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lunes, 28 de septiembre de 2026

EL MONTO DE LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA

 Comentario 28/09/2026

 

EL MONTO DE LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

La corrupción es un mal enraizado en la economía pública y privada de muchos países; con su perniciosa acción no sólo causa perjuicios económicos, también institucionales y éticos, pues los organismos que se contagian de este mal tienden a permear con sus “garras” todo tipo de individuos: funcionarios, familiares, colegas, público relacionado, proveedores y clientes. Es especialmente notoria en los pasillos de las entidades oficiales del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y los propios órganos de control, a veces en connivencias y componendas de funcionarios de varias de las ramas. No se manifiesta con la misma intensidad, aunque no está exento de ella, el sector privado, los partidos políticos, las ONG, las juntas de acción comunal, las ligas deportivas, etc. En este comentario nos referiremos especialmente al sector público.

La corrupción está presente en muchas de las decisiones y acciones que se llevan a cabo en el Estado, como son:

  • La contratación pública.
  • El manejo del presupuesto público.
  • El pago de subsidios.
  • Las relaciones entre distintos poderes para favorecer determinadas decisiones.
  • La elección de funcionarios públicos.
  • Los fallos en el sector judicial o en los organismos de control.
  • La DIAN.
  • Etc.

El valor económico de la corrupción en Colombia no tiene una cifra única oficial, pero las estimaciones más recientes y verificables permiten construir un rango razonable basado en estudios, reportes de entes de control y análisis económicos.

Las estimaciones más citadas ubican el costo anual de la corrupción en Colombia entre $50 y $90 billones de pesos, dependiendo de la metodología. La cifra más alta divulgada recientemente es de $90 billones, mencionada en el debate fiscal nacional.

Fuentes y estimaciones relevantes

1.    Estimación de $90 billones anuales

  • Mencionada en el debate público y recogida por Infobae (julio de 2026).
  • Surge de cálculos agregados sobre pérdidas por corrupción en contratación, desvío de recursos y prácticas irregulares en entidades públicas.
  • No es una cifra oficial, pero es la referencia más usada en discusiones fiscales recientes.

2.    Hallazgos fiscales y recursos comprometidos (Contraloría)

Aunque no mide “toda la corrupción”, sí muestra el volumen detectado:

  • $28,2 billones en hallazgos fiscales en cuatro años.
  • $21,7 billones en procesos de responsabilidad fiscal.
  • $3,37 billones en fallos con responsabilidad fiscal. Esto refleja solo lo detectado, no el universo total.

3.    Impacto macroeconómico por ineficiencia y sobrecostos

Análisis económicos recientes señalan que la corrupción y la mala gestión pública generan:

  • Sobrecostos desproporcionados en contratación pública.
  • Pérdida de capacidad fiscal y restricciones al crecimiento. Aunque no dan una cifra total, confirman que el impacto es sistémico y de magnitud macroeconómica.

Por su parte, y mirando el caso más reciente, tampoco existe una cifra oficial, consolidada y verificable sobre “el valor total de la corrupción” durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro (2022–2026). Ningún organismo de control —Contraloría, Procuraduría, Fiscalía— ha publicado un balance económico agregado que sume todos los casos, fallos y detrimentos, hasta ahora revelados, de este cuatrienio. Las irregularidades asociadas al gobierno Petro se pueden ubicar en un rango aproximado de entre $30 y $50 billones de pesos (estimación técnica basada en hallazgos, denuncias y detrimentos detectados por entes de control), ya que brillan con notoriedad los desfalcos de la UNGRD, FOMAG, Fiduprevisora, Colpensiones, Agencia Nacional de Tierras, Ecopetrol, la Sociedad de Activos Especiales, entre otros, y los ocurridos en varios ministerios y despachos. No sobra tampoco mencionar la violación de topes electorales en la campaña presidencial.

Otros casos sectoriales y denuncias documentadas del período 2022–2026

Transparencia por Colombia señala que el gobierno Petro tuvo una gestión “deficiente” en materia anticorrupción y estuvo marcado por múltiples escándalos de funcionarios cercanos, pero no cuantifica el costo económico total.

Según esta agencia, los casos más relevantes incluyen:

  • UNP (Unidad Nacional de Protección): contratos irregulares y uso indebido de vehículos.
  • Cenit – Ecopetrol: denuncias sobre contratación.
  • Paz Total: advertencias sobre recursos sin soporte suficiente.
  • Caminos Comunitarios: riesgos de ejecución y sobrecostos.
  • Sector justicia y cárceles: 23 casos de presunta corrupción y detrimentos superiores a $82.700 millones.

Hay que ser precavidos en el manejo de estas cifras porque corresponden a estimaciones; sin embargo, permiten razonablemente ver la magnitud y las consecuencias en el Estado colombiano y en el progreso y el bienestar de la comunidad, ya que menores recursos en el Estado debido a la corrupción son menores soluciones para la ciudadanía.

 

A propósito, los países menos corruptos del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024–2025 de Transparencia Internacional, son aquellos con las puntuaciones más altas (cercanas a 100), lo que indica muy baja corrupción percibida en el sector público. Se destacan: Dinamarca (90), Finlandia (88), Singapur (84), Nueva Zelanda (83), Luxemburgo (81), Noruega (81), Suiza (81), Suecia (80), Países Bajos (78), Australia / Islandia / Irlanda (77, en empate). Los países menos corruptos de América Latina son Uruguay (76 puntos, puesto 13 global) y Chile (63 puntos, puesto 32 global). Colombia aparece con 39 puntos, puesto 92 de 180, lo que indica alta corrupción. ¡Qué horror!

Estos países de baja corrupción se caracterizan por:

  • Instituciones sólidas y transparentes.
  • Sistemas judiciales independientes y sin injerencias políticas.
  • Altos estándares de integridad pública.
  • Meritocracia a cambio de burocracias profesionales.
  • Controles estrictos sobre la financiación de las actividades políticas y la contratación pública.

Ojalá volviéramos una realidad nacional, en la cultura y en las costumbres, estas últimas iniciativas.