LA REFORMA TRIBUTARIA DE PETRO

 Comentario 13/02/2023

 

LA REFORMA TRIBUTARIA DE PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

El gobierno del presidente Petro y sus políticas tienen un claro corte y enfoque redistributivo, bajo propósitos de equidad e igualdad que nadie en su finalidad podría discutir. Simplemente, su orientación es distribuir la “torta actual” para que todos comamos menos, pero que algunos puedan comer también. A diferencia de otros enfoques como el de crecer la “torta” mucho más, para que surjan oportunidades para un mayor número de personas y comer mejor. Obviamente, en ambos enfoques habrá algunos que forman parte de clases vulnerables que requerirán de subsidios del estado para poder acceder a alguna parte de la torta.

El presidente Petro tramitó e hizo aprobar en el Congreso, con su coalición de gobierno pluripartidista, una reforma tributaria tal que le permita financiar su enfoque de redistribución de la riqueza, su programa de gobierno y sus reformas, valga decir que todas tienen ese enfoque y no el de crecer y desarrollar la economía para generar nuevas oportunidades.

Veamos algunos comentarios sobre dicha reforma, para comprender su alcance y particularidades, no sin antes decir que el enfoque fiscalista del actual gobierno es ampliar cada vez más el número de contribuyentes y de conceptos de contribución para que la “torta“ fiscal sea cada vez mayor. De hecho, esta reforma se enfocó en elevar la tasa efectiva de tributación de los contribuyentes, es decir, que cada vez paguen más de sus ingresos los que están obligados a declarar, casi por todo tipo de concepto de ingreso, excepto por las pensiones que se han considerado un ahorro de las personas para su jubilación, el cual en su momento se derivó de unos ingresos que ya habían sido gravados.

En efecto, se emplearon varios mecanismos en la reforma tributaria para lograr dicho propósito:

• Limitar o suprimir los beneficios que existían a montos inferiores a lo que se tenían, en la práctica a una tercera parte, aproximadamente.
• Incremento en tarifas de ganancias ocasionales.
• Tope máximo a las deducciones en la liquidación final de impuesto, no importando de dónde surja la deducción (costo, renta exenta, ingresos no constitutivos de renta, etc.).
• Unificación de rentas en la liquidación final del impuesto para elevar el pago efectivo.
• Introducción, de nuevo, pero en forma permanente, del impuesto al patrimonio.
• Tasas mínimas de tributación, por debajo de las cuales no se podrá obtener ningún beneficio. En el caso de personas jurídicas, por ejemplo, no podrá ser inferior al 15%.
• Otras normas y reglas tributarias novedosas y más exigentes.

No se debe omitir del análisis, además, que a algunos sectores de la economía se les despojó de importantes conceptos de deducción como en el caso de las regalías para el sector minero o en otros casos se elevaron sus tasas de tributación por diferentes mecanismos. Algunas normas como las de declaración de activos poseídos en el exterior se regularon y otras como los beneficios en impuesto en el caso de compra-venta de vivienda se les puso límite, así como también se gravó en mayor proporción los ingresos por dividendos, o conceptos tales como contribuciones o provisiones empresariales también se verán afectados.

Sin ir más lejos ni con más detalles, se puede comprender fácilmente que efectivamente la carga impositiva se elevó en forma sensible para los contribuyentes personas naturales o jurídicas. Otros proyectos del gobierno de Petro están enderezados a incluir mayor número de contribuyentes, por ahora, serán prácticamente los mismos de antes quienes verán sus impuestos aumentados. Todo tiene consecuencias, veamos:

Competitividad.

Los países son más o menos atractivos para la inversión y el ahorro según sus tasas impositivas, entre otros factores, siendo el de impuestos demasiado sensible. Subir tasas efectivas no siempre es buena idea pues puede alejar la inversión que es la que genera oportunidades.

Crecimiento.

En un entorno con tendencias recesivas o regresivas en el crecimiento económico, como el que se avizora para los años 2023 y 2024, subir impuestos y contribuciones es un contrasentido ya que podría agravar la profundización del decrecimiento económico, puesto que el gasto público es generalmente no productivo, a diferencia del privado que suele ser productivo y busca optimar su rentabilidad.

Evasión y elusión.

La elevación de impuestos suele ser connatural a la evasión y la elusión, por muchas talanqueras que se creen, hay ciudadanos y empresas que buscaran defenderse de esos impuestos que consideran inconvenientes o injustos para sus intereses.

Oportunidad y conveniencia.

Algunas reformas tributarias también tienen enfoques de favorecer sectores, iniciativas, proyectos o geografías del interés nacional, esta nueva reforma lo que hace es poner talanqueras y quitar o limitar beneficios, los cuales, como se dijo, en el escenario, son inoportunos, Por ejemplo, en este momento, subir el IVA a aerolíneas y hoteles es un impacto muy sensible para los consumidores, de cualquier naturaleza.

Consenso

Aunque se habló de buscar consenso, en realidad la reforma tributaria de Petro tuvo más presión política que concurrencia de opiniones. Obvio que esto no es bueno para su aceptación y aplicación y más si en el período de este gobierno se van a tramitar nuevas reformas fiscales.

Con estos razonamientos, la redistribución de la “torta” no se ve tan conveniente ni oportuna.

EL PESIMISMO FRENTE A LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO PETRO

 Comentario 06/02/2023

 

EL PESIMISMO FRENTE A LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Es claro afirmar que el mundo entero se prepara para un 2023 con tendencia a la desaceleración de las economías y algunas de ellas en franca recesión, es decir, un período en el cual hay muy bajo o negativo crecimiento económico, lo cual ocasiona parálisis en la inversión, el empleo, el consumo, el ahorro y, por supuesto, grandes dosis de incertidumbre y angustia. Lo mismo, se está sintiendo en Colombia, donde el Banco de la República y las agencias de investigación económica ajustan sus expectativas de crecimiento del PIB a menos del 2%, acompañado de un nivel de inflación el cual, aunque será descendente con relación al 2022, será todavía muy alto, entre el 8 y el 10%. Este fenómeno de bajo o negativo crecimiento con alta inflación se conoce en economía como estanflación. Fenómeno que afectará a unos sectores económicos más que a otros, pero todos lo sentirán, lo malo, es que el señor invierno que nos acompaña, si se prolonga algunos meses más, acabará por empeorar las cosas, especialmente en alimentos, cosechas, transporte e infraestructura. Así mismo, la inflación, las tasas de interés y la devaluación, así como la carga de nuevos impuestos, el aumento del salario mínimo y la indexación psicológica de los consumidores, continuarán sintiéndose en un alto costo de vida.

Sin embargo, la incertidumbre que ya se siente en Colombia está acompañada por dos sensaciones muy desafortunadas para la economía y las expectativas: por un lado, desconfianza y por el otro, temor. Desconfianza en las nuevas políticas que propone e impone el gobierno de Gustavo Petro, ya que no se consideran, por un amplio sector ciudadano y de instituciones diversas nacionales e internacionales, como oportunas, viables, financiables o ejecutables. Por otro lado, se experimenta, por esos mismos u otros agentes que se sienten afectados, gran temor por lo que puede venir con dichas políticas o por cómo los puede afectar a ellos, sus familias, sus ocupaciones o sus empresas.

Los anuncios del nuevo gobierno salen a troche y moche, sin preparación ni evaluación sobre sus implicaciones y complejidades de implementación. Con contradicciones, afirmaciones, reafirmaciones y contra vías, aún de los propios miembros del gobierno, de los de su partido el Pacto Histórico y sus propios coequiperos de la coalición de gobierno pertenecientes a otras vertientes políticas, todos aspirantes a cargos, presupuestos y beneficios, lo cual incentiva más la incertidumbre, el temor y la desconfianza. Veamos algunas (son demasiadas) de las afirmaciones, propuestas, o planteamientos hasta ahora realizados, aún sin definir ni precisar en sus contenidos, sus alcances y sus consecuencias de todas las naturalezas. Algunos son pronunciamientos de Petro y otros, de sus ministros:

Comencemos por el discurso en la ONU en septiembre pasado, en el cual su tono no fue de propuesta o planteamiento para reflexionar y actuar, sino con desafío, regaño y amenaza, bajo el planteamiento central de que la “Guerra contra las drogas ha fracasado”, cargándole la culpa a los demás países, cuando somos los mayores productores y exportadores de cocaína. De hecho, Petro se ha negado en diversas formas con palabras sinuosas a combatir el narcotráfico. Ya quiere total permisividad con los cultivos ilícitos de pequeños productores y ver cuando el Estado puede ayudarlos a transformar sus fuentes de ingresos, con apoyo integral del propio Estado. Esto, mirado a simple vista es loable, pero conducirá a que más campesinos y personas quieran tener cultivos ilícitos pequeños ya que no serán combatidos y además les darán beneficios.

Con una ideología política estatizadora en muchos frentes de la economía, al mejor estilo socialista, al interior del país ha empleado los siguientes conceptos, también con tono airado y, generalmente, mesiánico. No son propuestas o afirmaciones que se vean como convenientes, no buscan cohesión ciudadana sino impacto político, simplemente son desafiantes, llenas de ideología, más que de verdaderas políticas de Estado para el bienestar y progreso de todos los ciudadanos:

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• “Tenemos un enemigo interno (se refiere a las leyes y las instituciones)”.
• Anuncios anti-exploración y explotación del petróleo, el gas y el carbón, cuando Colombia aporta sólo el 0.37% de los gases de efecto invernadero del planeta y la actividad petrolera aporta menos del 1% de las emisiones del país, según afirmó Francisco José Lloreda presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (LR 23/01/2023).
• “Si el mundo consume el carbón de Colombia la humanidad perecería”, afirma Petro. “Hay que descarbonizar el capitalismo y volver al poder planificador de las naciones, al estilo de los países socialistas”, como lo afirmó en Davos, Suiza.
• “Hay que decrecer la economía para preservar el medio ambiente”.
• La paz total con todo tipo de delincuentes, primeras líneas, narcotraficantes y guerrilleros, sin ser claro el sometimiento a la justicia, la no repetición y la reparación a las víctimas. Es un homenaje a la delincuencia y a la impunidad, contraria a todas las víctimas, a la justicia penal y a las instituciones democráticas que nos rigen.
• Asambleas vinculantes para el plan nacional de desarrollo sin consultar las competencias, capacidades, prioridades y disponibilidades de los recursos públicos y sus compromisos. Un verdadero árbol de navidad populista con todos los pedidos de necesidades o anhelos insatisfechos.
• Reforma tributaria enderezada a subir las tasas de tributación de personas y empresas, pero totalmente inoportuna ante el escenario económico que se avecina.
• Anuncios tan descabellados como el de utilizar los fondos de ahorro de los ciudadanos en los Fondos de Pensiones para financiar obras de infraestructura a través de Colpensiones. O la creación de un sistema de pilares donde prácticamente el 97% de los ciudadanos dependerían del Estado para formar una pensión en el propio Colpensiones, lo cual conduciría a la desaparición de los Fondos Privados de Pensiones quienes son los grandes financiadores del propio Estado con sus inversiones en TES.
• Modificaciones al sistema de salud, para depender de un sistema público, con desaparición del papel de las EPS como aseguradoras de la salud, minimizando su importancia y su contribución a la calidad de la salud en el país, frente a lo cual las encuestas de opinión muestran la alta favorabilidad que el sistema actual de salud tiene, al cual habrá que mejorarlo, pero no acabarlo y sustituirlo por algo totalmente estatal.
• Modificaciones al sistema de contratación laboral, etc., entre otros, con contenidos populistas.

Algunas son ilusionantes promesas, sin estructuración ni financiación definida aún:

• Pensión para los que no tienen pensión.
• Tierra para los campesinos (3.000.000 de hectáreas). No expropiación, pero sí reforma rural con las mejores tierras.
• Rebaja en las tarifas de energía con intervención del sector eléctrico.
• Libertad para las primeras líneas quienes serán voceros o gestores de paz, cuya definición aún no se conoce.
• 100.000 jóvenes con pago de un millón mensual como gestores de paz (¿parecido a los comandos en otros países radicales?)
• Control del mercado cambiario y controles de precios para combatir la inflación.
• Congelamiento de peajes con afectación a la estructura de los contratos de los constructores de las vías e inestabilidad jurídica de los mismos.
• Educación superior gratuita en todos los establecimientos.
• Invitación a las calles para defender las reformas del cambio de Petro, azuzando la confrontación política y por esa vía, la eventual agresión física de unos ciudadanos frente a otros que no comulgan con sus ideas. Poco de concordia, mucho de desafío y descalificación de los contrarios, cuando él ganó con un 51% de los votos y debe gobernar para todos los ciudadanos.

Con estos anuncios no puede ser menor la sensación de desconfianza, temor, incertidumbre e inseguridad, todo lo cual le pone más “pique” al desafiante año económico que se avecina. A más del efecto de pérdida de dinámica económica en todo el mundo, en Colombia tenemos el efecto Petro, obstinado por concentrar más poder e injerencia del Estado en toda la economía, adobado con su estilo de corte autocrático, autoritario e imperativo. Con razón las encuestas de opinión muestran una respuesta desfavorable sobre las expectativas para el 2023 por parte de los ciudadanos: es el pesimismo frente a la recesión, con un “conductor” en la presidencia desconcertante. Todos los días habla de cosas diferentes, es inacabable, aunque en realidad poco profundo, y en muchas ocasiones, con cartas ocultas o de doble contenido. Hasta se atrevió a emplear un espacio televisivo para un discurso político a los ciudadanos colombianos el 24 de diciembre pasado, fecha para el encuentro familiar y el sosiego.

 

 

 

 

 

 

LOS CICLOS Y EL PÉNDULO

 Comentario 30/01/2023

 

LOS CICLOS Y EL PÉNDULO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Las principales variables macroeconómicas y entre ellas, por ejemplo, la más importante, el crecimiento del producto interno bruto PIB de un país, suelen tener patrones de conducta en el largo plazo que son más o menos característicos y que se repiten a través de un periodo amplio de años, salvo que algunos fenómenos sobrevinientes e inesperados desvíen su conducta general. En igual forma, los sectores económicos, individualmente considerados, también presentan comportamientos fluctuantes a través de los años. Hablamos de períodos de expansión o de decrecimiento, alternativamente, por ejemplo, en la construcción o en el sector agrícola. Por consiguiente, los ciclos económicos son oscilaciones crecientes o decrecientes alrededor de la tendencia secular que presenta la variable en observación y cuya duración puede tomar varios años. En el caso de la macroeconomía, cuando los crecimientos son negativos y persistentes a través de varios períodos se habla de situaciones de recesión. Como es obvio, contrario a la recesión es la expansión que se presenta si hay una buena dinámica en al menos un número significativo de sectores económicos, lo cual tiende a afectar favorablemente a otros, y viceversa.

En muchos sectores económicos se observa, por ejemplo, que su demanda es cíclica, si bien su tendencia secular puede ser creciente o decreciente en el largo plazo, según corresponda. Para citar un solo ejemplo, se afirma que la construcción de vivienda obedece a ciclos económicos, donde se presenta una expansión de la demanda, la cual conduce a una paulatina y creciente oferta de vivienda en un período amplio de tiempo. Todo este fenómeno termina generalmente en la elevación de los precios de la vivienda por el exceso de demanda. Los precios altos estimulan la oferta, pero desalientan la demanda y, al final, sucede una mayor oferta de vivienda disponible frente a la demanda real que se desalienta, el ciclo se desacelera y en ocasiones se vuelve negativo o recesivo.

Pues bien, en materia política y de manejo del Estado ocurren situaciones semejantes a través de gobiernos que se suceden en el poder, los cuales, genéricamente, llamamos de izquierda o de derecha, en un movimiento pendular, donde por unos años gobiernan las tendencias de derecha y en los siguientes, las de izquierda, o viceversa. Por movimientos de centro o de derecha entendemos las tendencias políticas que desarrollan el concepto del capitalismo democrático como modelo de gobierno, esto es, concede preponderancia al sector privado como motor del desarrollo y el crecimiento económico y social (más que el sector gobierno) y se relacionan con el resto del mundo en condiciones de economía abierta, pero, en lo posible, regulada según tratados y convenios.

El papel de los órganos del Estado es el de atender los sectores prioritarios como defensa y seguridad, así como también el bienestar social y la prestación de los servicios del Estado a través del ejecutivo, el legislativo, el judicial y los órganos de control. Frente a la economía del sector privado ejercen un papel de supervisión para que se mantenga en el cauce de los mandatos constitucionales y legales, sin desbordar los principios de la sana competencia y de la cabal aplicación de la democracia. La determinación de los personajes públicos o de decisiones que afectan la constitución es democrática y popular a través de elecciones, referendos, plebiscitos o asambleas constituyentes.

Los movimientos de izquierda, por el contrario, practican como filosofía política el socialismo de estado, según el cual el desarrollo y el crecimiento del país dependen más del Estado que del sector privado y por lo tanto es éste quien funge como promotor y gestor de la economía a través del control directo de muchas actividades económicas, políticas y sociales, más allá de la defensa y la seguridad. La iniciativa privada queda relegada al direccionamiento del Estado y sus órganos de funcionamiento. En este modelo, los gobernantes suelen adquirir poderes omnímodos, que los convierten en gobiernos de corte autocrático.

Bajo el concepto del socialismo de estado se amparan, frecuentemente, gobernantes que tienden a perpetuarse en el poder para lo cual paulatinamente anulan los derechos y facultades democráticas y de elección popular, afectan el equilibrio de poderes, concentrando el gobierno en unas pocas manos, porque conceden al mandatario de turno amplias facultades de acción y decisión, muchas veces más allá de la propia constitución la cual es interpretada según su conveniencia. Un ejemplo de perpetuase en el poder lo hemos vivido o estamos viviendo con los hermanos Castro en Cuba o con Maduro en Venezuela.

Modelos de capitalismo democrático se practican en las economías más desarrolladas como las de Estados Unidos, Francia, Alemania, etc., como también en economías menos desarrolladas como Colombia, Perú o México, por ejemplo. Por su parte, modelos de socialismo de estado se practican en países de mayor desarrollo como Rusia o China, por ejemplo, o de menor desarrollo como Venezuela, Nicaragua o Cuba, para citar los casos más cercanos. Desafortunadamente, tanto en los modelos económico-políticos del corte del capitalismo democrático como los del socialismo de estado pueden presentarse fenómenos de corrupción y clientelismo, abusos de poder y pérdida de los pesos y contrapesos que están creados constitucionalmente.

Si la economía presenta ciclos económicos, la política genera movimientos pendulares cuando los gobiernos de cada tendencia no hacen bien su tarea o abusan de sus funciones y terminan en el desencanto de sus pueblos y en el deseo de tener un modelo de gobierno distinto. Véase como referencia lo ocurrido en los años recientes en los países latinoamericanos en los cuales subsecuentemente han pasado de gobiernos de derecha a izquierda y viceversa. Como ocurrió en Argentina con los gobiernos Kirchner (socialistas) y la llegada de Macri al poder (capitalismo democrático), con la subsiguiente retoma del poder por Alberto Fernández (de nuevo socialista). En Colombia, después de un largo período de gobiernos con enfoque de capitalismo democrático, ahora llega el primer gobierno de izquierda radical de corte socialista del estado. Veremos que sigue más adelante y si el péndulo vuelve a girar en sentido contrario.

EL PROBLEMA DE LAS PENSIONES

 Comentario 23/01/2023

 

EL PROBLEMA DE LAS PENSIONES

“Primero renuncio antes de subir la edad pensional”, presidente Gustavo Petro.

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Una pensión de jubilación corresponde al pago que se recibe al concluir la vida laboral, como resultado del ahorro acumulado durante la etapa productiva (son los aportes más los rendimientos generados), el cual es depositado en una “cuenta individual” a nombre del titular donde se registra toda su historia como cotizante, es decir el valor cotizado en cada período y el número de semanas cotizadas, con la fecha de su pago. Los aportes pueden ser del propio trabajador o del trabajador en conjunción con su empleador, si se trata de contratos formales. La persona puede solicitar la pensión después de cumplir 57 años las mujeres y 62 los hombres, siempre y cuando se cuente con el capital suficiente para la financiación de una mesada pensional que sea igual al 110% del salario mínimo legal vigente y se haya cotizado el mínimo de semanas requeridas por la ley, como caso general. En caso contrario, recibe la devolución de su dinero y sus rendimientos u otras formas de pago especializadas.

En Colombia coexisten dos regímenes con características diferentes, si bien ambos pretenden facilitar el ahorro para formar la pensión del jubilado. El primero son los Fondos privados (AFP Porvenir, Colfondos, Protección y Skandia creados a partir de 1993 con la ley 100) en los cuales los beneficiarios se pueden pensionar con 1150 semanas, más o menos 23 años de cotización, a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima o por su capital ahorrado. En un fondo de pensiones no hay una edad mínima para pensionarse, se pueden pensionar cuando se disponga de un capital suficiente para financiar la pensión, independientemente de la edad. En Colpensiones, fondo público creado en 1946 como el Instituto de los Seguros Sociales (ISS) y luego transformado en el 2007 en Colpensiones, en el cual se requieren 1300 semanas de cotizaciones, más o menos 26 años de contribución a la pensión, o sea tres años más para pensionarse con un salario mínimo, con el lleno de los requisitos de edad.

Colpensiones es un sistema con importantes subsidios del Estado, por lo cual las personas de altos ingresos buscan dicho fondo, dado que entre más se gana más alto será el subsidio. En cambio, las personas con pocas probabilidades de conseguir una pensión en Colpensiones se van más por el régimen de ahorro individual, porque ofrece más rendimientos, son menos semanas y, en caso de no pensionarse, la devolución de saldos es 10 veces mayor que la devolución que les daría Colpensiones. Los faltantes de Colpensiones en el pago de las mesadas pensionales por insuficiencia en los ahorros del individuo o los subsidios que se otorgan a las pensiones y a la población vulnerable son financiados por el Estado como parte del presupuesto nacional, esta es una obligación del Estado, no es un beneficio discrecional.

El problema es que el número de pensionados en Colombia es muy bajo frente al potencial actual y futuro de “jubilables”. De acuerdo con la Superintendencia Financiera, con corte al 27 de octubre (2022), en el país hay 25,3 millones de colombianos vinculados al mercado laboral que están afiliados al sistema pensional. De este total, 18,5 millones (73%) están inscritos en alguna de las cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y 6,78 millones están en Colpensiones. Sin embargo, el número de pensionados es mayor en Colpensiones, con 1,56 millones de personas a noviembre de 2022; frente a las AFP, que acumulan 270 mil personas. Esta diferencia es explicable al considerar la antigüedad de operación de Colpensiones frente a los Fondos. Sin embargo, algunos especialistas afirman que, al ritmo de crecimiento de los Fondos privados versus el público, el número de afiliados pensionados se igualará en unos 15 años. Los fondos privados administran actualmente cerca de $320 billones en inversiones que favorecen el desarrollo nacional público y privado. Los Fondos realizan inversiones permitidas por un marco prudencial de rentabilidad, plazos, diversificación y riesgos apropiados, en montos con límites especificados; estas instituciones son vigiladas con gran rigor por la Superintendencia Financiera.

Colpensiones debería seguir la misma línea de inversiones que los fondos privados para tener siempre disponibilidad para los pagos pensionales, porque si sus recursos se emplean con fines diferentes a las pensiones y en el beneficio pensional de sus acreditados beneficiarios, se acumularán faltantes cuantiosos que deben ser cubiertos por el Estado con los impuestos de los ciudadanos, es decir, con pago por parte de la comunidad.

En Colombia, solo el 24,8% de la población en edad de jubilación recibe una pensión contributiva. 30,6% de los hombres en edad de jubilación están pensionados, mientras que solo el 21,3% de las mujeres recibe este beneficio. ¿Cuál o cuáles son la razón o las razones? Evidentemente, la precariedad en el empleo, la informalidad, la falta de oportunidad de mayor empleo, pero, además, los problemas de cultura de ahorro y consciencia sobre la vejez. Lamentablemente, para muchos colombianos la vejez y sus limitaciones no son una prioridad, además, también tienen la reflexión que las cotizaciones para la pensión son una contribución que no se requiere, absurdo, pero es así.

Como se observa, las pensiones son un tema muy sensible en lo social y con gran impacto económico, máxime al considerar algunos hechos relevantes presentes y futuros:

1. Pocas personas acumulan durante su vida activa productiva las suficientes cotizaciones y semanas para formar una pensión. Aún trabajadores formales que rotan sus trabajos, frecuentemente, terminan por limitar el número de semanas cotizadas por períodos de inactividad entre los oficios que desempeñan.
2. Son demasiados los trabajadores informales, los cuales, o bien no cotizan, o sus cotizaciones son muy bajas y ocasionales (aproximadamente 60% de la población ocupada es informal).
3. También, las profesiones liberales (abogados, contadores, ingenieros, etc.) que no tienen un empleador a cargo, deben cotizar en forma independiente por el 100% del valor de la cotización.
4. La esperanza de vida de los colombianos se ha extendido a través de los años y hoy, en promedio, es de 78 años, pues se dispone de mejor calidad de vida. Esto significa mayor período de uso del beneficio de la pensión si se goza de él, además, si en el caso de muerte del titular de la pensión, se extiende el derecho a cónyuges y sobrevivientes menores, mucho más prolongado es el período de duración del beneficio pensional.
5. La pirámide poblacional en Colombia, como en todo el mundo, está cambiando para que cada vez tengamos más población de adultos mayores y menos de jóvenes, dado que las tendencias de fecundidad, esperanza de vida y mortalidad se han modificado a través de los años. El esquema de prima media que administra Colpensiones, basado en la supuesta existencia de menos adultos y más jóvenes cotizantes que aporten para financiar la carga pensional de los mayores, se verá, finalmente, comprometido en su estabilidad y capacidad financiera, por estas y otras razones como por ejemplo el cambio de los oficios debido a la tecnología, salvo que el Estado asuma la totalidad de estas obligaciones, lo cual se traducirá en mayor déficit fiscal y una carga impositiva adicional para todos los ciudadanos.
6. Como se observa, los ahorros pensionales no son fondos públicos, son ahorro privado formado por los cotizantes a través de su vida activa productiva, por lo tanto, no están sometidos a las veleidades del poder autoritario de algunos de los gobernantes, quienes quieren emplearlos en gastos públicos o sociales o en la financiación de inversiones realizadas con criterio político, lo cual, si así fuere, sería una expropiación, un abuso de poder y un hecho contrario a la ley y a la propiedad privada.
7. El costo del gasto en pensiones le cuesta al Estado la cuarta parte de sus ingresos actualmente (equivalentes a 4.1% del PIB), y viene el crecimiento en el número de adultos mayores para los próximos años. Ni hablar de lo que significaría, en términos presupuestales y de gasto público, una extensión de la cobertura de pensión a no cotizantes e informales como ofrece el gobierno de Petro, todo pagado por cuenta del Estado, es decir, de todos los ciudadanos que pagan impuestos y contribuciones.
8. Temas como el número de cotizaciones, su valor, la edad de jubilación y los beneficios pensionales, a más de la baja cobertura de esta previsión, son materia obligada para los gobiernos, los sindicatos, los partidos, el Congreso, las demás instituciones, las empresas y las ONG, para su revisión y actualización en forma realista y no populista, para poder ser viables y financieramente sostenibles. Estos temas no se deben manejar con ideología o controversia política, son temas esencialmente técnicos con enorme impacto social.

Los problemas de las pensiones son lo suficientemente complejos como para someterlos, adicionalmente, a una carga de ideología de izquierda que pretende menospreciar los fondos de pensiones privados y ensalzar el fondo de Colpensiones. La reforma pensional del Gobierno Petro está enderezada en esta dirección, con los famosos pilares de ahorro hasta cuatro salarios mínimos legales en el Fondo público, pero sabemos que menos del 3% de la población ocupada (asalariados e independientes) ganan más de ese salario. Por esa vía, en el tiempo desaparecerán los fondos de pensiones privados y sólo quedará el fondo del Estado, es decir, Colpensiones.

De nuevo, con Petro, siguiendo su ideología, se busca más Estado y menos privado, como es la máxima de gobierno de la izquierda radical. Hay que mirar lo que ha pasado en otros países Latinoamericanos (Argentina, Chile, por ejemplo, etc.) con los Fondos de pensiones privados, con el modelo que quiere implantar Petro, para que veamos cómo ha terminado la estatización del ahorro privado pensional y en qué han parado las pensiones de los jubilados. Hay que evitar que Petro haga lo que se propone con las pensiones a toda costa. Es perjudicial para el país, aunque parezca conveniente para su ideología.

 

 

EL INSONDABLE GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO

 Comentario 16/01/2023

 

EL INSONDABLE GOBIERNO DE GUSTAVO PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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La conducta del presidente Petro y sus ministros, de acuerdo con la evidencia de lo ocurrido durante su campaña y los primeros meses de su gobierno, podríamos calificarla como insondable (poco se entiende) e inestable (cambia continuamente). Veamos:

Aún no tiene un plan de desarrollo que oriente el curso de su acción presente y futura, de hecho, según afirma, lo está supuestamente preparando a través de unas asambleas populares vinculantes, donde cualquier mezcla de demandas de la ciudadanía puede surgir, entre sueños, aspiraciones, necesidades y prioridades locales, las cuales pueden entrar a competir frente a otras demandas locales o regionales diferentes, frente al hecho incontestable de recursos esencialmente escasos. Con ello, no hay unas líneas estratégicas de país, es decir, de largo plazo, que le den un verdadero norte a la nación como un todo y a sus regiones, a sus comunidades e instituciones sobre lo que se debe lograr en forma prioritaria. Tratar de complacerlos a todos es imposible y populista, por el hecho de prometer y no cumplir. Son demasiadas las promesas hechas hasta ahora, en muchos frentes y con muchos subsidios. Vamos a tener un Estado proveedor de subsidios, no de ejecuciones.

Los países que, dentro de un modelo de libre mercado y propiedad privada, han logrado mayor desarrollo, a partir de condiciones de subdesarrollo como las nuestra, tales como los llamados tigres asiáticos, trazaron unas prioridades y dedicaron su mayores y mejores esfuerzos a construirlas. Citemos no más a un Corea del Sur con su avance actual en campos como el tecnológico, el automotriz, el naviero, el agrícola y su comercio exterior abierto al mundo. Allí participamos los colombianos como combatientes en la guerra entre las dos Coreas (1951-1954) y en ese país nos recuerdan con cariño, pero se extrañan de cómo a ellos les ha “rendido” la labor del crecimiento y el desarrollo y a nosotros no. La politiquería, el populismo, la corrupción y la ausencia de prioridades nacionales son buena parte de la explicación de lo que nos sucede.

La reforma tributaria que recaudará 20 billones de pesos adicionales, aún no se sabe, a ciencia cierta, en qué y cómo se va a aplicar, fue defendida en la sustentación en el congreso, como urgente y necesaria para apalancar el gasto social y el déficit fiscal, pero su aplicación no está determinada todavía. Al parecer su utilización es a punta de casuística. A última hora apareció, con cargo a esos recursos, el subsidio al SOAT, que era un “incendio con gasolina” que estaba oculto detrás de la falta de amparos con SOAT por los conductores del país en su gran mayoría, y ante los continuos incidentes de tránsito, principalmente de las motos, como vehículos de alto peligro y poco control, con ausencia de educación para su correcto y prudente uso. Está en ciernes, también, la congelación de las tarifas de peajes y la moderación de precios de energéticos y de combustibles. Ya aparece la tragedia en el Cauca (Rosas) que también demandará ingentes recursos y no se sabe cuántas más urgencias irán surgiendo por necesidades o por prioridades políticas.

El programa del cambio del gobierno Petro es un bulto de anzuelos, difíciles de desenmarañar, porque, primero, según el gobierno, todo hay que cambiarlo, lo cual no es una buena idea por aglomeración de prioridades y escasez de recursos humanos, técnicos y presupuestales, todos terminarán jalando para su lado y nada tendrá cabal ejecución en el año 2023 que se espera sea especialmente difícil en lo económico y lo social. Segundo, cada ministro trae su reforma y para cada uno de ellos es natural que la suya sea la más importante y necesaria, y todas van a tramitarse conjuntamente: las reformas, rural, la política, la de pensiones, la de salud, la de minas y energía, la de educación, las laborales, las regionales, las del nuevo ministerio de la igualdad, la reestructuración de las fuerzas militares y de policía, las de la justicia, las de combate al narcotráfico y la no extradición, y muchas otras, etc., etc.

Aún no conocemos muchos detalles sobre el texto de esas reformas, lo conocido, hasta ahora, como intención de cambio en todas esas materias, es una transformación radical y traumática para el país, tiene mucho de ideología social, pero no consulta otros criterios de viabilidad, financiación, oportunidad y conveniencia. Son una verdadera contravía con el statu quo en cada una de esas actividades sensibles. Como en cualquier decisión política y legal que produce profundas modificaciones y que implica nuevos riesgos, la aplicación debería ser muy moderada y paulatina. Pero baste ver las afirmaciones y declaraciones de los funcionarios del gobierno relacionados con cada uno de los temas, están llenas de “ires y venires”, controversias y contradicciones, imposiciones (verdad revelada), lo cual, en vez de orientar, confunde, genera incertidumbre y, en algunos casos, miedo a lo que sigue y lo que va a pasar.

La paz total, con “negociaciones, sometimientos y acogimientos” con delincuentes de muchos tipos, con narcotraficantes, con disidencias y con quienes dicen tener convicciones políticas contrarias al Estado de derecho, si bien tenemos un gobierno de izquierda cercano a ellas y el supuesto “acuerdo” de cese al fuego bilateral con cinco grupos delincuenciales, cada uno de ellos con las más disímiles conductas y motivaciones, es un potencial fracaso y va a terminar por ralentizar la anhelada paz; la cual, en esos términos, como concepto es loable, pero como ejecución, es compleja, de difícil financiación, verificación y aplicación, y en forma simultánea todos esos “sabores” juntos, peor, como dijera el propio Roy Barreras, presidente del Senado y miembro notable del partido de gobierno, es un “salpicón” difícil de “tragar”.

Frente al nuevo ministerio de la igualdad, ¿se requiere un nuevo y costoso ministerio para garantizar el cumplimiento de la ley, cuando existe todo un aparato estatal para hacerla cumplir. El derecho de igualdad y equidad es parte de nuestra constitución nacional y debe ser respetado y acatado por todo tipo de organismos, instituciones y personas, como rezan los artículos de la constitución que se mencionan, así:

Artículo 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Todo eso y mucho más forma parte del insondable e inestable gobierno de Gustavo Petro.

¿COGOBERNAR CON EL ELN?

 Comentario 28/11/2022

 

¿COGOBERNAR CON EL ELN?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), es una organización guerrillera insurgente, narcotraficante y terrorista colombiana, de extrema izquierda, que opera en Colombia y Venezuela. Se define como de orientación marxista-leninista y pro-revolución cubana. Desde su conformación en 1964 es un actor del conflicto armado interno en Colombia. El ELN es considerado un grupo terrorista por Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Los gobiernos de algunos países como Nicaragua, Argentina y hasta antes del 2018, el gobierno de Ecuador, no lo consideran ni terrorista ni beligerante. Brasil y Chile no le aplican esta calificación. En 2008 el presidente venezolano Hugo Chávez solicitó a los países de Latinoamérica y de Europa que se le otorgará estatus de grupo beligerante al ELN, beligerancia que no es reconocida pero sí tenida en cuenta por la ONU y el Parlamento Latinoamericano.

Desde el rompimiento de los diálogos de paz con el ELN, producto del atentado contra la escuela de policía General Santander el 17 de enero de 2019, donde murieron 23 cadetes, el gobierno de Iván Duque declaró esta guerrilla como Grupo Armado Organizado (GAO), cuyos integrantes se deben desmovilizar para ser juzgados por delitos políticos y criminales, ya no en la justicia transicional sino en la ordinaria. Sin embargo, el presidente Petro ahora les concede una nueva oportunidad de paz, con condiciones restaurativas favorables, la sexta negociación, si las cuentas no me fallan, pues muchos gobiernos de diferentes “colores” políticos han tratado de llegar a un acuerdo de desmovilización y cese al fuego, para a lograr una paz estable y duradera en el país. Lo que en todos los casos se ha solicitado es la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y la no repetición, con efectiva dejación de las armas. Pero esto nunca se ha logrado con el grupo guerrillero ELN, son huidizos y escurridizos, la razón es que en la negociación no han logrado lo que quieren lograr.

Escuchando a Pablo Beltrán (Israel Ramírez Pineda), uno de los avejentados líderes del ELN, es claro lo que esperan lograr: Cogobernar en el país, sin pasar por las urnas, ni por el Congreso como los de las FARC, así dicen, pero ganas no les faltan. Ellos se sienten la solución para los problemas de desigualdad, desarrollo, bienestar y crecimiento del país, si se remueven las causas que las impiden, según afirman, lo que, inevitablemente, los lleva a señalar a otros como culpables, tales como a las instituciones, el llamado establecimiento, la clase política y las oligarquías, especialmente estas últimas, en su opinión.  

La solución es que ellos estén en el cogobierno del país y puedan implementar las reformas salvadoras, por encima de las demás instituciones y sin consultar la voluntad de 50 millones de ciudadanos, lo que quieren es no pasar por las urnas, después de ver lo mal que le fue a las FARC en las elecciones, hoy partido Comunes, donde sacaron menos de 55.000 votos en todo el país. No hay una descripción sesuda de las reformas que plantea el ELN, simplemente todo se fundamenta en el intervencionismo del Estado, como ser todopoderoso, para dirigir la economía, la sociedad, la propiedad privada, sus instituciones y sus ideales.

No son buenos los antecedentes de esta revolucionaria guerrilla, dadas las condiciones de afectación que han causado en 50 años de existencia, en ciudades y campos, infraestructura energética y de oleoductos, extorsiones y secuestros (llamados retenciones) de ciudadanos y miembros de la fuerza pública, asalto con lanzamiento de explosivos a poblaciones inermes, narcotráfico, lavado de activos y un sin número de atentados por todo el país. Recordar el Club el Nogal en Bogotá, por ejemplo. La pregunta es si es justo con Colombia, sus ciudadanos e instituciones, su constitución y sus tradiciones, concederles nuevas y ventajosas oportunidades de paz a estos desalmados guerrilleros, ¿hasta cuándo y hasta dónde?, ¿por siempre y para siempre la sociedad colombiana estará sometida a sus caprichos y sus delitos?

La experiencia del país con los acuerdos FARC-Santos del 2016, los cuales no han reportado verdad, justicia, reparación y no repetición. Justicia aún no tienen y sólo tendrán penas restaurativas, que no significan cárcel sino trabajo comunitario, con limitación de desplazamiento y quien va a reparar es el Estado (los colombianos asumiremos la indemnización de las víctimas por los delitos cometidos por los guerrilleros), no ellos. En cuanto a la no repetición, existen las llamadas disidencias con Iván Márquez a la cabeza. Los dirigentes de las FARC se han llenado de beneficios y privilegios, sin reparación alguna, para ellos curules y privilegios en el Congreso y una justicia con poca sanción, si se puede llamar justicia. Con el ELN de nuevo tendremos largas y nutridas comisiones negociadoras, países garantes, tribunales especiales, con justicia independiente, y otra parafernalia de organismos y personas buscando la llamada paz total del gobierno de Petro.  Más de lo mismo, en síntesis.

Nadie discute el concepto de la paz, como necesidad, conveniencia y mandato constitucional para todos los ciudadanos, lo que se plantea es que ya no debe haber soluciones favorables para el ELN, o se someten a la justicia, como todos los ciudadanos, o se les debe derrotar militarmente. No puede ser que esta guerrilla, amparada en el territorio y el gobierno venezolano, con el tufillo cubano, merezca nuevos procesos de paz, el sexto, según las cuentas.

En mi opinión el ELN no tiene voluntad de paz, utiliza el nombre de la paz para favorecer los intereses de sus aprovechados dirigentes, para que les den una justicia favorable y se les ofrezcan condiciones de re-vinculación a la sociedad ventajosas y mucha publicidad por todos los medio de comunicación, en los cuales van a ser nuevos profetas de las buenas conductas, de la pacificación del país y la defensa del medio ambiente, este último, su favorito para la destrucción en miles de atentados como el minado de oleoductos, por ejemplo. Ya Petro anunció que en estos procesos se les concederá permanecer con hasta el 10% de su riqueza para favorecer la entrega de sus demás activos, supuestamente para las víctimas. A propósito de estas últimas, las víctimas, siempre se dice que estarán en el centro de los acuerdos, pero nunca, en realidad, son beneficiarios reales de la tal reparación o restitución de los bienes de la guerrilla. Basta ver la triste experiencia de las FARC que al final salieron con que ellos no tenían recursos, que eso no era verdad, y apenas entregaron bienes no significativos y poco valorados. El país debe pensar de nuevo en la conveniencia de más procesos de paz con estos delincuentes reincidentes, quienes dicen abrazar ideales políticos de noble significado social y comunitario, los cuales nunca han aplicado en realidad.

 

Nota: algunas de las memorias históricas de este documento son tomadas de Wikipedia.

EL PETRISMO DE PETRO

 Comentario 21/11/2022

 

EL PETRISMO DE PETRO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Centrado en la redistribución del ingreso y el intervencionismo del Estado como las grandes fórmulas orientadoras de su gestión, acompañadas de una fuerte ideología de izquierda, avanzaron los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro. Acciones concretas, hasta ahora, la reforma tributaria que ha quedado en firme, el proyecto de la Paz Total y el acuerdo de Escazú, lo demás, es mucho “tilín tilín y nada de paletas”. De hecho, su favorabilidad ha caído y ya se ven elementos de desespero e impaciencia entre sus áulicos y seguidores por el logro de más resultados de los prometidos durante la campaña. También hay que reconocerle su habilidad política de rodear su gobierno de una coalición alrededor del pacto histórico, su movimiento político, con los muy aceitados y “enmermelados” partido liberal, conservador y de la U. Vamos por partes:

La reforma tributaria es consecuente con su idea obsesiva de que hay que redistribuir el ingreso y beneficiar a los más pobres con subsidios y beneficios pagados por los más ricos, sean estos, empresas, empresarios u otras personas naturales, nacionales o extranjeras, con actividad económica en el país. En su intención todos estamos de acuerdo con los tributos, pero en su contenido y alcance diferimos sustancialmente. Crear o mantener subsidios es generar dependencia de la población por los mismos y preferencia por sus favorecedores, quienes los emplean con el sentido político de buscar adeptos, lo cual, les impide a estos ciudadanos desarrollar sus competencias, sus capacidades, su labor productiva y buscar su propio progreso, a partir, eso sí, del apoyo del Estado en la formación, el fortalecimiento de sus habilidades y en el desarrollo de sus potencialidades. Volvemos a si es mejor darles peces para comer o enseñarles a pescar. Los subsidios, salvo casos extremos, deberían ser ocasionales y transitorios.

Olvida también el petrismo de Petro, el sabio consejo que le dio la importante economista de origen italiano Mariana Mazzucato en su reciente visita al país, indicándole que para poder redistribuir hay que crecer. Quien además entiende la redistribución del ingreso como generación de oportunidades más que de subsidios.

Inoportuna también la reforma tributaria, impuesta a “pupitrazo limpio”, por su coalición de gobierno, por el momento en el cual va a tener incidencia, a partir del primero de enero de 2023, es decir, cuando se espera inicie en Colombia y en el mundo un período de decrecimiento o recesión económica, durante el cual hay que cuidar con esmero las fuentes de producción, empleo y ocupación para que las personas y sus familias no se vean enfrentadas a singulares dificultades y carencias. La reforma se “chupa” los recursos para favorecer el gasto social del gobierno, pero con ello debilita las finanzas privadas y afecta, por esa vía, la desaceleración de la economía. Podríamos decir que el gasto del gobierno obrará como efecto anticíclico, pero no es así, será más consumo, no más inversión o proyectos de desarrollo.

En síntesis, en vez de crear factores de crecimiento, desarrollo, progreso o mitigación de los impactos de los choque externos e internos, como la devaluación y la alta inflación, la reforma lo que hace es desestimular la actividad empresarial y darle un “mazazo” a ciertos sectores económicos como el sector minero energético por una supuesta contaminación ambiental, donde Colombia genera el 0.4% de la contaminación mundial y dispone de una de las mejores matrices de energía limpia y renovable, a partir de la generación hidráulica, la eólica y la solar de las que dispone y puede continuar desarrollando. Estos sectores difícilmente levantarán cabeza hacia el futuro y, además, están amenazados con la no existencia eventual de nuevos contratos de exploración y explotación.

Los empresarios norteamericanos con actividad productiva en Colombia, especialmente minera y petrolera ya han manifestado su inconformidad con dicha reforma y le han pedido al gobierno del presidente Biden rechazarla por ser violatoria de los tratados de libre comercio suscritos entre Colombia y USA.

Por otra parte, la reforma política es sujeta de amores y odios, con temas tales como sus listas cerradas, su transfuguismo autorizado, la financiación de las campañas sin prohibición del efectivo y su intención del voto obligatorio. Y, la paz total aún en ciernes, pero ya se avisa como otro catálogo de beneficios a favor de los delincuentes y reincidentes, sin contraprestación para el país y sus ciudadanos de bien.

También, el acuerdo de Escazú introduce elementos de información, protección a líderes ambientales, zonas de reserva y consultas populares, con injerencia de organismos extranjeros, cuyo efecto es redundante ante la constitución colombiana, pero crea nuevas instancias de intervención extrajera en la solución de problemas ambientales que dependen exclusivamente de las necesidades, capacidades y posibilidades del propio país. Aquí podremos ver un efecto de parálisis en muchos proyectos de desarrollo e infraestructura futuros en el país.

Varios de los anuncios y promesas en el petrismo de Petro, que más parece en campaña que en gobierno, se están volviendo promesas vacías, por imposibilidad de darles cumplimiento, o por hacerse el de las “gafas” en su ejecución, como las 3.000.000 de hectáreas a repartir, la solución de las invasiones, el combate al narcotráfico, la seguridad ciudadana, la reforma a las fuerzas militares y de policía, entre muchas otras.

Se anuncian las reformas a la salud, la reforma rural, al contrato de trabajo, a las pensiones, y muchas otras en trámites, más burocracia y procedimientos, no precisamente austeridad (nuevos ministerios y carrera consular), etc. Desde ahora, ya crean confrontación y choque de opiniones, por efectos que se consideran inconvenientes, como sería, por ejemplo, la supresión eventual del sistema de aseguramiento de la salud a través de las EPS en el país.

Muchos argumentan que son pocos 100 días de mandato, pero otros pensamos que “desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo y la comida”.