclusiones de todo tipo, ya que en Colombia sólo 3.810.347 ciudadanos y 549.757 empresas pagan impuesto de renta, frente a una población económicamente activa de cerca de 25 millones de habitantes y de 6.000.000 de empresas productivas que se estima tiene el país. En la práctica, cerca de 5.000 empresas pagan casi el 90% del impuesto de renta que se recauda en Colombia, el sistema impositivo “le carga la mano” a las empresas y descuida a las personas como potenciales pagadores de impuestos. El nivel de evasión, elusión y exclusión de las personas para el pago de impuestos de renta es enorme.

Petro llama las excepciones “corrupción”, y mucho puede haber de ese terrible mal que nos carcome, sin embargo, hay una gran parte de población de bajos ingresos o en informalidad laboral que no paga y no debería pagar impuestos, por sus, efectivamente, bajos ingresos, sin desconocer que hay personas que laboran de una manera informal o en pequeñas empresas, que también reciben grandes sumas de dinero por las que deberían aportar a las necesidades del país, pero esta cultura o este nivel de control no se ha logrado, aunque, cada vez más el cerco se cerrará para lograr que todo el que tenga unos ingresos determinados, también contribuya a las necesidades del país a través de los impuestos, independientemente de la denominación o la clasificación de su actividad productiva, ya que el Estado somos todos y nos sirve a todos.

2. “Vivimos en un país que es el cuarto más desigual del mundo. Los hombres más ricos de América no hacen nada por corregir eso, sino que día tras día devoran más y más. No es el producto de su trabajo”. Y más adelante afirma: “El fondo es que vivimos en un país profundamente desigual y que esa desigualdad ha sido causada por los herederos del esclavismo, que consideran que su país es su hacienda particular y que tienen un derecho hereditario y divino de usufructuarlo, sin darle espacio a la gente. Y la gente queda condenada a la miseria”

No es un secreto para nadie el fenómeno de la desigualdad, frente a lo cual a través del Estado, por un lado, se generan soluciones, pero también esos que Petro llama “los más ricos de América”, generan inversión, desarrollo y empleo, porque, como dice el refrán popular, “la plata no está dando en los árboles”, hay que trabajar duro para poder conseguirla, y si esos empresarios lo han logrado y lo están logrando, lo que hay es que felicitarlos y estimularlos para que sigan invirtiendo en el país y en sus soluciones, para su beneficio, por supuesto, pero a través de sus impuestos y sus empleos e inversiones, para el beneficios de los demás. Hay que considerar también que los empresarios privados con sus programas de responsabilidad social empresarial realizan grandes acciones de beneficio comunitario a través de asociaciones, corporaciones o fundaciones creadas para tal fin.

La afirmación de que día tras día devoran más y más y que no es producto de su trabajo, no es cierta y genera odio de clases, los ricos y los pobres confrontados por la política, produciendo un sentimiento de rechazo y resentimiento en contra de los empresarios, cuando, en realidad, son ellos los que pueden hacer crecer y desarrollar el país y generar el bienestar de sus habitantes, en general. Por el contrario, los países centrados en el intervencionismo del Estado y con gobiernos autocráticos y populistas frecuentemente han demostrado sus graves efectos en el crecimiento de la pobreza y en el saqueo de los países que han gobernado.

3. “Yo no soy ingenuo. Me estás preguntando por personas que se han enriquecido con el Estado. Usan su dinero para cooptar al Estado. Y el Estado está es para proteger a los más débiles”.

De nuevo el problema de la corrupción y la connivencia de funcionarios del Estado y algunos empresarios de dudosa conducta quienes, efectivamente, sí esquilman las arcas del Estado, es decir, de todos los ciudadanos; estos son un puñado de empresarios, funcionarios y políticos que han hecho toda la vida grandes fortunas por cuenta del Estado, vaya para ellos todo el peso de la ley, pero la generalización sobre que todos los empresarios se han enriquecido con el Estado, es, de nuevo, muy grave y genera discriminación y odio entre los ciudadanos y los empresarios y, por supuesto, mayor polarización del país.

4. “Cuando la banca está creciendo, pero la economía real se está destruyendo, es que la banca está chupando el circuito real de Colombia. Eso es perverso. Eso es destructivo. ¿Cómo se corrige eso? Con la banca pública”.

El rechazo de la izquierda radical por el sistema financiero y bancario es inveterado, para estos ciudadanos la banca es sinónimo de explotación de la comunidad, sin apreciar que el banquero gana porque le sirve a la comunidad, canalizando recursos de quien dispone de ahorros, transformándolos en créditos para actividades personales, familiares, productivas o de inversión a todo tipo de ciudadanos y empresas.

El negocio bancario es complejo y por excelencia riesgoso, exige grandes sumas de capital para su operación y por lo tanto requiere de inversionistas con capital suficiente, sentido de riesgo, criterio y olfato para los negocios, lo cual es bueno para el país. Los banqueros privados y públicos compiten entre sí, día a día, y como resultado de esa competencia los ahorradores y deudores tiene cada vez mejores servicios, avanzada tecnología y un sustancial apoyo para sus actividades, a tarifas competitivas.

No cabe duda que el país requiere también su banca pública para que canalice los recursos a sectores deprimidos o de bajo acceso donde el banquero privado poco estará presente, como es obvio. El concepto de Petro sobre los banqueros ahonda las diferencias y la polarización y, de nuevo, la odiosa distinción sobre que los pobres lo son por los ricos y los banqueros. Durante la pandemia los bancos del país también han visto disminuidas sus ganancias en más de un 50% y, sin embargo, han sido el gran apoyo del gobierno para canalizar los subsidios por la pandemia. Uno de los aspectos que ayuda a superar niveles de subdesarrollo es la bancarización de la población y esto se logra con la banca, no contra la banca. En Colombia ya el 80% de los colombianos tienen al menos un producto bancario, especialmente ahorros.

5. Mientras tanto, insistió en que “el 80% del empleo en el país lo producen la pequeña y la mediana empresa, pero que no reciben ayudas del Gobierno”.

Es cierto que la mayoría del empleo del país se genera en los micro, pequeños y medianos negocios y en el Estado como gran empleador, lo que no hace sentido es que afirma que el Estado no les ha suministrado ayudas, pues los programas de garantías del Fondo Nacional de Garantías, los de crédito subsidiado, el apoyo a la nómina y los de canalización de la demanda a “compre colombiano” han sido determinantes de la recuperación paulatina de la economía y el bienestar de los ciudadanos durante la pandemia. Sin contar en esta descripción con otros frentes de subsidios del Estado a la salud, las pensiones, el adulto mayor, la educación, el apoyo a poblaciones vulnerables, etc., que ya tienen carácter permanente.

6. Aseguró que “hará cambios sustanciales en el sistema pensional, de tal suerte que la mayor parte de la población que gana hasta cuatro salarios mínimos cotice en un el fondo público como Colpensiones. Los demás, la menor cantidad de ciudadanos, si quieren, pueden ir a los privados”. “La pensión es un derecho, no es un negocio como vender Postobón”.

Este es otro aspecto en el cual la izquierda radical “mete sus dientes”, considerando que las pensiones son un derecho que debe ser administrado y fuertemente subsidiado por el Estado, como ocurre hoy con las pensiones a cargo de Colpensiones y, además, que hay sectores de empleados del Estado que deben tener fuertes privilegios en sus pensiones, las cuales son pagadas por todos los colombianos, sin mérito ninguno, en mi opinión, distinto a que son empleados de algún organismo del Estado.

La construcción de una solución para la vida de retiro es un deber de todo trabajador durante su vida laboral en todas partes del mundo, sin embargo, para la izquierda es un derecho adquirido, lo que en la práctica es un subsidio que unos trabajadores, que pagan impuestos y forman su propia pensión, en la práctica le conceden a otros trabajadores que gozan de la pensión sin merecimiento ni sentido de equidad. Distinto es el caso de los programas del tipo adulto mayor o los BEPS (beneficios económicos periódicos) que administra el Gobierno para poblaciones verdaderamente vulnerables. ¿Quién va a pagar las pensiones que el candidato a presidente Petro espera que se les conceda como derecho al grueso de la población?

7. “Yo no tengo la intención de perseguir a nadie. Si esos empresarios, en especial Sarmiento –a quien estudié muy bien por Odebrecht–, dejan de ordeñar al Estado y se dedican, de acuerdo con el plan de desarrollo que proponemos, a lo que nosotros consideramos, serían loables en un sistema económico. ¿Les vamos a quitar los bancos? No. Pero los bancos no pueden ser un sistema para chupar la economía real”.

Una precisión puntual es que la familia Sarmiento ha sido exonerada de cargos en el caso de Odebrecht, la segunda es que, como todos los de la izquierda, Petro quiere ejercer un grave dirigismo desde el Estado para el sector privado, eso de que “se dedican, de acuerdo al plan de desarrollo que proponemos, a lo que nosotros consideramos, serían loables en un sistema económico”, lo que hace es inhibir la iniciativa privada, restringir la libertad de empresa y crear camarillas directoras de la economía privada desde el gobierno, lo cual es una frecuente fuente de corrupción. Desaparecería la palabra privado del mundo empresarial de los particulares, gravísimo.

8. “No. Yo no odio. Ni siquiera a quienes me torturaron. A quienes amenazaron a mis hijos. Nunca me he puesto a perseguir ni a mis perseguidores”.

Los orígenes guerrilleros de Gustavo Petro, su discurso cargado de lucha de clases, de restricciones a las libertades privadas, de dirigismo estatal y de un régimen de privilegios en favor de sus intereses políticos y de sus camarillas, muestran la verdadera cara de sus ambiciones y prepotencia: sus rasgos son de izquierda radical, sectarismo, autocracia y menos democracia, populismo y nacionalismo malsanos, socialismo de Estado y polarización agresiva contra las demás corrientes de pensamiento.

Estamos a tiempo, pensemos bien en qué necesita y le conviene al país, y en lo que nos podría llegar en el 2022 hacia adelante.



[1]Progresista es el nombre que los miembros de la izquierda radical se dan a sí mismos, ya no socialista, menos comunista o marxista-leninista.

viernes, 12 de marzo de 2021

¿OCUPACIÓN O SUBSIDIOS?

 

Comentario 15/03/2021

 

¿OCUPACIÓN O SUBSIDIOS?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

“Dale un pez a un hombre y comerá hoy, dale una caña y enséñale a pescar y comerá el resto de su vida”. Jesucristo

Todos los países han visto deterioradas sus economías, tanto a nivel del sector oficial como del privado, en medio de la recesión global que estamos atravesando por el cierre o por la ralentización de su actividad económica, con, por supuesto, enormes consecuencias de deterioro social y parálisis de sus proyectos de desarrollo y crecimiento, así como la inversión extranjera directa que en buena medida se ha visto suspendida.

Como resultado de todo ello, los gobiernos han volcado buena parte sus presupuestos de gastos e inversión hacia la concesión de subsidios a las personas y a las empresas más afectadas o débiles para evitar mayor destrucción económica y propender por la reactivación de los negocios o las ocupaciones independientes. Evidentemente esto es necesario y se justifica, especialmente en situaciones de mayor dificultad a las cuales se suman fenómenos de violencia, narcotráfico y catástrofes naturales, como ocurre en varias de nuestras regiones.

Sin embargo, la finalidad del Estado no es ser un proveedor de subsidios, sin perjuicio que hay casos donde es imperioso y urgente que lo haga, como en la educación, la salud, las pensiones y el bienestar de comunidades o personas vulnerables. Salvo condiciones de esa naturaleza, los subsidios tienen la vocación de ser temporales y completamente focalizados a quienes verdaderamente los requieren y los necesitan, sin más alternativa para tenerlos que acudir al Estado. Precisamente, el diccionario de la lengua española RAE, define los subsidios del Estado como: “Prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada”, es decir, tiene su origen, su justificación, su existencia y su terminación.

Desafortunadamente, buena parte de los ciudadanos piensan que una vez concedido el subsidio debe perdurar y mejorarse a través de su existencia, sin importar cuál es su costo, el origen de los recursos y quién realmente lo está pagando, porque el Estado somos todos. La política de subsidios la convierten en un verdadero asistencialismo, el cual, como lo demuestra la experiencia vuelve a las personas verdaderos “zánganos” o “chupa sangres”, que esperan que el Estado les resuelva su vida económica, lo cual es una responsabilidad individual frente a sí mismos y frente a la sociedad.

Los movimientos políticos de izquierda son ampliamente afectos a esta tesis y la defienden con fuerza, sin justificar la proveniencia de los recursos y la real capacidad del Estado o de los demás ciudadanos de conceder subsidios eternos por causas que son eminentemente transitorias. Mucho se habla de rentas básicas, de educación y salud gratuitas, de pensión mínima y de toda una gama de auxilios, beneficios y subvenciones en los más diversos frentes de la actividad humana. Además, con la curiosidad implícita de que todo aquel sector, persona o grupo de personas que tienen dificultades, sienten, esperan y demandan que el Estado se las soluciones a cualquier costo y sin ninguna justificación de carácter social o comunitario o contraprestación en beneficios para otros ciudadanos con dificultades sociales realmente apremiantes y de verdadera pobreza.

Nos preocupa que la política de subsidios tienda a perpetuarse en el tiempo, se vuelva un “derecho adquirido”, como suelen denominarlos y que por esta vía se transforme la capacidad fundamental del Estado de crear condiciones e invertir en el desarrollo económico y de infraestructura del país. De esta manera se abre el espacio a los sectores privados para generar más inversión, ocupación, producción, rentas, impuestos y oportunidades de inversión y crecimiento que beneficien a sus comunidades.

Aquí se impone la reflexión de “dar el pez o enseñar a pescar”, ¿el Estado debe crear condiciones para que los particulares puedan desarrollar sus actividades privadas o, por el contrario, el Estado debe ser un proveedor de subsidios en todo tipo de necesidades o iniciativas individuales o de colectivos de interés particular? No estamos hablando de subsidios temporales necesarios en medio de una pandemia o de una catástrofe o también a poblaciones pobres y vulnerables, hablamos de solucionarle los problemas a sectores o personas individuales para su propio beneficio y sin contraprestación con la comunidad.

Son muchas las obras que puede desarrollar el Estado, tales como las de infraestructura de transporte que acerquen al país con el resto del mundo, de centros de investigación y desarrollo, de dotación urbana de comunicaciones, de seguridad y, por supuesto también de bienestar y recreación, todos los cuales requieren de su inversión directa, o la participación en proyectos de inversión conjunta o asociaciones con el sector privado para ciertos desarrollos. Una solución de ferrocarril, por ejemplo, para el transporte de mercancías y personas como existe en los países más avanzados o una vía fluvial bien dotada a través del río Magdalena, serían multiplicadores de bienestar, ahora y siempre, para muchas comunidades y para todo el país. Además, serían grandes generadores de ocupación para muchos sectores productivos y generadores de diversidad de trabajos directos e indirectos.

martes, 9 de marzo de 2021

EL ESTALLIDO SOCIAL

 Comentario 09/03/2021

 

EL ESTALLIDO SOCIAL

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Al comentar un reciente estudio del FMI sobre las consecuencias de la pandemia, Antonio Albiñana, periodista y comentarista político español, prevé un estallido de desórdenes sociales tras la crisis sanitaria, hacia mediados de 2022: “Una pandemia pone de manifiesto las fracturas ya existentes en la sociedad, la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencias o de corrupción en los gobiernos, tras lo que sube el riesgo de graves crisis políticas. Calderos de descontento social en lo que echarán sus redes populismos y fascismos de todo tipo”. El Tiempo, 28 de febrero de 2021.

Para nadie es un secreto los graves problemas de pobreza y falta de oportunidades que por décadas han tenido diferentes países en Latinoamérica, más notorios aún en época de pandemia donde buena parte de la clase media se ha rodado hacia condiciones vulnerables y aún de pobreza vergonzante. La razón no es otra que la consecuencia fundamental del bajo dinamismo y por ende el menguado crecimiento económico. En épocas de recesión desaparecen muchos empleos y oficios y, por consiguiente, los ingresos familiares disminuyen, es una clara evidencia de que la demanda agregada de bienes y servicios ha disminuido y en algunos casos ha caído en forma dramática, lo cual afecta negativamente también a las empresas y empresarios generadores de empleo.

¿Qué hay que hacer, entonces?, la respuesta es obvia, restablecer la demanda a través de la recuperación de la dinámica económica, para que ésta requiera de nuevo los empleos y las empresas que se perdieron u otras sustitutivas, retornando al nivel inicial o superior de ingreso de las familias y de mejor bienestar económico cada vez. Esta es la única fórmula válida, factible y posible.

Desafortunadamente otros piensan que no es ese el camino, que todo se soluciona si el Estado asume las riendas de la economía y se convierte en un generador formidable de subsidios a las familias que tienen fragilidad. Este es un hecho que requiere darse en forma temporal y claramente focalizada, no cabe duda de que muchas familias, tanto como muchas empresas, requieren un empujón del Estado para restablecer su actividad productiva y lucrativa luego de la pandemia. Pero, sólo con poblaciones totalmente en línea de pobreza, dichos subsidios deben prolongarse.

La pregunta clave para todos es: ¿De dónde sacará el estado dinero a “chorros” para subsidiar a todo el que tenga dificultades? Y la respuesta es contundente, el Estado no tiene más dinero que el que los propios, honestos y cumplidores de su deber, empresarios o personas naturales, le contribuyan en materia de impuestos. El Estado puede temporalmente endeudarse, pero como dice el refrán popular “no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se venza”. Finalmente, el Estado también tiene que honrar sus obligaciones pagándolas, para lo cual requerirá fatalmente más impuestos.

¿Es fácil decir “que los ricos paguen más impuestos”, pero a ver dónde están esos ricos con capacidad de darle al Estado los impuestos necesarios para que se subsidie a toda una sociedad en condiciones de progreso, bienestar y libertad? Esas personas y empresas terminarían por considerar que sus actividades productivas no valen la pena si el Estado ejerce una exacción de sus negocios o su labor productiva sobre la base de impuestos confiscatorios y, como es obvio, finalmente dejarían su actividad o la trasladarían a un país que sí les ofrezca garantías para ejercer su labor con impuestos razonables. Los países latinoamericanos se caracterizan por altas tasas impositivas, porque han buscado en los impuestos las soluciones, sin embargo, sus niveles de pobreza no han mejorado, en muchos casos con fórmulas de gobierno estatistas y populistas, han desmejorado gravemente.

En consecuencia, la única solución para los problemas económicos y sociales de una comunidad es crecer la economía, por un lado, para que más personas y familias tengan oportunidades productivas y, por el otro, para que el Estado recaude más impuestos por la mayor actividad económica, con tarifas moderadas y crecientes según ingreso, por supuesto, pero nunca confiscatorios, los cuales que se traduzcan en labor social y de desarrollo y no en clientelismo, politiquería y corrupción. No existen más soluciones.

En algunas sociedades se han ensayado cambios en los modelos políticos, económicos o sociales, sin embargo, todas han tenido que reconocer que, sin crecimiento económico, libertad empresarial y lealtad del Estado con las actividades privadas, no hay condiciones para el desarrollo económico y social.

Para no ir muy lejos, el Caso de Chile es sobrecogedor, dado que perdió su estabilidad económica y su liderazgo empresarial, con grave daño a la democracia, ahora amenazada por una reforma constitucional, donde no se sabe a qué lugar se llevará a esa nación que venía siendo ejemplar. Sinceramente no creemos que un cambio en la constitución pueda sustituir la fórmula del crecimiento económico para favorecer mayor equidad y mejores oportunidades. Como afirma Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso en Chile, en un interesante artículo que tituló “CAOS”, publicado en La República del jueves 4 de marzo de 2021: “Y así estamos, meses después del referéndum con el caos desatado, dando cuenta de la total incompetencia de nuestra élite y con la democracia en riesgo vital”.

Debemos prepararnos para el estallido social, reforzando nuestra democracia, las instituciones, la constitución, nuestro modelo económico, político y social y no hacer oídos blandos a las ilusiones y veleidades de los socialismos populistas y nacionalistas que ya se anuncian por ahí como la mejor opción. No hay solución distinta contra la pobreza que el crecimiento económico con un enfoque de bienestar.

ECONOMÍA RESILIENTE Y MAL GOBIERNO

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