lunes, 29 de septiembre de 2025

LAS JUGADAS

Comentario 29/09/2025

 

LAS JUGADAS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Ante la carencia de realizaciones eficientes y eficaces que demuestren las bondades de su gobierno, Gustavo Petro, durante su mandato, ha urdido varias jugadas perversas a través de múltiples decretos y decisiones. Vamos por partes:

  • Aunque el presidente no debe participar en política, lo primero que hay que anotar es la agitación política preelectoral de las votaciones presidenciales del 2026 en favor del Pacto Histórico, so pretexto de defender sus iniciativas. Petro ya está en campaña electoral con toda la propaganda (medios escritos, discursos e intervenciones en TV) con gastos del presupuesto público. Vamos a tener propaganda a manos llenas y agravios y amenazas sin ton ni son para los opositores. ¿Podrá la Procuraduría o la Comisión de Acusaciones del Congreso tomar cartas en el asunto?
  • El gobierno de Petro ya enfiló todas sus baterías para amedrentar al Congreso y a sus congresistas diciéndoles que si votan negativamente a sus iniciativas estarán de espaldas al pueblo y que no serán reelegidos en unas futuras votaciones, que serán “revocados” porque nadie votará por ellos. Se refiere a las elecciones congresionales del 2026. La intimidación al Congreso y a las Cortes es un hecho frecuente en el gobierno de Gustavo Petro, ya que, si actúan en forma contraria a sus intereses, le están dando un “golpe blando”.
  • Cualquiera sea la decisión del Congreso a favor o en contra de sus iniciativas, el gobierno tendrá argumentos para, si el voto es negativo, atacar a la oligarquía, la clase política y el Congreso de oponerse a los derechos del pueblo trabajador. Si el voto es positivo, tendrá toda la argumentación para decir que su gobierno, como defensor del pueblo, es quien “pelea” por sus derechos frente a los ricos, que el Congreso hizo un simple trámite y que no podía estar de espaldas al pueblo. Los méritos, en todo caso, serán para el gobierno de Gustavo Petro y así está planeado.
  • El manejo del presupuesto público está desfinanciado para acelerar el gasto con mayor endeudamiento en favor de sus intereses políticos. Ni el plan de desarrollo ni los distintos presupuestos están balanceados. Los analistas autorizados coinciden en que el desfase del presupuesto es de aproximadamente 50 billones o más.
  • Un enconado rechazo del presidente Petro por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha caracterizado la relación entre la institución electoral y el primer mandatario, quien afirma rotundamente que el Consejo no tiene facultad de investigarlo a él ni mucho menos acusarlo formalmente por las irregularidades que presuntamente se presentaron en su campaña contra las normas electorales, si las hubiere, lo cual es, precisamente, la materia de investigación actual de ese órgano electoral, con ponencia favorable para la acusación. Se está investigando su campaña a la presidencia, no a él; a él lo debe investigar la Comisión de Acusaciones y el Congreso.
  • Las implicaciones, que Petro desconoce, de su campaña electoral con Nicolás Petro, su hijo, y de Juan Fernando Petro, su hermano, con el pacto de la Picota, son de extrema gravedad, pero él ha puesto toda su maquinaria para desconocerlas.
  • El rechazo al sector privado por todos los medios, desconociendo su aporte al desarrollo y al crecimiento del país, es evidente. Su visión de país es estatizar todas las actividades que le convengan a sus intereses como la salud y las pensiones, por ejemplo. La enorme carga ideológica de izquierda radical contra el sector privado ha sido una constante en su gobierno.
  • El ataque a sectores como la minería (petróleo y carbón) o a la construcción, como también a los sectores de manufactura, automotriz, educación y movilidad, por citar los principales. La incertidumbre legal, las cargas impositivas y las contribuciones por determinados conceptos han sido los mecanismos favoritos de castigo a estos sectores. Y han servido también para ahuyentar la inversión nacional y extranjera.
  • El acercamiento y la defensa de Petro con Venezuela, donde actúa el Cártel de los Soles liderado por Maduro, que ha sido calificado por los jueces norteamericanos como terrorista y narcotraficante, es inconveniente a todas luces para Colombia. Baste mencionar que Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $US 50.000.000 de dólares por Maduro y ha situado una importante flota armada cerca de las costas de Venezuela para perseguir el narcotráfico.
  • El lío de la Paz Total en que comprometió Petro al país ha sido un rotundo fracaso y solo ha servido para fortalecer los grupos armados, expandir el cultivo de cocaína y favorecer a los movimientos insurgentes, quienes han distribuido sus acciones y atentados por todas las regiones del país.
  • La no atención oportuna de los problemas como el eléctrico en la Costa Norte del país ha conducido al agravamiento de las crisis y a un estado de apagón para el próximo año, con consecuencias incalculables.
  • Sus continuos intentos de sacar por decreto lo que no le aprueba el Congreso han conducido al deterioro de las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo.
  • El incesante cambio de ministros y asesores no le da estabilidad al país y conduce a nuevos factores de incertidumbre, la cual es el pensamiento fundamental de los ciudadanos.

Como estos, son muchos los temas que podríamos endilgar como jugadas de Gustavo Petro.


sábado, 20 de septiembre de 2025

RIQUEZA VERSUS PROSPERIDAD

 Comentario 22/09/2025

 

RIQUEZA VERSUS PROSPERIDAD

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Empecemos por decir que crecer en prosperidad es diferente a crecer en ingresos, pero sin un mínimo de ingresos no hay prosperidad. Por prosperidad vamos a entender tres características básicas de vida:

  • Vida saludable.
  • Esperanza y calidad de vida.
  • Participación con otros.

Es necesario tener esas características para ser prósperos y centrarnos en valores de vida diferentes del dinero, como son:

  • La familia.
  • Las amistades.
  • El sentido de pertenencia.
  • Sentido de comunidad.
  • La identidad propia.
  • Significado de vida.
  • Propósito de vida.
  • Integridad personal.
  • El consumo corriente y durable.

Todo ello sin afectar los recursos que disponemos o el medio ambiente, frente a lo cual tenemos una visión moral que cumplir consigo mismos, con los demás y con los que nos siguen.

Tener cosas ayuda a soportar el nivel social de las personas. Tener dinero es sinónimo de estatus social; no tener el mínimo necesario es “pobreza” o ausencia de bienestar, aunque las personas pobres también pueden ser felices.

¿Dónde está la diferencia? Los países más ricos no necesariamente son los más felices. El concepto de felicidad es diferente para cada persona según el entorno donde vive y la sociedad en la que participa. Hay una relación entre la manera de ser y pensar, y el bienestar de cada individuo. Muchas veces tener más es solo haber acumulado más bienes o dinero; quizás nos da más estatus social, pero no más felicidad. Personas aún con muchos recursos y posesiones se sienten infelices y aún tienden al suicidio. La felicidad parece tener más que ver con nuestra actitud de vida, creencias y valores que con nuestras posesiones. De hecho, hay personas que han entregado sus riquezas para servir a la comunidad y así han encontrado su felicidad.

¿Pero qué motiva o mueve el progreso social y personal? Los ingresos son necesarios, pero no son suficientes para la prosperidad. La esperanza de vida mejora con el ingreso, pero llega un momento en que más ingresos no agregan más esperanza de vida ni más felicidad. Inclusive hay países con menores ingresos que tienen mejor esperanza de vida que otros de mayores ingresos.

 

domingo, 14 de septiembre de 2025

LA CORRUPCIÓN

 Comentario 15/09/2025

 

LA CORRUPCIÓN

60 BILLONES AL AÑO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Diversas agencias de investigación han estimado que en Colombia se pueden mover $60 billones de recursos al año en corrupción, especialmente en el Gobierno, aunque este flagelo también afecta al sector privado. Esta suma es enorme, si se compara con los gastos de funcionamiento del Estado, valorados en $330 billones para 2025. Esto significa que la corrupción equivale al 20% del presupuesto de funcionamiento del Estado durante un año.

La corrupción está presente en todas las ramas del poder público (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Es como un pulpo de muchos tentáculos que permea el funcionamiento del Estado colombiano. Esta cifra equivale también a seis reformas tributarias de $10 billones de pesos cada una.

Un escenario fiscal complejo para 2025

Colombia enfrenta en 2025 uno de los escenarios fiscales más complejos de las últimas décadas. El déficit fiscal del Gobierno Nacional Central se proyecta en 7.1% del PIB, lo que equivale a $129.6 billones, y podría incluso superar el 7.5% según estimaciones independientes. Este desbalance se debe a:

  • Aumento del gasto público (24.2% del PIB), especialmente en pensiones, salud y seguridad.
  • Caída en el recaudo tributario, que pasó de 18.7% a 16.5% del PIB.
  • Elevado servicio de la deuda (4.7% del PIB).
  • Baja ejecución de la inversión pública (solo el 57% en 2024).

Deuda pública y sostenibilidad fiscal

La deuda pública bruta cerró 2024 en $1.175 billones, equivalente al 68.9% del PIB de 2024, y podría alcanzar el 63% en 2026, el nivel más alto en la historia reciente. Esto ha generado:

  • Reducción de la calificación crediticia por parte de S&P y Moody’s. No tenemos la calificación de grado de inversión.
  • Presiones sobre la tasa de interés (actualmente entre 9% y 9.25%).
  • Riesgo de liquidez: el saldo del Tesoro Nacional cayó a solo $10.8 billones.

La sostenibilidad fiscal está en entredicho. El país activó la cláusula de escape de la regla fiscal, suspendiéndola por tres años. Además, se prevé una nueva reforma tributaria para recaudar $26 billones adicionales.

El escándalo de la UNGRD: un ejemplo concreto de corrupción

El escándalo de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) se ha convertido en uno de los casos más graves de desfalco en Colombia en los últimos años. Entre 2023 y 2024, altos funcionarios de la UNGRD desviaron recursos públicos destinados a atender emergencias y desastres.

El caso estalló por la compra irregular de 40 carrotanques para La Guajira, con un contrato de $46.800 millones, que tuvo un sobrecosto de más de $14.000 millones. Los hechos revelaron:

  • Contratos direccionados a fundaciones y empresas fachada como Yapurutú y Brands SAS.
  • Sobornos por más de $3.000 millones entregados en efectivo.
  • Desvío de fondos hacia campañas políticas y compra de apoyos legislativos.
  • Una red de clientelismo que involucró a congresistas como Iván Name y Andrés Calle, quienes habrían recibido pagos para apoyar reformas del gobierno.

Hasta el momento, las acciones judiciales incluyen:

  • Aprobación de preacuerdos con varios implicados para recuperar parte del dinero.
  • Imputación de cargos por la Fiscalía, como peculado por apropiación, lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad documental.
  • Estimación de que el desfalco total podría superar el billón de pesos.

Este caso ha puesto en evidencia las graves fallas en la supervisión de los recursos públicos y ha generado un fuerte debate sobre la transparencia en la gestión del riesgo de corrupción en Colombia.

Conclusión

Qué distinto sería el funcionamiento del Estado (de sus déficits fiscales) y de la economía nacional si los niveles de corrupción se controlaran y disminuyeran. Esta ha sido la promesa de muchos gobiernos, pero ¿acaso los gobiernos también "comen" de su propia corrupción, como acaba de ocurrir con la UNGRD y la desviación de fondos para la compra de congresistas y políticos.

lunes, 8 de septiembre de 2025

Y SI NO PASAN LAS REFORMAS

 Comentario 08/09/2025

 

Y SI NO PASAN LAS REFORMAS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

El gobierno de Gustavo Petro ha intentado, por todos los medios, promover varias reformas estructurales, como las de salud, pensiones, laboral y la nueva tributaria, por citar las más importantes.

La única que hasta ahora ha pasado es la laboral, cuyas modificaciones esenciales son el pago de salario nocturno desde las siete de la noche y el recargo dominical al 100%. Fue un largo y tortuoso camino para su aprobación, en un momento en el cual la jornada laboral está disminuyendo hasta llegar a 42 horas semanales.

La reforma a la salud es otro calvario que no avanza. Esta pretende centralizar los pagos del sistema y cambiar el rol de las EPS para que actúen como gestoras de salud, sin responsabilidad por el aseguramiento de los pacientes y el riesgo del sistema. Todo esto modificando la Ley 100, expedida en Colombia el 23 de diciembre de 1993. Esta norma creó el Sistema de Seguridad Social Integral, que abarca salud, pensiones y riesgos laborales, marcando un cambio estructural en la forma en que se prestan estos servicios en el país. La nueva reforma, en su contexto, no goza de buena aceptación general. El problema no es solo lo que quiere cambiar, sino, y aún más importante, la definición del verdadero valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la cual se ha demostrado ser insuficiente y conlleva la destrucción de la capacidad financiera de las EPS.

La reforma pensional obliga a cotizar en Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos legales, y el excedente podrá cotizarse en el sistema de los Fondos de Pensiones privados. Se dice que esta medida pretende que los servicios de Colpensiones y los Fondos privados sean complementarios y no compitan, pero esto resta a los ciudadanos la libertad de elegir dónde quieren formar su pensión. Esta reforma está manchada por acusaciones sobre el uso de dinero de la UNGRD (Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres) para comprar congresistas que la apoyen.

La otra reforma que en este momento hace su tránsito por el Congreso es la tributaria, que pretende recaudar 26 billones de pesos. No goza de aceptación en esta institución porque se avecina la época preelectoral de 2026 y la carga de nuevos impuestos impactaría la actividad económica, lo que no sería de buen recibo para la comunidad. La reforma obedece a la búsqueda desesperada del Gobierno Nacional de financiar su abultado déficit fiscal.

 

Análisis de los posibles escenarios sin las reformas

Luego de recorrer, con esta síntesis apretada, las diferentes reformas, la pregunta es: ¿Y si no pasan las reformas, ¿qué pasará?

Además de los problemas técnicos y humanos que intentan resolver, las reformas no están exentas de una carga ideológica de extrema izquierda que es confrontada por líderes de opinión de otras corrientes ideológicas. La controversia es enconada y crea fuertes divisiones en el Congreso.

Tengamos en cuenta, además, que el período de gobierno de Gustavo Petro termina el próximo año, y los tiempos no empiezan a cuadrar por la dedicación de los legisladores a sus campañas electorales regionales. En verdad, el tiempo es muy corto para tramitar reformas tan complejas. Es muy probable que las reformas, por tiempos o por contenidos, no sean aprobadas finalmente. En caso de que esto suceda, tendríamos un escenario más o menos de esta naturaleza, dado que la única que se ha aprobado hasta ahora es la laboral, la cual producirá un incremento en los costos laborales, como ya se explicó.

Si la reforma de salud no pasa: Quedaríamos en el régimen de la Ley 100, que ha funcionado durante 32 años, con servicios de salud razonables que han permitido que la esperanza de vida de los colombianos se prolongue hasta 79 años.

Si la reforma a las pensiones no pasa: Ocurrirá lo mismo, los Fondos de Pensiones competirán con Colpensiones con dos tipos de realidad pensional. Los Fondos con el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y Colpensiones con su Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM). El ciudadano tendrá que decidir, luego de la asesoría pensional que reciba, dónde quiere formar su pensión.

Si la reforma tributaria no pasa: No tiene buen futuro, ya que hay demasiada oposición tanto por su contenido y enfoque ideológico como por la oportunidad para las empresas y personas, así como por el escenario electoral que se avecina. Aunque la situación fiscal del país es crítica, se debe acudir a la supresión del gasto y la modificación del presupuesto nacional, lo que aún no se ha hecho, más que a la imposición de nuevos impuestos. Además, se han hecho muchas reformas tributarias en los últimos años, por diferentes gobiernos.

Resumiendo, el país continuaría con los modelos de salud y de pensiones creados por la Ley 100 de 1993, los cuales han demostrado sus bondades, mejorando algunas cosas como la cobertura de la salud en sitios remotos, con la contribución del Estado. El gobierno de Gustavo Petro tendría una plana de ejecuciones muy pobre para mostrar y tendría que resolver su déficit fiscal, como ya se indicó, con el control del gasto y con nuevas fuentes de ingresos. Sin embargo, es necesario indicar que los próximos gobiernos tendrán que enfrentar las cuatro reformas, pero sin la carga ideológica actual.

lunes, 1 de septiembre de 2025

DE NUEVO PETRO Y EL CNE

 Comentario 01/09/2025

 

DE NUEVO PETRO Y EL CNE

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Un enconado rechazo del presidente Petro hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha caracterizado la relación entre la institución electoral y el primer mandatario, quien afirma rotundamente que el Consejo no tiene facultad de investigarlo a él ni mucho menos acusarlo formalmente por las irregularidades que presuntamente se presentaron en su campaña contra las normas electorales, si las hubiere, lo cual es, precisamente, la materia de investigación actual de ese órgano electoral, con ponencia favorable para la acusación.

Efectivamente, y con base en la ponencia presentada por dos de los magistrados de esa organización, Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), quienes hallaron evidencia de cerca de $3.500 millones que no tienen explicación clara en las cuentas de la campaña, así como en el origen y/o el destino de determinados dineros de la misma, todo lo cual conduce a violar los topes electorales y las normas sobre este tipo de eventos democráticos, que requieren la transparencia y el más riguroso cumplimiento de las reglas por parte de los partidos y los participantes elegibles en las justas electorales.

Veamos cuáles son las facultades de este órgano electoral:

En la Constitución de 1991 se estipuló la creación de la Organización Electoral, que está conformada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por otras dependencias de esta última.

Según lo consignado en el artículo 120 de la Carta Magna, la Organización Electoral “tiene a su cargo las elecciones, su dirección y vigilancia”.

Así las cosas, el CNE es el ente encargado de hacer los escrutinios oficiales tras una elección, así como de vigilar e imponer sanciones sobre irregularidades en procesos electorales.

El CNE está conformado por nueve magistrados que son elegidos por el Congreso para un periodo de cuatro años y que solo podrán ser reelegidos por una sola vez. Esa elección se hace mediante el sistema de cifra repartidora, es decir, en proporción a los votos de los distintos partidos. Valga decir, entonces, que en el CNE hay magistrados provenientes de todos los partidos que participaron en los procesos electorales.

“Los miembros del CNE serán servidores públicos de dedicación exclusiva y tendrán las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, se explica en el artículo 264 de la Constitución. Es decir, cumplen requisitos ciertos de experiencia e idoneidad para ser elegidos, no solo por pertenecer a un partido político determinado. Quien los elige es el Congreso de la República de candidatos sugeridos por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Estamos, pues, en el CNE al frente de un organismo autónomo, independiente, con vida jurídica propia, con funciones precisas y con magistrados calificados, no solo políticos que han llegado a ese organismo como refugio por no haber accedido a otras dignidades y representaciones, como algunos dicen para descalificarlos en el cumplimiento de su función.

Además, su facultad de velar por el cumplimiento de las normas electorales, que están definidas en la Constitución, es precisa, explícita y bien acotada, así como la facultad de imponer sanciones, en este caso de tipo administrativo y pecuniario, ya que no cumplen funciones judiciales. Pero es claro que sí pueden investigar y sancionar dentro de sus competencias y con el lleno de sus procedimientos. La investigación es legal, no política, aunque tenga consecuencias políticas.

Petro insiste en que no lo pueden investigar, una clara muestra de su reticencia al reconocimiento de los problemas legales por violación de las normas electorales, sobre las cuales hay grandes evidencias, aunque explícitamente lo desconozca. Su temor va mucho más allá del propio CNE; para él, qué más da una sanción administrativa y una multa. El problema está en el artículo 109 de la Constitución que indica que la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura y del cargo. Petro indica que lo están tumbando, que le están dando un golpe blando, pero es la propia Constitución de la República la que explícitamente lo descalifica y lo lleva a la condición de indignidad y pérdida de la investidura.

Tampoco puede indicar que lo están persiguiendo políticamente en el CNE cuya composición de magistrados es diversa y está debidamente estructurada; de hecho, hay dos de los nueve magistrados que pertenecen al Pacto Histórico. Es cierto, sí, que el CNE no lo acusará a él, pero sí pondrá en evidencia las contravenciones de su campaña con las normas electorales. En realidad, quien tendrá el deber de acusar al presidente Petro es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y después de esto el Congreso en pleno. La Comisión, de acuerdo con el artículo 178 de la Constitución y el artículo 329 de la Ley Quinta de 1992 —que reglamenta el actuar del Congreso—, también está conformada por 18 representantes de todos los partidos, que son elegidos según el coeficiente electoral.

Ni en el CNE ni en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es sustentable hablar de golpes blandos o persecuciones políticas para el presidente Petro; son las competencias propias de cada uno de estos organismos y sus funciones legales y constitucionales las que los obligan a evaluar la campaña del Pacto Histórico, por un lado, y la actuación del presidente Petro, por el otro. Es el tiempo, las pruebas y los argumentos los que dirán la verdad de lo que sucedió y las consecuencias para el país y para cada uno de los interesados. De nuevo, y como siempre, Petro con sus triquiñuelas para evadir la justicia.

LOS DESAFUEROS DE PETRO

  Comentario 02/02/2026   LOS DESAFUEROS DE PETRO   Por: Carlos Alberto Mejía C. Ingeniero Industrial y Administrativo. https://re...