EL PLAN DE GOBIERNO DE LA IZQUIERDA RADICAL CON CEPEDA-PETRO

 Comentario 06/04/2026

 

EL PLAN DE GOBIERNO DE LA IZQUIERDA RADICAL CON CEPEDA-PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Fundamento y propósito: Continuidad del proyecto político de Gustavo Petro y su progresismo populista y radical.

Iván Cepeda ha manifestado su intención de continuar y profundizar el proyecto político progresista y populista iniciado por el actual presidente Gustavo Petro. Su objetivo es no solo proteger los avances logrados, que considera significativos, sino también implementar cambios estructurales que vayan más allá de reformas superficiales. Cepeda ha recibido el apoyo de varios líderes del Pacto Histórico, lo que refuerza su posición de candidato de la izquierda unida para las elecciones presidenciales de mayo de 2026.

El programa de gobierno de Iván Cepeda se presenta como una propuesta integral que busca abordar los problemas más apremiantes de Colombia con un enfoque progresista y transformador, según sus autores. Su compromiso es con la lucha contra la corrupción, la equidad social, la protección del medio ambiente, la transición a energías limpias y la paz, lo cual se muestra, aparentemente, como una visión clara para el futuro del país. Veamos:

Cepeda y Petro han sido los autores, gestores y promotores del proceso de la Paz Total, el cual ha resultado un completo fracaso, con fortalecimiento de la criminalidad, debilitamiento de la Fuerza Pública e inseguridad y delitos crecientes en todo el país. Repetir este proceso será un suicidio para el senador Cepeda si llegara a ser presidente.

En cuanto a la corrupción, propone realizar reformas estructurales tales que, de manera contundente, garanticen mayor transparencia en la contratación pública y sanciones ejemplares para los responsables de los actos de corrupción. Este enunciado es, por supuesto, el mismo que tienen otros partidos y grupos políticos; sin embargo, lo que Cepeda, con miras a la continuidad del gobierno de Petro, no parece reconocer es que en este gobierno se han presentado los mayores escándalos de corrupción que comprometen a todo tipo de funcionarios de su gabinete y del Congreso, lo cual no los hace propósitos creíbles y confiables. ¿Cómo podemos decir que, ahora sí, el Pacto Histórico y sus representantes son los adalides de la anticorrupción y los más ejemplares combatientes de este arraigado fenómeno de la vida pública nacional? No se han ganado esa credibilidad y esa confianza; por el contrario, son víctimas de su mala imagen de corruptos por su pésima actuación en este campo.

Sobre su propuesta de la equidad social, el senador Cepeda enfatiza en la necesidad de implementar un modelo de redistribución de la riqueza, para lo cual hace hincapié en la necesidad de diseñar políticas que promuevan la justicia social y la equidad en el acceso a recursos y oportunidades, y en el fortalecimiento de los derechos de las comunidades más vulnerables.

Varios comentarios merecen este enfoque del plan de gobierno de Cepeda:

• El plan de Cepeda supone una fuerte intervención del Gobierno en la economía, con una acción estatizadora de servicios y actividades clave de esta, las cuales pasan a ser ejecutadas, controladas o dirigidas por el Gobierno; y, como se ha demostrado en todos los países, el Gobierno es un mal empresario y es sujeto de todo tipo de corrupción y de males como el nepotismo y el favoritismo. Como en el gobierno actual de Gustavo Petro, si la carga ideológica de izquierda prima en su acción y decisión, el resultado es la polarización y la confrontación con las demás fuerzas vivas de la nación.
• Las políticas de redistribución de la riqueza pasan siempre por una carga de profundidad en contra del sector privado a través de impuestos, contribuciones y restricciones, las cuales restan competitividad a la economía y rezagan su crecimiento, ahuyentan la inversión nacional y extranjera, y desaniman la realización de proyectos de crecimiento o expansión. Nadie se opone, por supuesto, a que los ciudadanos tengan mejores ingresos, oportunidades y calidad de vida, pero esto no se logra redistribuyendo la “torta” que existe sino, precisamente, haciendo crecer la “torta” para que más personas puedan participar de sus beneficios y oportunidades.
• Si no se estimula el crecimiento de la economía con un apoyo decidido al sector privado en sus proyectos e inversiones, las oportunidades no crecerán y los ingresos tampoco.
• Es necesaria una intervención armónica entre el accionar del Estado y del sector privado para que los ciudadanos progresen. Políticas estatizadoras de las actividades privadas o intervencionistas en sus resultados o condicionantes de sus proyectos lo único que limitan es el crecimiento y terminan por desalentar la inversión nacional y extranjera.
• Si, como parece ser, el gobierno de izquierda requiere modificar la Constitución para poder gobernar a su antojo, el problema es mayúsculo. La Constitución es la ley de leyes y rige para todos los colombianos; no puede ser que para este gobierno rija cuando le conviene y, cuando no, entonces haya que cambiarla. La Constitución del 91 que nos cobija actualmente fue fruto del más amplio consenso político para someterla ahora a cambios, en un ambiente de tanta pugnacidad y polarización, con total animadversión y desconfianza.
• Si, además, el esquema de Estado que la izquierda tiene en su mente es un aparato frondoso, burocrático e intervencionista, como ellos afirman, iríamos de mal en peor en el logro de un Estado eficiente, pequeño pero eficaz, y ahondaríamos los problemas del déficit fiscal y el endeudamiento público que ya nos tienen en un nivel avanzado de riesgo país, con valores nunca vistos, y con parálisis de la inversión privada nacional e internacional.
• La idea de reforzar los derechos de los ciudadanos vulnerables es contraria a la Constitución, que consagra que todos los ciudadanos tenemos igualdad de derechos y deberes, los cuales están descritos con un amplio contenido social en la misma Constitución. El Artículo 13 establece que: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades”.

Ahora, en cuanto a la protección ambiental y la transición energética hacia energías limpias, es también un propósito compartido por muchos grupos de opinión y partidos políticos; no es solamente un programa que se pueda esgrimir como exclusivo de la izquierda y cuya vigencia sea solo atribuible a este grupo político. Desafortunadamente, la izquierda radical se arroga para sí el derecho de ser los representantes del pueblo, de las soluciones sociales y de la defensa del medio ambiente. ¿A cuenta de qué?

Esto es parte de su visión de un modelo económico que respete y conserve los recursos de la naturaleza, sin consideración al potencial de crecimiento y desarrollo que ellos proporcionan, técnicamente bien explotados. Solo los buenos debates en esta época electoral podrán desenmascarar las falencias y contradicciones del plan de gobierno de la izquierda radical de Cepeda-Petro.