LA VISIÓN DE LARGO PLAZO

Comentario 29/07/2019

LA VISIÓN DE LARGO PLAZO

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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Muchos de los problemas que Colombia tiene que resolver son temas que requieren tener una visión de largo plazo. Aspectos tales como la problemática de la salud, de las pensiones, de la tenencia de tierras, la pobreza, la carencia de infraestructura para mejorar la competitividad del país, la educación de calidad, los problemas de la diversificación de exportaciones, la explotación de las reservas petroleras, los cultivos ilícitos y el narcotráfico, con todas sus consecuencias, la implementación del proceso de paz, etc. Para mencionar los más fundamentales, sin agotar, por supuesto, el inventario de temas complejos y de solución no inmediata.

La riqueza del pensamiento milenario del pueblo chino acuñó un proverbio que vine muy bien a esta reflexión: “hasta el camino más largo comienza con el primer paso”. Y otro gran pensador sobre los temas de estrategia, el profesor Peter Senge, afirmaba que la visión de largo plazo no es solamente una idea, es una fuerza de impresionante poder y pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una visión compartida.

Hay dos claves muy importantes en esos pensamientos: comenzar el camino y tener una visión compartida. Eso es precisamente lo que le debería suceder a Colombia, el tener una visión compartida de largo plazo que permita enfocar los esfuerzos en la dirección correcta, para iniciar el camino, aunque los resultados sólo se vean en el largo plazo. Muchos de los problemas que hemos mencionado antes son de alta complejidad, añejos en su existencia y son la acumulación de circunstancias, errores, indecisiones y decisiones de muchísimos años. Sin embargo, con la visión y el esfuerzo adecuados, se pueden resolver.

No ha sido fácil el inicio del gobierno del Presidente Iván Duque, y el corto plazo de su acción parece “patito feo”, con muchos tropiezos y sinsabores, con resultados que aún son tímidos, en ocasiones poco claros, y en otras, poco contundentes. Sin embargo, desde mi punto de vista, su visión de largo plazo y su actuación en esa dirección sí está bien orientada, acompañando sus principios de legalidad, emprendimiento y equidad. Veamos el porqué, mencionado algunos ejemplos de su actuación:

·        Relaciones internacionales.

El Presidente Duque ha dicho con claridad que Colombia no necesita más tratados de libre comercio con otros países o regiones del mundo, pero sí poner a macha los ya suscritos (unos 18), y para el efecto ha realizado varias visitas internacionales promoviendo a Colombia como lugar de inversión y oportunidad de comercio. Estos esfuerzos son, por si mismos, calificados de innecesarios por diferentes corrientes de opinión, sin embargo son importantísimos: Colombia, salvo por el narcotráfico, poco figura en el “radar” de otras naciones y empresarios extranjeros para realizar procesos de intercambio comercial o de inversión profundos y duraderos. Colombia, debe exportar con el “alma” y diversificar sus fuentes de ingresos externos con todo su esfuerzo, como lo promovía desde los años 60 el Presidente Carlos Lleras Restrepo, que para ese entonces eran básicamente exportaciones de café en grano, es decir, sin valor agregado.

·         El desbloqueo de la salud.

El esfuerzo por “desbloquear” los problemas de la salud, donde se ha creado un nudo de obligaciones y mutuas recriminaciones entre todos los participantes, es decir, gobierno, prestadoras de servicios de salud, aseguradoras, profesionales y pacientes, es muy importante, aún con la emisión de títulos de deuda de largo plazo, como solución. Colombia, singularmente, tiene un amplia cobertura (casi el 100% de la población) y un sistema de salud que es reconocido por su calidad, pero los problemas de carácter financiero y de corrupción le impiden mayor celeridad y en ocasiones falta de prestación de los servicios.

·         El arranque de las obras de infraestructura paralizadas.

Tan importantes como los dos anteriores, lograr que, por fin, arranquen o continúen su ejecución muchas de las obras de infraestructura que hoy están metidas en el lodo de la corrupción y la falta de oportuna financiación, es un costo alto para el país y para gobierno, pero es una solución vital para el desarrollo y el progreso.

·         El nuevo modelo de relaciones con las ramas del poder público.

Cambiar las costumbres políticas nunca ha sido una tarea fácil, el gobierno de Duque acometió con valor un cambio en sus relaciones con los otros órganos del poder público, evitando la famosa “mermelada” como fundamento de la relación. Esto ha causado miles de sinsabores en sus relaciones con el Congreso, especialmente, pero poco a poco se verán los resultados de menor politiquería y más ideas que se vuelven ejecución. Por esta conducta le han fallado varias reformas urgentes como la política (listas cerradas), las de la justicia (competencias de los órganos de la justicia y las objeciones a la JEP) y las anticorrupción que “extrañamente” no pasaron en el Congreso (¿?).

·         El combate a la corrupción.

Se ha enfrentado con decisión a los problemas de corrupción que enmarcan la vida nacional, siendo el más renombrado de ellos, en los últimos años, el de Odebrecht y su perniciosa influencia en la contratación pública y en las campañas políticas. Estos son pasos lentos, pero su efecto se verá en el largo plazo, sí se persiste con decisión en ellos y se crea la cultura de la legalidad, como ha sido uno de los pilares de su gobierno.

·         La erradicación de cultivos ilícitos y el narcotráfico.

Duras batallas ha tenido que librar el gobierno de Duque para combatir el narcotráfico y sus tentáculos en el lavado de activos, el contrabando, el daño ambiental y el efecto en la macroeconomía. Su última “jugadita” fue lograr que la Corte Constitucional no prohibiera el uso del glifosato, aunque haya establecido términos restrictivos para su uso. De hecho la aproximación del Presidente Duque a este tema ha sido un conjunto de acciones, desde la erradicación manual y la sustitución de cultivos, así como la interdicción, la persecución a los precursores químicos y el ataque frontal a los daños ambientales. Pero se necesita también el glifosato y la aspersión aérea en vastas zonas de la geografía del país.

·         El proceso de paz con legalidad.

Esta difícil tarea, la de poner en marcha los acuerdos de paz heredados del anterior gobierno, la ha hecho el gobierno Duque sin prisa pero sin pausa, bajo el lema de que los acuerdos se deben respetar y acatar, pero se debe preservar la legalidad. Estos acuerdos además, suponen un esfuerzo presupuestal enorme, el cual no estaba contemplado en las cifras del gobierno anterior y las cuales alteran fuertemente los planes del gobierno actual. Bienvenida la paz, pero su implementación será en la medida que las capacidades del país lo permitan.

·         El fracking para explotar los recursos petroleros y gasíferos.

Colombia carece de reservas petroleras importantes para la explotación por métodos convencionales, sin embargo pude llegar a aplicar métodos alternativos, como el fracking, solución necesaria a largo plazo para el país, ya probada en otros países en su efectividad e inocuidad para el medio ambiente. Duque también se la está jugando por esta facultad en Colombia, con una mirada de largo alcance.

En fin como afirmaba Séneca: “Ningún viento es favorable para quien no sabe dónde se dirige”, creo que el gobierno Duque sí sabe dónde se dirige en el largo plazo para asegurar el futuro del país.

¿NOS INTERESA LA POLÍTICA?

Comentario 22/07/2019

¿NOS INTERESA LA POLÍTICA?

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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La política es el arte de gobernar en favor de la comunidad, administrando los temas y los bienes del Estado, para promover relaciones de concordia, progreso y justicia entre todos los ciudadanos. En efecto, el Estado, a través de las tres ramas del poder público (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) administra los asuntos de interés público en representación de la ciudadanía que los elige para defender sus intereses y sus derechos, así como hacer cumplir sus deberes.

Así definida y cumplida, la política debería ser sujeto de todo tipo de acompañamiento por parte de los ciudadanos, quienes acatarían con fervor sus actos y disposiciones. Sin embargo, en Colombia, qué lejos estamos de estas definiciones y percepciones. En las encuesta de opinión es un lugar común la baja popularidad del Congreso y sus congresistas (menos del 30% de favorabilidad, es decir, más del 70% de opinión negativa), quienes representan o dicen representar a la ciudadanía en sus intereses y en la defensa de los asuntos del Estado.

Sin embargo, y contadas excepciones, que por pocas se destacan, lo que los ciudadanos observamos es corrupción, politiquería, defensa de intereses privados o individuales, aprovechamiento de los bienes del Estado y permisividad de la justicia para esos “representantes” del pueblo. Todos los días en las noticias de los medios de comunicación aparecen nuevos hechos de dolo y afectación de los intereses públicos, acompañados de ineficacia, demora o lenidad para sancionar a los causantes, tales que abruman por su evidente sesgo e interés en defender los culpables más que los intereses de la comunidad. En realidad, los sancionados políticos y funcionarios públicos son tan pocos y son tantos los que terminan evadiendo la justicia, con tan variados esguinces, que es notorio el que es verdaderamente reprendido y privado efectivamente de su libertad o inhabilitado en su derechos frente al Estado. Por esos hechos a muchos no nos interesa la política.

La corrupción carcome los ámbitos publico especialmente, pero no es ajena al sector privado, mirar por ejemplo el caso Odebrecht, que compromete por igual a vinculados a la actividad pública y a la privada, incluyendo las más altas esferas del Estado, desde el Presidente de turno, Juan Manuel Santos, hasta un variado surtido de integrantes de la clase política, empresarial y directiva.

Las coimas y las “participaciones” o generosas contribuciones están presentes en muchos de los contratos del Estado, por ejemplo, lo que se ha visto en las Rutas del Sol y las vías 4G o en otras obras de infraestructura, para citar solo esos casos. Pero no es sólo corrupción en términos de dinero, a todo esto se une el despilfarro, los contratos amañados, los cargos públicos ocupados por relacionados, las prebendas o la multiplicidad de formas y afectaciones de los intereses públicos y sus presupuestos nacionales o regionales.

Por otro lado, tan grave como la afectación de los presupuestos e inversiones públicas, son las violaciones permisivas a las leyes electorales, a la justicia, a los trámites y reglamentos, a los requisititos y cumplimientos que frecuentemente se vuelven un freno, si no hay partición de beneficios, o un acelerador, en el caso que la haya, en las gestiones con órganos del Estado. La polarización de los ciudadanos en Colombia está alimentada por hechos de corrupción en el plebiscito donde ganó el no y se aplicó el sí o en los trámites fast track en el Congreso, donde se violaron todas las normas y procedimientos reglamentarios, según sus promotores, “todo en beneficio de la paz” y por supuesto del Nobel de paz y de la impunidad en los delitos de lesa humanidad de los cabecillas de las FARC.

Con tantos antecedentes de corrupción y tantas triquiñuelas de la clase política es muy difícil creer en la política y en los políticos. Se nos trata de antipatriotas y egoístas por no apoyar esos movimientos que se dicen salvadores de la comunidad y defensores del progreso y bienestar, los cuales, una vez en el poder, utilizan todos los recursos del estado para favorecer sus intereses individuales, de los partidos políticos o de verdaderos carteles de fraude al Estado. De nuevo, por pocas, son notorias y relumbrantes las excepciones a esta perniciosa conducta. Así, si comparamos las definiciones del comienzo de este comentario sobre la política con lo que vemos todos los días en la clase política Colombiana, confirmamos aún más que hay muy pocos en quienes creer, y menos en quienes confiar.

Se aproximan las elecciones regionales y de nuevo suenan “los cantos de sirena” de la solución a todos los problemas comunitarios que están en la boca de los candidatos a todas las corporaciones públicas y a los cargos de representación departamentales y municipales. Es difícil creerles con tantos antecedentes que la historia nacional y regional nos ofrece día a día. Sin embargo, gobernantes y representantes vamos a tener, y necesitamos tener, por lo cual hay que hacer un esfuerzo de voluntad y convicción en escoger los mejores, los que nos ofrezcan una trayectoria de servicio a la comunidad limpia de corrupción, ventajismos o amiguismos, además, personas idóneas y capaces, no por su caudal político sino por su caudal intelectual, lleno de experiencia y buen criterio.

En fin, habrá que tomar decisiones, gústenos o no la política, por lo cual invito a todos, y especialmente a los jóvenes con su mente abierta y limpia de las experiencias del pasado, a escoger lo mejor que su buen criterio les indique, así tendremos paulatinamente una renovación política frente a los caciques tradicionales y la superación de las perniciosas costumbres de nuestra política tradicional. Necesitamos una nueva política y nuevos, idóneos e incorruptibles líderes políticos.

RESTAURATIVA O “IMPUNITIVA”

Comentario 8/07/2019

RESTAURATIVA O “IMPUNITIVA”

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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Según la definición de la lengua española el significado de algo punitivo es sancionador, disciplinario, correctivo, en contrario sentido y aunque no existe como palabra, vamos a asumir en este comentario que “impunitivo” significa, entonces, no sancionador, no disciplinario, no correctivo. Esto último es lo que sucede con la JEP en Colombia (Justicia transicional o Justicia especial para la paz), el público en general, considera que este organismo, desde su creación y en su conformación, está diseñado para darle ventajas a los miembros de las FARC que sean juzgados por ellos, con penas no privativas de la libertad, de carácter “alternativo” y “restaurativo”, que nadie entiende todavía cuáles van a ser o cómo. Parecen ser, según se dice, algún tipo de “obligación en favor de la comunidad” en compensación por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que ellos cometieron. En sentido inverso a las penas para los militares o civiles que se acojan a esa justicia, digan la verdad y den la garantía de no repetición, los cuales podrán tener penas de mayor alcance, acordes con la definición de lo punitivo.

De nuevo, viene una andanada de defensores de oficio, provenientes de organismos intencionales defensores de la paz a buscar que se respete la JEP, como fue concebida, sin modificación alguna y con la carga de afrenta e injusticia que esto significa para las víctimas y la comunidad en general. Ahora nos toca el turno de la “mano” de consejos y exigencias de la ONU por parte de su jefe de verificación en Colombia, señor Carlos Ruiz Massieu, a quien le preocupa la polarización del país frente a la JEP y anuncia su total apoyo a este organismo, afirmando que su tarea no es la formalización de la impunidad sino el aseguramiento de la paz. “Creemos en la necesidad de un dialogo nacional para que nos concentremos finalmente, directamente y únicamente en la implementación de los acuerdos”, según afirma el señor Ruiz, pero a renglón seguido establece que los acuerdos formalizan una justicia restaurativa, y que tanto los acuerdos como la JEP son intocables.

Hace caso omiso el señor Ruiz de las evidencias y percepciones que la mayoría de los ciudadanos tiene de la imposición del acuerdo de paz, cambiando un NO por un Sí en el plebiscito e instrumentándolo a su antojo en el Congreso y las Cortes, influenciadas por el gobierno de Juan Manuel Santos, acuerdo que está plagado de beneficios en favor de las FARC y sus integrantes, aún sin tener el menor asomo de justicia, reparación y garantía de no repetición efectiva y eficaz, como hasta ahora ha ocurrido.

Además, con hechos tan lamentables en la JEP –quien mostró el cobre– como la demora en juzgar a Santrich, un año después de su captura e imputación de colaboración con el narcotráfico planteada por la DEA de los Estado Unidos, y contra toda evidencia, indicar que no hay evidencia de su complicidad y solicitar su libertad. En todo lo cual ha sido acompañada por el Consejo de Estado que declaró que este personaje es Congresista –según el acuerdo de paz- y por lo tanto aforado, le dio la oportunidad de posesionarse y de “ejercer” como tal, dándose ínfulas de moralista y dueño de los más caros principios de la justicia, la cual debería doblegarse a su favor. En ello obró también la Corte Suprema de Justicia, solicitando igualmente su libertad, pero citándolo a una diligencia de indagatoria.

Como se ve, por el lado de la JEP, de todos los órganos de Justicia en Colombia y de los organismos internacionales, los “buenos” son los de las FARC, con Santrich a la cabeza, y los “malos” somos los demás ciudadanos que rechazamos tal abuso de la justicia y tal tratamiento privilegiado y favorable a estos ciudadanos. Cabe decir que algunos están cumpliendo con la dejación de armas y parcialmente con los compromisos adquiridos, eso sí, sin revelar ni apoyar a las autoridades para el desmantelamiento de los inmensos cultivos de narcotráfico que ellos patrocinaron y sus disidencias actuales igual siguen explotando. Qué vergüenza para el país que sus órganos de justicia se comporten de esa manera y además tengan encima las acusaciones de corrupción tan terribles como las del Cartel de la Toga.

Será posible que el señor Carlos Ruiz Massieu de la ONU, pueda entender o quiera entender lo que está pasando en Colombia con la Justicia, con Santrich y con la JEP, seguramente si lo entiende, pero hará caso omiso de lo que sabe, su misión es que simplemente pasemos la página y demos todo por terminado para vivir en paz y en concordia. Qué pensamiento tan alejado de la realidad del país. Quieren pasar por alto la dignidad, la majestad y el valor de la justicia, imponiendo la llamada justicia restaurativa, no la punitiva, es decir, borrón y cuenta nueva. Típica justicia “impunitiva”.

El país debe reaccionar con este tipo de organismos internacionales que nos vienen a dar clases de moral y de justicia, por encima de los valores, las conductas éticas, la tradición y las verdades verdaderas que hay en Colombia, como las que hemos comentado. Pasar la página nunca será una solución, si se busca la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición eficaces, como una verdadera solución que permita la concordia entre los ciudadanos de todo el país.

CORRUPCIÓN Y REFERENDO

Comentario 25/06/2019

CORRUPCIÓN Y REFERENDO

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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La corrupción es un mal que está presente y carcome las bases mismas de la institucionalidad del país (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las finanzas públicas, las filosofías políticas de los partidos, la conducta de los órganos de investigación y control (Contralorías, Procuradurías y Fiscalías), los organismos de defensa y control como la Policía y el Ejército, como también a muchos organismos privados comprometidos con la acción social como ONGs, Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones, quienes nominalmente actúan en función de la comunidad pero, en la práctica, defienden intereses privados y, finalmente, a los propios funcionarios públicos o privados que cohonestan con este delito, e inclusive viven de él.

Desafortunadamente, por donde uno mire, hay corrupción o connivencia con la misma, porque se ha vuelto parte de la cultura política, económica y social, al punto de llegar a ser calificada en algunos sectores como una acción intrépida y notable el tener éxito con la corrupción. Es decir, ser permisivos con ella, como si fuera parte natural del “paisaje” o de la vida del país. La corrupción, la cual se ha incrustado e incubado tanto al interior de diferentes órganos del Estado y de algunas entidades del sector privado, o en algunos de los partidos políticos que dicen representar el interés ciudadano, que parecería “necesario” convivir con ella para poder funcionar bien.

Cuando hablamos de corrupción no nos referimos sólo al hecho de robar el dinero del Estado por cualquier medio, tanto a nivel nacional como el departamental y el municipal, también incluimos en este concepto conductas tales como: votar una ley en el congreso para favorecer intereses particulares, facilitar decisiones administrativas para apoyar asuntos privados en contra del interés público, o el caso contrario “engavetar los temas” para perjudicar una interés determinado, hacer triquiñuelas en los procesos electorales, y, lo más frecuente en entes con facultades judiciales, aplazar las decisiones, no divulgar los fallos, amañar las jurisprudencias, etc. Se deben incluir también el cobro de coimas por los trámites, el pago de “favores” políticos con cargos o decisiones apropiadas en contraprestación a lo logrado, etc. Hay mil etcéteras, porque hay miles de formas de ser corrupto. No en vano el Presidente Duque ha fundamentado su gobierno en una relación diferentes con los demás organismos del Estado no basada en la “mermelada” (cargos, presupuestos o proyectos favorables).

Recientemente se experimenta también que los fallos de las Cortes atienden más a un interés particular que al beneficio general, son menos jurídicos y más acomodaticios, veamos:

• ·         La prohibición  y el condicionamiento del uso de glifosato para combatir los cultivos ilícitos y su daño al medio ambiente y a la salud, debido al narcotráfico, el lavado de activos y el contrabando que se derivan de él, sin prohibirlos para los demás cultivos, donde se usa en forma abundante sin detrimento de la salud de los cultivadores o de los consumidores.
• ·         Las decisiones favorables a la causa de Santrich, contra la evidencia contundente de su narcotráfico después de la firma del acuerdo. El país no sale del asombro de ver a Santrich sentado en el congreso dando cátedra de moral y buena conducta.
• ·         El derecho al libre desarrollo de la personalidad interpretado como la facultad para usar alucinógenos o bebidas alcohólicas en los parques públicos, que son, por definición, sitios amables para el esparcimiento de las familias y especialmente de los niños. Es un contrasentido querer combatir el narcotráfico, pero limitar el uso del glifosato y, simultáneamente, permitir el consumo de alucinógenos en forma pública.
• ·         Todas las violaciones a la Constitución Nacional que se dieron en desarrollo del proceso de paz para permitir su aprobación y volverlo parte de la propia Constitución: al declarar el narcotráfico de las FARC como delito político, emplear el fast track para la aprobación de las leyes, la amnistía para delitos de lesa humanidad (violación, secuestro, retención), las penas alternativas a través de la JEP, las cuales aún no se sabe que son.
• ·         Se caen las objeciones del Presidente Duque para reformar el Estatuto de la JEP, las cuales fueron negadas por el Congreso, porque supuestamente la Corte ya había decidido, sin mediar el estudio sobre su conveniencia,
• ·         Interpretaciones acomodaticias de las leyes y la Constitución para favorecer un interés particular, como en el caso de Andrés Felipe Arias al cual se le niega la doble instancia que es un derecho universal.
• ·         Aprobar como constitucional el acuerdo de paz y los trámites que se condujeron por fuera de la ley y la Constitución para su aprobación en todas las instancias: con cambio del umbral en el plebiscito donde ganó el NO y se volvió SÍ, no sanciones por delitos sexuales y secuestro al considerarlos como delitos políticos amnistiables para los guerrilleros, pero sancionables para los demás ciudadanos.
• ·         Por la acción del Congreso o de las Cortes no ha sido posible que se hagan la Reforma Política (listas cerradas), la Reforma Jurídica (estructura de la Justicia), las leyes anticorrupción no pasan siendo un mandato ciudadano con casi 12 millones de votos favorables, se acaba de caer la pena efectiva de cárcel sin beneficios para los empleados públicos corruptos, etc.

Como consecuencia de este tipo de hechos es necesario replantear los organismos de la Justicia, con precisos límites a sus competencias. La corte Constitucional se ha erigido como el poder supremo del país, atribuyéndose todo tipo de interpretaciones de conveniencia y no ajustadas a las propias leyes o a sus previas decisiones.

Parecería ser que tiene razón el periodista Herbín Hoyos al invitar al país a un referendo que permita modificar la estos organismos por la vía de los votos, ya que, de otro modo, ellos, por sí mismos, no se reformarán.

EL ENTRANPAMIENTO

Comentario 17/06/2019

EL ENTRANPAMIENTO

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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En reciente entrevista del negociador de paz, Sergio Jaramillo, concedida a una famosa periodista de la CNN y a una cadena de radio en Colombia, se quejó de dos cosas: la primera, que el acuerdo de paz no se estaba desarrollando a cabalidad (contrario a la evidencia) y la segunda, que el caso Santrich era una entrampamiento de las autoridades colombianas y norteamericanas, calificándolo como un acto muy hostil, para perjudicar el proceso de paz.

A renglón seguido la Vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, le respondió: “que fue el pueblo colombiano el que se sintió engañado con lo pactado en Cuba con la hoy desarmada guerrilla” “Lo que preguntaría es cómo le hicieron este entrampamiento a la sociedad colombiana para dejarnos anegados de narcotráfico”, dijo Ramírez, tras recordar cómo ha venido creciendo el número de hectáreas cultivadas con coca, un alarmante hecho que, agregó, se dio como consecuencia de la firma de los acuerdos de paz. “El entrampamiento está también en generar un acuerdo que permite que Santrich esté sentado hoy en el Congreso sin haber tenido un sólo día de condena, ni el más mínimo gesto de reparación o contrición frente a la sociedad”, agregó la vicepresidenta Ramírez desde Neiva. Examinemos los argumentos de la Vicepresidente Ramírez para encontrar las razones de sus afirmaciones:

Desde la posesión del Presidente Santos, en su primer gobierno, el pueblo colombiano que lo eligió se sintió engañado, porque cambió las motivaciones de su campaña, la cual fue acompañada firmemente por el Centro Democrático, por un proceso de paz inconsulto e inopinado, para el cual el país no le había dado un mandato. Sin embargo, Santos usó toda su argucia, con la capacidad y el presupuesto del Estado, para celebrar un acuerdo con la guerrilla de las FARC en Cuba, con el concurso de países abiertamente de la izquierda radical como Cuba y Venezuela y con miembros extranjeros representantes de partidos de izquierda, quienes diseñaron y participaron en la conformación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la llamada columna vertebral del acuerdo de paz. De hecho, el Presidente Santos en su segundo mandato se hizo elegir con las banderas de la izquierda, especialmente lideradas, en esa elección, por Gustavo Petro.

Santos, sintiéndose sobrado en su acuerdo de paz, sometió su aprobación al famoso plebiscito donde se midieron las fuerzas del Sí (a favor de la paz) y las del No (en contra de la paz) según la mal intencionada propaganda que se hizo en ese momento, con recursos del Estado. Hasta los funcionarios públicos fueron autorizados a hacer proselitismo por la causa del Sí. Santos, además, modificó el umbral de las votaciones a su amaño, para forzar el Sí. Quienes no estaban de acuerdo con lo aprobado en la Habana, eran guerreristas y contrarios a la paz y condenaban al país a la descalificación de la comunidad internacional y al atraso en las zonas de conflicto, nada más lejos de la verdad. Se recuerda con especial asombro el acto de imposición de las palomas de la paz en Cartagena con Presidentes de varios países, todo financiado por Colombia. Santos, además, se “ganó” el nobel de paz, que era uno de sus principales objetivos, en su agenda oculta a los ciudadanos colombianos.

Luego del plebiscito, Santos utilizó toda su maña política, en asocio con los partidos colombianos traiciónales y los de izquierda, menos el Centro Democrático, para forzar su aprobación y reglamentación vía fast track en el Congreso, creado para ese efecto, en representación del pueblo colombiano, según afirmó. Con el acuerdo benefició en todas sus formas a los miembros de las FARC, borrando sus delitos, aún los de narcotráfico, y concediéndoles beneficios en la desmovilización y entrega de armas (la cual apenas fue parcial), se les otorgaron: territorios, presupuestos, curules, injerencia política con los seis puntos acordados en la Habana, los cuales condicionan el devenir de Colombia y sus presupuestos públicos en los siguientes quince años de la firma del acuerdo, al no poder ser modificado por los siguientes tres gobiernos. De hecho, volvía constitución de la república el acuerdo para que no fuera susceptible de modificarse en forma expedita. El acuerdo declaró, eso sí, que los delitos de lesa humanidad y los cometidos por los miembros de las FARC después de su firma, sí serían sancionados de acuerdo a las normas de la JEP (penas alternativas, no de cárcel,….. más gabelas), quien juzgaría, además, sobre el momento de su realización para aceptar o rechazar la extradición, en caso de ocurrir.

Lo que ha ocurrido en Colombia durante el acuerdo y posterior a su firma es un verdadero entrampamiento para los ciudadanos colombianos, quienes pensando en la paz, con asombro, han tenido que ver los más atrevidos actos de agresión por parte de los miembros de las FARC, como son:

·         Extensión de cultivos de coca por más de 210.000 hectáreas, con severa afectación al medio ambiente y a la salud de la comunidad inundada de microtráfico. Podemos ser descertificados por USA por estos hechos.

·         No hay una real verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición por parte de los miembros de las FARC, quienes han continuado en disidencias armadas los unos, o en el congreso y la vida política, los otros. La reparación la está haciendo el Estado a las víctimas sin garantía de recuperación de los bienes declarados por las FARC (entre ellos cucharas, cuchillos y pocillos usados). En la práctica se ha producido el mayor lavado de activos del país sin ninguna sanción impositiva, no se ha visto, tampoco, una acción de la DIAN para encausar dichos dineros

·         La JEP (“el tribunal de las FARC”, como los llaman los propios guerrilleros) es un organismo que goza de toda la desconfianza de la comunidad por su sesgada actuación en favor de ellos, sin mostrar resultados efectivos de su juzgamiento de los delitos. Ya se anuncia un referendo revocatorio del mandato de la JEP, que vamos a ver si se realiza.

·         Los máximos cabecillas, están “calentando asiento en el congreso”, con prebendas de seguridad y remuneraciones millonarias, sin aportarle nada a la Nación, y sin haber sacado un voto en elección popular para su aclamación como congresistas.

·          El caso Santrich repele por lo grotesco y desafiante para el pueblo colombiano, lo malo es que los órganos de justicia parecen defenderlo: La JEP dice que no es extraditable, el Consejo de Estado que es aforado y la Corte Suprema de Justicia, que debe gozar de libertad para posesionarse como congresista, lo cual en efecto ya hizo, en forma desafiante.

¿El entrampamiento será para Santrich y para el proceso de paz o para el pueblo colombiano engañado por el gobierno Santos y sus negociadores, en connivencia con las FARC? Creo firmemente que es lo segundo, pero… siempre habrá otro amanecer y amanecerá y veremos.

NO TE LO PUEDO CREER…

Comentario 10/06/2019

NO TE LO PUEDO CREER…

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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Todos los días en Colombia aparecen nuevos temas de confrontación política, entre los del Si[1], por un lado (Santistas, Petristas, algunos partidos de centro izquierda y los más a la izquierda como el Polo Democrático, la Alianza Verde y el partido FARC) y, por el otro, los llamados del No (el Centro Democrático, el partido Conservador, algunos partidos de centro o de centro derecha y los movimientos Cristianos y Evangélicos). Esta confrontación también ha contagiado a los ciudadanos, sin embargo, las inclinaciones no son así de nítidas en el pensamiento de la ciudadanía en general, ya que, desde hace muchos años, las personas en Colombia aprecian más al personaje que les gusta que al partido que representa. De hecho, el público está saturado de los hechos de confrontación política y ya poco cree en la clase política, en el Congreso, en las Cortes que administran “justicia”, en el Estado en general y en muchas de las ONG que dicen defender los derechos humanos, ocultando un interés puramente ideológico de izquierda radical.

La confrontación entre los del Sí que defienden el acuerdo de paz como fue concebido y los del No que lo atacan por diversas razones, entre ellas por  el plebiscito no respetado, las concesiones hechas a las FARC (incluida la extensión de los narcocultivos como delito político y la ausencia de erradicación en los años anteriores) y su camino a la impunidad a través de la JEP (sin verdad, ni justicia eficaz, ni reparaciones efectivas y tampoco la garantía de no repetición). También, está saturando la mente de los colombianos el caso Santrich que poco le ha ayudado al proceso de paz y ha acabado por agudizar las contradicciones sobre su verdadero contenido, alcance y logros, y por el condicionamiento del país hacia el futuro determinado en el propio acuerdo. Está por verse, además, la reacción de USA frente a los narcocultivos.

Así mismo, agudizan la polarización y las contradicciones la gobernabilidad y la ejecución del plan de gobierno del Presidente Duque, el cual se percibe como bien intencionado, con mesura para  evitar la polarización, pero sin contundencia en los logros y con gran confrontación política en el Congreso (sin mermelada) y frente a las Cortes. Tiene en sus manos un complejo problema de déficit fiscal y de endeudamiento externo, ante las exigentes demandas por soluciones sociales y de desarrollo que el país requiere.

Todo lo anterior, a más de otros temas ocasionales o recurrentes, que no alcanzamos a mencionar en este breve espacio, mantienen la opinión pública en un estado de poco optimismo y mucho desgano con los temas políticos los cuales, o bien no los entienden, o bien no les gustan - por su contenido-, como también por su efecto negativo y de confrontación.

Sin embargo, el país es mucho más que su polarización política y tiene un variado conjunto de temas positivos que en la cotidianidad le permiten al ciudadano, al empleado, al empresario y a diferentes organizaciones gremiales, sociales, religiosas y comunitarias tener una mirada distinta sobre el acontecer nacional. Estos son los que yo llamaría o catalogaría en ese “No te lo puedo creer”, que forman parte del diario vivir y que evitan que la confrontación política nos “derrote”, centrando la atención en lo constructivo, en lo que somos y lo que tenemos, más que en lo negativo que nos acompaña. Veamos algunas de ellas con un breve comentario. Estos, por ejemplo, son muchos de los “no te lo puedo creer” que el país está viviendo. Veamos:

·         El crecimiento económico.

Si bien el contexto internacional es desfavorable por la guerra comercial entre las grandes potencias, los focos de confrontación política y de guerra entre diferentes modelos políticos o religiosos, Colombia ha seguido creciendo en su economía y logrando que el PIB per cápita aumente poco a poco entre los años. Esto se debe a que la economía colombiana depende más del mercado interno que del externo para su crecimiento, la buena noticia es que, por ejemplo, en el 2018, todos los sectores de la economía crecieron positivamente, salvo el de la construcción que tuvo un bache, que se espera sea transitorio. En el primer trimestre de este año, se confirma la tendencia al crecimiento, pero es aún moderado para lo requerido por el país.

·          La clase media.

Cerca de 22 o 23 millones de ciudadanos colombianos hoy forman parte de la clase media, lo cual ha permitido disminuir los niveles de pobreza y aunque los índices de distribución de la riqueza aún están muy concentrados, poco a poco ha crecido una clase media educada, cívica, que mueve la demanda agregada y que piensa en el progreso, no sólo en la confrontación política. Este es quizás el mayor y mejor activo que tiene Colombia.

·         El mejoramiento en la calidad de vida.

No cabe duda que los colombianos vivimos mejor hoy que ayer, con destacables condiciones de educación, salud, vivienda y esparcimiento, todo lo cual ha conducido a que la esperanza de vida hoy sea de 77 años, prueba inequívoca del mejoramiento en el progreso y bienestar de las familias. El contraste de nuestras condiciones de vida versus la de algunos de los países vecinos es notorio y notable.

·         La inversión extranjera directa y el turismo.

Fuera del crecimiento de los sectores de la economía ya mencionados, el crecimiento de la inversión extranjera directa y la dinámica del renglón del turismo en los últimos años han sido crecientes y significativamente importantes, especialmente en algunas regiones, todo lo cual apunta a mejores niveles de empleo, ocupación y bienestar.

·         La clase empresarial

El empresario colombiano es reconocido por su visión y su tesón, y no nos referimos sólo a los grandes empresarios, aún los pequeños y medianos, tienen constancia y empuje para sobrellevar los malos momentos de la economía o de la política y continuar creciendo y desarrollando sus actividades de negocios. Para muchos extranjeros, la clase empresarial colombiana es de lo mejor en Latinoamérica.

·         La felicidad de los colombianos.

En todas las encuestas sobre satisfacción y expectativas de las personas que se hacen a nivel latinoamericano, Colombia siempre se destaca por dos cosas: por un lado, su preocupación por la carga de ineficiencia que le crean al país la clase política y las instituciones del Estado, llenas de corrupción, y, por el otro lado, por su alto índice de felicidad. A pesar de las adversidades, el pueblo colombiano se siente feliz y orgulloso de su patria.

Como los anteriores, hay una buena gama de “no te lo puedo creer” muy positivos, que el espacio no nos permite analizar, pero la invitación es a pensar que en Colombia sí los hay, son significativos y son baluartes para su desarrollo, crecimiento y felicidad.

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[1] Se refiere a las posiciones del Sí y el No en el plebiscito del año 2016, el cual se citó para afianzar el proceso de paz, si bien ganó el No, se aplicó el Sí.

LA NEGRA NOCHE

Comentario 03/06/2019

 LA NEGRA NOCHE

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

                               Http:/reflexiones-de-cam.blogspot.com 

Estamos atravesando una negra noche en la vida institucional, política y jurídica del país. Pobre Colombia como le está yendo de mal en lo relacionado con la aplicación jurídica del acuerdo de paz de Santos-FARC, el cual no sólo contenía el capítulo de dejación de las armas y la reincorporación a la vida civil de sus líderes y combatientes, donde, en forma significativa se ha avanzado, pero se han mantenido las disidencias de las FARC. Se pretendía, además, superar los grandes problemas de los delitos de secuestro, violación, terrorismo contra poblaciones inermes, extorsión, narcotráfico, lavado de activos, reclutamiento forzado, apropiación de tierras, ganados y bienes de terceros, que eran frecuentes en los distintos frentes de las FARC etc., todo lo cual continúa o aún no tiene solución.

Por un lado, las FARC mantienen su capacidad armada a través de las llamadas disidencias y del personal de líderes activos en labores guerrilleras y de narcotráfico como el Paisa, Romaña e Iván Márquez, entre otros de menor significación, como también de activistas políticos preparados para alterar los ánimos de los ciudadanos que participan en movimientos de protesta, buscando que prime el caos, el desconcierto y que se generen situaciones de desgobierno que ellos capitalizan para sus acciones terroristas. Por otro lado, el negocio del narcotráfico continúa creciendo y la obligación del acuerdo de la colaboración de los miembros de las FARC para su erradicación, sigue en el vacío. No hubo delación de rutas, ni contactos claves en Colombia y en el exterior (cartel de Sinaloa de México).

Además, hay miembros de las FARC que han continuado activos frente a este negocio, como en el caso de Santrich (pero puede haber más), el cual se muestra por las FARC a la opinión pública como un líder impoluto, transparente y comprometido con el desarrollo del acuerdo, sin embargo, hoy está acusado de narcotráfico y lavado de activos en actos realizados después de la firma del acuerdo. Pero los órganos de Justicia lo amparan, veamos: El Consejo de Estado, cambiando su jurisprudencia anterior, dijo que él sí es congresista y por lo tanto tiene fuero, aún sin posesionarse de su cargo. Por decisión de la Corte Suprema de Justicia está gozando de libertad, por decisión de la JEP se le concede la no extradición y la Corte Constitucional tumba las objeciones del presidente al Estatuto de la JEP, indicando que este no se puede modificar por ese medio, con lo cual le concedió más peso al acuerdo que a la Constitución que permitía plantear las objeciones como facultad presidencial, usando para ello una extraña aritmética donde 47 votos es la mitad más uno de 94 curules. Parecería que toda la rama de la justicia se ha puesto de acuerdo para favorecer a Santrich a pesar de las evidencias y pruebas de delitos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo.

Ahora él se va a posesionar como Congresista y quedarán dos procesos contra su libertad y extradición: la demanda del Procurador solicitando revisar el fallo de la no extradición en la JEP y la acción de la Corte Suprema de Justicia, sí se decide a juzgarlo y/o extraditarlo. Lo cierto es que la comedia Santrich sigue, y el país más se polariza frente al acuerdo de paz y a la conducta de los órganos de Justicia. Hoy tenemos dos congresistas en ejercicio en la misma curul, Santrich y el actual, quien lo había sustituido, por estar él detenido.

Extrañamente ya se habla de sacar adelante nuevas leyes aclaratorias para definir la extradición para guerrilleros por delitos después del acuerdo y de mecanismos alternativos (constituyente, referendo) para examinar de nuevo las necesarias modificaciones del acuerdo de paz y del estatuto de la JEP, para no afectar la extradición y evitar la impunidad, y asegurar la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, incluida en todas estas vueltas y revueltas volver a formar coaliciones en el Congreso tales que permitan pasarlas.

Santrich, entonces, será otro más de los miembros de las FARC que llega al Congreso sin pasar primero por revelar la verdad, reparar a las víctimas, tener una pena efectiva y comprometerse a la no repetición. La actuación de la JEP ha permitido que los miembros de las FARC en el Congreso gocen de esas ventajas, porque su “modelo” de aplicación de la Justicia Transicional es el de dilatar los procesos a su cargo, por ejemplo, se tardaron más de un año para decir que no había evidencia de la fecha de Santrich, pero sí tuvieron evidencia para ordenar liberarlo, materia que no era de su competencia. Con lo cual, los ciudadanos confirmamos que ese organismo sí es el tribunal de las FARC, para las FARC, creado por ellos y para ellos, como afirma su máximo líder Timochenko. Vamos a ver qué sucede con la apelación del Procurador ante la JEP para revisar su extradición, sin embargo, como ya es aforado, parece que nada sucederá. Qué vergüenza para el país y que afrenta a la ciudadanía que ese personaje vaya a ocupar una curul en el Congreso. Lamentablemente, los actos derivados del proceso de paz FARC-SANTOS, conducen a beneficiar la posición de los miembros de las FARC, no a las víctimas, como astutamente se le vendió a Colombia.

Pero, la otra cara de la moneda es que el Estado Colombiano y sus instituciones han quedado muy mal parados, se han pasado por alto todas las normas y procedimientos para favorecer el proceso de paz y a las FARC (bajar el umbral en el plebiscito, ganar el NO y aplicar el SÍ, el fast track para su aprobación, mayorías, no mayoritarias, forzar interpretaciones de la ley y la jurisprudencia, etc.). La ley y las instituciones se han alterado en favor de estos guerrilleros, permitiéndoles los máximos privilegios políticos, económicos, de seguridad, de figuración pública, etc., sin divulgar un sólo delito, sin ningún juzgamiento y sin ninguna pena, hasta ahora y al paso de la JEP, será por ……siempre.

Ahora, se están afectando las relaciones sensibles, estratégicas y tradicionales de Colombia con Estados Unidos principalmente, como aliados comerciales, institucionales y mutuamente comprometidos con la lucha frente al narcotráfico, puesto que durante la negociación del proceso de paz y su aplicación ha sido  poco eficaz la lucha por la erradicación de cultivos, que se estima llegan a más de 210.000 hectáreas. Según opinión de la Corte, el glifosato que es la cura eficaz para la erradicación de las plantas de coca, es cancerígeno si se aplica a esos cultivos, pero no lo es cuando se emplea en otro tipo de cultivos agrícolas. Otro acomodo de nuestras Cortes. Nada raro fuera que en la campaña política de los Estado Unidos el tema de Colombia, su narcotráfico y su guerrilla se vuelva controversia de campaña y termine llevando al país a una descertificación, con lo cual, por un lado, perderíamos la ayuda de ese país, más de US$ 400 millones por año para erradicación y, por otro lado, el mercado más importante para nuestras exportaciones (principal socio comercial), las cuales el país requiere en forma urgente para balancear sus déficit comercial y fiscal.

El tal acuerdo de paz que se nos vendió bajo lo luminoso de la defensa de la paz como el mayor valor para la concordia y las relaciones armoniosas entre los ciudadanos, cuando, en realidad, es un acuerdo diseñado para favorecer a las FARC, con lo cual la institucionalidad y la majestad del país está en juego y con ella su economía y el verdadero bienestar de todos los ciudadanos. Qué ejemplo para nuestras generaciones futuras: la enseñanza es que se puede delinquir como guerrillero, con supuestas motivaciones políticas, que después vendrán los privilegios concedidos por el propio Estado.

¿No es todo esto: la actuación de la rama judicial, el acuerdo de paz, el caso Santrich, la falta de gobernabilidad del Gobierno en el Congreso, la interinidad en la Fiscalía, la conducta de los partidos, la del Procurador, etc. la negra noche para Colombia?, en mi opinión sí.