Comentario 26/08/2024
LOS
TIEMPOS DE LA JUSTICIA PARA EL PRESIDENTE PETRO
Por: Carlos Alberto
Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/
El
presidente Petro y los funcionarios de su gobierno o quienes participaron en su
campaña electoral tienen la obligación de responderle a la justicia por las
múltiples acusaciones de delitos contra las normas electorales que se
cometieron en su campaña o delitos de corrupción que se han cometido durante su
período de gobierno. No es sólo responsabilidad política, lo es también
jurídica y, en algunos casos, penal.
En
Colombia, el presidente puede ser juzgado por varios organismos del Estado,
dependiendo de la naturaleza de los cargos:
Congreso de la
República:
·
Cámara
de Representantes:
Actúa como acusadora en los procesos de juicio político contra el presidente. Si la Cámara aprueba la acusación, el caso pasa al Senado.
·
Senado
de la República: Actúa
como juez en los juicios políticos. Si el Senado encuentra culpable al presidente, puede
imponer sanciones que incluyen la destitución del cargo.
Corte Suprema de
Justicia:
·
En casos de delitos comunes cometidos por el presidente,
la Corte Suprema de Justicia tiene la competencia para juzgarlo.
Comisión de Acusaciones
de la Cámara de Representantes:
·
Esta
comisión es la encargada de investigar las denuncias contra el presidente y
otros altos funcionarios del Estado. Si encuentra mérito en las acusaciones, puede recomendar
al pleno de la Cámara de Representantes que se inicie un juicio político.
Estos
organismos aseguran que el presidente de Colombia pueda ser juzgado de manera
justa y conforme a la ley, bien en el orden político o también en el judicial y
penal.
Además,
por decisión del Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral sí
puede investigar y acusar al presidente por los delitos cometido en su campaña,
por violación de las normas electorales, como de hecho dos de sus magistrados
ya han levantado evidencias incontrovertibles sobre dichas violaciones en su
campaña. Los funcionarios tanto d su campaña como de su gobierno deben, por su
parte, atender a las instancias de la justicia ordinaria que les corresponda.
De
hecho, en materia electoral el candidato y su fórmula vicepresidencial, el
gerente y el tesorero de la campaña son mancomunadamente responsables por las
violaciones a las normas electorales, como lo consagra el artículo 109 de la
constitución. Probada la violación ya está dado el fallo por la propia
Constitución, sin fórmula de juicio alternativa o discusión alguna.
El
presidente y los miembros de su gobierno y de su campaña aducen que sus
acusaciones son una persecución política de sus adversarios y corresponden a un
golpe blando, golpe de Estado, supuestamente quieren tumbarlo, según sus
opiniones, compartidas, por su puesto, por todos sus áulicos y
correligionarios.
Tratándose
de temas de gobierno, según las normas electorales, las penales y la
constitución de la república, existe una responsabilidad penal en cabeza de
quien cometió un delito, pero la responsabilidad política está en cabeza del
gobierno de turno, sin la posibilidad de argüir de nuevo, como en el caso del
proceso 8.000 del expresidente Ernesto Samper, que “todo fue a mis espaldas”.
Pues
bien, tanto en la campaña como en el gobierno de Gustavo Petro hay demasiadas
sindicaciones o indicios de violaciones de normas, tales como:
Durante
su campaña:
·
La
consecución de $15.000 millones para la campaña por Armando Benedetti, quien
afirmó que si se supiera el origen todos irían a la cárcel.
·
Las
contribuciones conseguidas por Juan Fernando Petro, su hermano, de
narcotraficantes de la cárcel de la Picota
·
Las
contribuciones para la campaña recibidas por Nicolás Petro, su hijo, del Turco
Hilsaca y Santander Lopesierra, señalados traficantes.
·
Las
contribuciones en criptomonedas de Daily Cop.
·
Los
gastos e ingresos de la campaña no reflejados en las cuentas e investigados por
el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL sobre honorarios de consejeros, vuelos y gastos
de propaganda. Ya hay pruebas de $5.300 millones no explicados en esas cuentas,
determinados por los magistrados investigadores.
·
Las
investigaciones que se plantean deben ser realizadas por la COMISIÓN DE
ACUSACIONES del Congreso, donde el presidente tiene control por sus integrantes
afines a su línea política.
·
Dineros
donados por varios sindicatos (Fecode y la USO) y no reflejados en sus cuentas
de campaña.
·
Gastos
millonarios durante el día de las elecciones en testigos electorales y en la
celebración del triunfo en el Movistar Arena, que el presidente afirma que no
son de la campaña, ¿entonces son gastos de qué?
·
Euclides
Torres, contratista y aportante millonario a la campaña con múltiples contratos
dados por el gobierno a su favor como si fuera una contraprestación por sus
donaciones a la campaña.
·
Los
vuelos chárteres del candidato y de miembros de su campaña a través de Sadi
(transportes aéreos de Ibagué) y no reflejados en sus cuentas.
Durante
su gobierno:
·
Las
bolsas o maletas con dinero en la casa de Laura Sarabia.
·
Los
sobrecostos y demandas del contrato de pasaportes en la Cancillería, como
consecuencia de sus instrucciones y de otros contratos recientes, que
conducirán a un gran detrimento patrimonial por las demandas de Thomas Greg
& Sons, por más de $120.000 millones.
·
El
tema de los sobrecostos en la compra de los Carrotanques para la Guajira.
·
Los
$4.000 millones supuestamente entregados a miembros del senado y de la cámara
para el pago del paso favorable de las reformas sociales en el Congreso,
provenientes de la UNGRD-Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo por Sneyder
Pinilla y Olmedo López, y la implicación a varios funcionarios dependientes de
la Presidencia.
·
Los
diversos contratos celebrados por dependencias de la presidencia con notorios
sobrecostos y posiblemente coimas que configuran corrupción.
En
síntesis, tanto desde su campaña como en su gobierno hay indicios documentados
que comprometen al presidente, a funcionarios de su campaña o de su gobierno y
a miembros de su familia. La responsabilidad penal serán los jueces y
magistrados quienes la decidirán, pero la responsabilidad política del gobierno
Petro es un deber de toda la ciudadanía, juzgarla y rechazar sus conductas.
Lamentablemente, los tiempos de la justicia en el caso de un presidente, y más
uno sinuoso como Petro, son inesperadamente largos a pesar de la contundente
evidencia que lo compromete.