LA PAZ Y LA JEP

Comentario 25/02/2019
LA PAZ Y LA JEP
Por: Carlos Alberto Mejía Cañas
Ingeniero Industrial y Administrativo

Dentro del acuerdo de paz firmado por el gobierno Santos con las FARC uno de sus instrumentos principales de implementación fue la creación, por la vía del “fast track”, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo encargado de juzgar a los miembros de la guerrilla y a los militares participantes en el conflicto armado que cometieron delitos de lesa humanidad, a condición de que revelen la verdad y en contraprestación con la aplicación de penas alternativas reducidas y “restaurativas” así como otros beneficios (no cárcel), con el fin de garantizar supuestamente la justicia, la verdad, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición.

Si bien la JEP ha estado funcionado, a pesar de las dudas fundadas sobre su inclinación ideológica a favor de la guerrilla, y a ella se han sometido un buen número de militares acusados y algunos guerrilleros (no todos), especialmente los cabecillas, ya que se conservan en la lucha armada las llamadas disidencias de las FARC, donde actúan Iván Márquez y el paisa, por ejemplo. Otro ejemplo, el caso Santrich donde la JEP debía validar sobre la ejecución de su delito por narcotráfico después del acuerdo de paz, no lo han querido calificar como tal para su proceso de extradición.

Sin embargo, la JEP requiere de una reglamentación para su funcionamiento, que fue emitida por el Congreso, a quien el correspondía hacerlo y que  ahora es avalada por la Corte Constitucionalidad en su exequibilidad, es decir, en su apego a la constitución. Sin embargo en su trámite la Corte modificó el texto de lo aprobado por el congreso, en favor de consagrar claros  y nuevos beneficios para las FARC, como afirman el Fiscal Martínez Neira y los abogados Jaime Castro y Jaime Lombana, entre otros conocidos penalistas y constitucionalistas.

El texto de estatuto de funcionamiento de la JEP está sometido a la sanción y promulgación del presidente de la República, quien ha dicho que se tomará el tiempo hasta el 11 de marzo que la ley le permite para emitir una opinión, ya no sobre la legalidad que ya lo hizo la Corte, sino sobre la conveniencia o inconveniencia para el país por razones sociales, económicas o políticas, lo cual es su facultad legal. Se afirma en diferentes medios que el presidente tiende rechazarla en todo en parte por inconveniencia, con lo cual regresaría al Congreso para su revisión, reafirmación o modificación y luego, de nuevo a la Corte para su constitucionalidad en lo que fuere modificado por el Congreso para finalmente llegar al Presidente para su sanción y promulgación.

De nuevo el país se ha visto polarizado con las opiniones a favor o en contra de este estatuto como lo aprobó la corte, y de nuevo se habla de los “amigos” y “enemigos” de la paz, siendo los primeros, autonombrados como tales (Yesid Reyes, Juan Carlos Henao y el magistrado ponente en la corte Antonio José Lizarazo, Timochenko y sus cómplices, etc., entre ellos), los que quieren que se sanciona el estatuto por el Presidente como está y los segundos, los autonombrados por los primeros como enemigos de la paz y, además, como guerreristas, que solicitan que se la objete y se la modifique. El Fiscal ha sido el primero en enviar una comunicación al Presidente y a la opinión pública advirtiéndole de las graves inconveniencias que para la propia paz y para el país tendría el Estatuto como hasta ahora la Corte lo ha aprobado.

Y no es para menos, las objeciones del Fiscal y de muchos grupos de opinión pública centran la atención en los siguientes aspectos aprobados por la Corte:

1.    Para los llamados delitos continuados como el secuestro o el homicidio o los de de ejecución permanente como el narcotráfico cometidos por los guerrilleros después del 1° de Diciembre del 2016, para los cuales se les conservarían los beneficio de la JEP, la no extradición y en el caso de los que nos son máximos dirigentes de las FARC, es decir, la “guerillerada”, aún su no juzgamiento. Con esto quedaría libre Santrich y no sería extraditado.

2.    Se plantea que para los delitos que vayan a ser asumidos por la JEP deben suspenderse las investigaciones, inhibiendo la labor de la fiscalía para encontrar nuevas pruebas o nuevos delitos, como por ejemplo lo mencionados, así como la no entrega de armas, recursos económicos o cultivos ilícitos. Quedarían sin investigación los más de 360 casos de guerrilleros que ya están siendo investigados por delitos de extorsión, secuestro, homicidio y narcotráfico.

3.    Se indica que la JEP sólo juzgará a los máximos responsables, sin definir quiénes son, primero, y segundo, dejando de lado los delitos de lesa humanidad o atroces cometidos por los guerrilleros rasos, como sería el caso del Club el Nogal en Bogotá.

4.    Se pretende además que los delitos sexuales contra menores de edad (niños y niñas) cometidos por miembros de las FARC sean también juzgados por la JEP, cuando lo acordado es que son delitos para la justicia ordinaria y que no pueden ser considerados como delitos de guerra.

Como en el caso del acuerdo de paz, donde se otorgaron enormes concesiones, privilegios, beneficios, penas reducidas y alternativas, exoneraciones y garantías a las FARC a cambio de la llamada paz, el Estatuto de la JEP aprobado por la Corte Constitucional  consagra nuevos beneficios e impunidad para los miembros de las FARC. ¡Qué horror!, de nuevo se entrega el país a la causa de la guerrilla y por los acuerdos, negados en el plebiscito pero impuestos por el gobierno Santos y sus aliados en el Congreso a punta de “mermelada”. La guerrilla en realidad no se ha desmovilizado por completo, no ha entregado todos sus bienes y armas, y en muchos casos a seguido delinquiendo o narco traficando. Según información de El Tiempo, del 21 de febrero de 2019, sólo se han logrado recuperar el 1% de los inmuebles entregados por las FARC, muchos de los cuales se encontró que eran lotes baldíos de propiedad del Estado. La Fiscalía ya ha encontrado nuevos bienes de las FARC no declarados por más de 2 billones de pesos.

De nuevo hay que rodear al presidente Duque cuando afirma que le buscará que los acuerdos de paz y el Estatuto de la JEP conduzcan a una genuina paz, justicia, reparación y garantía de no repetición.

LA DIRECCIÓN APROPIADA SIN LA CONTUNDENCIA NECESARIA

Comentario 19/02/2019

 LA DIRECCIÓN APROPIADA SIN LA CONTUNDENCIA NECESARIA

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

El gobierno de Iván Duque se ha caracterizado por dos cosas singulares: no ha estado fundamentado en la polarización política, por un lado, y, por el otro, ha realizado un cambio profundo en las relaciones del gobierno con los demás estamentos del estado, especialmente con la clase política y el congreso. De hecho, aunque la polarización política está presente en el país, entre las llamadas izquierdas y derechas, especialmente frente al modelo de desarrollo económico y social que el país debe construir y en la aplicación del proceso de paz celebrado por el gobierno Santos con las FARC, Iván Duque se ha mostrado como un gobierno conciliador, sin cabida para el revanchismo o los odios políticos contra sus contradictores u opositores. Pero, por su puesto, con la aplicación de los principios filosóficos que defendió durante su campaña electoral, veamos:

La legalidad ha sido uno de sus pilares, según el cual “el que la hace la paga”, para combatir especialmente la corrupción y los diferentes delitos que se enseñorean por el país sin ninguna sanción. La ejecución de un modelo de desarrollo fundamentado en la iniciativa privada (el empresarismo), con la defensa del mercado, sin intervencionismos ni dirigismos estatales, para afianzar el crecimiento y con esto crear nuevas y diversas oportunidades económicas y sociales. De hecho la reciente reforma tributaria disminuyó los impuestos estatales a las empresas privadas y estimuló la inversión en nuevas capacidades productivas, con impulso a las empresas del conocimiento (economía naranja) como alternativa de diversificación productiva. Su último pilar de gobierno se colige de los anteriores y es la mayor equidad, no a partir de los subsidios sino a partir de las nuevas oportunidades y el mayor crecimiento de la economía.

En las relaciones internacionales se ha caracterizado por una fuerte defensa de las libertades democráticas y la independencia de las ramas del poder público, en oposición, en particular al llamado socialismo del siglo XXI, al estilo Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Cuba, fomentando relaciones con los países de Latinoamérica y con el resto del mundo, especialmente con los Estados Unidos. No le ha temblado la mano para censurar lo que sucede en Venezuela y apoyar a los venezolanos en éxodo, con los limitados recursos que posee el país, dándoles amparo y un trato respetuoso y digno.

Al interior del país ha tenido problemas de gobernabilidad con el Congreso o las Cortes a partir del hecho de no sujetar sus iniciativas de gobierno al reparto de cargos públicos o favorecimientos en los presupuestos de gastos o inversiones del Estado, la llamada mermelada, de allí que iniciativas como la reforma política, la de la justicia o el combate al narcotráfico hayan tenido tropiezos y dificultades. Aún las leyes anticorrupción que fueron avaladas a través de la consulta popular, con cerca de 11 millones de votos, no han encontrado el camino para convertirse en realidad. También cabe anotar la inexperiencia política de sus ministros como un factor incidente.

En el orden público ha hecho notorios esfuerzos por perseguir a las disidencias de las FARC con resultados significativos, como la muerte de Guacho o de Cadete, por ejemplo, pero aún sin la contundencia necesaria. Grupos como el ELN han sido un dolor de cabeza para el país con sus atentados a la infraestructura (oleoductos, especialmente) y recientemente con el vil atentado a LA ESCUELA DE POLICÍA, un acto del más canalla terrorismo explicado como una acción de guerra. Su reacción no se hizo esperar, el Gobierno suspendió cualquier avance en los proceso de paz con esa guerrilla y solicitó su captura a nivel internacional (circular roja), lamentablemente sus cabecillas siguen disfrutando del amparo de Cuba.

En materia económica es evidente el mejoramiento en el ritmo de actividad del país, con un crecimiento del PIB esperado para el 2019 de cerca del 3.3%, una inflación contenida y un nivel de inversión creciente, que paulatinamente arrojará sus frutos.

Sus problemas mayores están en el control de déficit fiscal heredado del anterior gobierno quien se gastó una bonanza petrolera y duplicó el endeudamiento externo del Estado. Si bien la ley de financiamiento favoreció a la empresa privada, después de ocasionar mucho ruido en la opinión pública por la eventual extensión de IVA a más productos de la canasta familiar, debe compensar con un plan de austeridad y reducción del gasto público, así como de formalización de la economía para ampliar la base tributaria, todo lo cual forma parte de su plan de gobierno. Por supuesto, el mayor crecimiento de la economía y el combate a la corrupción y la evasión ayudarán en mucho al saneamiento de las finanzas públicas.

Quedan por resolver los compromiso derivados del acuerdo de paz de Santos-FARC, que significan una problemática de gestión pública altamente compleja y no del todo conveniente para el país, lo cual conduce a un gasto público desbordado, se estima que de este acuerdo se desprenderán gastos por más de 128 billones de pesos en los próximos quince años, los cuales no están en el presupuesto nacional. Este proceso se decía centrado en las víctimas, pero éstas no parecen ser el foco de atención, sí los miembros de las FARC. Parte de estos gastos incluyen los de la JEP (jurisdicción especial para la paz y la justicia transaccional), compromiso que apenas comienza y ya causa traumatismos por su costo, complejidad y principio de aplicación que conduce en unos casos a la impunidad y en otros a penas cortas y sanciones alternativas diferentes de la prisión para los culpables de los delitos más atroces sean guerrilleros o militares. ¿De dónde saldrá ese dinero?, nadie lo sabe todavía.

No en vano el gobierno de Iván Duque está mejorando sus índices de favorabilidad, desde un modesto 28% con el cual inició hasta un 55% que es su registro más reciente. Es claro afirmar que su gobierno va en la dirección correcta pero que aún le falta mayor contundencia en su decisión y acción. Algunos han querido ver en él a un símil del Presidente Uribe, pero es otro momento y otro el estilo, que hay que apreciar y respetar, si bien su pensamiento es coincidente.

EL TERCIOPELO DE LA CORTE CON LAS FARC

Comentario 21/08/2018 

 Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

 Ingeniero Industrial y Administrativo

Los ciudadanos que hemos hecho el seguimiento de lo aprobado en el acuerdo de paz de Santos-FARC vimos con asombro, cómo, en aras de la llamada paz y reconciliación, fueron tales la concesiones realizadas a favor de la guerrilla desmovilizada que desde el punto de vista civil, económico y político, el acuerdo de paz compromete seriamente al país en su integridad, su institucionalidad y su presupuesto, al concederle a la guerrilla privilegios económicos, jurídicos como la JEP, legales (amnistías e indultos), narcotráfico como delito político, curules sin el pago previo de las penas, emisoras, territorios y presupuestos para subsidiar toda su acción política.

De nuevo debemos repetir que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no se han visto en realidad hasta ahora y la cacareada afirmación que “las víctimas son el centro del acuerdo”, tampoco. Además, continúan las 209.000 hectáreas de cultivos ilícitos, no hay rutas ni contactos revelados, el lavado y la legalización de sus activos está vigente, gozan de sus enormes fortunas burlando a la comunidad con una entrega de bienes irrisoria. Hay grupos disidentes actuando por todo el país y su participación activa en las redes de narcotráfico y microtráfico son evidentes, baste mencionar el caso Santrich, vinculado al delito de narcotráfico.

Como hemos sostenido en otros comentarios, el problema no es la paz, todos los ciudadanos la aprobamos, el rechazo es por el contenido de los acuerdos y por la forma como se negociaron. A la guerrilla se le concedió estatus político con plenos derechos sin que mediara primero la necesaria sumisión a la justicia por sus delitos de lesa humanidad, cosa que es increíble.

La JEP, por su parte, desde su constitución y conformación, ha sido una fuente de suspicacias por su sesgo político a favor de los miembros de las FARC, tanto por la comisión internacional que nombró sus magistrados, como por ellos mismos, ya que tienen un marcado y radical pensamiento socialista/comunista, al punto que todas sus actuaciones han estado rodeadas de la clara intención de minimizar la gravedad de los delitos de lesa humanidad cometidos por los miembros de esa organización, hoy convertida en un minúsculo partido político, pero con un poder inmenso según lo acordado con el gobierno Santos.

Han creado el concepto de penas alternativas, de carácter restaurativo, para minimizar el tipo de las sanciones que van a aplicar, no privativas de la libertad en cárceles como todos los delincuentes, al parecer sus delitos de asesinato, reclutamiento forzado, secuestro, extorsión, ataque a poblaciones, destrucción de la infraestructura, terrorismo, cultivos ilícitos, tráfico de armas y drogas, lavado de activos, etc., parecen ser simples contravenciones por estar en la JEP, frente a la justicia ordinaria que las sanciona con verdaderas penas de prisión y largas condenas.

La señora Patricia Linares, Presidente de la JEP, afirma que “los delitos que pasen por la JEP, serán sancionados”, pero con penas simbólicas y no ejemplares, como corresponde y además, sin consultar la naturaleza del delito sino las acciones de verdad, justicia, reparación y no repetición. Si esto último se da, pareciera que el delito no hubiera sido cometido.

Pero no han estado solos los miembros de las FARC y del gobierno Santos para configurar este escenario de impunidad, falta de sanción real y goce de privilegios con detrimento de la verdadera noción de paz y reconciliación. Han contado siempre con el favorable concurso de la Corte Constitucional, quien a través de sus magistrados y de sus salas han mostrado su sospechosa inclinación a juzgar como constitucional todo lo acordado, aunque pase por encima de normas de carácter internacional y nacional que forman parte de nuestra vida jurídica.

Pero, nos faltaba ver la última “perla”, con la posición favorable del Presidente de la Corte, magistrado Alejandro Linares y del ponente, magistrado Antonio José Lizarazo, la Corte Constitucional acaba de aprobar la reglamentación de la JEP (acto legislativo 001 de 2017 que creó la JEP) y de decidir, según comunicado de prensa, ya que el fallo no se conoce aún, que:

• Los delitos sexuales (en niños y niñas) de los miembros de las FARC, si bien no son amnistiables, quedan bajo la jurisdicción de la JEP con penas restaurativas y no con sanciones ejemplares como en la justicia ordinaria. ¡Qué horror, otro premio para las FARC! El Congreso en pleno había determinado que estos delitos no constituyen delitos de guerra y por lo tanto deben tener sanciones ordinarias y ejemplares. Mientras el presidente Iván Duque quiere implementar en el país la cadena perpetua para la violación y el asesinato de niños, ésta es la forma en que la Corte actúa, absurdo, ¿no les parece?, todo por favorecer a los miembros de las FARC.

• En el caso de la extradición de los miembros de las FARC por narcotráfico, les da otra gabela otorgando la facultad a la JEP de practicar y decretar pruebas para verificar que el delito fue posterior a la firma del acuerdo. Por esta vía Santrich no será extraditado y será próximamente miembro del Congreso, dado que nunca  encontrará la JEP adecuadas o suficientes las pruebas contra él por narcotráfico, aunque sean evidentes. Lo mismo sucederá con otros miembros del secretariado, como Iván Márquez, y sus “colegas”.

• Las inhabilidades que el Congreso de la Republica había decretado para los magistrados de la JEP, la Corte las tumbó, otro gol a favor de las FARC.

• Como estas, varias perlas más que sería largo enumerar, porque se trata de una ponencia de 822 páginas.

Lo cierto, como está visto, es que hay un verdadero Terciopelo de la Corte Constitucional con las FARC y en contra de otros órganos de poder. Tal como afirma el Constitucionalista Juan Manuel Charry, al referirse a la situación en que queda el Congreso frente a los acuerdos de paz de Santos, a las FARC y a la Corte Constitucional.

“Yo diría que el Congreso mantiene su autonomía e independencia, pero sometido a las normas Constitucionales y a lo que dice el Acto legislativo”.

Me pregunto, ¿qué autonomía es esa?, el Congreso y el Ejecutivo quedan claramente sometidos, no pueden en la práctica modificar los acuerdos o la reglamentación de la JEP. Nos quedamos con el Terciopelo jurídico de la Corte para las FARC.

LA COMPETITIVIDAD Y EL CRECIMIENTO

Comentario 26/11/2018

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

Existe una afirmación contundente, evidenciada en los países que lo han logrado, en la medida en que seamos más competitivos, más crecimiento y desarrollo económico y social tendremos, de tal manera que estas son dos caras de la misma moneda, por un lado, la competitividad y por el otro el crecimiento, viajan juntas y están mutuamente relacionadas.

Examinemos la cara de la competitividad, donde Colombia, en los últimos años ha tenido una actuación insuficiente, como lo demuestran las siguientes calificaciones hechas por organismos externos independientes; así:

• Según el Foro Económico Mundial en su medición para el 2018, ocupamos el puesto 60 de 137 países medidos (un año antes éramos el 57), posición apenas regular, donde se destacan como hechos notoriamente negativos, del lado del Estado, la debilidad de las instituciones del Gobierno, especialmente por su falta de transparencia, su pobre eficiencia y la gran corrupción, y del lado del sector privado el retraso en la adopción de tecnologías y la débil capacidad de innovación. El factor más desfavorable calificado en esta evaluación es el bajo desempeño del Estado y la carencia de una infraestructura moderna, es claro el retraso en las vías 4G, por ejemplo.

• Por otro lado, la Heritage Foundation, organismo de investigación internacional independiente, revela en el índice de libertad económica (economía de libre mercado) publicado para el 2018 que ocupamos el puesto 105 entre 162 economías evaluadas. Es claro entender que el disponer de mercados libres, sin intervencionismos ni regulación excesiva del Estado, favorece la labor de los empresarios privados y su desempeño competitivo. En Colombia se nos señalan como inconvenientes para esta mayor libertad económica empresarial la carga impositiva, los trámites y las regulaciones innecesarias originadas en la ineficiencia del Estado.

• En un tercer factor de evaluación sobre los niveles de competitividad de la economía Colombiana, el índice del Doing Business del Banco Mundial, es decir, la facilidad para hacer negocios en el país, quedamos con una posición 65 de 188 países evaluados, donde la variable inseguridad jurídica de los contratos, es el factor más desfavorable en Colombia, hecho muy delicado para el empresario privado, como se ha visto, por ejemplo y para citar sólo uno, en los últimos años con las consultas previas y la explotación minera en las regiones o las obras de infraestructura, especialmente, tema en el cual se han reversado concesiones bien diseñadas y con normas ambientales cumplidas, anulando, como resultado, las potenciales inversiones Se han creado contradicciones como la que ha surgido en el campo minero: para bien del país y de toda la comunidad, el subsuelo y su riqueza son del Estado, sin embargo las comunidades cercanas a una explotación pueden vetarla. Esto se ha convertido en motivo de chantaje por algunas de las comunidades para las compañías.

• En una medición reciente hecha por la Corporación Andina de Fomento CAF sobre la productividad de las economías Latinoamericanas, con relación a la EE. UU., tomando éste país el valor de 100%, Colombia obtiene un valor del 19% con relación a USA, con un promedio para Latinoamérica de sólo el 26%. De nuevo una nota muy débil para el país, lo cual nos aleja más de la competitividad deseada para afianzar el desarrollo y el crecimiento del país.

No es casual, pero en todas las valoraciones hechas sobre la competitividad de Colombia salta a relucir como factor negativo determinante del pobre desempeño del país, el Estado por su ineficiencia, por la corrupción, por la falta de transparencia, la burocracia, el déficit fiscal y el bajo desarrollo de los servicios que le corresponde prestar al Estado a la comunidad, tales como educación, salud, infraestructura, etc., o la débil acción frente al narcotráfico y al asociado lavado de activos.

Por el lado del crecimiento económico de Colombia, de hecho, en los últimos años, ha sido muy débil y decreciente, como se muestra en la siguiente tabla.

En Colombia, se estima que su potencial de crecimiento del PIB anual es superior al 4%, con lo cual, los años más recientes reflejan un pobre desempeño y la expectativa para el 2018 y 2019, si bien es creciente y nos aleja del pobrísimo 1,8% correspondiente al 2017, aún es muy lejano de potencial esperado.

La causa de todo esto es la baja competitividad que nos caracteriza, por los factores descritos, especialmente y jugando un papel decisivo en ese mal desempeño la actuación ineficiente, improductiva y excesivamente costosa de Estado y todos sus organismos. ¿No será que se puede enderezar este lamentable panorama con un buen gobierno y una clase política comprometida con el país y no sólo con sus intereses particulares?

¿REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA O DEL CRECIMIENTO?

Comentario 03/09/2018

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

Dos grandes enfoques sobre los países han estado en boga en los modelos de desarrollo social y económico que han tenido éxito más o menos destacado en los últimos años: redistribución de la riqueza o redistribución del crecimiento[1]. En una forma sucinta veamos que significan cada uno de ellos en sus características y cualidades.

Para buscar disminuir las desigualdades, sin salirse de una economía de corte capitalista, el mayor exponente del modelo de distribución de la riqueza son los países de la comunidad europea de naciones, cuyo enfoque obedece a los llamados Estados de Bienestar, según los cuales, los Estados tienen que velar por el bienestar de las personas, en su salud, educación, protección para la vejez y bienestar social (deporte, recreación y cultura), independientemente del crecimiento económico de sus respectivas economías. Como resultado, la economía europea lleva muchos años de un bajo y lánguido crecimiento económico (PIB), si bien ha disminuido en forma notoria la desigualdad.

Por el otro lado, hay países que, sin perder de vista la diminución de las desigualdades, le ha apuntado al crecimiento económico, para generar más oportunidades, tales que permitan que todos los individuos puedan acceder a niveles de calidad de vida superiores y, por supuesto, al cubrimiento de sus necesidades básicas en salud, educación, vejez y bienestar social. Nos referimos a los países del sudeste asiático donde existen altísimos niveles de PIB per cápita (Taiwán, Singapur, Malasia, Corea del Sur, etc.). Todos estos países les apuntaron a modelos basados en el crecimiento y la economía abierta.

Un caso un poco diferente, pero basado también en el crecimiento es el de China, quien, conservando un fuerte control político en su gobierno, logró salir de grandes niveles de pobreza apuntándole al crecimiento económico, con lo cual ha logrado crear una amplia clase media, si bien persisten niveles de desigualdad entre sus ciudadanos. Su preocupación no fue salir de la pobreza distribuyendo la riqueza existente, sino crear más riqueza a partir del crecimiento para, efectivamente, disminuir la desigualdad y la pobreza. De hecho, este inmenso país hoy posee grandes empresarios, los cuales están invirtiendo por todo el mundo para diversificar su economía y capturar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

En Colombia tenemos la tendencia a pensar en el Estado benefactor, donde se espera que el presupuesto público les resuelva a las personas sus necesidades básicas, mediante un pensamiento centrado en la distribución del ingreso y la riqueza. De hecho, esta manera de pensar invade también al sector privado quien espera que sea el Estado quien le genere oportunidades de desarrollo y le soluciones los problemas cuando algún sector económico no va bien, tiene dificultades o está en fase declinante de su negocio. Por supuesto, los partidos políticos y los corruptos son favorecedores de un Estado fuerte e interventor.

Como resultado en Colombia tenemos una economía endeble, con bajo crecimiento económico, un PIB per cápita aún muy bajo y un nivel de desarrollo insuficiente. De hecho, el Estado ha acumulado grandes déficits y elevado endeudamiento y sectores como los de salud, pensiones, infraestructura, servicios comunitarios, etc. son deficitarios o insuficientes para las necesidades del país.

Colombia está estrenando nuevo gobierno, el cual tiene la oportunidad de cambiar paulatinamente las cosas, para empoderar al sector privado y sus ciudadanos y disminuir la injerencia del Estado, concentrando sus esfuerzos en crear condiciones que favorezcan el desarrollo y el crecimiento de las empresas y los empresarios formales o informales y, por esta vía, a toda la comunidad.

De hecho, el plan de gobierno del Presidente Duque, contempla el empresarismo, como uno de sus pilares, y la diminución de impuestos, cargas y trabas al sector empresarial privado, apoyándolo en desarrollar a profundidad los mercados nacionales e internacionales donde participamos.

Sin embargo, de todos los sectores y grupos económicos y sociales se sigue esperando que sea el Estado quien les soluciones sus problemas. Esto no debe ser así y requiere, por supuesto, un cambio de mentalidad y de conducta frente al Estado y frente al desarrollo de los negocios. Es el empresario quien tiene que hace empresa y es el estado quien tiene que crear condiciones favorables para hacer empresas exitosas, sin un intervencionismo ni dirigismo de la economía. No es fácil cambiar este “chip”, pero los ejemplos que hemos dado de los países asiáticos demuestran que si es posible. Hay que crear cultura, mentalidad y tener un poco de sacrificio mientras el camino se “endereza”.

El Estado Colombiano y sus ciudadanos no pueden seguir con una visión paternalista y proteccionista de la misión del Estado frente a la economía y a los problemas sociales. El Estado debe concentrase en crear condiciones adecuadas para que la economía crezca muy bien y por esta vía generar oportunidades para todos. Acabar la desigualdad y la pobreza completamente no será posible nunca, pero, con seguridad, habrá menos pobres y menor pobreza, más clase media y más oportunidades, con gente más preparada para capturarlas. Necesitamos más empresarios y más empresas, que hagan empresa sin esperar que el Estado la haga por ellos.

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[1] Nos referimos a modelos de economía abierta, de tipo capitalista, con preminencia del sector privado, antes que del Estado, salvo en el caso de China que ha sido capaz de mantener un fuerte Estado y gobierno centralizado, pero el cual no le ha “robado” la actuación al sector privado nacional o internacional en su desarrollo económico.

LOS SUBSIDIOS DEL ESTADO

Comentario 19/11/2018

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

El buen funcionamiento del Estado, en todas sus ramas de poder y sus organismos de supervisión, investigación y control, es una premisa básica, esencial e irremplazable, para el buen desempeño de toda la sociedad en sus distintas actividades. No es posible concebir la existencia de un Estado ineficiente, incompetente, corrupto y derrochón, sin que el resto de la sociedad no sienta el impacto de semejante desgobierno y falta de probidad. Por el contrario, el bienestar colectivo se acrecienta cuando el Estado está conformado por entidades y personas competentes, serviciales y eficientes, sin burocracias ni excesos y con vocación de comunidad, no de intrigas politiqueras o de intereses particulares.

La interacción con el Estado como un todo o con alguna de sus ramas, el ejecutivo, el legislativo o el judicial, es una necesidad para todas las personas naturales o jurídicas en desarrollo de las más diversas realizaciones. Por esta razón, la relación entre los privados y el sector oficial debe estar rodeada de condiciones de legalidad y cumplimiento,  para ambas partes, tales que permitan que las decisiones y las acciones fluyan y se desarrollen con normalidad, trasparencia y eficacia.

Desafortunadamente, la debilidad del Estado en su cumplimiento y su buen funcionamiento choca con dos tendencias muy marcadas: la corrupción o los subsidios. Por el lado de la corrupción, la connivencia entre funcionarios públicos y personas e instituciones del sector privado para aprovecharse de los recursos públicos es pan de cada día, y una fuente de desangres millonarios para las finanzas del Estado, los cuales son parte muy sustancial de los déficit fiscales, a los que estamos acostumbrados, además al ver las onerosas reformas tributarias que son frecuentes y repetitivas en Colombia.

La corrupción se manifiesta por muy diferentes medios y a través muchas maneras, tales como los contratos a “dedo”, las licitaciones amañadas, los robos directos o el uso de las capacidades y los servicios del Estado para beneficio privado y particular a través de puestos públicos, remuneraciones fuera de toda órbita, sobre costos, cargos no justificados, leyes o disposiciones amañadas o prebendas de todo tipo. Inclusive torciendo el marco legal que deberían tener ciertas regulaciones y trámites para favorecer un interés privado.

Desafortunadamente, también, se han vuelto parte del desangre de las finanzas del Estado los subsidios, pues todos los sectores económicos o los ciudadanos individuales estamos acostumbrados a ver al Estado como un pródigo generador de subsidios, tales que beneficien un interés particular. Prácticamente todo el que tiene alguna dificultad recurrente o fortuita en su actividad quiere solucionarla con subsidios del Estado.

Es cierto sí que una de las misiones del Estado es ser generador de equidad para brindar apoyo eficiente a la superación de problemas ocasionales o permanentes de prioridad nacional o de carácter social, como en el caso de la educación, la salud, la recreación, la cultura, el medio ambiente, la seguridad, las pensiones, las poblaciones vulnerables, la vivienda de interés social, las zonas afectadas por problemas de conflicto armado o por catástrofes de la naturaleza, etc. En algunos casos se justifican y requieren también subsidios sectoriales transitorios para desarrollo de sectores prioritarios como la producción de alimentos, la infraestructura o las comunicaciones, por ejemplo, y así sucesivamente, todo dentro del marco de lo comunitario o lo social, pero no del beneficio particular o individual.

Sin embargo, se ha vuelto costumbre que en todo tipo de actividad económica privada se perciba al Estado como la “tabla de salvación” ante cualquier dificultad, y como consecuencia se desvían los recursos de la comunidad para favorecer intereses individuales o sectoriales que sólo atienden a la conveniencia de grupos de personas o empresas particulares, quienes, una vez obtienen el subsidio, jamás compartirán con la comunidad el beneficio, lo cual no es un fórmula de equidad y justicia con el resto de la comunidad. Más grave aún, cuando el subsidio del Estado se vuelve de carácter permanente, creando condiciones de privilegio y protección que se enmarcan en lo no ético o lo ilegal.

Muchos son los tramitadores (lobbistas) que existen en Colombia, es decir, el conjunto de individuos que busca influir en un ámbito o en una entidad Estatal para obtener algún beneficio propio. A partir de intereses en común, estos sujetos actúan como un colectivo para el desarrollo de acciones que redunden en ventajas para sí mismos o sus representados, en el cumplimiento de sus objetivos particulares.

No cabe duda que a través de los subsidios del Estado, que no corresponden a intereses prioritarios de la comunidad o son de carácter social, hay otra velada y eficaz forma de corrupción.

ÉRAMOS COMUNISTAS, YA NO

Comentario 10/09/2018

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

Nota: algunos de los hechos descritos a continuación han sido tomados de noticias de prensa.

La nueva Constitución cubana eliminó el término comunismo, ésta incorporó las reformas económicas preparadas por de Raúl Castro en la última década en favor de un “socialismo sostenible”, con algún grado de propiedad privada y reformas sociales, algunas muy liberales como el matrimonio homosexual, impensable hasta ahora en la cultura cubana. El propósito fue el de modificar la Constitución de 1976, para adaptar el nuevo texto constitucional a la realidad económica, política y social de Cuba y de la comunidad internacional, como lo explicó el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta.

En el ámbito económico, la nueva propuesta constitucional refleja este propósito al mencionar sólo la palabra "socialismo" como política de Estado, en contraste con el texto vigente que, en su artículo 5, consignaba el "avance hacia una sociedad comunista".

Además, el artículo 21 de la nueva Constitución reconoce "otras formas de propiedad como la cooperativa, la propiedad mixta y la propiedad privada", lo que también supone un importante cambio respecto al documento de 1976, en el cual sólo se reconocía la propiedad estatal y la cooperativa agropecuaria.

Asimismo, la nueva constitución admite la inversión extranjera como "una necesidad y un elemento importante del desarrollo", en un intento por atraer divisas para paliar la endémica crisis económica que atraviesa el país y que se ve agravada por la inestabilidad política y la quiebra económica de Venezuela, quien hasta ahora actuaba como su principal socio y patrocinador.

Pero, ¿de dónde surgen estos cambios?

De su propia realidad de atraso económico y de la falta de desarrollo y progreso. Si bien Cuba avanzó en proporcionar niveles de educación y de cobertura en salud apropiados a su población, desde los años sesenta, con la dictadura de los Castro, se convirtió en un país carente de oportunidades, donde se perdió la iniciativa privada, por dedicarse a crear un país comunista y a exportar su revolución a Latinoamérica.

Además, baste mirar también la realidad del gran patrocinador de sus últimos veinte años, Venezuela, quien siguió un camino semejante, bajo la tutela del propio Cuba y de sus asesores políticos y económicos radicados en Venezuela, a cambio de petróleo y divisas para poder mantenerse.

Pero la realidad es tozuda, recientemente, el propio Nicolás Maduro aceptó el fracaso de la revolución Chavista cuando afirmó:

“Los modelos productivos que hemos intentado hasta ahora han fracasado, y la responsabilidad es mía, es nuestra. No podemos echarle la culpa a la Santísima Trinidad. Basta ya de lloriqueos frente al imperialismo, nos toca a nosotros producir, con bloqueo o sin bloqueo”, refiriéndose a un potencial bloqueo de los EE UU. Todo esto lo afirmó el mandatario en el pleno del IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), donde salieron a relucir no pocas fisuras y descontento sobre lo que ha sido la gestión del mandatario desde su primer gobierno, asumido en el 2013.

Dos ubicaciones geográficas con potencialidades económicas distintas, Cuba y Venezuela, pero una sola realidad: el fracaso de las revoluciones comunistas. No basta decir que “éramos comunistas y ya no”, como afirmaban los voceros cubanos, hay que transformar realmente la condición estructural del país, llegando a condiciones de libertad económica y política para todos los individuos y aceptar la iniciativa privada nacional o extranjera, con pleno derecho y respeto por la propiedad privada, las leyes y las creencias políticas individuales, contando con diferentes partidos e instituciones, no solo con un parlamento unipartidista.

Comunismo y socialismo, en la práctica, son dos caras de la misma moneda, los cuales, en el lenguaje corriente, se usan como sinónimos, veamos:

De cierta forma, se puede decir que el comunismo es una forma extrema del socialismo. Varios países cuentan con partidos políticos socialistas dominantes, pero sólo pocos son comunistas. De hecho, la mayoría de los países, incluso aquellos que son fervientes practicantes del capitalismo, como EEUU y el Reino Unido, tienen programas gubernamentales basados en principios del socialismo.

Muchas veces los conceptos del socialismo y del comunismo son usados indistintamente, pero ambas filosofías tienen diferencias importantes. Quizás la más notable es que mientras que al comunismo se le considera un sistema político de estado y de gobierno, el socialismo es más bien un sistema económico y de pensamiento que puede coexistir en cierto grado con una gran variedad de sistemas políticos.

El socialismo se considera habitualmente como un sistema económico que tiene por objeto lograr un grado de igualdad (equidad) entre todos los miembros de una misma sociedad. El comunismo, por el contrario, es un sistema político que busca el poder del pueblo a través de una sociedad sin clases sociales y un estado sin religión. El comunismo se considera como una forma más radical del socialismo. Dentro del socialismo, la gente decide a través de qué medios debe funcionar la economía, en cambio el comunismo controla la economía a través de un solo partido autoritario.

Cuba y Venezuela y otros gobiernos que se asemejan, como Nicaragua, demuestran el fracaso de la ausencia de libertades en la economía y la política.