EL TERCIOPELO DE LA CORTE CON LAS FARC

Comentario 21/08/2018 

 Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

 Ingeniero Industrial y Administrativo

Los ciudadanos que hemos hecho el seguimiento de lo aprobado en el acuerdo de paz de Santos-FARC vimos con asombro, cómo, en aras de la llamada paz y reconciliación, fueron tales la concesiones realizadas a favor de la guerrilla desmovilizada que desde el punto de vista civil, económico y político, el acuerdo de paz compromete seriamente al país en su integridad, su institucionalidad y su presupuesto, al concederle a la guerrilla privilegios económicos, jurídicos como la JEP, legales (amnistías e indultos), narcotráfico como delito político, curules sin el pago previo de las penas, emisoras, territorios y presupuestos para subsidiar toda su acción política.

De nuevo debemos repetir que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no se han visto en realidad hasta ahora y la cacareada afirmación que “las víctimas son el centro del acuerdo”, tampoco. Además, continúan las 209.000 hectáreas de cultivos ilícitos, no hay rutas ni contactos revelados, el lavado y la legalización de sus activos está vigente, gozan de sus enormes fortunas burlando a la comunidad con una entrega de bienes irrisoria. Hay grupos disidentes actuando por todo el país y su participación activa en las redes de narcotráfico y microtráfico son evidentes, baste mencionar el caso Santrich, vinculado al delito de narcotráfico.

Como hemos sostenido en otros comentarios, el problema no es la paz, todos los ciudadanos la aprobamos, el rechazo es por el contenido de los acuerdos y por la forma como se negociaron. A la guerrilla se le concedió estatus político con plenos derechos sin que mediara primero la necesaria sumisión a la justicia por sus delitos de lesa humanidad, cosa que es increíble.

La JEP, por su parte, desde su constitución y conformación, ha sido una fuente de suspicacias por su sesgo político a favor de los miembros de las FARC, tanto por la comisión internacional que nombró sus magistrados, como por ellos mismos, ya que tienen un marcado y radical pensamiento socialista/comunista, al punto que todas sus actuaciones han estado rodeadas de la clara intención de minimizar la gravedad de los delitos de lesa humanidad cometidos por los miembros de esa organización, hoy convertida en un minúsculo partido político, pero con un poder inmenso según lo acordado con el gobierno Santos.

Han creado el concepto de penas alternativas, de carácter restaurativo, para minimizar el tipo de las sanciones que van a aplicar, no privativas de la libertad en cárceles como todos los delincuentes, al parecer sus delitos de asesinato, reclutamiento forzado, secuestro, extorsión, ataque a poblaciones, destrucción de la infraestructura, terrorismo, cultivos ilícitos, tráfico de armas y drogas, lavado de activos, etc., parecen ser simples contravenciones por estar en la JEP, frente a la justicia ordinaria que las sanciona con verdaderas penas de prisión y largas condenas.

La señora Patricia Linares, Presidente de la JEP, afirma que “los delitos que pasen por la JEP, serán sancionados”, pero con penas simbólicas y no ejemplares, como corresponde y además, sin consultar la naturaleza del delito sino las acciones de verdad, justicia, reparación y no repetición. Si esto último se da, pareciera que el delito no hubiera sido cometido.

Pero no han estado solos los miembros de las FARC y del gobierno Santos para configurar este escenario de impunidad, falta de sanción real y goce de privilegios con detrimento de la verdadera noción de paz y reconciliación. Han contado siempre con el favorable concurso de la Corte Constitucional, quien a través de sus magistrados y de sus salas han mostrado su sospechosa inclinación a juzgar como constitucional todo lo acordado, aunque pase por encima de normas de carácter internacional y nacional que forman parte de nuestra vida jurídica.

Pero, nos faltaba ver la última “perla”, con la posición favorable del Presidente de la Corte, magistrado Alejandro Linares y del ponente, magistrado Antonio José Lizarazo, la Corte Constitucional acaba de aprobar la reglamentación de la JEP (acto legislativo 001 de 2017 que creó la JEP) y de decidir, según comunicado de prensa, ya que el fallo no se conoce aún, que:

• Los delitos sexuales (en niños y niñas) de los miembros de las FARC, si bien no son amnistiables, quedan bajo la jurisdicción de la JEP con penas restaurativas y no con sanciones ejemplares como en la justicia ordinaria. ¡Qué horror, otro premio para las FARC! El Congreso en pleno había determinado que estos delitos no constituyen delitos de guerra y por lo tanto deben tener sanciones ordinarias y ejemplares. Mientras el presidente Iván Duque quiere implementar en el país la cadena perpetua para la violación y el asesinato de niños, ésta es la forma en que la Corte actúa, absurdo, ¿no les parece?, todo por favorecer a los miembros de las FARC.

• En el caso de la extradición de los miembros de las FARC por narcotráfico, les da otra gabela otorgando la facultad a la JEP de practicar y decretar pruebas para verificar que el delito fue posterior a la firma del acuerdo. Por esta vía Santrich no será extraditado y será próximamente miembro del Congreso, dado que nunca  encontrará la JEP adecuadas o suficientes las pruebas contra él por narcotráfico, aunque sean evidentes. Lo mismo sucederá con otros miembros del secretariado, como Iván Márquez, y sus “colegas”.

• Las inhabilidades que el Congreso de la Republica había decretado para los magistrados de la JEP, la Corte las tumbó, otro gol a favor de las FARC.

• Como estas, varias perlas más que sería largo enumerar, porque se trata de una ponencia de 822 páginas.

Lo cierto, como está visto, es que hay un verdadero Terciopelo de la Corte Constitucional con las FARC y en contra de otros órganos de poder. Tal como afirma el Constitucionalista Juan Manuel Charry, al referirse a la situación en que queda el Congreso frente a los acuerdos de paz de Santos, a las FARC y a la Corte Constitucional.

“Yo diría que el Congreso mantiene su autonomía e independencia, pero sometido a las normas Constitucionales y a lo que dice el Acto legislativo”.

Me pregunto, ¿qué autonomía es esa?, el Congreso y el Ejecutivo quedan claramente sometidos, no pueden en la práctica modificar los acuerdos o la reglamentación de la JEP. Nos quedamos con el Terciopelo jurídico de la Corte para las FARC.

LA COMPETITIVIDAD Y EL CRECIMIENTO

Comentario 26/11/2018

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

Existe una afirmación contundente, evidenciada en los países que lo han logrado, en la medida en que seamos más competitivos, más crecimiento y desarrollo económico y social tendremos, de tal manera que estas son dos caras de la misma moneda, por un lado, la competitividad y por el otro el crecimiento, viajan juntas y están mutuamente relacionadas.

Examinemos la cara de la competitividad, donde Colombia, en los últimos años ha tenido una actuación insuficiente, como lo demuestran las siguientes calificaciones hechas por organismos externos independientes; así:

• Según el Foro Económico Mundial en su medición para el 2018, ocupamos el puesto 60 de 137 países medidos (un año antes éramos el 57), posición apenas regular, donde se destacan como hechos notoriamente negativos, del lado del Estado, la debilidad de las instituciones del Gobierno, especialmente por su falta de transparencia, su pobre eficiencia y la gran corrupción, y del lado del sector privado el retraso en la adopción de tecnologías y la débil capacidad de innovación. El factor más desfavorable calificado en esta evaluación es el bajo desempeño del Estado y la carencia de una infraestructura moderna, es claro el retraso en las vías 4G, por ejemplo.

• Por otro lado, la Heritage Foundation, organismo de investigación internacional independiente, revela en el índice de libertad económica (economía de libre mercado) publicado para el 2018 que ocupamos el puesto 105 entre 162 economías evaluadas. Es claro entender que el disponer de mercados libres, sin intervencionismos ni regulación excesiva del Estado, favorece la labor de los empresarios privados y su desempeño competitivo. En Colombia se nos señalan como inconvenientes para esta mayor libertad económica empresarial la carga impositiva, los trámites y las regulaciones innecesarias originadas en la ineficiencia del Estado.

• En un tercer factor de evaluación sobre los niveles de competitividad de la economía Colombiana, el índice del Doing Business del Banco Mundial, es decir, la facilidad para hacer negocios en el país, quedamos con una posición 65 de 188 países evaluados, donde la variable inseguridad jurídica de los contratos, es el factor más desfavorable en Colombia, hecho muy delicado para el empresario privado, como se ha visto, por ejemplo y para citar sólo uno, en los últimos años con las consultas previas y la explotación minera en las regiones o las obras de infraestructura, especialmente, tema en el cual se han reversado concesiones bien diseñadas y con normas ambientales cumplidas, anulando, como resultado, las potenciales inversiones Se han creado contradicciones como la que ha surgido en el campo minero: para bien del país y de toda la comunidad, el subsuelo y su riqueza son del Estado, sin embargo las comunidades cercanas a una explotación pueden vetarla. Esto se ha convertido en motivo de chantaje por algunas de las comunidades para las compañías.

• En una medición reciente hecha por la Corporación Andina de Fomento CAF sobre la productividad de las economías Latinoamericanas, con relación a la EE. UU., tomando éste país el valor de 100%, Colombia obtiene un valor del 19% con relación a USA, con un promedio para Latinoamérica de sólo el 26%. De nuevo una nota muy débil para el país, lo cual nos aleja más de la competitividad deseada para afianzar el desarrollo y el crecimiento del país.

No es casual, pero en todas las valoraciones hechas sobre la competitividad de Colombia salta a relucir como factor negativo determinante del pobre desempeño del país, el Estado por su ineficiencia, por la corrupción, por la falta de transparencia, la burocracia, el déficit fiscal y el bajo desarrollo de los servicios que le corresponde prestar al Estado a la comunidad, tales como educación, salud, infraestructura, etc., o la débil acción frente al narcotráfico y al asociado lavado de activos.

Por el lado del crecimiento económico de Colombia, de hecho, en los últimos años, ha sido muy débil y decreciente, como se muestra en la siguiente tabla.

En Colombia, se estima que su potencial de crecimiento del PIB anual es superior al 4%, con lo cual, los años más recientes reflejan un pobre desempeño y la expectativa para el 2018 y 2019, si bien es creciente y nos aleja del pobrísimo 1,8% correspondiente al 2017, aún es muy lejano de potencial esperado.

La causa de todo esto es la baja competitividad que nos caracteriza, por los factores descritos, especialmente y jugando un papel decisivo en ese mal desempeño la actuación ineficiente, improductiva y excesivamente costosa de Estado y todos sus organismos. ¿No será que se puede enderezar este lamentable panorama con un buen gobierno y una clase política comprometida con el país y no sólo con sus intereses particulares?

¿REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA O DEL CRECIMIENTO?

Comentario 03/09/2018

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

Dos grandes enfoques sobre los países han estado en boga en los modelos de desarrollo social y económico que han tenido éxito más o menos destacado en los últimos años: redistribución de la riqueza o redistribución del crecimiento[1]. En una forma sucinta veamos que significan cada uno de ellos en sus características y cualidades.

Para buscar disminuir las desigualdades, sin salirse de una economía de corte capitalista, el mayor exponente del modelo de distribución de la riqueza son los países de la comunidad europea de naciones, cuyo enfoque obedece a los llamados Estados de Bienestar, según los cuales, los Estados tienen que velar por el bienestar de las personas, en su salud, educación, protección para la vejez y bienestar social (deporte, recreación y cultura), independientemente del crecimiento económico de sus respectivas economías. Como resultado, la economía europea lleva muchos años de un bajo y lánguido crecimiento económico (PIB), si bien ha disminuido en forma notoria la desigualdad.

Por el otro lado, hay países que, sin perder de vista la diminución de las desigualdades, le ha apuntado al crecimiento económico, para generar más oportunidades, tales que permitan que todos los individuos puedan acceder a niveles de calidad de vida superiores y, por supuesto, al cubrimiento de sus necesidades básicas en salud, educación, vejez y bienestar social. Nos referimos a los países del sudeste asiático donde existen altísimos niveles de PIB per cápita (Taiwán, Singapur, Malasia, Corea del Sur, etc.). Todos estos países les apuntaron a modelos basados en el crecimiento y la economía abierta.

Un caso un poco diferente, pero basado también en el crecimiento es el de China, quien, conservando un fuerte control político en su gobierno, logró salir de grandes niveles de pobreza apuntándole al crecimiento económico, con lo cual ha logrado crear una amplia clase media, si bien persisten niveles de desigualdad entre sus ciudadanos. Su preocupación no fue salir de la pobreza distribuyendo la riqueza existente, sino crear más riqueza a partir del crecimiento para, efectivamente, disminuir la desigualdad y la pobreza. De hecho, este inmenso país hoy posee grandes empresarios, los cuales están invirtiendo por todo el mundo para diversificar su economía y capturar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

En Colombia tenemos la tendencia a pensar en el Estado benefactor, donde se espera que el presupuesto público les resuelva a las personas sus necesidades básicas, mediante un pensamiento centrado en la distribución del ingreso y la riqueza. De hecho, esta manera de pensar invade también al sector privado quien espera que sea el Estado quien le genere oportunidades de desarrollo y le soluciones los problemas cuando algún sector económico no va bien, tiene dificultades o está en fase declinante de su negocio. Por supuesto, los partidos políticos y los corruptos son favorecedores de un Estado fuerte e interventor.

Como resultado en Colombia tenemos una economía endeble, con bajo crecimiento económico, un PIB per cápita aún muy bajo y un nivel de desarrollo insuficiente. De hecho, el Estado ha acumulado grandes déficits y elevado endeudamiento y sectores como los de salud, pensiones, infraestructura, servicios comunitarios, etc. son deficitarios o insuficientes para las necesidades del país.

Colombia está estrenando nuevo gobierno, el cual tiene la oportunidad de cambiar paulatinamente las cosas, para empoderar al sector privado y sus ciudadanos y disminuir la injerencia del Estado, concentrando sus esfuerzos en crear condiciones que favorezcan el desarrollo y el crecimiento de las empresas y los empresarios formales o informales y, por esta vía, a toda la comunidad.

De hecho, el plan de gobierno del Presidente Duque, contempla el empresarismo, como uno de sus pilares, y la diminución de impuestos, cargas y trabas al sector empresarial privado, apoyándolo en desarrollar a profundidad los mercados nacionales e internacionales donde participamos.

Sin embargo, de todos los sectores y grupos económicos y sociales se sigue esperando que sea el Estado quien les soluciones sus problemas. Esto no debe ser así y requiere, por supuesto, un cambio de mentalidad y de conducta frente al Estado y frente al desarrollo de los negocios. Es el empresario quien tiene que hace empresa y es el estado quien tiene que crear condiciones favorables para hacer empresas exitosas, sin un intervencionismo ni dirigismo de la economía. No es fácil cambiar este “chip”, pero los ejemplos que hemos dado de los países asiáticos demuestran que si es posible. Hay que crear cultura, mentalidad y tener un poco de sacrificio mientras el camino se “endereza”.

El Estado Colombiano y sus ciudadanos no pueden seguir con una visión paternalista y proteccionista de la misión del Estado frente a la economía y a los problemas sociales. El Estado debe concentrase en crear condiciones adecuadas para que la economía crezca muy bien y por esta vía generar oportunidades para todos. Acabar la desigualdad y la pobreza completamente no será posible nunca, pero, con seguridad, habrá menos pobres y menor pobreza, más clase media y más oportunidades, con gente más preparada para capturarlas. Necesitamos más empresarios y más empresas, que hagan empresa sin esperar que el Estado la haga por ellos.

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[1] Nos referimos a modelos de economía abierta, de tipo capitalista, con preminencia del sector privado, antes que del Estado, salvo en el caso de China que ha sido capaz de mantener un fuerte Estado y gobierno centralizado, pero el cual no le ha “robado” la actuación al sector privado nacional o internacional en su desarrollo económico.

LOS SUBSIDIOS DEL ESTADO

Comentario 19/11/2018

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

El buen funcionamiento del Estado, en todas sus ramas de poder y sus organismos de supervisión, investigación y control, es una premisa básica, esencial e irremplazable, para el buen desempeño de toda la sociedad en sus distintas actividades. No es posible concebir la existencia de un Estado ineficiente, incompetente, corrupto y derrochón, sin que el resto de la sociedad no sienta el impacto de semejante desgobierno y falta de probidad. Por el contrario, el bienestar colectivo se acrecienta cuando el Estado está conformado por entidades y personas competentes, serviciales y eficientes, sin burocracias ni excesos y con vocación de comunidad, no de intrigas politiqueras o de intereses particulares.

La interacción con el Estado como un todo o con alguna de sus ramas, el ejecutivo, el legislativo o el judicial, es una necesidad para todas las personas naturales o jurídicas en desarrollo de las más diversas realizaciones. Por esta razón, la relación entre los privados y el sector oficial debe estar rodeada de condiciones de legalidad y cumplimiento,  para ambas partes, tales que permitan que las decisiones y las acciones fluyan y se desarrollen con normalidad, trasparencia y eficacia.

Desafortunadamente, la debilidad del Estado en su cumplimiento y su buen funcionamiento choca con dos tendencias muy marcadas: la corrupción o los subsidios. Por el lado de la corrupción, la connivencia entre funcionarios públicos y personas e instituciones del sector privado para aprovecharse de los recursos públicos es pan de cada día, y una fuente de desangres millonarios para las finanzas del Estado, los cuales son parte muy sustancial de los déficit fiscales, a los que estamos acostumbrados, además al ver las onerosas reformas tributarias que son frecuentes y repetitivas en Colombia.

La corrupción se manifiesta por muy diferentes medios y a través muchas maneras, tales como los contratos a “dedo”, las licitaciones amañadas, los robos directos o el uso de las capacidades y los servicios del Estado para beneficio privado y particular a través de puestos públicos, remuneraciones fuera de toda órbita, sobre costos, cargos no justificados, leyes o disposiciones amañadas o prebendas de todo tipo. Inclusive torciendo el marco legal que deberían tener ciertas regulaciones y trámites para favorecer un interés privado.

Desafortunadamente, también, se han vuelto parte del desangre de las finanzas del Estado los subsidios, pues todos los sectores económicos o los ciudadanos individuales estamos acostumbrados a ver al Estado como un pródigo generador de subsidios, tales que beneficien un interés particular. Prácticamente todo el que tiene alguna dificultad recurrente o fortuita en su actividad quiere solucionarla con subsidios del Estado.

Es cierto sí que una de las misiones del Estado es ser generador de equidad para brindar apoyo eficiente a la superación de problemas ocasionales o permanentes de prioridad nacional o de carácter social, como en el caso de la educación, la salud, la recreación, la cultura, el medio ambiente, la seguridad, las pensiones, las poblaciones vulnerables, la vivienda de interés social, las zonas afectadas por problemas de conflicto armado o por catástrofes de la naturaleza, etc. En algunos casos se justifican y requieren también subsidios sectoriales transitorios para desarrollo de sectores prioritarios como la producción de alimentos, la infraestructura o las comunicaciones, por ejemplo, y así sucesivamente, todo dentro del marco de lo comunitario o lo social, pero no del beneficio particular o individual.

Sin embargo, se ha vuelto costumbre que en todo tipo de actividad económica privada se perciba al Estado como la “tabla de salvación” ante cualquier dificultad, y como consecuencia se desvían los recursos de la comunidad para favorecer intereses individuales o sectoriales que sólo atienden a la conveniencia de grupos de personas o empresas particulares, quienes, una vez obtienen el subsidio, jamás compartirán con la comunidad el beneficio, lo cual no es un fórmula de equidad y justicia con el resto de la comunidad. Más grave aún, cuando el subsidio del Estado se vuelve de carácter permanente, creando condiciones de privilegio y protección que se enmarcan en lo no ético o lo ilegal.

Muchos son los tramitadores (lobbistas) que existen en Colombia, es decir, el conjunto de individuos que busca influir en un ámbito o en una entidad Estatal para obtener algún beneficio propio. A partir de intereses en común, estos sujetos actúan como un colectivo para el desarrollo de acciones que redunden en ventajas para sí mismos o sus representados, en el cumplimiento de sus objetivos particulares.

No cabe duda que a través de los subsidios del Estado, que no corresponden a intereses prioritarios de la comunidad o son de carácter social, hay otra velada y eficaz forma de corrupción.

ÉRAMOS COMUNISTAS, YA NO

Comentario 10/09/2018

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

Nota: algunos de los hechos descritos a continuación han sido tomados de noticias de prensa.

La nueva Constitución cubana eliminó el término comunismo, ésta incorporó las reformas económicas preparadas por de Raúl Castro en la última década en favor de un “socialismo sostenible”, con algún grado de propiedad privada y reformas sociales, algunas muy liberales como el matrimonio homosexual, impensable hasta ahora en la cultura cubana. El propósito fue el de modificar la Constitución de 1976, para adaptar el nuevo texto constitucional a la realidad económica, política y social de Cuba y de la comunidad internacional, como lo explicó el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta.

En el ámbito económico, la nueva propuesta constitucional refleja este propósito al mencionar sólo la palabra "socialismo" como política de Estado, en contraste con el texto vigente que, en su artículo 5, consignaba el "avance hacia una sociedad comunista".

Además, el artículo 21 de la nueva Constitución reconoce "otras formas de propiedad como la cooperativa, la propiedad mixta y la propiedad privada", lo que también supone un importante cambio respecto al documento de 1976, en el cual sólo se reconocía la propiedad estatal y la cooperativa agropecuaria.

Asimismo, la nueva constitución admite la inversión extranjera como "una necesidad y un elemento importante del desarrollo", en un intento por atraer divisas para paliar la endémica crisis económica que atraviesa el país y que se ve agravada por la inestabilidad política y la quiebra económica de Venezuela, quien hasta ahora actuaba como su principal socio y patrocinador.

Pero, ¿de dónde surgen estos cambios?

De su propia realidad de atraso económico y de la falta de desarrollo y progreso. Si bien Cuba avanzó en proporcionar niveles de educación y de cobertura en salud apropiados a su población, desde los años sesenta, con la dictadura de los Castro, se convirtió en un país carente de oportunidades, donde se perdió la iniciativa privada, por dedicarse a crear un país comunista y a exportar su revolución a Latinoamérica.

Además, baste mirar también la realidad del gran patrocinador de sus últimos veinte años, Venezuela, quien siguió un camino semejante, bajo la tutela del propio Cuba y de sus asesores políticos y económicos radicados en Venezuela, a cambio de petróleo y divisas para poder mantenerse.

Pero la realidad es tozuda, recientemente, el propio Nicolás Maduro aceptó el fracaso de la revolución Chavista cuando afirmó:

“Los modelos productivos que hemos intentado hasta ahora han fracasado, y la responsabilidad es mía, es nuestra. No podemos echarle la culpa a la Santísima Trinidad. Basta ya de lloriqueos frente al imperialismo, nos toca a nosotros producir, con bloqueo o sin bloqueo”, refiriéndose a un potencial bloqueo de los EE UU. Todo esto lo afirmó el mandatario en el pleno del IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), donde salieron a relucir no pocas fisuras y descontento sobre lo que ha sido la gestión del mandatario desde su primer gobierno, asumido en el 2013.

Dos ubicaciones geográficas con potencialidades económicas distintas, Cuba y Venezuela, pero una sola realidad: el fracaso de las revoluciones comunistas. No basta decir que “éramos comunistas y ya no”, como afirmaban los voceros cubanos, hay que transformar realmente la condición estructural del país, llegando a condiciones de libertad económica y política para todos los individuos y aceptar la iniciativa privada nacional o extranjera, con pleno derecho y respeto por la propiedad privada, las leyes y las creencias políticas individuales, contando con diferentes partidos e instituciones, no solo con un parlamento unipartidista.

Comunismo y socialismo, en la práctica, son dos caras de la misma moneda, los cuales, en el lenguaje corriente, se usan como sinónimos, veamos:

De cierta forma, se puede decir que el comunismo es una forma extrema del socialismo. Varios países cuentan con partidos políticos socialistas dominantes, pero sólo pocos son comunistas. De hecho, la mayoría de los países, incluso aquellos que son fervientes practicantes del capitalismo, como EEUU y el Reino Unido, tienen programas gubernamentales basados en principios del socialismo.

Muchas veces los conceptos del socialismo y del comunismo son usados indistintamente, pero ambas filosofías tienen diferencias importantes. Quizás la más notable es que mientras que al comunismo se le considera un sistema político de estado y de gobierno, el socialismo es más bien un sistema económico y de pensamiento que puede coexistir en cierto grado con una gran variedad de sistemas políticos.

El socialismo se considera habitualmente como un sistema económico que tiene por objeto lograr un grado de igualdad (equidad) entre todos los miembros de una misma sociedad. El comunismo, por el contrario, es un sistema político que busca el poder del pueblo a través de una sociedad sin clases sociales y un estado sin religión. El comunismo se considera como una forma más radical del socialismo. Dentro del socialismo, la gente decide a través de qué medios debe funcionar la economía, en cambio el comunismo controla la economía a través de un solo partido autoritario.

Cuba y Venezuela y otros gobiernos que se asemejan, como Nicaragua, demuestran el fracaso de la ausencia de libertades en la economía y la política.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA CORRUPCIÓN?

Comentario 17/09/2018

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

No es simplemente un tema que se ha vuelto recurrente en las conversaciones de todo tipo de personas, el problema de la corrupción, por su poder destructor de las economías, los gobiernos, las instituciones, las empresas y la sociedad misma, afecta la estabilidad y las costumbres empresariales, gubernamentales y ciudadanas y su nefasta influencia en las ramas del poder público, compromete en forma severa la credibilidad y la confianza de la comunidad en las posibilidades reales del país para el crecimiento, el desarrollo y el progreso, con equidad y sostenibilidad.

A diario escuchamos sobre los hechos, las críticas, las capturas y las iniciativas para combatirla. No más acabamos de tener la exitosa consulta ciudadana anticorrupción, la cual casi logra superar el umbral de los 12 millones de votos para ser aprobada, sin embargo, es tan contundente la manifestación de la ciudadanía que se convierte en un verdadero imperativo nacional en todos los ordenes de su funcionamiento. Esa fue, en mi opinión, una clara manifestación de rechazo, rabia, desespero e impotencia de la ciudadanía frente a la corrupción y una señal de auxilio para lo que ya parece ser un naufragio de las costumbres, la ética y la moral, especialmente en lo público, pero también en lo privado (empresas, ONG, Cooperativas, Fundaciones, Asociaciones, etc.).

En consecuencia, con tan grave problema, es conveniente reflexionar sobre sus causas principales, para prevenir sus efectos y superar lo más pronto posible sus orígenes o al menos el mayor número de casos que pudieran presentarse.

SITUACIONES QUE PROMUEVEN LA CORRUPCIÓN: Algunos autores que han estudiado esta temática enuncian como potenciales factores que pueden desencadenar la corrupción, los siguientes[1]:

• ·        Presidencialismo y Centralismo: por la concentración de poder.
• ·         Descentralización de las funciones de control: tienden a volverse venales.
• ·         Imbricación de las ramas del poder público con el “te nombro, me nombras”, las puertas giratorias, los “favores” políticos, etc.
• ·         Falta de transparencia en la contratación o los nombramientos.
• ·         Mafias y carteles que viven del presupuesto público.
• ·         Partidos políticos, organismos del Estado y Congreso corruptos, ineficaces y ávidos de “mermelada”.
• ·         Connivencia entre funcionarios del sector privado y del estado en contratos y licitaciones, con una actitud laxa frente a la ley y los procedimientos.
• ·         Sistemas de contratación enredados, cerrados o poco transparentes.
• ·         Sistemas de elección popular viciados, tales que conduzcan a campañas políticas costosísimas y a la tendencia de la compra de votos.
• ·         Trabas administrativas para el otorgamiento de licencias o permisos.
• ·         Funcionarios que emplean el famoso “cvy” (¿cómo voy yo?) para hacer lo que está a su cargo de acuerdo con sus funciones.
• ·         Monopolios o carteles de la contratación: educación, pensiones, hemofilia, plan de alimentación escolar (PAE), etc.
• ·         Organismos de vigilancia y control débiles y/o politizados.
• ·         Falta de leyes verdaderamente sancionatorias.
• ·         Un sistema judicial corrupto, permisivo o ineficaz.

La lista no es exhaustiva, pero su sola enunciación perturba la mente y el ánimo de la ciudadanía. Sin embargo, no todo está perdido, puede haber soluciones y, cuando las cosas van más mal es cuando se reacciona, como lo está haciendo el país en este momento y es el propósito del Presidente Duque, que impere la legalidad y que “el que la hace la pague”.

SOLUCIONES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN: Se mencionan como posibles soluciones, entre otras, las siguientes:

• ·        Justicia eficaz: todo se investiga y se juzga por poderes independientes.
• ·         Cárcel efectiva para los corruptos sin miramientos, beneficios o rebajas.
• ·         Extinción de dominio exprés.
• ·         Inhabilidades o muerte política para ocupar cargos o ejecutar contratos.
• ·         Fuertes sanciones económicas no sustituibles por otro tipo de penas.
• ·         Evitar la “corrupción moral”, esto es, la pérdida de vigencia de los valores que deben orientar el comportamiento personal (integridad, responsabilidad, honestidad), a partir de campañas de educación que se vuelvan cultura frente a la corrupción.
• ·         Fuerte sanción social: Incluyendo el mantenimiento de una memoria viva, actualizada y divulgada por todos los medios, en forma periódica, sobre quiénes son los corruptos. Desafortunadamente nuestra característica cultural es olvidar muy rápido y ser permisivos. Los hechos de corrupción deben formar parte de la memoria histórica y no se deben olvidar.

Según algunos autores ninguna medida es más eficaz que la sanción social y sus correspondientes inhabilidades. ¿Será que debemos iniciar con el pabellón de los corruptos?

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[1] Algunas corresponden al sector público, pero otras, a ambos sectores, público y privado, indistintamente.

LA EFICIENCIA DEL ESTADO

Comentario 24/09/2018

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

El Estado Colombiano se encuentra en una gran encrucijada fiscal, como fruto del alto endeudamiento externo, del déficit presupuestal y del compromiso de las vigencias futuras que hemos heredado del gobierno de Juan Manuel Santos y su mermelada para la clase política, acompañada de gastos comprometidos para la paz por más de 102 billones de pesos, los cuales aún no están en los presupuestos públicos, y nadie sabe de dónde van a salir.

Los cálculos más recientes del nuevo gobierno de IVAN DUQUE indican que el presupuesto nacional está desfinanciado en más de 25 billones de pesos, sin incluir todavía los gastos de la paz. No nos quedamos con “la olla raspada, sino quebrada”, a todo lo cual ha contribuido una corrupción rampante y voraz de alguna parte de la clase política, del Gobierno, de las Cortes y del sector empresarial.

La economía de un país es el resultado del buen o mal desempeño de tres componentes que interactúan mutuamente, así:

RESULTADO DEL SECTOR PUBLICO + RESULTADO DEL SECTOR PRIVADO + RESULTADO DEL SECTOR EXTERNO[1] = RESULTADO DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS.

En cada uno de los elementos de esta expresión (público, privado y externo) se produce, año por año, un saldo de déficit o superávit. En algunos casos unos elementos generan déficit pero otros que producen superávit compensan los faltantes, para generar un resultado acumulado positivo, de cuya magnitud depende el crecimiento económico del país. El problema se vuelve mayúsculo cuando los déficits no son cubiertos por los superávits, caso en el cual la economía decrece y, en vez de generar mayor riqueza, generamos mayor pobreza.

En Colombia el resultado del sector privado es positivo y el del sector externo es un poco negativo, pero el del sector público es fuertemente negativo por su déficit fiscal y endeudamiento público. Es decir, el sector público colombiano es como un remolino que se traga lo que pase por sus vecindades, conduciendo a un bajo crecimiento económico y en ocasiones a un negativo crecimiento en toda la economía, como un conjunto. Como consecuencia, si queremos realmente crecer en forma sostenible, es necesario solventar el sector público.

¿Cómo se hace esto?: con eficiencia y productividad en el gasto publico del estado, sin derroches ni excesos, con un buen sistema tributario y con una muy buena asignación del gasto estatal en sectores prioritarios de carácter social o de desarrollo económico altamente sensibles al crecimiento económico, tales como la infraestructura, la ciencia y la tecnología, la educación, el apoyo a sectores productivos estratégicos y generadores de inversión, competitividad, exportaciones o innovación. Para hacer esto se requiere corregir el rumbo hacia la legalidad, el empresarismo y la equidad, como lo ha propuesto el nuevo gobierno, para apoyar el crecimiento económico.

Para que haya desarrollo social debe haber crecimiento económico. No es posible tener buenas soluciones sociales si no se genera una dinámica económica significativa, tal que se traduzca en oportunidades reales para la ejecución de actividades productivas y la generación de bienestar para más personas cada vez. O sea que hay que apostarle al crecimiento para generar más ocupación productiva (no necesariamente empleo formal, pero sí alternativas de actividad económica), más desarrollo y más progreso.

Sin embargo, se vuelve prioritario sanear el problema fiscal o de lo contrario no habrá crecimiento económico, para lo cual está en preparación una nueva reforma tributaria, acompañada de una gran campaña para combatir la corrupción, que es, sin lugar a dudas el mayor cáncer de la economía colombiana.

Ahora, la contraprestación a la reforma tributaria es la mayor eficiencia del Estado. En Colombia hemos llegado a un gasto público que representa un poco más del 30% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando en los países desarrollados este porcentaje se encuentra entre el 20% y el 25%. Por ejemplo, Estado Unidos, con toda su sofisticación, complejidad y capacidad militar, tiene un gasto público equivalente al 22,7% de su PIB.

Es muy claro que el país debe repensar la estructura del Estado. Es increíble la cantidad de agencias, ministerios, departamentos y órganos del poder público que existen en Colombia. Hoy tenemos, por ejemplo, un costoso y variado surtido de organismos nacionales de justicia (sin mencionar los municipales): la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Justicia Especial para la paz (JEP), la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y a pesar de todo hay impunidad y corrupción por todas partes.

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[1] Se refiere al saldo de las relaciones de Colombia con el exterior en su balanza de importaciones y exportaciones de bienes, servicios y capitales que ingresan o salen del país con relación al exterior.

¿Y AHORA QUÉ SIGUE?

Comentario 1/10/2018

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

El duro camino que enfrenta la administración de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez pasa por la asignación de recursos escasos y necesidades diversas que exceden con mucho las disponibilidades, donde la determinación de prioridades y destinaciones es, en esencia, un asunto complejo. De antemano, puede afirmarse que ninguna necesidad podrá ser satisfecha completamente, y que todas son importantes, convenientes y en algunos casos inaplazables. Examinemos los porqués para entender las razones y las motivaciones que deben acompañar, en nuestra opinión, este proceso de decisión.

La realidad financiera y presupuestal de Colombia está muy apretada y en la mayoría de los casos está amarrada a compromisos inflexibles e inmodificables. Se estima que el presupuesto nacional tiene una asignación ya establecida del 80% de su monto, debido a temas tales como las transferencias a los territorios, el pago de las pensiones, los gastos de funcionamiento del Estado y el servicio de la deuda pública (intereses y amortizaciones), entre otros.

El presupuesto que está siendo aprobado por el Congreso para el 2019 asciende a la suma de $259 billones, de los cuales $160.2 corresponden a transferencias y gastos de funcionamiento (entre ellos, $31,1 a gastos de personal), $51,9 para servicio de la deuda del Estado y sólo quedan $46,7 para inversión, es decir, este último es un modesto 18%. No es difícil entender que la cifra de inversiones es insuficiente para las necesidades de desarrollo en la dotación del país en su infraestructura y modernización, tal que le permita ser una nación que progresa y que es competitiva frente al resto del mundo. En algunos casos hay sectores estratégicos que requieren para su desenvolvimiento más apoyo del Estado como son la salud, la educación, la ciencia y la tecnología, la atención a las poblaciones vulnerables, el sector agropecuario por la necesaria suficiencia alimentaria, el combate al narcotráfico y los compromisos con la paz y la seguridad del país, entre otros.

En términos de la financiación de las erogaciones del Estado estamos frente a un déficit que el Gobierno nacional ha estimado en cerca de $25 billones de pesos, lo cual nos deja un gran dilema: ¿Cómo financiamos el faltante o dónde recortamos para adaptarnos a los recursos disponibles? Profundizar el gasto público y aumentar el déficit fiscal, que ya es el 3.8% del PIB, no será una buena idea por los efectos negativos que produce en toda la economía y especialmente en el aumento de la inflación y en el deterioro de la solvencia de las finanzas públicas, salvo que los altos precios del petróleo nos ayuden.

Por otro lado, tenemos un nivel de endeudamiento actual cercano al 46% del PIB, cifra perturbadora, según estándares internacionales. Parte de esa deuda tiene origen externo y por lo tanto está expresada en divisas que fluctúan con los tipos de cambio, produciendo un efecto incontrolable de aumento de los pagos ante una mayor devaluación, como la que ha sufrido el país en los últimos años[1]. Por supuesto, el servicio de la deuda, por concepto de intereses y amortizaciones, compromete fuertes sumas del presupuesto nacional. Y también, por consiguiente, mientras más nos endeudemos, más fuerte será el cargo por el servicio de la deuda.

En consecuencia, tampoco es solución eficaz el endeudarnos más a nivel Gobierno pues ponemos el país en condición de fragilidad y debilidad ante cualquier crisis interna o externa que se atraviese. Las turbulencias están por doquier como para darle tiro a “torear” ese “toro” (guerra comercial a nivel internacional, en particular USA-China, debilidad económica de los países emergentes -en nuestra región, particularmente Brasil, Argentina, México, Perú, Ecuador y Colombia-, inestabilidad política en muchas naciones, amenaza de confrontación bélica entre algunos países, fluctuaciones de precios de las materias primas y productos de exportación, cambio climático y fenómenos naturales cada vez más destructivos, etc.).

En el caso Colombiano, además, tenemos una gravísima inmigración de venezolanos, la cual invoca toda nuestra solidaridad, pero excede nuestras capacidades, con un fuerte efecto de contagio del deterioro económico de ese país por la extensa frontera y los profundos nexos. Por desgracia, tenemos también una preocupante invasión de cultivos de coca con todas sus consecuencias negativas, violentas y dañinas para nuestra salud y economía. Esto, por desgracia también, se acompaña de inestabilidad en el proceso de paz, el cual aún no muestra todas sus pretendidas ventajas para el país y sus víctimas, y, por el contrario, deja nubarrones de preocupación en el horizonte.

La calificación de las agencias crediticias internacionales sobre Colombia ha ido disminuyendo en los últimos años y ya se acerca a ser rebajada a un grado especulativo, es decir, perder el grado de inversión, lo cual nos ha permitido acceder a fuentes de financiación e inversión desde el exterior a costos razonables. Este sería un efecto indeseado de una evolución regresiva de la economía colombiana de llegar a presentarse. Por fortuna la evolución macroeconómica del país tiende a mejorar y con el nuevo gobierno la confianza viene aumentando, lo cual facilita las decisiones de inversión de los particulares para favorecer aún más el crecimiento económico. Se estima que este año Colombia podrá crecer su PIB entre el 3.0% y el 3.3%, según diferentes analistas, lo cual lo aleja del pobre 1.8% del año 2017.

Colombia, sin embargo, tiene un gran reto en la simplificación de los gastos del Estado que representan cera del 30% del PIB, de los cuales se estima por parte del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que el 4.8% corresponde a ineficiencias por filtraciones en las transferencias, malgasto en las remuneraciones de personal y compras públicas innecesarias, según su informe “Mejor gasto para mejores vidas” publicado en La República el 24 de Septiembre del presente año.

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[1] En el año 2010 el tipo de cambio en Colombia fue de 1.913,96 $/ dólar y a Septiembre de este año cerca a 3000 $/dólar, es decir un 57% de aumento (devaluación) aproximado en tan sólo ocho años.

¿CON MERMELADA O SIN ELLA?

Comentario 8/10/2018

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

Desde que un conocido ex – ministro, Juan Carlos Echeverri, emitió el concepto “hay que poner mermelada en toda la tostada” para referirse a los “beneficios” que se debían otorgar a determinados integrantes de la clase política por sus trámites favorables a las iniciativas del Gobierno en el Congreso o en los demás organismos del Estado, el país acuño el término mermelada como sinónimo de corrupción. Estos beneficios se referían al otorgamiento de cargos públicos, al favorecimiento ante los entes del Estado o, inclusive, a compartir parte de las erogaciones presupuestales dirigidas a determinados proyectos de desarrollo, regional o nacional, en forma directa o indirecta para engrosar los bolsillos de los involucrados en Colombia o en el exterior.

En realidad tenemos que decir que esa mermelada se repartía por “toda la tostada” tanto en el sector público como en el sector privado, por mecanismos diversos de contratación o licitación del Estado o por el propio sector privado en sus “amigables composiciones” para ganarse las licitaciones del Estado, como en el caso de Odebrecht en los contratos de vías 4G, por ejemplo.

Desafortunadamente, el concepto de la mermelada se generalizó e invadió también las campañas políticas, con un poder corruptor inimaginable y terriblemente pernicioso. Así, muchos de nuestros gobernantes, empresarios o miembros de la clase política gozan del despreciable calificativo de estar “enmermelados” y, desafortunadamente, sin ningún tipo de censura, sanción o castigo eficaz de la justicia o de la sociedad.

Esta costumbre de enmermelar para poder actuar se volvió práctica corriente en la relación de los órganos del poder público (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tanto como en los organismos de vigilancia y control, entre ellos mismos y con las entidades privadas, a tal punto que los asuntos de interés para el país, para poder desarrollarse, quedan supeditados al “color, sabor y cantidad” de la mermelada disponible.

Hay verdaderos líderes en este tema y grupos vinculados a la mermelada, los cuales ya se denominan como carteles, como los famosos noños, o los carteles de los contratos de obras públicas, los de la hemofilia, la educación, la salud, las pensiones, la justicia, etc. Terrible práctica que echó raíces en nuestra cultura y costumbres con los más perniciosos y nocivos resultados para la ética pública y privada, y para la eficiencia y la eficacia del país como productor de bienes o servicios.

De hecho, esto es parte del llamado “costo país”, es decir, el costo adicional de hacer las cosas bien en Colombia debido a sus condiciones de infraestructura, desarrollo, legislación, trámites y coimas, frente a países de condiciones comparables.

Por ejemplo, el país paga un sobre-costo en el precio de los bienes y servicios debido al costo de su operación logística, por la mala dotación de vías o su deficiente infraestructura de transporte terrestre, marítimo o aéreo, además por tener centros se producción muy lejos de las costas para poder exportar/importar.

Así mismo puede argumentarse que el país paga un costo adicional por concepto de mermelada para toda la tostada, lo cual lo deja en posiciones competitivas y de desarrollo con un gran atraso frente a lo que se podría disponer por sus condiciones geográficas, de climas, territorios, ciudades y dotación industrial agropecuaria, minera, energética y de servicios sociales. Además frente al natural y notable ingenio de los colombianos para hacer “empresas y empresarios” formales e informales.

Es indudable que Colombia, desafortunadamente, tiene un gran costo país por su atraso en muchos frentes de su desarrollo, pero, sin lugar a dudas, buena parte de este atraso se debe también a la cultura y costumbre de enmermelar para poder actuar. ¿Y cómo hacemos para afrontar esta maligna herencia de nuestro pasado y obrar con juego limpio en los asuntos del Estado?

Por supuesto podemos decir que se requiere una vigilancia, control y justicia que castiguen con severidad estos actos y lo debemos tener, pero, ¿cuando la sal se vuelve insípida, con qué se salará? Desgraciadamente, estos mismos organismos y poderes están untados frecuentemente de la misma mermelada.

El gobierno Duque- Ramirez le ha planteado al país una nueva regla de juego en los asuntos del Estado, no usar la mermelada como condición para su buen funcionamiento, pero, como consecuencia, se ha creado una reacción inconveniente en la clase política, fruto de la enraizada cultura y la mala costumbre de enmermelar para poder actuar.

Además, este gobierno ha planteado un gabinete de ministros técnicos e independientes de la clase política, sin consultar a los directorios políticos ni hacer milimetría con los partidos en el congreso para buscar su apoyo en los asuntos prioritarios de país.

Sin embargo, a pesar del apoyo ciudadano al nuevo presidente con la votación para su elección y del éxito de la consulta anticorrupción, el resultado final es que ha perdido gobernabilidad, es decir, capacidad para gobernar, especialmente frente al Congreso y las Cortes. ¿Será posible que el país esté condenado a vivir enmermelado y que los ciudadanos no podamos reaccionar frente a esta conducta de muchos políticos?