Comentario 06/04/2026
EL
PLAN DE GOBIERNO DE LA IZQUIERDA RADICAL CON CEPEDA-PETRO
Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/
Fundamento
y propósito: Continuidad del proyecto político de Gustavo Petro y su
progresismo populista y radical.
Iván
Cepeda ha manifestado su intención de continuar y profundizar el proyecto
político progresista y populista iniciado por el actual presidente Gustavo
Petro. Su objetivo es no solo proteger los avances logrados, que considera
significativos, sino también implementar cambios estructurales que vayan más
allá de reformas superficiales. Cepeda ha recibido el apoyo de varios
líderes del Pacto Histórico, lo que refuerza su posición de candidato de la
izquierda unida para las elecciones presidenciales de mayo de 2026.
El
programa de gobierno de Iván Cepeda se presenta como una propuesta integral que
busca abordar los problemas más apremiantes de Colombia con un enfoque
progresista y transformador, según sus autores. Su compromiso es con la lucha
contra la corrupción, la equidad social, la protección del medio ambiente, la
transición a energías limpias y la paz, lo cual se muestra, aparentemente, como
una visión clara para el futuro del país. Veamos:
Cepeda
y Petro han sido los autores, gestores y promotores del proceso de la Paz
Total, el cual ha resultado un completo fracaso, con fortalecimiento de la
criminalidad, debilitamiento de la Fuerza Pública e inseguridad y delitos
crecientes en todo el país. Repetir este proceso será un suicidio para el
senador Cepeda si llegara a ser presidente.
En
cuanto a la corrupción, propone realizar reformas estructurales tales que, de
manera contundente, garanticen mayor transparencia en la contratación pública y
sanciones ejemplares para los responsables de los actos de corrupción. Este
enunciado es, por supuesto, el mismo que tienen otros partidos y grupos
políticos; sin embargo, lo que Cepeda, con miras a la continuidad del gobierno
de Petro, no parece reconocer es que en este gobierno se han presentado los
mayores escándalos de corrupción que comprometen a todo tipo de funcionarios de
su gabinete y del Congreso, lo cual no los hace propósitos creíbles y
confiables. ¿Cómo podemos decir que, ahora sí, el Pacto Histórico y sus
representantes son los adalides de la anticorrupción y los más ejemplares
combatientes de este arraigado fenómeno de la vida pública nacional? No se han
ganado esa credibilidad y esa confianza; por el contrario, son víctimas de su
mala imagen de corruptos por su pésima actuación en este campo.
Sobre
su propuesta de la equidad social, el senador Cepeda enfatiza en la necesidad
de implementar un modelo de redistribución de la riqueza, para lo cual
hace hincapié en la necesidad de diseñar políticas que promuevan la justicia
social y la equidad en el acceso a recursos y oportunidades, y en el
fortalecimiento de los derechos de las comunidades más vulnerables.
Varios
comentarios merecen este enfoque del plan de gobierno de Cepeda:
- El
plan de Cepeda supone una fuerte intervención del Gobierno en la economía,
con una acción estatizadora de servicios y actividades clave de esta, las
cuales pasan a ser ejecutadas, controladas o dirigidas por el Gobierno; y,
como se ha demostrado en todos los países, el Gobierno es un mal
empresario y es sujeto de todo tipo de corrupción y de males como el
nepotismo y el favoritismo. Como en el gobierno actual de Gustavo Petro,
si la carga ideológica de izquierda prima en su acción y decisión, el
resultado es la polarización y la confrontación con las demás fuerzas
vivas de la nación.
- Las
políticas de redistribución de la riqueza pasan siempre por una carga de
profundidad en contra del sector privado a través de impuestos,
contribuciones y restricciones, las cuales restan competitividad a la
economía y rezagan su crecimiento, ahuyentan la inversión nacional y
extranjera, y desaniman la realización de proyectos de crecimiento o
expansión. Nadie se opone, por supuesto, a que los ciudadanos tengan
mejores ingresos, oportunidades y calidad de vida, pero esto no se logra
redistribuyendo la “torta” que existe sino, precisamente, haciendo crecer
la “torta” para que más personas puedan participar de sus beneficios y
oportunidades.
- Si no
se estimula el crecimiento de la economía con un apoyo decidido al sector
privado en sus proyectos e inversiones, las oportunidades no crecerán y
los ingresos tampoco.
- Es
necesaria una intervención armónica entre el accionar del Estado y del
sector privado para que los ciudadanos progresen. Políticas estatizadoras
de las actividades privadas o intervencionistas en sus resultados o
condicionantes de sus proyectos lo único que limitan es el crecimiento y
terminan por desalentar la inversión nacional y extranjera.
- Si,
como parece ser, el gobierno de izquierda requiere modificar la
Constitución para poder gobernar a su antojo, el problema es mayúsculo. La
Constitución es la ley de leyes y rige para todos los colombianos; no
puede ser que para este gobierno rija cuando le conviene y, cuando no,
entonces haya que cambiarla. La Constitución del 91 que nos cobija
actualmente fue fruto del más amplio consenso político para someterla
ahora a cambios, en un ambiente de tanta pugnacidad y polarización, con
total animadversión y desconfianza.
- Si,
además, el esquema de Estado que la izquierda tiene en su mente es un
aparato frondoso, burocrático e intervencionista, como ellos afirman,
iríamos de mal en peor en el logro de un Estado eficiente, pequeño pero
eficaz, y ahondaríamos los problemas del déficit fiscal y el endeudamiento
público que ya nos tienen en un nivel avanzado de riesgo país, con valores
nunca vistos, y con parálisis de la inversión privada nacional e
internacional.
- La
idea de reforzar los derechos de los ciudadanos vulnerables es contraria a
la Constitución, que consagra que todos los ciudadanos tenemos igualdad de
derechos y deberes, los cuales están descritos con un amplio contenido
social en la misma Constitución. El Artículo 13 establece que:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades”.
Ahora,
en cuanto a la protección ambiental y la transición energética hacia energías
limpias, es también un propósito compartido por muchos grupos de opinión y
partidos políticos; no es solamente un programa que se pueda esgrimir como
exclusivo de la izquierda y cuya vigencia sea solo atribuible a este grupo
político. Desafortunadamente, la izquierda radical se arroga para sí el derecho
de ser los representantes del pueblo, de las soluciones sociales y de la
defensa del medio ambiente. ¿A cuenta de qué?
Esto
es parte de su visión de un modelo económico que respete y conserve los
recursos de la naturaleza, sin consideración al potencial de crecimiento y
desarrollo que ellos proporcionan, técnicamente bien explotados. Solo los
buenos debates en esta época electoral podrán desenmascarar las falencias y
contradicciones del plan de gobierno de la izquierda radical de Cepeda-Petro.
