martes, 27 de abril de 2021

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Comentario 26/04/2021

 

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Francamente, los años 20 y 21 en lo que va corrido han sido tan atípicos que no parece existir una convicción firme y realmente concluyente sobre cómo será el proceso de recuperación económica y social. Son tantos los sectores económicos golpeados, las poblaciones sin distingo de edad, condición y ubicación también afectadas, el desmedro de las finanzas públicas, tan fuertemente dependientes de una reforma tributaria que tambalea por su falta de oportunidad, si bien no por su necesidad.

Algunos medios de comunicación califican estos dos años como de los peores años en la historia de la humanidad. No es sólo por la pandemia, también se han presentado todo tipo de adversidades por condiciones climáticas, de guerras de origen político, religioso o territorial, de hambrunas, de desplazamientos humanos, de otras enfermedades, de racismo y discriminación, de persecuciones políticas o ideológicas, de populismos o nacionalismos malsanos, de pobreza y desempleo, de inmigraciones sin control, entre los muchos males y afectaciones.

Como consecuencia, hoy tenemos graves problemas en el sistema de salud, por supuesto, pero también de negocios quebrados o en muy mala situación de liquidez, de mercados cerrados, de falta de cosechas, de parálisis en la demanda de muchos bienes o servicios, de presupuestos agotados, de Estados y Gobiernos exhaustos y sin capacidad, etc., en fin, parece un círculo de nunca acabar, pues unas circunstancias afectan a otras, generando sinergias negativas entre sí. Sectores tales como el turismo, la educación, la recreación, el arte y la cultura, la gastronomía, el deporte, la producción de muchos bienes y la prestación de muchos servicios, entre muchos otros, han tenido golpes dignos de un verdadero knock out (“fuera de combate”). Por supuesto la afectación negativa en el empleo, en la ocupación productiva, en la depresión y la ansiedad, en los desarreglos familiares y personales, y en la pobreza, no se han hecho esperar.

Alguien podrá pensar, y tiene la razón, que la mayoría de esos problemas han existido desde muchos años atrás, pero cuando todos se presentan simultáneamente y con tanta fuerza, crean un efecto entre ellos que multiplica su impacto negativo y destructor. Es así como los niveles de vida y la calidad de vida se deterioran, de hecho, se estima que, de 2 a 4 millones de personas de la clase media, de los aproximadamente 30 millones que existen en Colombia, se “rodarán” a escenarios de pobreza, capítulo donde habíamos ganado un gran terreno en los últimos diez años. Posiblemente, se tardará varios años el país para que estas personas y sus familias restablezcan su posición anterior de bienestar de vida y capacidad de compra. De hecho, diversos analistas opinan que el proceso de recuperación económica, en general, podrá tomarse hasta el año 2025 para retomar los niveles anteriores a la pandemia del covid-19. En algunos aspectos, el proceso tomará más tiempo y aún hasta una década para su normalización y habrá casos donde no se recuperará.

Las soluciones no son fáciles, pero hay que echar mano a lo disponible y focalizar los esfuerzos para poder acertar y recuperarse, no se debe “disparar con escopeta regadera” sino con la más fina “puntería”. Colombia tiene extensión, diversidad de climas y amplios recursos hídricos, a su vez posee una población económicamente activa de cerca de 25 millones de personas y, por otro lado, hay un gran retraso en infraestructura urbana, rural y en vivienda especialmente de carácter social. ¿Será posible concebir dos grandes planes, concertados entre el gobierno y el sector privado, para producción agropecuaria en gran escala, el primero, y para desarrollo de infraestructura a todo nivel, el segundo, con una ejecución simultánea? Además, estos planes rodearlos de facilidades extraordinarias para su ejecución, tales como medidas para agilizar los contratos de trabajo, el pago de impuestos diferidos, las facilidades de importación de insumos y maquinaria no producidas en el país, etc.

El mayor abastecimiento de alimentos diversos produciría un impacto benéfico en el precio de la comida y en la generación de excedentes para exportar, tanto en flores, frutas, verduras, hortalizas y carnes diversas que el mundo requiere. Con esto se contribuye al abastecimiento interno a menor costo y a que no se disparen los índices de inflación por mayor consumo, pero lo más importante, a muchas personas que se ocuparán en el campo de la producción agropecuaria. Se acudiría a las cláusulas de salvaguardia para transitoriamente detener las importaciones de estos productos provenientes de otros países con los cuales tengamos acuerdos de comercio. Los productores ganarían más por volumen que por el margen de venta en los productos comercializados. Además, toda la cadena de alimentos, desde la producción, la comercialización, el transporte, el almacenaje, la preservación, el procesamiento, la transformación como insumos para otros productos y la distribución, se moverían, y con ellos, buena parte de la producción y el consumo.

De otro lado, siempre hemos sabido que las obras de infraestructura son un gran generador de demanda en toda la economía, ya que requieren insumos, maquinaria y equipos, productos, servicios, contratos, financiaciones, controles, consultorías, etc. cuantiosos y diversos, con lo cual serán otro gran frente generador de demanda y simultáneamente una importante fuente de ocupación productiva para personas y empresas, en todas las regiones del país.

Estas dos prioridades, por supuesto, producirían sinergias positivas con los demás generadores de demanda y oferta en todas las cadenas productivas y, como resultante, mayor ocupación y empleo. Eso es precisamente lo que necesitamos para salir “del hueco pantanoso en que nos metimos y con las llantas resbalando”, estos programas obrarían como una “doble tracción”, aumentando la potencia de toda la actividad productiva y dinamizando la oferta y la demanda.


lunes, 19 de abril de 2021

LA CUESTIÓN TRIBUTARIA

 Comentario 19/04/2021

 

LA CUESTIÓN TRIBUTARIA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

La gran mayoría de los países están atravesando dificultades en sus presupuestos públicos, debido al mayor nivel de gasto e inversión social que la pandemia ha demandado. El alistamiento del sector salud, en sus instalaciones y en su personal médico y paramédico, ha requerido de ingentes sumas de dinero. Pero, por otro lado, las ayudas sociales en términos de las subvenciones, los subsidios, las exoneraciones y las contribuciones de diversas naturalezas dirigidas a las familias vulnerables y al sector productivo respectivamente, también han sido billonarias. Si a lo anterior sumamos los costos inherentes al tremendo lío de las vacunas, desde su adquisición y pago, su ubicación en el país, su preservación y almacenamiento, la logística de su distribución y la complejidad de su aplicación, el escenario del gasto público se vuelve realmente complicado, dado, además, que los gastos, los pagos y las inversiones corrientes del Estado no han cesado por la pandemia.

En consecuencia, muchos países atraviesan por escenarios de déficit fiscal y de endeudamiento público realmente difíciles y en algunas situaciones muy delicados. De hecho, las calificadoras de riesgo y los organismos crediticios multilaterales han puesto su “dedo en la llaga” advirtiendo de una eventual crisis de deuda, situación en la cual los países encuentran su acceso al crédito completamente cerrado, como ocurre normalmente también con las personas que se quedan insolventes (sin liquidez) o sin respaldo. En este escenario, las calificaciones de riesgo de los países empeoran y el costo de sus créditos se eleva, complejizando la situación económica. Ahora, todo lo que le suceda al Estado, se transporta al sector privado, pues si el país queda mal calificado, se degrada también la calificación de las empresas que operan en el respectivo territorio, en cuanto su mayor limitación de acceso al crédito externo y el alto costo de este.

Lo primero que ocurre es que la valoración crediticia del país se enrarece, es decir, de buen pagador se pasa a ser dudoso pagador o mal pagador, como ocurrió, por ejemplo, no hace algunos años con Argentina, quien vio seriamente afectada su relación crediticia con todo tipo de deudores, de hecho, casi que ninguna institución ni entidad quería tener relaciones crediticias o de negocios con ese país por su insolvencia e incapacidad de pago. Sólo algunos fondos aventureros estaban dispuestos a prestarle o a comprar su deuda a tasas exorbitantes. En consecuencia, el servicio de la deuda pública, o sea, el costo que paga el gobierno por intereses de sus saldos de endeudamiento se encarece sensiblemente.

Lo segundo que ocurre es que el acceso a nuevos créditos o refinanciaciones se vuelve más difícil y en ocasiones inaccesible. Los Estados tienen que recurrir a liquidar sus activos para poder sobrevivir, como sería en Colombia, por ejemplo, tener que vender la totalidad de la propiedad del Estado en Ecopetrol para poder funcionar como Estado y como Gobierno, y, por supuesto, estos recursos se acabarán rápidamente, sobre todo por la exigencia del gasto social y el de funcionamiento.

Se producirá en seguidilla un mayor déficit fiscal y paulatinamente la incapacidad de extender algunos servicios del Estado y lo peor, el gasto social necesario en educación, salud, pensiones, defensa y bienestar comunitario, así como el apoyo a poblaciones vulnerables. El país perderá su calificación crediticia y el acceso a nuevos recursos y, como consecuencia, lo tercero que ocurrirá es una fuerte devaluación de su moneda, es decir, la moneda pierde valor frente al resto del mundo porque el Estado no es creíble.

A la altura de este comentario nos debemos preguntar si la reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso para su aprobación es oportuna[1]. La respuesta es que el momento es muy inconveniente por la situación general de la economía y la pandemia, sin embargo, no por inconveniente, deja de ser necesaria. Lo peor que nos podría pasar es que el Estado, como un todo, presente una parálisis por insolvencia (falta de liquidez) y falta de acceso a nuevos créditos o refinanciaciones, allí pagarían los “platos rotos” todas las clases sociales y, como siempre, los más los pobres, quienes tienen menos defensas.

Ninguna reforma tributaria gozará jamás del favoritismo del público, cada sector económico, cada segmento de la sociedad, cada organización, cualquiera que sea su actividad, defenderán con vigor su prioridad y su posición para no tener que pagar más o nuevos impuestos. Y más si se trata como la actual de una reforma profunda, que grava consumos sensibles como la gasolina, los servicios públicos, y también a los medianos y altos ingresos, pensiones y patrimonios de las clases superiores. Sin embargo, el momento es tal, que, aunque “el paciente está en estado delicado, con mayor razón hay que operarlo”, así mucho le duela o su mejoramiento tenga un pronóstico de lenta recuperación.

Para entenderlo de una manera simple, el resultado de la economía de un país, gira en la suma de tres componentes que se complementan mutuamente, ellos son los resultados acumulados por: 1. el sector privado, 2. el sector público y 3. el sector externo, entendiendo este último como el intercambio económico del país con el resto del mundo. No importa que el sector privado y el externo vayan bien, el resultado negativo del sector público anulará el buen desempeño de los otros dos. La situación en Colombia se hace más difícil dado que tanto el sector público como el sector externo tienen dificultades, más en el primero que en el segundo, pero al fin resultados negativos.

Es, en consecuencia, el momento de mirar con grandeza y altruismo las soluciones que el país requiere y especialmente el sector público, para aceptar la necesidad de pagar nuevos o mayores impuestos y contribuciones, para que a todos nos vaya mejor. En contraprestación, lo que deberíamos exigirle al Estado y sus gobernantes y funcionarios es austeridad, eficiencia y probidad en el manejo de los recursos, evitando la corrupción, por un lado, y aplicando correctamente los gastos en necesidades sociales, por el otro, pero también en crecimiento y desarrollo del país. No sólo subsidios y beneficios que tenderán a perpetuarse en el tiempo, se requiere más inversión si queremos “comprar presente pero también futuro”. Subvenciones sociales sí, pero oportunidades para todos también. Que no se nos vuelva “otra década perdida”.



[1] Existe una enorme controversia en el país debido a la oportunidad de la reforma, por el mismo hecho del deterioro económico ocasionado por los cierres y por el calendario electoral, con elecciones el próximo año. La reforma se presenta como una solución de tipo social (subsidios para evitar pobreza) y fiscal (déficit y endeudamiento público). Sin embargo, también existe controversia sobre la recurrencia de los subsidios, su permanencia y su orientación, como subvención o como generación de trabajo. Es un tema con muchas aristas y posiciones, al Congreso le tocará decidir.

martes, 13 de abril de 2021

POPULISMO Y PROGRESISMO

 Comentario 12/04/2021

 

POPULISMO Y PROGRESISMO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Cada mes que pasa se entra con mayor intensidad en el escenario electoral del próximo año, período en el cual habrá elecciones de congreso y presidencia, de hecho, las decisiones que hoy se toman en aspectos políticos, económicos y sociales, desde ahora consultan el interés individual de los partidos o de los potenciales candidatos frente a las futuras elecciones. Ya no se mide con la objetividad del contenido de lo que se decide o propone, sino con la conveniencia desde el punto de vista electoral, todo lo cual complejiza las decisiones, porque entramos en una etapa más emocional que racional al juzgar y al hacer en todos los órganos del poder público y en los distintos actores que se mueven en ellos. Aunque los comicios se ven lejanos por el ciudadano de a pie, sin embargo, desde ahora empieza un gran peligro electoral, el llamado populismo. El interés es el voto útil y mi elección, no importa cómo le vaya al país.

El populismo apela al pueblo para construir su poder, entendiendo al pueblo como las clases sociales menos favorecidas y sin privilegios económicos o políticos. Suele basar su estructura en la denuncia constante de “los males” que encarnan las clases privilegiadas, es decir, en generar odio de clases, como si las personas de mejor posición o progreso fueran las culpables de los males de otros.

Los líderes populistas, por lo tanto, se presentan como redentores de los humildes (Robin Hoods). El término populismo, en consecuencia, hace referencia a las medidas políticas que no buscan el bienestar o el progreso de un país, sino que tratan de conseguir la aceptación de los votantes sin importar las consecuencias.

El populismo es efectista, busca resultados inmediatos, resonantes y notorios, que se convierten en un espejismo lleno de complacencias para los más débiles, sin embargo, los platos rotos vienen más tarde. Muy fácil ofrecer una renta básica para las personas con mayor vulnerabilidad, pero las cuentas no cuadrarán porque el Estado no dispone de recursos para semejantes erogaciones novedosas, halagadoras y adicionales, de por vida y para todas las generaciones actuales y por venir.

En Colombia el 90% del presupuesto público prácticamente ya está asignado a gastos sociales y de funcionamiento. Si, por ejemplo, el presupuesto público establece que hay una destinación para la educación del 35% del aforo disponible, estos recursos no pueden dedicarse a la llamada renta básica prometida durante la campaña. En la práctica, salud, pensiones, educación, deuda pública, servicio de la deuda y gastos de funcionamiento incluido el de defensa, comprometen el presupuesto público de una manera casi que inflexible.

Además, lo que caracteriza a los gobiernos populistas, desafortunada y frecuentemente, es la politiquería y la corrupción, dos malos enemigos de la eficiencia del sector público, los cuales se convierten en gastos desbordados, burocracia, despilfarro, ineficacia en la ejecución de las obras, mal gobierno, compromisos con los grupos de su interés o con los partidos de su conveniencia y no con los ciudadanos en general o con los grandes intereses del país.

Frente a estas duras realidades, escuchar tantas voces electoreras y promeseras de lo que no se podrá cumplir, es un ejercicio político lleno de engaños para las personas poco avisadas, lo cual, en general y lamentablemente, es la cultura de nuestra población. Los oídos se dejan halagar fácilmente con esas mágicas soluciones, las cuales cautivan votos incautos, mal informados o con esperanzas infundadas, si bien, elección tras elección, de nuevo se quedan en el vacío.

Todo esto conforma el llamado populismo, prometer lo que no tiene asidero, ni financiero, ni legal, ni funcional, ni posibilidad de ejecución. Latinoamérica está llena de ejemplos del cáncer del populismo en los últimos años: los Kitchner en Argentina, Chaves y Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Lula en Brasil, Correa en Ecuador y Mujica en Uruguay, y así por muchos lugares. Sin embargo, el populismo no es una característica únicamente de la izquierda, puede existir en cualquier tipo de ideología política, pero es más notorio, frecuente y recurrente en las ideologías de izquierda.

Los populismos frecuentemente se autodenominan progresismos y se acompañan de nacionalismos, es decir, se explota el sentimiento nacional para encubrir los daños populistas cuando estos ya son inevitables. Además, en ocasiones se invoca también el enemigo externo como el causante de los males, como ocurre en Venezuela frente a Colombia, donde se afirma que los colombianos somos la causa de los reveses del pueblo venezolano, que horror y que malévola afirmación, pero así se cacarea continuamente. Ahora, si se juntan el populismo, la politiquería, el nacionalismo malsano y la corrupción, estamos al frente de la catástrofe total de un país, su economía, sus instituciones, su desarrollo social y el progreso de sus comunidades.

lunes, 5 de abril de 2021

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMUNES

Comentario 05/04/2021

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMUNES

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Con bastante alborozo algunos sectores del país celebraron el “Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto”, celebrado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, el cual fue presentado por el presidente Santos como la solución a los problemas de violencia y el subsecuente proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición.

5 años después tenemos que reconocer que el Gobierno Duque ha hecho un gran esfuerzo por darle “cumplimiento con legalidad”, dentro de las más severas restricciones de tipo presupuestal y, en el último año, además en medio de la pandemia. Se han hecho acciones de reinserción de combatientes, apoyo a su resocialización y fomento a su actividad productiva, concesión de importantes subsidios directos, inversión en territorios de especial sensibilidad en el conflicto armado (programa PDET)[1], y se conducen nuevos esfuerzos en materia de entrega de tierras baldías, recuperadas del narcotráfico o de propiedad del Estado y su adjudicación legal, así como en la recuperación de territorios y su pacificación. Se constituyeron elementos de justicia transicional y de reconstrucción de la memoria histórica y se les ha cumplido con aspectos del acuerdo como las curules en el congreso, la regularización de su partido político y su inserción en las comunidades. El esfuerzo del Estado en realidad ha sido muy grande, aunque para algunos parezca insuficiente o pequeño. Inopinadamente, en nuestro criterio, se pactaron compromisos por más de $130 billones de pesos, los cuales desbordan las finanzas y capacidades del Estado, parece que pudo más el lograr un Nobel de paz, que el hacer un acuerdo equilibrado en términos de justicia y factible financieramente.

Pues bien, ¿qué hemos recogido?: Algún nivel de desmovilización de combatientes en regiones y menores hechos de violencia desbordada contra las comunidades inermes o contra el ejército, o los secuestros de personas diversas, pero los problemas tales como el narcotráfico, el reclutamiento de niños, las “vacunas” y las llamadas disidencias combatientes, comandadas por Márquez y Santrich, continúan atacando a poblaciones, infraestructura y objetivos militares, aunque eran también compromisarios del acuerdo. Además, se ha recrudecido el asesinato de líderes sociales. La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición aún están en la “mente de sus creadores”, quienes negociaron una paz llena de concesiones del Estado sin ninguna garantía de la contraparte en el cumplimiento estricto, oportuno y sin dilaciones de lo acordado. Específicamente, las Farc, hoy los Comunes, se habían comprometido a temas tales (menciono sólo algunos de los más importantes) como:

  • Reparación: en dinero se han recibido menos de $50.000 millones de pesos para reparar a las víctimas, lo cual es una cifra, por un lado, lejos de la acumulación de riqueza que las FARC atesoraron con sus delitos, especialmente con el narcotráfico y los secuestros, y, por el otro, lejísimos de la verdadera reparación de los cerca de 8 millones de víctimas que el conflicto le dejó al país. De hecho, este sería el mayor lavado de dinero, la mayor evasión fiscal y la mayor fuente de divisas de dudoso origen, que haya ocurrido en muchos años en el país. Además, según el acuerdo de paz, lo que no reparan las FARC le toca al Estado, o sea que todos los colombianos vamos a pagar por los delitos de las FARC y ellos, “mondos y lirondos”.
  • Plazos: la entrega material de los bienes en reparación no se cumplió, si bien se prolongaron los plazos y los términos.
  • Rutas:  Las llamadas rutas para acabar con el narcotráfico no se revelaron, dicen que ellos no son “sapos”. Como sus delitos por narcotráfico son políticos según el acuerdo, que les importa. Y los contactos internacionales también, por ningún lado.
  • Eliminación de cultivos: se daba por compromiso obligado la participación de las FARC en la eliminación de cultivos ilícitos, pero “la dicha es flor de un día”, desde el día en que se firmó el acuerdo, tampoco han hecho nada.
  • Verdad: hasta ahora ni en la JEP, que es el tribunal de justicia especial y transicional para la paz, creado con el acuerdo de paz para defender a las víctimas, no ha hecho nada por ellas, pues sólo les ha dado beneficios a los de las FARC como los de no extradición y de penas reducidas, no de cárcel sino “alternativas y restaurativas”, ni tampoco en la Comisión de la Verdad se han reconocido los hechos que conforman la verdad verdadera. Las FARC han salido con “verdades” tan absurdas como que el asesinato de Alvaro Gómez Hurtado, fue por cuenta de las FARC, ¿a quién le están ayudando?, ¿a su amigo defensor el expresidente Samper? De la JEP mucho por esperar porque apenas ahora se refieren a los falsos positivos de las fuerzas armadas de Colombia y a los secuestros de las FARC, pero sin ninguna reparación ni condena.
  • Retenciones versus secuestros: los secuestros de las FARC han sido denominadas retenciones, lo cual los aleja de las penas reales y de la Corte Penal Internacional, afortunados, ¿no cierto? Solo unos valientes combatientes de las FARC han revelado la verdad de sus torturas psicológicas y físicas que cometieron en sus campamentos con sus “retenidos”.
  • Desmovilización de los miembros de las FARC:  en realidad ni todos se desmovilizaron, ni todas las armas se entregaron, ni todas las caletas de dinero se revelaron, lo que tenemos es una disidencia mejor armada que nunca. Así mismo, el no reclutamiento de menores sigue por todo el país, por las disidencias de las FARC o por formaciones delictuales de todos los pelambres.
  • Los delitos sexuales:  Tampoco han sido sancionados, las niñas de la Corporación Rosa Blanca, que fueron víctimas de esos atroces vejámenes, tampoco han sido acogidas por la JEP, y, para colmo de males, el Covid se llevó al gran Herbin Hoyos, quien era el valiente periodista que las lideraba y mantenía presente ante el país su condición de mujeres obligadas a servirles sexualmente a los miembros de las FARC y a abortar posteriormente.

Ahora los dirigentes políticos de las FARC son los Comunes, pero su cambio de nombre no los exime de su responsabilidad y de sus obligaciones como firmantes del acuerdo de paz frente al país y la comunidad internacional. Ah, pero lo extraño es que ésta última, sabiendo todo lo anterior, no dice una sola palabra sobre la verdadera conducta de estos bandidos.



[1] El PDET se construye en 170 municipios que fueron priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional.

ECONOMÍA RESILIENTE Y MAL GOBIERNO

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