Comentario 25/06/2019
CORRUPCIÓN Y REFERENDO
Por: Carlos Alberto
Mejía Cañas
Ingeniero Industrial y
Administrativo
Http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com
La corrupción es un mal que está presente y carcome las
bases mismas de la institucionalidad del país (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial), las finanzas públicas, las filosofías políticas de los partidos, la
conducta de los órganos de investigación y control (Contralorías, Procuradurías
y Fiscalías), los organismos de defensa y control como la Policía y el
Ejército, como también a muchos organismos privados comprometidos con la acción
social como ONGs, Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones, quienes
nominalmente actúan en función de la comunidad pero, en la práctica, defienden
intereses privados y, finalmente, a los propios funcionarios públicos o
privados que cohonestan con este delito, e inclusive viven de él.
Desafortunadamente, por donde uno mire, hay corrupción o
connivencia con la misma, porque se ha vuelto parte de la cultura política,
económica y social, al punto de llegar a ser calificada en algunos sectores
como una acción intrépida y notable el tener éxito con la corrupción. Es decir,
ser permisivos con ella, como si fuera parte natural del “paisaje” o de la vida
del país. La corrupción, la cual se ha incrustado e incubado tanto al interior
de diferentes órganos del Estado y de algunas entidades del sector privado, o
en algunos de los partidos políticos que dicen representar el interés
ciudadano, que parecería “necesario” convivir con ella para poder funcionar
bien.
Cuando hablamos de corrupción no nos referimos sólo al
hecho de robar el dinero del Estado por cualquier medio, tanto a nivel nacional
como el departamental y el municipal, también incluimos en este concepto
conductas tales como: votar una ley en el congreso para favorecer intereses particulares,
facilitar decisiones administrativas para apoyar asuntos privados en contra del
interés público, o el caso contrario “engavetar los temas” para perjudicar una
interés determinado, hacer triquiñuelas en los procesos electorales, y, lo más
frecuente en entes con facultades judiciales, aplazar las decisiones, no
divulgar los fallos, amañar las jurisprudencias, etc. Se deben incluir también
el cobro de coimas por los trámites, el pago de “favores” políticos con cargos
o decisiones apropiadas en contraprestación a lo logrado, etc. Hay mil
etcéteras, porque hay miles de formas de ser corrupto. No en vano el Presidente
Duque ha fundamentado su gobierno en una relación diferentes con los demás
organismos del Estado no basada en la “mermelada” (cargos, presupuestos o
proyectos favorables).
Recientemente se experimenta también que los fallos de las
Cortes atienden más a un interés particular que al beneficio general, son menos
jurídicos y más acomodaticios, veamos:
- ·
La prohibición y el condicionamiento del uso de glifosato
para combatir los cultivos ilícitos y su daño al medio ambiente y a la salud, debido
al narcotráfico, el lavado de activos y el contrabando que se derivan de él,
sin prohibirlos para los demás cultivos, donde se usa en forma abundante sin
detrimento de la salud de los cultivadores o de los consumidores.
- ·
Las decisiones favorables a la
causa de Santrich, contra la evidencia contundente de su narcotráfico después
de la firma del acuerdo. El país no sale del asombro de ver a Santrich sentado
en el congreso dando cátedra de moral y buena conducta.
- ·
El derecho al libre desarrollo
de la personalidad interpretado como la facultad para usar alucinógenos o
bebidas alcohólicas en los parques públicos, que son, por definición, sitios amables
para el esparcimiento de las familias y especialmente de los niños. Es un
contrasentido querer combatir el narcotráfico, pero limitar el uso del
glifosato y, simultáneamente, permitir el consumo de alucinógenos en forma
pública.
- ·
Todas las violaciones a la
Constitución Nacional que se dieron en desarrollo del proceso de paz para
permitir su aprobación y volverlo parte de la propia Constitución: al declarar el
narcotráfico de las FARC como delito político, emplear el fast track para la
aprobación de las leyes, la amnistía para delitos de lesa humanidad (violación,
secuestro, retención), las penas alternativas a través de la JEP, las cuales
aún no se sabe que son.
- ·
Se caen las objeciones del
Presidente Duque para reformar el Estatuto de la JEP, las cuales fueron negadas
por el Congreso, porque supuestamente la Corte ya había decidido, sin mediar el
estudio sobre su conveniencia,
- ·
Interpretaciones acomodaticias
de las leyes y la Constitución para favorecer un interés particular, como en el
caso de Andrés Felipe Arias al cual se le niega la doble instancia que es un
derecho universal.
- ·
Aprobar como constitucional el
acuerdo de paz y los trámites que se condujeron por fuera de la ley y la
Constitución para su aprobación en todas las instancias: con cambio del umbral en
el plebiscito donde ganó el NO y se volvió SÍ, no sanciones por delitos
sexuales y secuestro al considerarlos como delitos políticos amnistiables para
los guerrilleros, pero sancionables para los demás ciudadanos.
- ·
Por la acción del Congreso o
de las Cortes no ha sido posible que se hagan la Reforma Política (listas
cerradas), la Reforma Jurídica (estructura de la Justicia), las leyes
anticorrupción no pasan siendo un mandato ciudadano con casi 12 millones de
votos favorables, se acaba de caer la pena efectiva de cárcel sin beneficios
para los empleados públicos corruptos, etc.
Como consecuencia
de este tipo de hechos es necesario replantear los organismos de la Justicia,
con precisos límites a sus competencias. La corte Constitucional se ha erigido
como el poder supremo del país, atribuyéndose todo tipo de interpretaciones de
conveniencia y no ajustadas a las propias leyes o a sus previas decisiones.
Parecería
ser que tiene razón el periodista Herbín Hoyos al invitar al país a un
referendo que permita modificar la estos organismos por la vía de los votos, ya
que, de otro modo, ellos, por sí mismos, no se reformarán.
