EL ESTADO VACA LECHERA

Comentario 13/01/2020

EL ESTADO VACA LECHERA

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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Las 104 peticiones planteadas por el comité del autollamado paro nacional, compuesto por algunos sindicatos, movimientos populares, estudiantes y vinculados a las universidades, dirigentes sindicales, etc., se han convertido en una explosión de peticiones de los más diversos orígenes[1], algunas de carácter social, otras de tipo político, otras más sobre seguridad y varias para la generación de oportunidades y/o de subsidios por parte del Estado.

Intrínsecamente la gran mayoría de las solicitudes son logros deseables para el país, hablar, por ejemplo, de educación gratuita y de calidad, es una aspiración de todas las sociedades y una palanca poderosa para el desarrollo de un país, dado que la educación es el factor que más multiplica el crecimiento, el bienestar, la ocupación, el progreso y el mejoramiento de una comunidad. Sin embargo, del dicho al hecho habrá siempre mucho trecho, dados los ingentes presupuestos que se requieren, los cuales escapan a las capacidades propias del Estado Colombiano, si bien para este año 2020, se ha apropiado el mayor presupuesto de educación en toda la historia. Los maestros, por el contrario, no quieren someterse a planes de evaluación para sus propios mejoramientos, entonces, ¿cómo avanzar en calidad, si no se puede evaluar el mejoramiento cualitativo de los maestros?

Si se habla de la protección de los líderes sociales, como otro elemento de las peticiones planteadas, algunos de los cuales han sido asesinados por fuerzas criminales de diverso origen (grupos criminales organizados, grupos guerrilleros residuales, violencia política y aún venganzas personales), es una aspiración de la mayor urgencia y conveniencia para el país, dado que la paz no se aclimata en los textos firmados sino en los campos donde la gente vive, con la ayuda del Estado. Sin embargo, el tamaño del problema es mayúsculo como para pensar en la presencia de la institucionalidad del Estado Colombianos en todas las regiones del país, con programas y proyectos sociales, de seguridad y productivos. Para estos efectos, las FARC, por ejemplo, estaban obligadas a entregar bienes por cerca de un billón de pesos dentro de los acuerdos de paz, los cuales, o bien no aparecen o bien son de tan pobre monetización que no pueden ser un verdadero apoyo para estos fines.

Solicitudes como lo relacionado con la reforma pensional, la cual pretende lograr  que a futuro un mayor número de personas puedan pensionarse y que no haya pensiones de mayor cuantía subsidiadas por el Estado, de tal manera que éste se concentre en las pensiones y “beneficios periódicos BEPS” para los de menores ingresos o a programas de protección del adulto mayor, todo lo cual es deseable, sin embargo de allí a que las pensiones sean una obligación del Estado únicamente, sin el esfuerzo de los ciudadanos, hay una distancia infinita. Cada ciudadano, en forma responsable, debe preocuparse por la formación de su pensión, desde el inicio de su ocupación productiva, los años viejos son para todos y es mejor preverlos desde ahora y no cuando se tenga la edad de retiro. En Colombia coexisten Colpensiones (régimen de prima media) y los Fondos Privados de Pensiones (régimen de ahorro individual), a pesar de todo, la cultura ciudadana es cotizar poco a pensión o no cotizar (evadir).

En Colombia tenemos unas de las mejores coberturas en salud y la calidad de la atención es, en general, aceptable, sin embargo el sistema de las Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y de las aseguradoras de los servicios de salud (EPS), y los organismos del Gobierno vinculados al sistema de salud, adolecen de grandes fragilidades de todo tipo, comenzando por la corrupción y las instituciones llamadas de “garaje”, es decir, con poca capacidad económica y técnica, con liquidez y solvencia insuficientes y con calidad de la gerencia poco experimentada y comprometida, para ser participantes activos y eficaces de dicho sistema. Las peticiones de los marchantes sobre la salud son bienvenidas, pero las soluciones son complejas y costosas en su aplicación. La ley de punto final que intenta llevar a cabo el gobierno Duque, para conciliar y dar finiquito a las deudas de los participantes del Sistema de Salud, es un excelente camino de solución.

Se solicita también el cumplimiento de los acuerdos de paz, ya que su aplicación eficaz es un compromiso del Estado Colombiano, sin embargo los compromisos derivados de los acuerdos de paz han sido valorados en más de 125 billones de pesos, los cuales, nos preguntamos, ¿de dónde van a salir? Son tan grandes sus magnitudes, frente a un presupuesto nacional ya comprometido, que el proceso de estas nuevas demandas sólo podrá resolverse a través de muchas administraciones, la presente y varias hacia el futuro, en forma paulatina, para no conducir a graves déficits fiscales o endeudamiento público insoportables para las débiles finanzas públicas.

Se solicitaba también retirar la reforma tributaria, llamada también ley de crecimiento económico, ya aprobada por el Congreso, la cual contiene dos grandes capítulos: por una lado establecer el origen de los recursos con que contará el Estado provenientes de los impuestos y, por el otro, los estímulos y beneficios creados al sector privado para la generación de nuevas inversiones, crecimiento y ocupación, preferiblemente en los jóvenes. Además, la consagración de medidas sociales como la devolución del IVA a las clases de menores ingresos o los días sin IVA, por ejemplo. Sin esta ley, la parálisis del Estado sería inevitable y las condiciones para el desenvolvimiento de los servicios del Estado, prestados en forma propia o delegada, como son la salud, la educación, la vivienda social, la infraestructura, la seguridad, las relaciones exteriores, el bienestar social y ciudadano, etc., no podrían funcionar.

Hay una gran contradicción entre lo solicitado por los marchantes, como los breves puntos comentados, así como también el querer más y más subsidios y beneficios del Estado, sin considerar sus capacidades y limitaciones. Además, no se puede concebir el Estado como la “vaca lechera de ubres generosas” dispuesta a prodigar subsidios y beneficios en todas direcciones. Cada sector que tiene problemas acude al Estado para que se los solucione, por esta vía, las ganancias son privadas y las pérdidas son públicas. Aquí el enfoque debe ser cada uno a lo suyo, cada individuo logrando construir su progreso, con el apoyo de los servicios del Estado, sin esperar los ríos de leche y miel de los subsidios del Estado, que ese ente prodigioso y con recursos ilimitados ni existe ni existirá y filosóficamente no debería tampoco existir, para desplazar la responsabilidad individual de la búsqueda del progreso y bienestar propios, y trasportarlo como una obligación colectiva a través del Estado. Además debemos reflexionar que el Estado somos todos.

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[1] A través de internet han llegado al Gobieno más de 11.000 peticiones de estos ciudadanos.

¿NEGOCIAR O DIALOGAR?

Comentario 9/12/2019

¿NEGOCIAR O DIALOGAR?

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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Los autoproclamados dirigentes del autoproclamado paro nacional, quienes obran en nombre de los estudiantes, los obreros, los profesores, los indígenas, las organizaciones de base (sindicatos, asociaciones, grupos sociales), los funcionarios públicos y supuestamente los inconformes de todo tipo participantes, sometieron a la consideración del presidente y sus ministros un pliego de 13 puntos para ser negociados en representación, según su opinión, de todos los colombianos.

Los trece puntos declaran pretensiones de varias naturalezas, en los más diversos aspectos de la vida nacional, como son:

·         Temas laborales (reforma laboral, de pensiones y otras normas).

·         Aspectos fiscales (retirar la ley de financiamiento).

·         Cumplimiento de los acuerdos de paz.

·         Cumplimiento de otros acuerdos firmados por el Estado con sectores sociales.

·         Sobre el holding financiero del Estado.

·         No privatizar bienes del Estado.

·         Relacionados con el ESMAD.

·         Los productores agropecuarios y los tratados de libre comercio firmados por el país.

·         Trámite de leyes anticorrupción.

·         Derogar el impuesto para Electricaribe.

·         Temas ambientales para ser negociados con las organizaciones sociales.

Tres consideraciones surgen sobre los hechos recientes del paro “nacional”  y la inconformidad de los ciudadanos, quienes han salido a las calles a manifestar, con marchas y cacerolazos[1], su inconformidad:

1.    La legitimidad de su representación.

No puede ser posible que un grupo de ciudadanos, por más numeroso que sea, se autoproclamen representantes del pueblo colombiano para negociar temas de la agenda nacional con el gobierno, sin que haya mediado un instrumento democrático y representativo para su elección y proclamación como voceros y negociadores en aspectos tan sensibles para el presente y futuro de los colombianos. Sin entrar a discutir el carácter final de su motivación política como adecuada o no, lo cual dependerá de la orientación individual de cada ciudadano sobre el país que quiere y espera, razón por la cual la democracia, en su sabiduría, prevé el mecanismo de votaciones libres y abiertas (o mecanismos equivalentes) para tomar estas decisiones, cuando no pueden resolverse por el Congreso de la República, que es el órgano llamado a examinar las modificaciones constitucionales y legales,  y también por las Cortes para juzgar su apego a la constitución. 

2.    Conveniencia nacional de sus solicitudes.

No alcanzo, en este breve espacio, a referirme a cada una de las peticiones, me refiero a dos, al menos:

·         No a las reformas laborales y de pensiones: esta es una extraña solicitud, por un lado, porque aún no han sido presentadas y por el otro, porque la evidencia demuestra la contundente transformación del trabajo formal e informal de las personas en razón de los avances tecnológicos y los cambios en la cultura y las costumbres, así como también la mayor expectativa de vida y la baja cobertura de los sistemas de pensiones actuales. 

·         No a la ley de financiamiento: con la pretensión de que sea retirada del Congreso, cuando es la columna vertebral de las finanzas públicas para los próximos años, las cuales, sin recursos adecuados, no serán capaces de atender las necesidades sociales (salud, educación, pensiones, vivienda y bienestar) y de desarrollo del país (infraestructura, TIC, modernización de los servicios del Estado, seguridad, etc.)

3.    ¿Negociar o dialogar?

Diálogo entre el Gobierno y los ciudadanos siempre debe haber, sin embargo, la pretensión de los marchantes es que el Gobierno tiene que negociar con ellos su llamado pliego de peticiones (los 13 puntos), como si las políticas y actos de un gobierno elegido democráticamente deban ser sometidos a la negociación y concertación de los grupos de opinión, cualesquiera que sea su denominación u origen. Hoy serían los actuales marchantes y luego, ¿cuáles otros grupos adicionales quisieran negociar políticas o acciones de Gobierno pues se sentirían con igual derecho? Cómo sería el caos de un Gobierno y de una sociedad sometidos a esta contingencia, además, con la amenaza de negociar para suspender el paro nacional o de lo contrario la continuidad de todas sus acciones de parálisis del normal desenvolvimiento del país, por más que sus expresiones no sean violentas, por sí mismas. Sin embargo, el solo entorpecimiento o la privación de las actividades y los derechos de otros, ya, de por sí, es una forma de violencia.

Todos deseamos  y merecemos vivir en un país con más equidad y justicia, sin embargo, la gran mayoría de los ciudadanos no estamos participando en el autoproclamado “paro nacional”, y además tenemos iguales derechos a oponernos a las acciones de los grupos de protesta actuales, aunque como manifestación de nuestra opinión empleemos “los sonidos del silencio”, los cuales, si bien no se manifiesten en marchas y protestas, igual validez tienen, para rememorar con esta reflexión la famosa canción de Simon and Garfunkel [2].

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[1] Los cacerolazos son una experiencia nueva para el país, donde hay que explorar mucho más profundamente las motivaciones de sus participantes. Es tal su diversidad y sus opiniones que no necesariamente están representados en los 13 puntos del “paro nacional”.

[2] Simon and Garfunkel fue un dúo compuesto por Paul Simon y Arthur "Art" Garfunkel, quienes fueron unos artistas muy populares en la década de los 60. Algunas de sus canciones más conocidas son «The Sound of Silence» («Los sonidos del silencio») y «Mrs. Robinson» («La señora Robinson»).

EL CAMBIO DE MODELO

Comentario 2/12/2019

EL CAMBIO DE MODELO

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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Han continuado las marchas de protesta en el país[1], para manifestar el descontento, según se dice, esencialmente, con las políticas del presidente Duque, si bien las marchas no han estado exentas de un variado surtido de motivos, con los diversos contenidos. Obviamente, se ocupan también de algunas reivindicaciones sociales, políticas y económicas como conquistas a lograr por los marchantes, quienes afirman que no están dispuestos a dialogar porque lo que ellos van a hacer es negociar con el Gobierno Nacional, como si este último tuviera en sus manos la modificación de la Constitución y las estructuras de funcionamiento del Estado, a su antojo y su amaño, desconociendo la institucionalidad del país, sus leyes y particularmente el Congreso de la República y las Cortes, quienes las reforman y reglamentan.

Sin embargo, al escuchar con detenimiento a los líderes del paro, su movimiento esta frontalmente dirigido al cambio del modelo económico, político y social del país, es allí donde ponen todas sus esperanzas. Muchas de sus manifestaciones sobre educación pública, no actuación de la fuerza pública (ESMAD), cambios en la justicia, la corrupción, la salud, etc., son simples menciones del asunto verdaderamente de fondo que es el cambio en el modelo de país que hoy tenemos. De hecho, aunque mucho se ha afirmado que son protestas contra el gobierno y las decisiones del Presidente Duque, yo no lo creo, en realidad es contra el modelo, no contra Duque, éste es un “accidente” en el proceso revolucionario del cambio radical de una sociedad, aunque Duque y sus ministros también merezcan un llamado de atención por lo que han sido en varios casos sus desaciertos.

En la práctica, podría ser titular de la presidencia otro personaje y también buscarían que se cayera, pues cayéndose el presidente, se cae gran parte de la institucionalidad y con ella se erosiona de manera grave el modelo económico, político y social del país. Así que, saquémonos de la cabeza que el “malo” para los manifestantes es Duque, no, el malo, para ellos, es el modelo que nos acompaña en el desarrollo de nuestra vida institucional como nación, democrática, libre, soberana, con la misión de país de ser un estado social de derecho. ¿Y qué es, entonces, lo que se quiere cambiar?

Hay dos variables estructurales de naturaleza económica que caracterizan los modelos económicos de los países, ellas son:

1.    Economías abiertas o cerradas según sea la relación del país con otras naciones en cuanto a intercambios de comercio de bienes, servicios, inversiones y relaciones diplomáticas. Las economías occidentales, en general son economías abiertas, han suscrito tratados de libre comercio y complementación económica para desarrollarse mutuamente, inclusive algunos han formado bloques económicos como los países del Asia Pacífico, por ejemplo, y aún uniones económicas como la Unión Europea. En estos estados hay una plena libertad de empresa e iniciativa privada, supervisada por el Estado para evitar los excesos del mercado, pero no intervenida por el Estado. El propio mercado interno y externo moldea a los competidores y cada vez los pone a competir con más calidad y valores agregados. Su único y más preocupante peligro es que haya tanto poder económico en algunos grupos empresariales que quieran condicionar al Estado y a la ciudadanía, como se afirma hoy de las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram, etc., o el descontrolado y perniciosos estilo y uso en que se han convertido las redes sociales.

2.    Por otro lado, hay economías de corte liberal capitalista, de carácter democrático, donde los particulares pueden desarrollar, con libertad e independencia, sus iniciativas de inversión o de vida, preservar sus propiedades como privadas y tener un régimen de libertades públicas y ciudadanas, aspirar al progreso individual en la vida profesional, familiar y empresarial, como es Colombia actualmente. Todo lo cual se contrapone con economías que desarrollan un socialismo de estado, donde es el poder del Estado quien interviene en todos los sectores del desenvolvimiento del país, de la propiedad privada (no existe, los bienes están en función del Estado), de la inversión individual, del destino de los ciudadanos y de su modelo de vida, con autoritarismo y en ocasiones con autocracia, como ocurre hoy en Venezuela. En estas sociedades, el Estado concentra todos los poderes y es casi que omnipotente en todas las decisiones, sin ninguna consulta o participación democrática a los ciudadanos.

A su vez, hay dos variables sobre las libertades individuales que también caracterizan los modelos económicos, políticos y sociales:

3.    Los países con democracias liberales están sometidos al régimen de elecciones y votaciones para determinar sus representantes en los órganos de dirección, con división de poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Órganos de Control y Órganos de defensa) y periódicas consultas a la ciudadanía sobre los temas de trascendencia para la comunidad. Ocasionalmente reforman sus leyes con mecanismos institucionales como las Asambleas Constituyentes, los referendos, las consultas, los plebiscitos, etc. Hay libertad religiosa, de opinión política, y de convicciones ciudadanas, hay pluralidad.

4.    Los países con economías caracterizadas por el socialismo de estado, no son en realidad países libres para los ciudadanos, hay dirigismo del Estado y en él se concentra el poder y decisión de las mayorías en asuntos de carácter comunitario y estatal y de las relaciones exteriores con el resto del mundo. Los ciudadanos no participan, no son consultados, su opinión vale poco, es la camarilla que gobierna quien toma decisiones y ella misma las cambia a su conveniencia, las supervisa con supuestos organismos de control nombrados y administrados por ellos mismos. Se llega a Estados de partido único, gobierno único y permanencia indefinida en el manejo y control del gobierno (no hay quien “destornille” a un socialista de su cargo público un vez lo ocupan). No los cambia nadie, son autócratas y algunos verdaderos dictadores.

Con toda la imperfección que pudiera tener del modelo capitalista liberal, democrático, con libertad individual, economía privada, enfoque de mercado abierto y propiedad privada, con marco electoral, división de poderes y representatividad ciudadana, sería impensable en Colombia aceptar un modelo con socialismo de estado, concentración de poder, acción y decisión sólo en la camarilla que dirige el estado, partido único, ausencia del ciudadano en las decisiones del Estado, perdida de la propiedad privada, de la iniciativa individual y una total autocracia e intervencionismo por parte del estado.

Son todos los ciudadanos lo que tienen que decidir, pero bien informados sobre lo que pierden y ganan en cada modelo económico, político y social. Yo prefiero el que hoy tiene Colombia y no el que se nos quiere imponer por los marchantes actuales, quienes se han tomado la vocería de la ciudadanía, hablando en nombre de “todos los colombianos”, sin ningún derecho para hacerlo, son socialistas y por lo tanto autocráticos. Animo Colombia, no nos dejemos imponer un modelo político y social que no es el nuestro.

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[1] Al igual que en Colombia, las marchas (cacerolazos) son un fenómeno de varios países en Latinoamérica, lo cual demuestra que hay detrás de ellas hay una intención y una organización estructuradas, no es algo ocasional o momentáneo.

¿Y AHORA QUÉ SIGUE?

Comentario 25/11/2019

¿Y AHORA QUÉ SIGUE?

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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El 21 de noviembre de 2019 pasará a la historia contemporánea como uno de los días más agitados en la política nacional en razón al paro citado por diferentes movimientos estudiantiles, políticos y sociales para protestar nominalmente por las políticas del gobierno en materia social y solicitar una Colombia más justa. Las marchas han resultado concurridas y exitosas, hasta ahora pacíficas, reflexivas y aleccionadoras para todo tipo de públicos, sin embargo y, como siempre ocurre, lamentablemente terminaron en vandalismo, saqueos y pillaje, realizado por un grupo de agitadores profesionales y desadaptados (¿con cuáles intereses y para logar qué?), lo cual le restó credibilidad y contundencia al mensaje de los participantes.

Sin embargo, la mezcla variopinta de marchantes permitió revelar que no existía una identidad de pensamiento sobre los motivos del paro. Por los noticieros radiales y televisivos, en las entrevistas que se han hecho para identificar por qué marchan, se han oído las más diversas y a veces contradictorias o, real o supuestamente, mal informadas respuestas, tales como las siguientes, por sólo mencionar algunas:

• Por el paquetazo de Duque (la reforma laboral y la reforma pensional, aún no presentadas por el gobierno nacional, quien afirma que serán concertadas con trabajadores, sindicatos y gremios).
• Por los asesinatos de líderes sociales.
• Por la implementación del proceso de paz, sin ser muy explícitos en qué o para qué y por los problemas de la JEP (Justicia Especial para la Paz).
• Por la caída de Evo Morales y las protestas sociales en Chile.
• Por la insuficiencia de recursos para la educación, supuestamente no cumplidos por el Gobierno, si bien se ha dado el aumento más grande en el presupuesto de educación de toda la historia.
• Por las reivindicaciones sindicales y de los trabajadores.
• Por las deudas vencidas en el sistema financiero.
• Por los subsidios de vivienda.
• Por la renuncia del presidente Duque. Hay un grupo de marchantes que parece que sólo le interesa la desestabilización y la caída del gobierno actual, si bien fue elegido con 10,3 millones de votos.
• Por la desaparición del Esmad (cuerpo de policía antidisturbios).
• Por la corrupción en el Estado y los partidos políticos.
• Por las “injusticias de la justicia”.
• Por los problemas de movilidad y transporte público.
• Por la vivienda de interés social.
• Por las aletas de tiburón y su consumo.
• Por la defensa del medio ambiente.
• Por el desempleo y la pobreza.
• Etc.

Sería interminable citar todos los ejemplos, lo cierto es que se ha argumentado sobre todo tipo de causas para justificar el “descontento social”. Nadie niega que en Colombia haya problemas serios de inequidad, de falta de oportunidad o de insuficiente calidad de vida y bienestar para todas las capas sociales.  Ni aún los barrios de estratos altos han estado exentos de los cacerolazos.

Sin embargo, si se mira retrospectivamente el progreso del país en los últimos años ha sido notable en materia económica y social, con la formación de una clase media robusta y condiciones de vida cada vez mejores, por la cobertura de los sistemas de salud, por el avance en la educación, los desarrollos en vivienda, y en los demás frentes del bienestar ciudadano. De hecho, la esperanza de vida de los colombianos hoy es de 77 años (para 1960 era de 57 años), lo cual habla muy bien de su mejor estar de vida.

A pesar de ello, las protestas de los marchantes tuvieron su eco y el Gobierno ha prometido un diálogo social, en hora tardía concebido para explorar cuáles son las reformas sociales, económicas y políticas que realmente requieren los colombianos, que trascienden la constitución actual y su modelo de desarrollo político, económico y social. Lo primero que habrá que hacer es entender muy bien las prioridades y sus razones, porque el diálogo social no puede ser el refugio de todos “los pecados y todos los pecadores”. Afinar la puntería en lo que se requiere verdaderamente, cómo se instrumenta y cómo se implementa, es vital para no disparar a muchos “blancos” con el riesgo de no darle a ninguno. Además, los problemas generados a través de  décadas no se resuelven en un solo momento.

También, no se puede concebir el Estado Colombiano como el responsable de solucionar todos los problemas de los colombianos, prodigando subsidios a troche y moche, esto lo convertiría en un gran “pulpo”, fortín de la corrupción, el despilfarro, la ineficiencia y la politiquería. Además, ¿de dónde surgiría la financiación: del déficit fiscal, del endeudamiento público interno y externo, de los impuestos, de exacciones y contribuciones de los ciudadanos y las empresas, y de…? Sería inconcebible un Estado así para el desarrollo y crecimiento de la iniciativa privada y para la competitividad nacional a nivel interno e internacional.

El Estado debe ser un jugador leal en el sistema económico frente a la actividad privada y la iniciativa individual de los particulares, por supuesto, debe estar comprometido con el progreso y bienestar de todos los ciudadanos, pero no pensar que es una “gran ubre” con capacidades infinitas e ilimitadas para subsidiar todo tipo de necesidades, en todos los renglones y regiones de la geografía. ¿Cuál es el Estado que Colombia y los colombianos necesitamos?, esta definición debería ser una causa prioritaria para justificar verdaderas reformas sociales.

LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y LA GOBERNABILIDAD

Comentario 18l/11/2019

LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y LA GOBERNABILIDAD

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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En los últimos años las conductas políticas del país han cambiado en forma errática, lo cual ha generado un escenario de inestabilidad y de falta de gobernabilidad, debido, principalmente, a la debilidad del ideario político de los partidos tradicionales ubicados en la oposición, la aparición de nuevos idearios y la insuficiente acción de gobierno por parte del ejecutivo, ante un legislativo y judicial inestables,  que hoy tienen gran participación en los temas políticos y cotidianos, más allá que en el hacer las leyes y el juzgar sobre su constitucionalidad, respectivamente. Si esto se acompaña con marchas ciudadanas, del más diverso origen, con demandas reivindicativas de derechos sociales en algunos casos, pero con exigencias de cambio en el modelo político y económico en otros, o con manifestaciones de anarquía y violencia, el escenario político no puede ser más inestable.

Aún los gobiernos, con algunas mayorías relativamente amplias durante su elección han tenido tropiezos, como ha sido el presidente Iván Duque con sus diez millones largos de votos, la elección con más votos en toda la historia del país, quien no ha estado exento de las singularidades descritas. Pero más que los votos han podido la actitud política agresiva de los partidos y el pertinaz ambiente en el Congreso.

A este fenómeno han coadyuvado dos decisiones de transparencia y buen gobierno que han resultado contrarias en su aplicación. La primera, el no otorgar la famosa “mermelada” (presupuesto, contratos y cargos públicos), como condición para su acción y avance de gobierno, a un Congreso ávido y mal acostumbrado con esta práctica corrupta. Y, la segunda, no nombrar en cargos significativos de su gobierno a representantes de las distintas corrientes políticas, costumbre también acendrada en las andanzas de gobiernos clientelistas en el país. Además, no ha sido muy asertivo con el nombramiento de varios de sus ministros, los cuales no han gozado de una opinión pública claramente favorable, pero sí han contado con una dura oposición en el congreso para las iniciativas que tramitan. Todo esto ha conducido a la baja gobernabilidad y menor eficacia del presidente Duque como modelo de transparencia.

Si, además, analizamos la confrontación política cotidiana (izquierdas, derechas y centros), en medio de la aclimatación de un proceso de paz, el cual ha dejado como resultados elementos de duda en materia de impunidad e ilegalidad para algunos, todo lo cual ha agudizado una intensa polarización, con sus consecuencias de choque y confrontación en diversos escenarios, generando una muy fuerte rivalidad política, no sólo de opiniones sobre los temas del día a día, sino también con fuertes ataques al modelo económico, político y social prevaleciente sobre libertad de mercado y de empresa, propiedad privada, apertura económica con el resto del mundo, relaciones del Estado y el sector privado equilibradas y transparentes, e intervención del Estado para garantizar el bienestar social y la seguridad ciudadana.

Desafortunadamente, y en buena medida consecuencia de lo anterior, aunque no únicamente por esa razón, el gobierno Duque no ha contado con un adecuado desempeño en varios frentes, heredados algunos, actuales otros, como, por ejemplo, y por citar sólo algunos, la continuación de la violencia guerrillera, las bandas criminales y el narcotráfico.

Salvo en lo económico, donde al país le ha ido bien en general, con un notable crecimiento del PIB, inflación bajo control, tasas de interés bajas y niveles crecientes de inversión nacional y extranjera, una demanda interna dinámica y creciente, todo lo cual ha “aislado” a Colombia de los impactos y coletazos del menor crecimiento de la economía mundial (especialmente el menor crecimiento en China y Europa), si bien Colombia no está exenta de efectos desfavorables e imprevistos desagradables. El buen andar de la economía, sin embargo, no ha sido acompañado todavía por algunos indicadores sociales como el menor desempleo o el mayor desarrollo en algunas zonas y sectores, lo cual aún deja mucho que desear.

A la confrontación, por razones ideológicas o partidistas, se han sumado las tensiones por la demanda de condiciones más justas en materia social y por mayores oportunidades de acceso al crecimiento y desarrollo económico en toda la geografía del país. Esto, que es un legítimo derecho y aspiración, se debería lograr paulatinamente con mayor y mejor crecimiento de la demanda y la inversión y con ella de toda la economía.

Ahora, la demanda y la inversión no son actos sólo racionales de las personas, en ellos influyen decididamente las percepciones de estabilidad y seguridad sobre la dinámica del país y sobre su modelo económico, político y social. Si los consumidores se sienten ante un escenario que continuamente da señales de inestabilidad, se protegerán aplazando o disminuyendo su consumo y, si los inversionistas, dudan sobre la permanencia del modelo económico que los rige, se retraerán poco a poco de sus inversiones y de su avance en proyectos y desarrollos.  Es necesario que el país regrese a una senda de estabilidad política y de gobernabilidad, si no se quiere generar una incertidumbre creciente que anule lo ganado en los diferentes frentes económicos y sociales. Un ambiente de seguridad y de credibilidad en el modelo económico y político del país, en sus reglas de juego y en los que lo gobiernan, es el mejor escenario para realizar las trasformaciones sociales y económicas que el país y sus ciudadanos merecen. Un voto de confianza en Colombia y sus instituciones sería una buena señal.

LOS CAMBIOS SOCIALES Y POLÍTICOS

Comentario 12/11/2019

LOS CAMBIOS SOCIALES Y POLÍTICOS

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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La política mundial parece un reverbero, de un momento a otro “centellea y hay llamas” por algún lado, con todo tipo de conflictos de poder, políticos, religiosos, militares, territoriales, étnicos, de corrupción, de delincuencia, de ideologías contrarias, de presiones económicas, de desplazamientos humanos, de conflictos regionales, y aún de cambios climáticos y sus consecuencias. Incluido en todo esto la distorsión o el refuerzo de la verdad y la objetividad que las redes sociales y las avanzadas tecnologías crean como oportunidad o como desafío.

Lo mismo está sucediendo en Latinoamérica: llega AMLO con un gobierno con más promesas que realidades en materias económicas y de seguridad, ahogado por el narcotráfico y afectado por el “muro” anti-inmigrante de USA, cae Evo en forma estrepitosa en Bolivia luego de la evidencia de fraude en las elecciones, aparece la formula Fernández – Kirchner en Argentina para cambiar el modelo económico y político impulsado con gran dificultad por Macri, Bolsonaro, con una fuerte orientación de derecha, enfrenta de nuevo a Lula en las calles de Brasil, Lenin Moreno soporta graves demandas de los pueblos indígenas con alta influencia del ex mandatario Correa, Perú con un gobierno interino, en crisis de gobernabilidad y también ahogado en corrupción, Uruguay con eventual cambio de orientación política, Chile en medio de demandas sociales y políticas impensables tres meses atrás y en Colombia con un frontal ataque de la oposición para deslegitimar al gobierno de Duque que sigue sin confirmar sus bondades con contundencia. Caso aparte son, también, los hechos oprobiosos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, los cuales son un verdadero atentado contra las más básicas libertades democráticas y en algunos casos cohonestando con el narcotráfico y el delito transnacional.

De hecho, en Latinoamérica, estamos afrontando tres tipos de demandas, las cuales son diferentes en su contenido y orientación, veamos:

Cambios con alto contenido social

Se trata de verdaderas reivindicaciones de carácter social en materia de soluciones básicas de vivienda, salud, educación, pensiones y bienestar. Dependiendo de las características de cada país, la gravedad y complejidad de los problemas es diferente. Por ejemplo, en Colombia se ha logrado una razonable cobertura y calidad en la salud y la educación, pero una muy pobre cobertura en las pensiones. En Chile la cobertura en pensiones es notable pero el porcentaje de restitución, es decir, lo que recibe quien se jubila es tan bajo que no ofrece respaldo para una vida digna. Así podrían mencionarse caso a caso todos los países y tendrían, unos más otros menos, pero todos por igual, significativas necesidades en materia social. Aquí las protestas son argumentadas y deberían merecer todo el respaldo de la comunidad, siempre que se hagan por los cauces legales y por las vías pacíficas. El límite en cada país está en su capacidad económica, su menor o mayor corrupción y la eficiencia de su gasto público.

Cambios con alto contenido político

Otro tipo de demandas son las de cambios políticos de gobierno o cambios constitucionales, que en los últimos años, por las vías electorales y según las propias constituciones y reglamentos se han hecho para elegir nuevos gobernantes democrática y electoralmente o para modificar aspectos relacionados con la constitución política del respectivo país. Se ha acudido a referendos, plebiscitos o asambleas constituyentes como fórmulas de cambio, todas las cuales en el maco institucional y en forma democrática, civilizada y pacífica. Cada país es dueño de decidir su destino en términos de la constitución que lo rija y el gobierno que lo represente. Estos cambios, por supuesto, deberían ser respetados y acatados en forma pacífica.

Cambios con contenido subversivo y anárquico

Lo que no puede ser, y se ha vuelto un hecho frecuente, es presionar cambios de tipo político, social, constitucional o institucional a partir de la violencia y el anarquismo. Los grupos de encapuchados que en forma arbitraria atentan contra los intereses de los propios marchantes, los comerciantes, los empleados, los estudiantes, los pequeños negocios, los servicios de transporte, los bancarios, los de salud, los de recreación, es decir, atentan contra el funcionamiento de la comunidad y los derechos de los demás, son simplemente un anarquismo de carácter subversivo y totalitario, que vulnera la constitución, las leyes y los intereses de los demás ciudadanos, imponiendo, bajo agendas ocultas (encapuchados) lo que les viene en gana, con grandes costos económicos, políticos y sociales. Se afecta la estabilidad, la credibilidad, la confianza y el prestigio de una nación. Estos movimientos deben ser rechazados y sancionados por toda la comunidad y con toda la fuerza de la ley.

SOSTENIBILIDAD Y EQUIDAD

Comentario 5/11/2019

SOSTENIBILIDAD Y EQUIDAD

Por: Carlos Alberto Mejía Cañas

Ingeniero Industrial y Administrativo

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En la empresa privada se emplean como criterios de valoración de las inversiones y desarrollos que se realizan, los indicadores de crecimiento y rentabilidad, como elementos directores sobre la bondad o conveniencia de dichas aplicaciones económicas. Desde el punto de vista privado es claramente justificable pensar en estas dos variables como elementos decisorios para sus planes de desarrollo y expansión. Todo negocio, para su supervivencia y consolidación, requiere crecer, diversificarse y ser rentable, de lo contrario no es sostenible.

Aquí introducimos la primera variable de este comentario, lo sostenible, que significa lo que puede permanecer a través del tiempo, porque genera valor, progreso, bienestar o contribución, lo cual hace que sea de interés mantenerlo y, por supuesto, desarrollarlo para acrecentar los beneficios que produce. Tanto en las ciencias exactas como en las ciencias humanas y en las sociales, y con gran difusión en la relación del hombre con el medio ambiente, se ha empleado desde hace varios años el concepto de la sostenibilidad, como relacionado con algo viable, posible y que tiene las características de permanencia que le permiten su existencia y duración.

La segunda variable de este comentario nos habla de la equidad, la cual significa igualdad e imparcialidad en el uso y reparto de las cosas, tema que toma valor en las relaciones entre los seres humanos y en la aplicación imparcial de la justicia y las leyes que gobiernan una comunidad. En el aspecto macroeconómico, principalmente, se conoce como equidad la distribución justa de la riqueza entre los miembros de una sociedad, a la moderación en los precios de los bienes básicos y a la justicia en los términos de la aplicación de las disposiciones legales.

Las empresas y empresarios privados cada vez más han incorporado las palabras sostenibilidad y equidad como parte de los indicadores de evaluación sobre la bondad o conveniencia de sus inversiones y acciones y no sólo los criterios de crecimiento y rentabilidad. Por supuesto, los elementos directores primarios son los dos últimos, pero los dos primeros ya son elementos de revisión y valoración, especialmente en aspectos medioambientales y en temas relacionados con la responsabilidad social empresarial (RSE).

Algunas normas legales, inclusive, protegen ciertas áreas geográficas o reservas naturales para evitar la depredación por parte del ser humano con sus actividades productivas, de servicios, de comercio o extractivas. Se exigen consultas previas como condición de concertación de los intereses privados y los comunitarios, práctica, ésta última, que está siendo, lamentablemente, convertida en materia de presión política, económica o social, para poder concertar los intereses de unos y otros. En materia medioambiental cada vez hay mayor conciencia de su importancia y necesidad, la “casa común”, la madre tierra, debe ser un compromiso y responsabilidad de todos.

En la medida en que los criterios de equidad y sostenibilidad se incorporen con mayor intensidad en la actuación privada, y, por supuesto, en la pública, el entorno macroeconómico, el ambiental y el social, tenderán a ser más justos, pues si el empresario garantiza el éxito de su negocio, éste será una fuente de progreso, empleo y prosperidad en sus áreas de influencia, pero sí, además, lo hace con criterios de equidad (generar más oportunidades) y sostenibilidad (generar más permanencia), estará traduciendo elementos singulares de valor a la comunidad.

En el ámbito gubernamental, no se involucra como elemento determinante el criterio retorno económico para aceptar la viabilidad de los proyectos, porque entran a jugar un papel determinante los criterios de orden social, es decir, el o los beneficios que un proyecto de infraestructura, por ejemplo, tenga para las comunidades que atiende. Muchos proyectos que realizan los gobiernos tienen criterios de evaluación social, sostenibilidad y equidad incorporados, pero no así el criterio de crecimiento y rentabilidad económico, si bien también sería bienvenido, si se presenta.

Es cierto que la rentabilidad económica no es ni debe ser el criterio decisor en los proyectos comunitarios, pero no debe dejarse de lado si es posible lograrlo en asocio con los demás criterios mencionados. Nada haría más bien a las finanzas públicas locales, regionales o nacionales que disponer de proyectos viables y financieramente auto-sostenibles, los cuales, cumpliendo con los aspectos de progreso social, sostenibilidad, equidad y protección del medioambiente, contribuyan positivamente a las finanzas propias de su ejecución, mantenimiento y desarrollo futuros, todo lo cual se traducirá en mayores beneficios para la propia comunidad.

No son nuevos en la evaluación de las decisiones de inversión los criterios de sostenibilidad y equidad, sin embargo, cada vez deberían ser incorporados en mayor forma a los análisis, tanto privados como públicos, de las inversiones empresariales o comunitarias.