LA POLARIZANTE POLARIZACIÓN

Comentario 20/05/2019

LA POLARIZANTE POLARIZACIÓN

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

                               http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com

La polarización se ha convertido en los últimos años en la sombra que acompaña a Colombia, no hay debate político o conversación ciudadana sobre el país donde no esté presente, sesgando el juicio y la interpretación de favorecedores y opositores de las iniciativas, proyectos y programas del gobierno nacional o de las personas que acompañan al pensamiento del Centro Democrático, sus líderes y representantes, especialmente del ex presidente Alvaro Uribe. Este último es considerado, por los partidos de oposición, como el causante de todos los males del país y es visto como el gran leviatán que impide que el país avance (¿por qué?).

Aunque hay muchas causas de la polarización, examinemos la que, en mi concepto, es la fundamental: la paz de Santos y la rivalidad en las posiciones ideológicas de los partidos políticos detrás del acuerdo. Hablemos primero de lo primero: desde el inicio del gobierno Santos el país se dividió, dado que este gobernante, quien había sido elegido con las políticas, consignas y plan de gobierno del Centro Democrático, quien fue elegido por electores de ese partido y personas afines, al momento de posesionarse cambió su programa de gobierno e introdujo unas negociaciones de paz con las FARC a espaldas del país, realizadas en la Habana, con el concurso de países como el propio Cuba y Venezuela, lo cual auguraba una posición francamente de izquierda en el tono y los términos de la negociación. Santos en su segundo mandato se hizo elegir por movimientos de izquierda, fuertemente impulsados e influenciados por Gustavo Petro.

En la Habana se “negoció” lo “divino y lo humano”, a través de 6 acuerdos (desde lo agrario hasta lo institucional) que comprometen al país en tres gobiernos consecutivos, con cláusulas inmodificables y no sometidas a eventuales revisiones o renegociaciones, son constitución de la República. Es decir, frente al proceso de paz los siguientes gobiernos ya tienen las decisiones tomadas y las manos atadas por el Gobierno de Juan Manuel Santos.

Sin embargo, durante 6 años de negociaciones y trámites, estos acuerdos no fueron divulgados a la comunidad, pero si se invitó a aprobarlos en el plebiscito porque significaban la paz (el SI) o, en caso contrario, la continuación de la guerra (el NO). El ex presidente Santos, quien con el acuerdo se ganó el premio Nobel de la paz, un tremendo acicate para la pronta firma del acuerdo antes de la entrega de este galardón en el mismo mes de noviembre de 2016, sometió a la aprobación del pueblo lo acordado en el famoso plebiscito del SI y del NO, ganando este ultimo. Posteriormente y con habilidad inaudita, realizó algunas consultas con los partidos políticos y como salido de un sombrero de mago, apareció el SI al acuerdo y su aplicación a partir del momento, ya que, con argucias políticas y jurídicas, mermelada, acuerdos amañados con grupos políticos, y aplicando el famoso fast track en el Congreso (quien se abrogó la facultad de sustituir al pueblo con la decisión del plebiscito), creado para tal fin por una única vez, y con el concurso de la Corte Constitucional, convirtió dichos acuerdos con las FARC en leyes de la República e hipotecó el presupuesto nacional con erogaciones por 129 billones de pesos en el plazo de ejecución del acuerdo, sin contar con fuentes ciertas de financiación. Para ello se utilizó como estribillo de sus campañas y gestiones el famoso “amigos y enemigos de la paz”, dividiendo severamente al país y polarizando su opinión con relación al acuerdo y a todo lo que de él se deriva, como la Justicia transicional, representada en la JEP.

Este acuerdo se le vendió al país como diseñado en función de las víctimas, las cuales no han estado presentes para nada, todo ha sido para favorecer a las FARC, si bien se han hecho actos de desmovilización y entrega de armas por algunos miembros de la guerrilla que han querido reincorporarse a la vida civil. De ahí en adelante, el acuerdo de paz ha sido “un caballo de Troya” dentro de la democracia, porque a medida que se ha ido “desenrollando”, se ha conocido que conduce a hechos graves e inconvenientes para el país, como son (mencionando sólo algunas):

• Amnistías e indultos aún para delitos de lesa humanidad (secuestro, violación, terrorismo contra poblaciones inermes, extorsión, narcotráfico, lavado de activos, reclutamiento forzado, apropiación de tierras, ganados y bienes de terceros, etc.). Penas alternativas distintas de cárcel con reparación a las víctimas con bienes poco comercializables.
• Reclutamiento de menores, niños y niñas (ver los testimonios de la Corporación Rosa Blanca, por ejemplo).
• Narcotráfico como delito político y su extensión por todo el país (210.000 hectáreas) y lavado de activos, sin pago de impuestos, dirigido por las disidencias de las FARC.
• Privilegios económicos y curules en el congreso para sus dirigentes, sin haber revelado la verdad, ni tenido una sola sanción por sus delito.
• Justicia Transicional sesgada en favor de las FARC, lo cual conducirá a la impunidad, la falta de verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición. Basta ver las últimas actuaciones de la JEP con el caso Santrich, cuando indica que no había suficiente evidencia para juzgar la fecha del delito, si bien la Fiscalía, la Procuraduría y dos de los magistrados de la propia JEP, quienes participaron en la verificación de la fecha, le han afirmado al país categóricamente que sí hay evidencia suficiente para avalar la extradición. Detrás de estas actuaciones, como muchas otras de la JEP, está en juego la credibilidad en todo el proceso de paz. De hecho, la propia JEP es uno de los mayores elementos de polarización y controversia en el país.

Sobre todos los elementos de la polarización política en Colombia, la izquierda pide dejar las cosas como están, pasar la página y construir el nuevo futuro del país para su desarrollo, en sentido contrario los movimientos de derecha afirman que la institucionalidad del país ha sido afectada con el acuerdo de paz, la corrupción y los fallos de las Cortes y que mientras las instituciones estén amenazadas, primero hay que defenderlas y sanearlas para que se construya un futuro sólido y estable, de lo contrario la polarización continuará por muchos años más.

En ese sentido, las objeciones del Presidente Duque al estatuto de la JEP, no son afectaciones a la constitución, se hicieron por conveniencia, y queda claramente demostrada su pertinencia con lo que está ocurriendo, si no, miremos la afectación grave a la extradición como la herramienta más eficaz en el combate a los narcotraficantes y su implicación con el caso Santrich. Ya la Procuraduría solicitó que se envié la documentación que reposa en la JEP a la Corte para que sea ella la que dictamine sobre la extradición de este criminal. Además, estamos a la espera del fallo de las Cortes sobre si las objeciones fueron rechazadas o aprobadas con el tema de los 47 votos a favor, requiriendo ser 48. Todo esto sigue polarizando al país.

¿DÓNDE ESTÁ LA BOLITA?

Comentario 20/05/2019

¿DÓNDE ESTÁ LA BOLITA?

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

                                                                                                              http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com

¡Qué semana la del 13 al 17 de mayo 2019, como para no olvidar! Ha sucedido de todo en el país, en los más diversos frentes y con las más variadas e inverosímiles consecuencias, examinemos algunos de esos hechos, en forma sucinta, ya que los detalles de cada cosa son temas para un verdadero libro que algún día un avezado periodista escribirá.

La Rama Judicial

La rama judicial es uno de los pilares de la democracia y de la sana división de poderes de una nación, es tan vital que no hay quien la sustituya, salvo la violencia y el tomar la justicia por las propias manos. La justicia, por decirlo de un modo simbólico es la “sal de la tierra”, como dice el evangelio, porque el equilibrio en las relaciones de los seres humanos lo construye la pronta y cumplida justicia. Quien dirime las diferencias entre los integrantes de una sociedad, castiga las injusticias y los incumplimientos de las leyes que los gobiernan, es también su organismo judicial. Sin embargo, el evangelio pone el dedo en la llaga cuando dice: «Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente» (Mt 5, 13). Algo parecido nos está ocurriendo con la justicia en Colombia, poco le está sirviendo al país con sus problemas: genera miedo, desconfianza, rechazo por su corrupción, tardanza, manipulación, privilegios, prebendas y fallos sesgados y vendidos, en muchos de sus miembros. Súmese a esto el Cartel de la Toga y otras acusaciones. Sin desconocer, por supuesto, que hay jueces probos y con total integridad, pero ¡que pocos!

El país requiere con urgencia una reforma estructural a la rama judicial, tal que la organice, la simplifique, la acerque al ciudadano y la dote de herramientas y criterios de verdadera conducta legal y moral, no política, con eficiencia, productividad, transparencia, celeridad y costos razonables. Hoy es todo lo contrario. Sin embargo, ni la Justicia se deja reformar, ni el Congreso lo ha logrado en las múltiples reformas que se han planteado. El ministerio de justicia a cargo de la Dra. Gloría María Borrero ha jugado un papel inferior a las circunstancias. Ahora se nombra a la Magistrada Margarita Cabello, llena de experiencia en los vericuetos de la Justicia, para ayudar a enderezar semejante enredo.

Extradición de Santrich y la JEP

La JEP, dentro de su funciones de verificación de la fecha del delito de narcotráfico de Santrich, finalmente y después de más de un año para la diligente diligencia, indica que no tiene indicios para determinar la fecha, si el ilícito ocurrió antes o después de la firma del acuerdo de paz, cuando dos de los cinco magistrados hicieron salvamento de voto en la sala de revisión, ya que afirmaron, al igual que la Fiscalía, que las pruebas entregadas por esta última sobre el delito y la fecha de su comisión eran palmarias. Vale decir que la JEP también afirmó en lo de Santrich “que sí otros organismos de justicia lo hallaban culpable, que merecía la cárcel como sanción”. Aún ante la insuficiente evidencia, la JEP no sólo emitió su dictamen negativo sobre la fecha de la comisión del delito para conceder la extradición, sino que expidió una orden de libertad para el detenido. Hay dudas de muchos juristas si la JEP tiene la facultad de liberar en ese caso o sólo indicar lo de la fecha para autorizar o no la extradición, ya que es claro que no puede juzgar los hechos delictivos y por lo tanto exonerar de culpa y conceder libertad. Situación que la Fiscalía, con reparos, atendió a través del nuevo Fiscal interino, el Doctor Espitia, pero luego de unos minutos de libertad, Santrich fue recapturado, bajo la gravedad de disponer de nuevos cargos y pruebas que lo comprometen con narcotráfico, los cuales ya han sido evaluados por un juez de control de garantías de la República (según indica el procedimiento de rigor que debe seguirse), quien ordena, de nuevo, su captura, en una operación, “como de película”.

Aquí se dio un choque más entre los famosos “trenes” de la Fiscalía con la JEP y, para muchos, otra grave muestra de la parcialización de la JEP a favor de los miembros de las FARC. Todo lo cual  incrementa aún más el sentimiento de desconfianza de gran parte de la población Colombiana quienes no creen y no confían en este organismo de Justicia Transicional ni en el proceso de paz, para conocer la verdad, impedir la impunidad, garantizar la reparación a las víctimas y la no repetición, lo cual ha agudizado la polarización en el país. ¿Qué irá a pasar con la apelación que va a solicitar el Procurador a la JEP, pidiendo la revisión del caso Santrich y solicitando que se estudien las nuevas y evidentes pruebas que ya disponen?

La renuncia del Fiscal

Como consecuencia de la orden de liberación de Santrich el Fiscal Martínez Neira, renunció en forma irrevocable, aduciendo una objeción de conciencia para realizar dicha liberación. Otros han interpretado esta dimisión como un oportunismo del Fiscal ante las “pesadas” acusaciones en contra suya por hechos de corrupción y favorecimiento del interés de terceros en el caso del grupo Aval- Odebrecht (con quien Martínez actuaba como asesor de Aval antes de estar en la Fiscalía, lo cual llevó al país a tener un fiscal ad hoc para juzgar la comisión de delitos en esas negociaciones, incluidos los eventuales cargos contra Martínez Neira).

Para algunos, Martínez fue un valiente fiscal que combatió el delito en todas sus formas y destapo más de una olla podrida en el país y en sus altos dignatarios por desviación de la política o simple corrupción (Cortes, Congreso, Ejecutivo, partidos políticos, funcionarios, empresarios, etc.), pero para otros, es un hábil funcionario que se aprovechó de la Fiscalía para desviar la atención sobre sus propios delitos. Eh ahí otra nueva fuente de polarización. Ojalá el Presidente Duque tenga la varita mágica de la selección de una terna para fiscal, con personas probas, llenas de experiencia y buen criterio, no sometidas a suspicacias y sospechas, por unos y otros grupos políticos o de opinión en el país. A la Corte Suprema de Justicia le toca la responsabilidad de elegir entre los miembros de esa terna. La Fiscalía, en buenas manos es, sin lugar a dudas, uno de los cargos más importantes y más necesarios para la institucionalidad y la justicia del país.

El proceso de paz

Aún no se decide por parte de la Corte Constitucional si los 47 votos que en el Congreso rechazaron las objeciones del Presidente al Estatuto de la JEP -que es el instrumento vital de la implementación del proceso de paz- o si la mayoría requerida era de 48 votos, como la matemática simple lo indica (mitad más uno de los votos habilitados 94), con lo se rechazó su análisis ya que, en realidad, no se discutió formalmente su contenido, ni una por una de las objeciones, se hizo en bloque. Prácticamente se negó la discusión de las objeciones del Presidente, no se hizo el debate, con lo cual las objeciones ni se aprobaron ni se negaron, simplemente no se tramitaron, lo que constituye un nuevo limbo en el país. La evidencia del caso Santrich, ya comentado, demuestra lo sensible de las objeciones del Presidente en la defensa de la extradición, lo cual es una de las mayores conveniencias para el país, como hasta ahora lo ha sido. Ahora, la polarización en el Congreso no puede ser peor, y la gobernabilidad nunca había sido tan baja para ningún gobierno, todo lo cual complica el mandato de Duque y la efectividad de sus reformas, iniciativas, programas y proyectos para pasar por el Congreso. Que lío y que limbo, más polarización y más incertidumbre. La Corte Constitucional le ha pedido al Congreso que mande los argumentos por los cuales no se aprobaron las objeciones, esto en realidad no se hizo, a “pupitrazo limpio”, casi sin ninguna discusión, se negaron, por pura oposición, ¿qué irá a enviar el Congreso a la Corte? La polarización entre los del sí y los del no en el plebiscito realizado por Santos, está también presente en todo esto.

Ya le están rehabilitando la curul a Mocus, por su incapacidad para permanecer como congresista por los líos con los contratos para promover la paz realizados por su Corporación Corpovisionarios, so pretexto de una tutela interpuesta por él mismo, la que creemos que nunca se resolverá y a la que el Consejo de Estado respondió con la restitución de la curul “provisional”, mientras se resuelve (¿?). El interés evidentemente es el tener más quórum garantizado favorable a la oposición al gobierno, más que por el aporte mismo del senador, quien, por sus delicados quebrantos de salud, ya poco puede actuar.

El crecimiento económico

Mientras tanto el crecimiento económico del país sigue siendo débil, apenas 2.8% en el primer trimestre 2019, cuando se esperaba mínimo un 3.2%, en la práctica aunque varios sectores están creciendo y sólo la construcción está jalonando el descenso, las amenazas internas y externas han hecho que el entorno económico esté muy enrarecido, a lo cual no ayuda tampoco la situación política. Si el país no crece siquiera al 4% anual, no existirán nuevas oportunidades de progreso y desarrollo, y con más éxodo venezolano, sí que menos, sin querer ser xenofóbicos con este comentario, frente a los venezolanos que necesitan una oportunidad en su vida, ante el destrozo de su país por el socialismo del siglo XXI.

Un gran consenso

Ante la gravedad, complejidad, polarización y consecuencias de todos los hechos narrados, y muchos más que escapan a este comentario, se habla de la necesidad de una gran acuerdo nacional, el cual, y por encima de los intereses individuales de los partidos, permita llegar a consensos, los más amplios posibles, que saquen al país del “hueco” en que se metió. Francamente sí parece ser necesario este acuerdo, pero no se ven los líderes idóneos y carentes de exceso de recelos o de rechazo de una u otra parte, que lo puedan llevar a cabo, la polarización y la prevención es tal que no invita a bajar las “armas” y a promover los consensos. Por ejemplo, el Expresidente Uribe, solicitó al menos llegar a un consenso sobre dos de las objeciones de Duque al estatuto de la JEP, relacionadas con la extradición, y también fue arrollado por el voto a “pupitrazo”. Se requiere el liderazgo del Presidente Duque, quien con su tono conciliador, ha granjeado un cierto ambiente de concertación para tal fin, en los más diversos grupos de orientación política, aunque no está exento de las más fuertes críticas por las “alas” radicales de los diferentes partidos.

La pregunta es “¿dónde está “la bolita”?, ¿dónde está el liderazgo y el valor para armar los acuerdos, apaciguar los espíritus y llevar al país por una senda de mayor conciliación y concierto, con grandeza de patria y no de partido? Encontrar la bolita (como en el juego de las tres tapitas y la bolita), está bien difícil.

LA MALA HORA DE LA IZQUIERDA

Comentario 29/04/2019

LA MALA HORA DE LA IZQUIERDA

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

                                                                                                              http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com

En Latinoamérica, durante los últimos 20 años “el péndulo regresó”, ya quedan pocos de los gobiernos que se fueron caracterizando por personajes reconocidos dentro de los movimientos políticos de la izquierda radical, quienes pregonaron la primacía del Estado sobre el sector privado, la centralización del poder, desarrollaron discursos populistas y/o de nacionalismo extremo, con conductas, en la mayoría de los casos, fuertemente autocráticas y, en otros, de verdadero corte fascista.

Nos referimos a gobiernos como, por citar sólo los más representativos, los de: Cuba (los hermanos Castro y su camarilla comunista), en Venezuela (Chaves y Maduro), en Brasil (Lula da Silva y Dilma Rousseff), en Argentina (los Kirtchner), en Nicaragua (Ortega), en Bolivia (Morales), en Ecuador (Correa) y en Colombia (Juan Manuel Santos y su proceso de paz, favorecedor de la impunidad para las FARC).

En los últimos años, en este tipo de casos, como en muchos otros, los gobiernos trasformaron su gestión política y administrativa en modelos cada vez más radicales, con matices desde el centro-izquierda en muchos casos, hasta la izquierda pura en algunos otros. Su inicio, como modelo de gobierno, parecía salvador y trasformador para las comunidades, con un claro discurso económico y social en favor de las clases menos favorecidas, y con modelos de gobierno rodeados de supuesta legalidad, transparencia y equidad.

Desafortunadamente, el tiempo demostró la inconveniencia de esos Gobiernos por una de tres causas: ineficacia en la obra de gobierno (no cumplieron lo que prometieron), en segundo lugar, se volvieron gobiernos autocráticos y, en muchos casos cleptocráticos (gobierno de ladrones) con todo tipo de delitos por corrupción, en connivencia con sus partidos políticos y con empresarios privados o con mafias internacionales, y en tercer lugar, con la comisión de graves delitos de lesa humanidad como torturas, encarcelamiento forzado, persecución política, restricción de libertades políticas y de movilidad, etc.

Las dos situaciones en extremo dramáticas son las de Cuba y Venezuela, cuyos gobiernos totalitarios y sus camarillas han destruido la iniciativa privada y han restringido todo tipo de libertades ciudadanas. Ambos gobiernos comparten, además, acusaciones de favorecimiento al narcotráfico o al lavado de activos, para su beneficio. También con la usurpación y concentración de todos los poderes públicos en cabeza de los respectivos mandatarios, la “destrucción o persecución” total de los partidos políticos opositores, la desaparición de las legítimas instituciones y la interpretación a su amaño de la Constitución y las leyes.

Brasil y Argentina comparten sendas acusaciones de grave corrupción en sus últimos gobiernos. El de Lula, por ejemplo, quien paga una condena de doce años con acusaciones de corrupción y favorecimiento, como en los casos de Odebrecht y Lava Jato. Por su parte la señora Cristina de Kirtchner está acusada de corrupción y saqueo de los recursos del Estado, tiene siete investigaciones en su contra, además de abuso de poder, pero no se le puede detener por su condición de senadora, pero algún día tendrá que pagar la sanción penal, social y moral por sus delitos.

En Nicaragua, Ortega, se ha convertido en un dictador, con fuerte represión a la oposición política y gran saqueo al Estado. El y su familia han transformado ese país como en un “predio privado”, donde ellos toman y ejecutan todas sus decisiones sin respeto por la constitución, las leyes o los derechos humanos más elementales.

Otro tanto sucede en Bolivia, donde Morales, con miles de argucias políticas quiere reelegirse eternamente, si bien ya hubo un plebiscito que votó ampliamente para prohibirlo, y además, concentra en él las decisiones de todas las instituciones del Estado. En este caso no ha sido acusado directamente de corrupción, aunque sí de la explotación de la coca y del lavado de activos que se produce en su país. El régimen es considerado como opresor y totalitario por sus opositores.

En Ecuador, el señor Correa, dejó una estela de división y odio entre partidarios y contrarios políticos, él está siendo acusado por graves casos de corrupción en contratos de infraestructura y también por graves violaciones a la Constitución del país. De hecho está exiliado en Bélgica y tiene orden de captura si ingresa a su país.

Por su parte, Juan Manuel Santos en Colombia, quien fue elegido por movimientos de centro y derecha en su primer gobierno, se hizo elegir por movimientos de izquierda en su segundo período, contando con la excepcional actuación de Gustavo Petro en Bogotá, quien fuera prácticamente su elector. No es difícil colegir la orientación de su gobierno centrado en la negociación de un proceso de paz, asesorado por miembros de la izquierda mundial, provenientes del Perú, España y Argentina, proceso que aún no demuestra sus garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición a través de la JEP, a medida que pasan los años. Pero, además, como gobierno, el de Santos está acusado de graves problemas de corrupción/mermelada que han conducido al país al mayor déficit fiscal y al mayor endeudamiento público de toda su historia, sin saberse muy bien todavía qué se hizo con el dinero, porque en obras pocas se vieron. Aún no se define, por el fiscal ad hoc nombrado en Colombia, la participación directa de Santos en el caso Odebretch (como ha sucedido en Perú, Brasil, Panamá, el Salvador, etc.), aunque ya hay miembros de su gobierno acusados o condenados.

En el caso de Colombia, además, de acuerdo con los hechos imputados a miembros de la izquierda, por razones diversas de índole legal, se ha descalificado recientemente: a Petro, como potencial candidato presidencial, por desafueros o delitos en su alcaldía en Bogotá y se le ha negado la personería de su partido por el no cumplimiento de requisitos. A Ángela María Robledo, la Vice de la fórmula de Petro, por haberse hecho elegir por el movimiento de la Colombia Humana sin renunciar a la Alianza Verde a la cual pertenecía, como era legalmente necesario para evitar la doble militancia. EL último desafortunado suceso, para la izquierda colombiana, es la anulación de la elección de Antanas Mocus como senador, ya que no debió postularse a ese cargo por estar inhabilitado, por los contratos para promover la paz suscritos por la Fundación Corpovisionarios con el Estado –su fundación y dónde él tenía la representación legal.

Los solos casos mencionados, por notorios se resaltan, pero existen muchos más que están afectando la credibilidad política, la idoneidad y la transparencia de algunos de sus miembros de los movimientos de izquierda, donde se ha pasado por alto las normas legales y éticas para obtener beneficios personales y familiares y/o para beneficiar a sus correligionarios, partidos favorecedores y relacionados.

Es, por consiguiente, como hemos visto, la mala hora de la izquierda radical.

LOS MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Comentario 29/04/2019

LOS MODELOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

                                                                                                              Http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com

En el mundo, no todos los países logran los niveles de crecimiento y desarrollo de la misma manera, ello depende de la concepción sobre los roles del Estado y del sector privado y de lo abierto o cerrado de su economía. Además, y por encima de los aspectos macroeconómicos y políticos, está la voluntad de sus ciudadanos a través de sus valores, su cultura y sus motivaciones, así como el enfoque de liderazgo y buen gobierno de sus dirigentes, para obtener niveles de progreso superiores.

Sobre el rol y desempeño de sus dirigentes, debemos decir que, independientemente de cómo hayan sido elegidos, existen modelos de gobierno democráticos (ajustados a la ley, transparentes y participativos), autocráticos (autoritarios, totalitarios, con cumplimiento acomodado de las leyes) y cleptocráticos (corruptos, ladrones, nepotistas y clientelistas, frecuentemente también autocráticos). Por supuesto hay variantes sutiles de todos ellos, con fachada democrática, pero en el fondo autocráticos y/o cleptocráticos. Examinemos cada uno de éstos elementos para descubrir sus enseñanzas.

Como punto de partida veamos un primer elemento de análisis, los recursos naturales: por supuesto hay que reconocer que hay países con mejor dotación de climas, aguas, suelos, recursos naturales renovables y no renovables, lo cual facilita su crecimiento y desarrollo, sin embargo, no siempre los países con mejor dotación de la naturaleza son los que tiene una mejor solución de progreso y bienestar. Hay países con pobre dotación natural pero quienes, con una gran capacidad y habilidad la han superado, concentrando su crecimiento en industrias no extractivas y/o no agropecuarias, sus mayores avances surgen esencialmente de empresas tecnológicas, de manufacturas avanzadas, de servicios, de finanzas y de desarrollos científicos.

Los países con mejor dotación provista por la naturaleza, tienen indudablemente una ventaja comparativa, pero si no la saben aprovechar o lo hacen inapropiadamente, sus ventajas pueden llegar a ser sus propias desventajas, al competir en el mundo con países que, teniendo condiciones similares, hacen un mejor aprovechamiento de las mismas. Citemos como ejemplo de todo esto el hecho de que Japón o Israel, no tienen grandes dotaciones naturales, pero sí un progreso científico, económico y social notable.

Un segundo elemento en este punto de partida lo encontramos en la globalización de las economías, donde el mundo está interconectado por flujos de comercio, inversión, tecnología, información y de intercambio de bienes y prestación de servicios desde unos países a otros, dados los acuerdos mundiales de comercio, los regionales o los individuales, suscritos entre diferentes países. En el fondo, el progreso y desarrollo de un país depende no sólo de su economía interna sino también de las relaciones de negocios, exitosas y activas, que establezca con otros países para complementarse y colaborarse.

Genéricamente hablando los países en su modelo de desarrollo interno pueden tener como fundamento de su desarrollo económico el Estado por encima del Sector Privado o viceversa y en sus relaciones con los demás países pueden ser economías abiertas(amplias relaciones comerciales con otros países) o cerradas. Así, estamos en cuatro escenarios frente a los cuales mencionaremos algún ejemplo más o menos característico:

·         Economía abierta con preponderancia del sector privado: Chile (tiene muchos tratados de libre comercio especialmente con los países asiáticos y la iniciativa económica la tiene el sector privado).

·         Economía abierta con preponderancia del sector público. China (su modelo de Estado es comunista-socialista, con un solo partido político y un férreo gobierno centralizado y totalitario, sin embargo es un país abierto al comercio exterior y a la iniciativa privada).

·         Economía cerrada con preponderancia del sector privado: Estados Unidos (en esto se está convirtiendo  en los últimos años, con el nacionalismo y el populismo de Trump, su posición frente al comercio mundial y a los tratados de libre comercio, sin embargo, la iniciativa económica es fuertemente privada)

·         Economía cerrada con preponderancia del sector público: Venezuela o Cuba (esencialmente se aislaron del mundo, con gobiernos totalitarios y cleptocráticos).

Además, independientemente del modelo económico y político que caracterice a un Estado, su mayor desarrollo surge, frecuentemente, por la calidad e influencia de sus dirigentes. Hay países que ven en sus líderes a dirigentes con autoridad, sabiduría y gran liderazgo, donde la comunidad acompaña su gestión, generando una convicción y motivación superiores, para lograr realizaciones y trasformaciones notables en los aspectos económicos, políticos, sociales y científicos, en ocasiones en pocos años. Pueden mencionarse como casos los de Vietnam, Taiwán y los demás tigres asiáticos, Uruguay, Korea del Sur, Canadá, entre otros.

Es cierto, sí, que cada país es dueño de su propio destino y de la calidad de los dirigentes que elige, lamentablemente, lo que ha ocurrido en los últimos años es una estela de gobiernos ineptos, corruptos, fuertemente nepotistas en muchos países, con resultados catastróficos para su desarrollo y progreso y para el respeto por las leyes y las libertades ciudadanas. Para no ir muy lejos, los casos de Nicaragua o Korea del Norte, por ejemplo, se han convertido en gobiernos autoritarios que quieren permanecer en el poder y que paulatinamente han ido anulando el ideario democrático, para convertirse poco a poco en fuertes dictaduras.

Y, el peor de todos los males, se ha vuelto la corrupción de los dirigentes, por donde uno mire, está presente, tanto en el sector público como en el privado, en todo tipo de organizaciones, empresas, partidos políticos, medios de comunicación, líderes o dirigentes, grupos de interés o de opinión, clubes deportivos y actividades científicas y culturales, por citar sólo unos medios. La corrupción es una verdadera epidemia para la humanidad, y si bien la historia cuenta que siempre ha existido, en los últimos años, los casos son por doquier, con influencia transnacional como ha ocurrido con el caso Odebretch en toda Latinoamérica.

Mientras exista corrupción de por medio, los países se verán abocados a más poco desarrollo y progreso por la dilapidación de los recursos públicos y el extra costo que impone la corrupción en todas las obras públicas o privadas, a más del daño moral a la sociedad. Igual que el cambio climático está afectando el medio ambiente de todas las comunidades, la corrupción está erosionando los valores éticos y la conducta moral en todas las sociedades.

Se requieren líderes íntegros y con visión de largo plazo para proyectar los distintos países por sendas de progreso y bienestar, amigables con el medio ambiente, que generen nuevas oportunidades para todas las comunidades y en todas las latitudes.

LA INVITACIÓN A UN GRAN ACUERDO

Comentario 22/04/2019

LA INVITACIÓN A UN GRAN ACUERDO

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

                                                                                   Http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com

Desde el momento en que el Presidente Duque, en uso de sus funciones institucionales y constitucionales, objetó en seis aspectos puntuales el Estatuto de Funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), previamente aprobado por el Congreso y validado por la Corte Constitucional por ser un estatuto, le advirtió al país que su motivación principal era la de buscar un gran acuerdo nacional sobre el logro de verdadera verdad, justicia, reparación y no repetición, y crear las condiciones para integrar a las diferentes fuentes de opinión, en el país y en el exterior, para superar la muy enconada polarización política que el país atraviesa y permitir el avance sin tropiezos del proceso de paz.

Hicieron eco de este llamado muchos medios de comunicación y diferentes personas con influencia política, entre los cuales valga traer como ejemplo la nota editorial del periódico el Tiempo, en su edición del domingo 7 de Abril de 2019, donde afirmaba (Subrayados nuestros):

“Todo esto nos lleva a resaltar una coyuntura muy particular, y es la oportunidad de que la discusión de las objeciones en el parlamento, en lugar de acentuar la polarización, transite por las vías de entendimiento. Lo aconsejable es interpretar lo que está ocurriendo como un momento decisivo en el que sólo seis asuntos puntuales impiden que la columna vertebral del proceso de paz, la JEP, funcione sobre un consenso político”… “El llamado es a dejar de lado todos los dogmatismos que impiden siquiera escuchar a la contraparte para, con cabeza fría, tener la claridad que demanda poder valorar esta singular oportunidad. Gobierno y oposición están, entonces, a tiempo para que la decisión del Congreso –al examinar las objeciones- sea el resultado de haber identificado puntos de encuentro y no termine acentuando la polarización... se trata, de nuevo, de invitar a la deliberación, a construir sobre lo que hay en común, y para ello se debe tener presente que ninguno de estos cambios pone en tela de juicio ni el espíritu ni el accionar de la JEP. Las modificaciones para hacer más robusto el acuerdo son bienvenidas, y como la misma Corte -Constitucional- lo dijo, no van en contravía de la paz” (La propia Corte envió las objeciones al Congreso para su revisión).

Voces tan autorizadas como el  abogado constitucionalista y constituyente del 91 Dr. Jaime Castro Castro, al referirse a las objeciones del Presidente Duque, proponía también realizar acuerdos nacionales sobre la JEP tal que “le aseguren la credibilidad que debe tener frente a la sociedad, garanticen la conducta intachable de sus funcionarios y la certeza de que el ejercicio de sus actividades no genera impunidad”..., así mismo afirmaba “No contribuyen en nada al logro de esta loable finalidad quienes por razones de mera coyuntura política consideran que las objeciones presentadas -por el Presidente Duque- atentan contra la paz, la democracia, el Estado de derecho, la unidad nacional, pretenden colapsar la JEP, y constituyen un desacato a la Corte Constitucional”. El Tiempo, martes 24 de marzo de 2019.

Esta visión, además, fue presentada por el Canciller Carlos Holmes Trujillo en la Corte Penal Internacional, en la ONU, en el Consejo de Seguridad, a los miembros de las delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia, a los países garantes del acuerdo y a otros organismos internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, el resultado del tránsito de las objeciones por el Congreso, en mi opinión, ha sido desastroso. En una acalorada votación en la Cámara de Representantes, sin más discusión, se impuso la votación de las bancadas de la oposición al Gobierno de Duque y de los llamados partidos independientes -como Cambio Radical- por abrumadora mayoría, bajo la supuesta argumentación de que las objeciones no son por conveniencia sino objeciones constitucionales, las cuales son un desacato a lo aprobado previamente por la Corte y promueven el choque de trenes entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional.

Falta la votación en el Senado, pero como “perros furiosos” los mismos partidos que objetaron en la Cámara han anunciado que objetarán también en el Senado, sin mediar mayor discusión sobre el alcance de las objeciones, la conveniencia nacional y la búsqueda del “Gran Acuerdo” propuesto por el Presidente para superar la polarización. Como resultado, aunque todavía está por verse dicha votación, se avizora su rechazo y la continuación de la más enconada y perturbadora polarización, con insospechadas consecuencias hacia el futuro. En mi opinión, si se miran objetivamente, sin apasionamiento ni oportunismo político, las objeciones del Presidente, ni son contrarias a la Constitución, ni son inconvenientes para el país, de hecho la propia Corte Constitucional le solicitó al Congreso su discusión, para pronunciarse de nuevo sobre lo que finalmente apruebe el Congreso en sus dos Cámaras.

Las objeciones se refieren a: la reparación eficaz con la afectación a los bienes de las FARC o sus miembros, no sólo con dicha obligación en cabeza del Estado; las competencias de alto Comisionado de paz para decidir quién es postulado a la JEP y evitar los colados; la competencia de la fiscalía para la realización continuada de investigaciones de los delitos de los miembros de las FARC (y de otros sometidos), las cuales no deben suspenderse por haberse sometido a la JEP; la declaración de no impunidad para ninguno de los miembros de las FARC cuando se trate de delitos de lesa humanidad; y la restricción a la JEP de verificar sólo la fecha de ocurrencia de los delitos cometidos por miembros de la FARC después de primero de diciembre de 2016, beneficiados con la no extradición. Además el Presidente pretende realizar las reformas constitucionales necesarias para que los delitos sexuales cometidos a niños, niñas y adolescentes por los miembros de las FARC no sean de la competencia de la JEP, la pérdida de beneficios de la justicia transicional para los reincidentes en delitos, y que los delitos continuados después de primero de diciembre del 2016 no sean competencia de la JEP (ejemplo el narcotráfico), sino de la justicia ordinaria. Además, no considerar el narcotráfico de la guerrilla como delito conexo a la política.

¿Objeciones razonables, convenientes y necesarias?, en mi opinión, 100%.

LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y LA POLARIZACIÓN CIUDADANA

Comentario 08/04/2019

LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y LA POLARIZACIÓN CIUDADANA

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

                                                               Http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com

Los primeros meses del gobierno Duque se han desarrollado en un escenario de fuerte confrontación política entre diversos enfoques de gobierno, una dura oposición, una economía en recuperación pero aún muy amenazada interna y externamente, y un panorama social complejo, acompañado de una verdadera avalancha de situaciones adversas en el día a día (cambio climático, fluctuaciones en precios de materias primas, Hidroituango, ataques guerrilleros, marchas y paros, inmigración venezolana, etc.). 

Veamos los principales aspectos y reflexionemos sobre ellos:

Los enfoques de gobierno

Como era de esperarse, según su campaña presidencial, Duque está desarrollando un modelo de gobierno basado en la legalidad (todos debemos cumplir la ley), el emprendimiento (defensa y estímulo al sector empresarial privado) y la equidad social (superación de niveles de pobreza y generación de mayor progreso social), con una tendencia política clara en defensa del mercado y del sector privado como los principales entes gestores y promotores de la economía. Este enfoque, de corte democrático capitalista, choca, por supuesto, con los enfoques sobre socialismo de estado que propenden por la primacía del Estado sobre el sector privado y que han constituido la bandera de los partidos de izquierda en Latinoamérica en los últimos años (socialismo del siglo XXI al estilo Chaves) y de algunos simpatizantes de los partidos tradicionales. He aquí una gran fuente de oposición política y de controversia ciudadana, durante y después de las elecciones que permitieron elegir al Presidente Duque.

Enfoque frente a la paz

El heredado acuerdo de paz es una verdadera “piedra en el zapato” en el camino por la impunidad que conlleva a través de la JEP (la cual no despega aún y ya tiene un tren burocrático y presupuestal gigantesco con más de dos años de funcionamiento y con decisiones o hechos de franco sesgo hacia las FARC y problemas de corrupción), los beneficios para los guerrilleros y los compromisos acordados con la guerrilla en diversas materias , como por ejemplo el agro; además, el costo de su implementación ($112 billones). En esta materia el país continúa polarizado entre los partidarios del acuerdo de paz (los autollamados pacifistas) y sus contradictores (los llamados por los anteriores como guerreristas), si bien todos somos favorables a la paz.

Las modificaciones al Estatuto de la JEP

El enfoque radical entre sus defensores, quienes no admiten que se presente ninguna modificación conveniente para el país y sus instituciones, ni en el acuerdo de paz ni en el estatuto de la JEP, como queda demostrado con las 6 objeciones que ha presentado el Presidente Duque a consideración del Congreso, las cuales serán votadas negativamente en el congreso por instrucción de bancada en el partido Liberal, Cambio Radical y el partido de la U, quienes han hecho una alianza para oponerse a las iniciativas del gobierno en el Congreso, acompañados en esta conducta por los partidos de izquierda (Polo Democrático, Alianza Verde y otros). Esta es una oposición política por la política partidista, no por el examen crítico de los argumentos del Gobierno y la Fiscalía en su favor. La oposición se ha vuelto beligerante y no reflexiva. Este es otro foco enconado de polarización política en el país, por la impunidad, la ausencia de sanción, la ineficaz reparación y la real no repetición. Colombia, además, sigue soportando los embates de las “Disidencias” de las FARC y sus dirigentes gozando de privilegios (curules y presupuestos) sin ninguna sanción eficaz. A lo cual se suman las pretensiones del ELN de que les den los mismo y más, mientras están atentando frecuentemente contra la infraestructura del país o cometiendo claros delitos de terrorismo y lesa humanidad como en la Escuela de Cadetes de la policía en Bogotá. De nuevo, el país se polariza en estas materias.

Las Cortes y el glifosato

Del anterior Gobierno heredamos 250.000 hectáreas sembradas de coca y el mayor problema de narcotráfico, corrupción, lavado de activos, como nunca antes visto, por la permisividad de Santos, de su ministro Gaviria y de las posiciones de las Cortes sobre el uso de glifosato para combatir los cultivos ilícitos. Aunque el Gobierno ha presentado argumentos más que suficientes para demostrar que la aspersión aérea a baja altura no conduce a daños humanos, como ocurre con el uso de ese producto en todo tipo de cultivos, aún no se tiene despejado el camino para la fumigación por las trabas institucionales (un autogol en contra de los intereses del país). Ya nos ha llamado la atención el gobierno del Presidente Trump, al considerar como grave la situación de Colombia y donde, en sus palabras, “no estamos haciendo nada”. Más polarización por los enfoques frente a este problema.

La corrupción y las condenas al estado

Con lo poco que hasta ahora se ha descubierto en materia de corrupción en todo tipo de contrato del Estado, ya se avizora la magnitud de todas las ollas podridas por destapar y los muchos funcionarios y personas por castigar. Sin embargo estos procesos avanzan en forma lenta, hay un verdadero cartel de “defensores” de corruptos, quienes además obran con grandes demandas contra el Estado, dada la tendencia de las cortes a que es el Estado el que debe reparar a las víctimas, cualquiera que haya sido la causa de su supuesta victimización, valga citar los casos de la bomba en el Club el Nogal de Bogotá y lo obligación de indemnizar y reparara las víctimas del conflicto con las FARC, la indemnización a las comunidades por daños en el oleoducto causados por el ELN, etc., etc., etc. Quienes han sido afectados son el Estado y los ciudadanos del común, sin embargo para las Cortes la responsabilidad de indemnizar es del Estado, es decir, de los ciudadanos de bien. Todo lo cual debe repáralo un estado con un abultado déficit fiscal y con prioridades inequívocas en el orden social. En este caso también continúa la polarización en el país.

Enfoque frente al congreso, a las Cortes y a los partidos políticos

La política del Gobierno de no usar “mermelada” (no conceder cargos, presupuestos o prebendas) frente a los congresistas y a los miembros de otros organismos del Estado tiene empantanada toda la agenda legislativa en el Congreso a lo cual se suma la poca experiencia de los ministros del despacho en esos trámites. Se han formado verdaderos frentes opositores al gobierno de Duque, aún con inverosímiles alianzas, quienes esperan que a su gobierno no le vaya bien para capitalizarlo en las elecciones regionales próximas y en el siguiente período electoral presidencial. Otro foco muy fuerte de polarización en el país.

Los paros y las marchas versus las demandas sociales

Los paros y las marchas que se han generalizado o van a generalizarse en el país (educadores, transportadores, cafeteros, estudiantes, minga indígena, etc.), tienen un alto contenido político, no sólo de reivindicación social y en algunos casos parecieran ser más desestabilizadores que reivindicativos. De hecho lo preponderante de las marchas es la posición política frente a la actuación del Estado y la defensa de sus intereses ideológicos. De nuevo, este tipo de soluciones paralizan el país y lo polarizan mucho más.

Venezuela y sus inmigrantes y el impacto en las fronteras

La avalancha de inmigrantes venezolanos con sus demandas por condiciones sociales y trabajo digno, está sometiendo al país y sus comunidades a un problema que se convertirá rápidamente como de orden público, desbordando la capacidad del estado y sus organismos para acompañar en forma eficaz y solidaria, como deberían ser, dichas necesidades. Simplemente Colombia no tiene los billones necesarios para satisfacerlas, ni las ciudades tienen la capacidad de ubicación social razonable de estas familias y menos de generarles empleo decente. En la práctica, parece ser que el problema apenas comienza, ya el país tiene una población adicional e intempestiva de un millón doscientos mil venezolanos, anunciándose para los próximos años otro tanto o más. Este es un problema humanitario mayúsculo, frente al cual la comunidad internacional apenas mira tímidamente. Lamentablemente, temo pensar que este problema también terminará polarizando al país con sentimientos xenofóbicos contra los migrantes y su prioridad versus la atención de los nacionales.

Comentario final

Hemos enumerado algunos de los principales factores detonantes de la situación política que el país vive y sobre la confrontación de opiniones ciudadanas que conducen a un fuerte fenómeno de polarización política, tan fuerte que casi podría afirmarse que es algo nunca visto y para lo cual los propios ciudadanos no estábamos preparados, como tampoco el Gobierno Duque al cual le toca la difícil tarea de gobernar en medio de esos elevados “oleajes”. El Gobierno requiere más apoyo ciudadano para poder enfrentar esas tormentas.

Por el bien del país y su democracia al gobierno Duque le debe ir bien, alejando con ello las sombras del socialismo del siglo XXI que algunos pregonan, aún teniendo a la vista la experiencia del gobierno autocrático socialista y estatista de nuestros vecinos Venezolanos y todas su consecuencias de pobreza y destrucción de la capacidad productiva del país, de su bienestar social y de su institucionalidad, lo cual ha generado un ambiente de odio y rencor entre las mismas familias venezolanas.

SIN JUSTICIA, ¿SI HAY PAZ?

Comentario 01/04/2019

SIN JUSTICIA, ¿SI HAY PAZ?

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

                                                                                   http://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

Avanza, en medio de miles de tropiezos, la actuación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), también llamada Justicia Transicional, la cual fue diseñada en el acuerdo de la Habana por un grupo de Juristas afectos a la causa de la guerrilla, según lo narra el propio Dr. Humberto de la Calle, líder negociador del gobierno Santos, en su reciente libro “Revelaciones al final de una guerra”. Tanto que el señor Timochenko lo ha llamado “nuestro tribunal y nuestra mayor conquista en la negociación”, con privilegios de tal naturaleza que hasta los propios militares quieren beneficiarse, pues no les van a dar tratamiento diferencial por haber representado al Estado y sus ciudadanos en el conflicto, sólo el mismo modelo de justicia. A la JEP también se han acogido, con evidente razón por los beneficios, algunos agentes del Estado y civiles que han tenido participación activa en el conflicto armado.

Los beneficios incluyen un tratamiento privilegiado en penas llamadas alternativas, -que aún no se sabe cuáles o de qué tipo son-, se dice que de carácter restaurativo, diferentes a la privación de la libertad, con gabelas enormes en el tiempo aplicado para las sanciones, como decir por ejemplo que en la justicia ordinaria una de esas sanciones podría dar lugar a 60 años de prisión, pero en la justicia transicional a 8 años, o a lo más 20 si no dijo la verdad, pero eso sí, sin cárcel, con pena alternativa, con garantía de no extradición y con curules en el Congreso de la República para sus dirigentes. Es decir, los peores delitos de guerra y lesa humanidad van a ser “premiados” en este tribunal, incluidos delitos tales como la violación de niños, niñas y adolescentes, según la evidencia proporcionada al país por las niñas de la Corporación Rosa Blanca, acertadamente dirigida por el intrépido periodista Hervin Hoyos Medina.

Los tropiezos de la JEP son de todos los órdenes: jurídicos, reglamentarios, políticos, de competencia, de organización, de colusión con otras instancias, de sobornos y corrupción, una planta de personal y unos presupuestos para su funcionamiento exorbitantes, de contratos sin justificación a relacionados con la JEP, de trámites sin cumplimiento de requisitos, y en general con una actuación que denota claramente su preferencia por defender los intereses de las FARC (audiencias a puerta cerrada para ellos, por ejemplo), como en el caso Santrich, el Paisa o Iván Márquez, entre otros. El último evento de la JEP es la solicitud de renuncia a varios de su funcionarios (40) para revisar su idoneidad y hoja de vida, dos años después de constituido.

Desde su inició, la JEP se ha considerada a sí misma como intocable, incontrovertible y exenta de cualquier limitación legal. Ningún organismo del Estado supuestamente puede controlarla, es omnímoda. Sin embargo, por fin se dirimió el conflicto de competencia entre la JEP y la Fiscalía sobre la persecución de los bienes no declarados por las FARC para la extinción de dominio y la reparación a las víctimas (más de $ 2,3 billones, según la Fiscalía), la sentencia es clara en afirmar que está función es responsabilidad de la Fiscalía. Con todos estos antecedentes, es apenas normal que muchos colombianos dudemos de la verdadera transparencia, idoneidad y voluntad en la JEP por administrar justicia real y eficaz a los participantes del conflicto armado.

Si, por otro lado, se examina el curso de las objeciones del Presidente Duque sobre el estatuto de la JEP, las cuales en todos los casos tocan temas que introducen elementos de mayor justicia para los acuerdos y mayor rigor en el funcionamiento de la JEP[1], se concluirá que van por mal camino.

En efecto, por parte de los partidos de izquierda, el partido liberal, el partido de la U y Cambio Radical ya han anunciado su voto negativo a la discusión de dichas objeciones con el argumento que el tema ya había sido fallado por la Corte, cuando es esta misma autoridad quien les ordenó pronunciarse sobre las objeciones. Parece que ni siquiera las someterán a discusión sino que de una vez las votarán negativamente, según comentarios de prensa o entrevistas a varios de los miembros de esos grupos políticos.

Todo esto configura un escenario de no justicia, de justicia parcial o de justicia amañada, en favor de las FARC, lo cual es un pésimo punto de partida para afianzar una verdadera paz. Cito a dos eminentes juristas, quienes concluyen en la misma dirección:

“Es muy bueno que haya menos gente asesinando y asesinada, pero no es la paz. Es un camino hacia la paz, importante, pero si vamos a construir paz, primero tenemos que mirar que haya justicia”. Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Constitucional, El Tiempo, martes 26 de marzo de 2019.

Al referirse a la idea de “nacionalizar la JEP”, al proponer acuerdos nacionales que “le aseguren la credibilidad que debe tener frente a la sociedad, garanticen la conducta intachable de sus funcionarios y la certeza de que el ejercicio de sus actividades no genera impunidad... No contribuyen en nada al logro de esta loable finalidad quienes por razones de mera coyuntura política consideran que las objeciones presentadas (por el Presidente Duque) atentan contra la paz, la democracia, el Estado de derecho, la unidad nacional, pretenden colapsar la JEP, y constituyen un desacato a la Corte Constitucional” Jaime Castro Castro, Constitucionalista, Constituyente en 1991, exministro. El Tiempo, martes 24 de marzo de 2019.

Como ha ocurrido en todos los conflictos de la humanidad, si no hay justicia, no hay una verdadera paz y el proceso de confrontación ideológica, ética y política continuará en la mente colectiva de la sociedad, siendo la fuente nuevas violencias, en muchos aspectos de la vida nacional.

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[1] Las objeciones se refieren a: la reparación eficaz con la afectación a los bienes de las FARC o sus miembros, no sólo con la obligación en cabeza del Estado, las competencias de alto Comisionado de paz para decidir quién es postulado a la JEP y evitar los colados, las competencias de investigación continuas de la fiscalía de los delitos de los miembros de las FARC, la declaración de no impunidad para ninguno de sus miembros cuando se trate de delitos de lesa humanidad, la restricción a la JEP de verificar sólo la fecha de ocurrencia delos delitos de las FARC beneficiados con la no extradición después de 1°Dic 2016. Además el presidente pretende realizar las reformas constitucionales necesarias para que los delitos sexuales cometidos a niños, niñas y adolescentes por los miembros de las FARC no sean de la competencia de la JEP, la pérdida de beneficios de la justicia transicional para los reincidentes en delitos, y que los delitos continuados después de 1° de Diciembre del 2016 no sean competencia de la JEP (ejemplo el narcotráfico), sino de la justicia ordinaria.