LAS ORILLAS POLÍTICAS

Comentario 22/02/2021

 

LAS ORILLAS POLÍTICAS

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

Cada vez más intensamente se agitan las banderas políticas con miras a la elección presidencial del 2022, con lo cual se están haciendo evidentes tres grupos de actores que quieren representar pensamientos, programas y enfoques diferentes sobre su interpretación del país, sobre sus problemas, sus necesidades y sus soluciones, si bien aún no es explícito en cada uno de ellos cuáles son sus verdaderos programas, cómo los van a desarrollar, cómo los van a financiar y qué resultados van a obtener.

Por ahora son más las banderas o localizaciones (de centro, de izquierda y de derecha) que los programas y esto es lo desafortunado porque no se presenta formalmente lo que se va a hacer para que las personas puedan llegar a sus propias reflexiones sobre su importancia, pertinencia, verosimilitud y cumplimiento. Con la advertencia de que muchas cosas que se dicen en la campaña no se cumplen cuando están en el gobierno, hacer campaña y hacer gobierno son dos cosas muy distintas. Además, buena parte de las campañas se centran más en desacreditar al otro o los otros, que en hacer ver los méritos propios y del programa de gobierno que representan, el cual muchas veces no es explícito, se pondera el candidato, no el programa.

Al parecer se están estructurando tres grandes grupos de potenciales participantes en la contienda electoral, sin saber todavía cuáles son precisamente los candidatos que representarán cada movimiento, hay muchas “golondrinas volando”, veamos:

• La llamada derecha, conformada por personas cuya tendencia es hacia la libertad y la iniciativa privada, como fundamento de la estructura económica y de gobierno primordial del país. Suelen asociarse con los partidos de filosofía conservadora, con una fuerte tendencia por el valor de los establecido más que la promoción de cambios en las estructuras y en el orden económico. En este caso el bienestar y el progreso de las personas es un logro individual más que colectivo, debido a su esfuerzo y dedicación, en consecuencia, la derecha cree en una distribución de la riqueza de acuerdo al esfuerzo y la contribución de cada individuo y por lo tanto, la derecha aboga por una intervención moderada del Estado en el sistema económico, sólo en lo indispensable y que sea de carácter común.
• La llamada izquierda, con pensamiento más centrado en el Estado como el gestor y proveedor del bienestar, por encima de la iniciativa privada o de la propiedad privada o individual. Para la izquierda, el bienestar colectivo está por encima del progreso individual, en consecuencia, el Estado debe ser el dueño y administrador de los medios de producción, tanto como sea posible. La izquierda promueve una distribución equitativa de la riqueza, basada en la creencia de que todos los individuos son iguales. Los movimientos de izquierda muy radicales son, inclusive, promotores además de los partidos únicos y de las camarillas de gobierno.
• El tercer grupo es el autoproclamado como de centro, donde el pensamiento es de derecha cuando conviene o de izquierda, si es necesario, es decir, una mediatinta que no asume posiciones firmes sobre nada y por lo tanto todo puede pasar allí, según se viven las circunstancias económicas, políticas o sociales, o en algún caso las internacionales. En este grupo se aglutinan antiguos militantes de los dos primeros pensamientos, quienes cuando pertenecieron a ellos los defendieron con las más arraigadas creencias, con profundas convicciones e irrenunciables principios filosóficos, éticos y de color del partido, según afirmaban. En algunos casos, en tiempos pasados, han sido militantes del primer grupo, pero en otras épocas, del segundo y cuando les conviene han estado en el tercero. Es el famoso “al son que me toquen bailo”, donde lo único que hay allí son intereses individuales por cargos, presupuestos, posiciones políticas y figuración, para sacar partido de ventajas y conveniencias personales. Nada que creer en ellos, puro vaivén. Allí hay más personas buscando refugio parta sí mismos, que partidos fuertes y sólidos para gobernar el país. El lio para escoger su candidato para la presidencia va a ser mayúsculo porque la gran mayoría de los aglutinados bajo el “autobautizado” centro exhiben aspiraciones presidenciales y hay corrientes de opinión muy diversas.

En Colombia está ocurriendo que algunos de los llamados fervientes defensores de los principios de derecha o izquierda ahora quieren ser de centro, y se aglutinan allí por conveniencias con otros que antes fueron sus grandes contradictores. No hay que temer a declarar con nitidez el pensamiento filosófico de cada orilla, pero recordemos que los ríos tienen dos orillas, no tres, y en medio de las dos orillas está la turbulencia. El país debe exigirle a los representantes de estas tres tendencias, que preparan con responsabilidad de país sus candidaturas para el próximo período electoral, además, que presenten y sustenten públicamente y ampliamente, tanto sus convicciones políticas como sus programas de gobierno, e igualmente cómo los van a desarrollar y qué efecto tendrán para el país, dadas sus condiciones actuales económicas, políticas y sociales, en medio de una pandemia duradera, con todas sus incertidumbres y sus impactos en la economía y en las familias. Hay que verificar la real convicción de los candidatos, la conveniencia para el país de sus programas y la verdadera factibilidad de todo lo que proponen.

Es período electorero y, por lo tanto, de todo vamos a escuchar, en cuanto promesas sensatas o las más descabelladas, halagüeñas al oído, pero imposibles de realizar, sólo por la búsqueda de votantes que se dejan endulzar el oído y con poca reflexión depositen su voto.

EL PRECARIADO

 Comentario 15/02/2021

 

EL PRECARIADO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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La situación de deterioro económico y social de todos los países como consecuencia de la pandemia y la parálisis de las actividades productivas como resguardo para evitar la propagación de los contagios, ha traído como resultado graves consecuencias en todo tipo de sectores económicos y sociales, en el gobierno, en las familias y en las más diversas instituciones, con impactos en la salud, la educación, la cultura, las actividades de recreación, familiares, de relación y de bienestar y, por supuesto, en un sin número de empresas que han visto alterada su normalidad.

Un sector particularmente afectado es el de la ocupación productiva formal e informal, pues hemos llegado a tasas de desempleo superiores al 15% de la población activa, con registros de años anteriores cercanos al 10% y en ocasiones inferiores. En Colombia más o menos la mitad de la población ocupada está vinculada formalmente y tiene acceso a la seguridad social y al régimen pleno de pagos prestacionales y parafiscales, pero los trabajadores informales, un poco más del otro cincuenta por ciento, están rodeados de insuficiente atención y protección estatal, de pagos prestacionales nulos, y de gran incertidumbre ya que su labor se “gana” todos los días en el día a día, es decir, en la economía del rebusque. Estos últimos son población ocupada en labores informales y generalmente precarias, donde al comenzar el día se siente la incertidumbre de cómo terminará y qué se logrará con el esfuerzo de su dedicación cotidiana, frecuentemente deambulando por las calles.

Lamentablemente, las nuevas tecnologías y los modelos de trabajo actuales producen el desplazamiento de trabajos formales plenos y su rodamiento a la informalidad. Por supuesto, significan, progreso y modernidad, pero con un costo social en ocupación que puede ser muy alto y desesperanzador para estos informales.

Si al desenvolvimiento del trabajo formal le sumamos la gran cantidad de puestos de trabajo que se cancelaron al cerrar los negocios, pues, desafortunadamente la consecuencia son los innumerables avisos de arrienda y vende, donde antes había una actividad productiva, se crea un escenario de gran preocupación y de lenta recuperación. El impacto económico, anímico y social en las familias afectadas es innegable, y no es para menos, pues atravesamos la peor recesión en la historia del país.

De hecho, en el país se ha acuñado la palabra precariado, para significar el segmento de la fuerza laboral que apenas logra sobreaguar en su actividad productiva, sin esperanza de que esto cambie en un corto o mediano plazo. La angustia de estas familias es muy grande. No cabe duda de que muchos colombianos hoy forman parte de ese precariado y que pueden llegar a niveles de informalidad en cualquier momento, de no existir un proceso robusto de recuperación económica, sostenido, creciente y sostenible.

Lo malo es que durante un período de recesión muchas son las actividades productivas que atraviesan por fuertes dificultades por la caída en la demanda, si la gente no tiene ingresos suficientes, o ve el horizonte con incertidumbre, deja de comprar o sólo compra lo estrictamente necesario, con lo cual se desanima la demanda y por consiguiente la recuperación profunda no llega, es como un círculo vicioso de menor demanda, menor crecimiento económico y menores posibilidades de recuperación de la actividad productiva, y con ello se tendrán más angustia y mayor desesperanza en muchas familias y grandes amenazas en el precariado.

Para romper semejante complejidad de situación se requiere que la “mano” del Estado saque a la economía de la recesión a partir de la generación de demanda con obras de infraestructura, mayor gasto social y concesión de subsidios a sectores vulnerables. Ya se anuncia un plan por $135 billones para los próximos 6 años. Estas erogaciones adicionales, por un lado, dinamizan la actividad económica y, por el otro, generan ocupación creciente. Sin embargo, es un complejo problema, dado que el Estado colombiano también se ha visto afectado por los esfuerzos para combatir la pandemia, y sus inveterados problemas de burocracia y corrupción. De hecho, aún sin comenzar ese generoso plan de inversión pública, ya el gobierno es mirado con recelo por las calificadoras de riesgo por elevar su déficit fiscal al 9% del PIB y su endeudamiento al 65% del mismo producto interno bruto para atender la pandemia, guarismos estos impensables en una época de normalidad. De nuevo, el círculo vicioso aparece también para el Estado, no debe sobre extender su endeudamiento ni su déficit fiscal para no conducir a la economía a un escenario de no viabilidad por el deterioro de las finanzas públicas, lo cual finalmente se traducirá en mayores impuestos y contribuciones al sector privado, agotando sus propias capacidades de inversión y crecimiento, o sea, como la figura “del perro mordiéndose la cola”, así nunca avanzará.

Sin embargo, el único capaz de generar alguna solución del tamaño requerido es el Estado, por supuesto con la contribución del sector privado en el mantenimiento y acrecentamiento de su actividad propia productiva y de la ocupación de las personas en la economía. Ya el gobierno nacional busca dichas soluciones acudiendo a las líneas contingentes de crédito de los organismos multilaterales, a la venta de activos, la congelación de gastos y la creación de nuevas fuentes de ingresos como se espera que se generen de la próxima reforma tributaria y fiscal.

Lamentablemente, cuando los aspectos sociales se deterioran, se crea el caldo de cultivo del populismo, para invitar a los ciudadanos a votar o adherirse a soluciones que son “cantos de sirena” en medio del desespero y que se presentan en forma mesiánica como la redención de todos los problemas. Ya veremos a la izquierda del país hablar de que la culpa es del establecimiento, de los empresarios privados, de los pensamientos promercado y pro sector privado, de la necesidad de más Estado totalitario para resolver la crisis social y económica, vendrán toda clase de promesas sin reparar en el estado real de las finanzas públicas o en la debilidad del sector privado. Estas promesas durarán mientras dure la campaña, porque una vez en el poder, como siempre ha sido, vendrán las excusas, los favoritismos, la corrupción y la incapacidad de solucionar en un corto plazo, tamaña problemática económica, social, empresarial y familiar.

Nadie que ofrezca soluciones rápidas y milagrosas, está diciendo la verdad, el camino será arduo y doloroso para restablecer la economía de Colombia y regresarla al menos al estado pre-pandemia, eso puede tardar varios años y habrá sectores y negocios que no se recuperarán. Los amigos del socialismo de estado, tipo Venezuela, Nicaragua, Argentina o Cuba, aunque saben muy bien lo que va a ocurrir, ofrecen “soluciones mágicas” para que el Estado, que ellos supuestamente liderarán, sea la fuente inagotable de solución de los problemas que se han creado, de muchos años atrás unos o recientemente otros. El socialismo como lo han propuesto Chaves y Maduro en Venezuela, Petro en Colombia, Ortega en Nicaragua o Fernández en Argentina, o como ha sido la historia de Cuba, ha demostrado su incompetencia y por el contrario ha conducido al saqueo de los países por parte de las camarillas del gobierno autoritario y autocrático en que se convierten. Si no queremos que haya más precariado o una economía más precaria para todos, alejémonos de esas rutilantes imágenes del socialismo como la solución económica y social que Colombia necesita.

LA IMPUNIJEP

Comentario 08/02/2021

LA IMPUNIJEP

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Desde el momento en que Juan Manuel Santos, su equipo de gobierno y sus aliados en el congreso le impusieron al país el llamado acuerdo de paz, pasando por alto la votación del plebiscito y mediante las más estrambóticas maromas, como las aprobaciones Fast track en el Congreso y con la venia de la Corte que las avaló, por fuera de toda norma, resultó claro que el contenido del acuerdo era sesgado y tendencioso para favorecer por todos los medios la impunidad de las FARC y para concederles a sus dirigentes la condición de Congresistas.

No importa que no hayan cumplido en nada de lo que prometieron con la revelación de la verdad, el cumplimiento con la justicia, la reparación a las víctimas (dicen que no tienen con qué reparar, a pesar de ingentes sumas que obtuvieron con las extorsiones y el narcotráfico) y la no repetición de las acciones violentas. ¿Qué acción será más violenta que narcotraficar, realizar procesos de lavado de activos, minería ilegal, reclutamiento de menores, secuestros, etc. que se continúan ejerciendo en todo el país, por ellos o por sus aliados? Paz en realidad no hemos tenido.

Desde allí surgieron todas las críticas, bien fundamentadas, sobre la inconveniencia de crear una justicia transicional benévola y permisiva para los delincuentes de las guerrillas que se acogieran al acuerdo, revelaran la verdad y asumieran supuestas penas reducidas alternativas, no de cárcel, llamadas eufemísticamente restaurativas, sin consideración a la gravedad de sus crímenes o delitos, todos los cuales han sido considerados atroces y de lesa humanidad.

El instrumento ideal para esos excepcionales y generosos tratamientos se llamó la Justicia Especial para la Paz, conocida por todos como la JEP, supuestamente encargada de examinar los delitos, configurar la verdad verdadera y juzgarlos a la luz del derecho transicional, alternativamente ser sometidos al derecho ordinario y por último al derecho penal internacional, si fuere del caso. Durante la existencia de la JEP (3 años) su conducta ha sido sinuosa y vaga, con artimañas como en el caso de Santrich, donde se crearon las condiciones para no extraditarlo y para volarse de país a continuar ejerciendo sus “pasatiempos favoritos”, tales como secuestrar, violar, matar, asaltar, extorsionar y narco traficar, etc., con sus colegas de las llamadas disidencias.

Desde su creación la JEP mostró el “cobre” con quienes fueron sus nominadores, tres extranjeros comunistas, acompañados por otros dos colombianos correligionarios de los anteriores, en un claro acto que acompañó el sesgo ideológico de la justicia transicional. El primer fallo de la JEP en contra de la dirigencia de las FARC calificó los secuestros de las FARC, a miles de víctimas no combatientes y combatientes, como privaciones de la libertad y toma rehenes, supuestamente para respetar las denominaciones internacionales de esos delitos. Sin embargo, tuvo que reconocer que fueron hechos con violencia y maltrato y los catalogó como crímenes de guerra y de lesa humanidad, ante la incontrovertible evidencia.

Recordemos que el Derecho Internacional Humanitario está integrado por el conjunto de normas que pretenden evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. A su vez, pretenden limitar o prohibir el uso de ciertos métodos de guerra.  Estas normas son de obligatorio cumplimiento tanto por los gobiernos y los ejércitos participantes en el conflicto, como por los distintos grupos armados de oposición o cualquier participante en el conflicto. Entendamos a qué se refieren también las otras definiciones:

Un crimen de guerra es una violación por infracciones graves de las protecciones establecidas por las leyes del Derecho Internacional Humanitario cometidas en un conflicto armado.  Los vejámenes como el abuso sexual o los tratos ominosos a prisioneros de guerra, sembrar minas antipersona o cometer actos de genocidio, por ejemplo, son considerados crímenes de guerra. A su vez, se considera crímenes de lesa humanidad —o contra la humanidad— a aquellos delitos especialmente atroces y de carácter inhumano, que forman parte de una agresión sistemática contra una población civil, como por ejemplo en el caso de las FARC con los secuestros, o con las violaciones de niños y niñas, o con los hechos de alevoso de asesinato masivo como en Bojayá. Los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad, si no son sancionados por el respectivo país, pueden ser valorados y juzgados por la Corte penal Internacional.

Miremos el concepto universalmente entendido y aceptado: Secuestro es la acción de retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate o para otros fines, según la real academia de la lengua española RAE. Esto fue lo que hicieron las FARC, fueron secuestros violentos, que se hicieron en condiciones de indefensión, para cobrar rescates económicos, con un tratamiento para las víctimas y sus familias lleno de vejámenes, maltratos y humillaciones, que no respetaron en ninguna forma la dignidad humana. Fueron tratados peor que animales, como los mismos afectados lo han declarado y demostrado ante la propia JEP, no cabe duda de que si son delitos de guerra y de lesa humanidad.

Las FARC, quienes ahora se presentan como adalides de la moral y el cumplimiento de la ley, con segundas intenciones de tipo político electoral, hoy están “brillando” curul y recibiendo altos salarios y grandes beneficios, pagados por el pueblo colombiano, por la concesión del acuerdo con Juan Manuel Santos. Vamos a ver cómo se auto incriminan los miembros de la cúpula de las FARC ante la JEP con la calificación de delitos de guerra y de lesa humanidad. Para ellos será benéfico pues las sanciones de la JEP son llamadas “restaurativas”, no de cárcel, o sea, totalmente benignas y favorables, en contrario de las penas de la ley ordinaria colombiana o de las que aplica la Corte Penal Internacional.

Por esta vía veremos más adelante que la JEP o las propias FARC, por ejemplo, llamarán el secuestro de niños y niñas como “reclutamiento”, a las violaciones “simples actos de tocamiento”, a los abortos forzados, “fallos de la naturaleza”, al narcotráfico, “financiación legitima del movimiento libertario de las FARC”, a los asesinatos, “limpiezas necesarias”, a las tomas de poblaciones, “oportunas advertencias” y así sucesivamente. Qué horror que ésta sea la herencia del proceso de paz. Paz sin justicia nunca habrá, se creará más odio y rencor. Lo malo es que, con esto, además, el país se polarizó y quedó dividido, situación perjudicial en todo sentido, no se favorecerá la concordia y la integración como nación que busca el progreso a través del esfuerzo mancomunado de sus pobladores. Quedamos en manos de la “INPUNIJEP”, la cual nos recordará por muchos años que el FARC-acuerdo significa impunidad, polarización y división.

EL ESTADO ES DE TODOS

 Comentario 01/02/2021

EL ESTADO ES DE TODOS

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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“No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate que puedes hacer tú por tú país.” John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos en 1960.

El concepto de Estado generalmente no es bien entendido por el público y suele confundirse con otros conceptos relacionados como lo público y el Gobierno, sin embargo, estos temas invaden la cotidianidad de las personas y las instituciones porque a través de ellas se gestionan todos los aspectos de la administración de una nación en cuanto al interés colectivo y en algunos casos afectan también el interés individual.

Veamos unas cortas precisiones para poder hacer las reflexiones:

El Estado

En términos jurídicos y sociales, se tiene como definición de Estado a la forma y organización de la sociedad y de su gobierno, y al establecimiento de normas de convivencia humana, generalmente a través de una constitución política y de las leyes que la instrumentan. Es, por lo tanto, la unidad jurídica de los individuos que constituyen un pueblo que vive al abrigo de un territorio y bajo el imperio de una Ley, con el fin de alcanzar el bien común. No existe una organización única del Estado, depende de cada pueblo, su cultura, costumbres y su propia geografía. Dos naciones, aun compartiendo vecindades o geografías semejantes, pueden ser muy distintas en la conformación de los órganos de decisión, ejecución y control que las determinan y en las características de su organización social y legal.

Lo Publico

Se refiere a lo que es de interés colectivo, por lo cual todos los ciudadanos tienen que ver con lo público, en mayor o menor grado, dado que lo público afecta el interés privado, si bien no es privado. Hablamos generalmente de los asuntos públicos al referirnos a hechos, acontecimientos o regulaciones que son, por lo regular, de interés general, aunque en ocasiones se refieran a un sector económico, geográfico, etario o étnico en particular y aún a un individuo o grupo de individuos específicos, dado que el tema tiene consecuencias para toda la comunidad.

El Gobierno

Es quien administra lo público, es decir todos los órganos, cualquiera que sea su denominación, que tienen a su cargo el funcionamiento del Estado y de los asuntos públicos. Normalmente se inscriben en este concepto las ramas del poder público (ejecutivo, legislativo y judicial), los organismos de acusación y control (procuradurías, contralorías, fiscalías, auditorías, etc.) y los de supervisión (superintendencias) creados por el Estado, como también las organizaciones diseñadas para la vigilancia, la seguridad y la defensa (ejército, armada, fuerza aérea y policía). La ejecución de la acción del Gobierno corresponde a las personas que han sido elegidas, por cualquier medio, para conducirlo, en lo cual influye la orientación ideológica y política de sus dirigentes.

Si bien las anteriores corresponden a una definición estrecha y limitada de la complejidad que en la práctica significan los conceptos enunciados, nos permiten hacer dos reflexiones pertinentes, las cuales son graves males en nuestra sociedad:

• El Estado y lo público es de todos y para todos, pero lamentablemente en la conciencia ciudadana está el pensamiento que es para pedir y exigir y no para dar y contribuir. La relación de las personas, las comunidades y las organizaciones de cualquier naturaleza con el Estado y con lo público es de doble vía, tenemos derecho a recibir la acción de los organismos que lo conforman como beneficios y servicios en nuestra calidad y mejoramiento de vida, pero, en igual forma, tenemos que cumplir con obligaciones legales o fiscales con el Estado. Sin embargo, la cultura de lo fácil, del aprovechamiento del otro, de la evasión y del incumplimiento hace que una buena parte de los ciudadanos saben exigir muy bien, pero no dar ni cumplir frente al Estado y a lo público. Un principio que debería formar parte de nuestra educación y cultura en el hogar, el colegio, las instituciones y las actividades comunitarias es ser ecuánimes con el Estado y con lo público. De allí la frase bien enunciada por el presidente Kennedy al comienzo de este comentario.

• El Estado y lo público les pertenecen a todos y no al Gobierno de turno ni a los políticos y corruptos. Este es un mal que nos afecta, o bien por tendencias autocráticas o autoritarias de algunos Gobiernos que asumen que el Estado y lo público les pertenece, o bien por la peor y muy generalizada conducta de corrupción frente a los asuntos públicos. La probidad y la integridad no han sido, en demasiadas ocasiones, la conducta que caracteriza a nuestros gobernantes, con lo cual afectan el interés de toda la comunidad. También, lo afirmaba el mismo presidente Kennedy:

“Cuando un político no ama el bien público ni se respeta a sí mismo, o cuando su respeto de sí mismo se limita a los beneficios del cargo, entonces el interés público está deficientemente servido.”

EL SOCIALISMO CONSTITUCIONAL

Comentario 25/01/2021

EL SOCIALISMO CONSTITUCIONAL

Por: Carlos Alberto Mejía C.
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En un interesante artículo publicado en periódico El Colombiano del 3 de enero del presente año, el Doctor Armando Estrada Villa realizó un atinado comentario sobre la vigencia de la constitución de 1991, la cual ha sido sometida a un gran número de reformas, 55 en total, al preguntarse si lo que hoy tenemos es un sin número de disposiciones no articuladas, las cuales pueden no estar consultando las realidades y necesidades del momento actual del pueblo colombiano, pues, advierte, también que vienen en camino una serie de modificaciones de muchas naturalezas que ya se están tramitando en el Congreso de la República.

Entre muchos otros que están en trámite, en particular nos ha llamado la atención la mención que él hace sobre eventuales modificaciones para incluir en la constitución varios temas de carácter social, como los que cito a continuación para ser derechos permanentes:

• A no padecer hambre.
• A la canasta básica.
• A la pensión mínima.
• A la educación superior gratuita.
• A servicios de salud subsidiados.
• A la vivienda digna.
• A internet gratuito.

Impresiona la descripción de los anteriores temas porque significaría que, durante la existencia de la persona, el Estado, sin saber de dónde provendrían los recursos, sería responsable por subsidiar toda la vida de cada individuo.

Este es un pensamiento de tipo socialista, filosofía política que propone trasladar al Estado la responsabilidad por generar un bienestar igualitario para todos los ciudadanos, a partir del control de los medios de producción en forma centralizada, en contrario sentido de la responsabilidad individual por el progreso y el bienestar del individuo en cabeza de cada quien y de la propiedad privada de los medios de producción.

Obviamente, es entendible y defensable que en una sociedad no todos tienen iguales oportunidades y por tanto los niveles de calidad de vida y de progreso no son los mismos para todos los ciudadanos, en consecuencia, es necesario que el Estado, a nombre de toda la comunidad, ya que el Estado es de todos, produzca subsidios o beneficios ocasionales o temporales en favor de las algunas personas y mientras estas estén en condición de vulnerabilidad.

Pero, nadie entendería que una persona mantuviera durante toda su vida subsidios por parte del Estado, o sea de los demás ciudadanos, independientemente de su condición, esto crearía privilegios sin causa, que son, en términos prácticos, una afectación a los recursos de toda la comunidad, sobre todo los que sí pagan impuestos.

Increíble pensar que vamos a llegar a una condición de socialismo por una velada modificación sucesiva a la constitución sin que los demás ciudadanos sean conscientes. Esto, sin lugar a duda, es populismo de la peor clase, que es muy cercano al pensamiento de los grupos de izquierda que hay en Colombia, los cuales, cada día más, demandan del Estado “reivindicaciones sociales”, que deberían pagar los ciudadanos que ellos llaman los ricos y los oligarcas.

En Colombia la gran mayoría de los ciudadanos no paga impuestos directos y sólo contribuyen con el IVA cuando consumen productos gravados. En consecuencia, unos cuantos ciudadanos se harán cargo de los demás de por vida, según esas nuevas aspiraciones constitucionales.

A mi manera de ver, se está instaurando un “socialismo constitucional” sin que el público, en general, en todos sus “matices, colores y sabores” haya tenido ocasión de opinar, analizar, rebatir y aprobar o improbar a conciencia lo que se está haciendo por unas vertientes políticas llenas de “odio de clases” y de populismo malsano.

Es hora de reaccionar para que se respete el artículo primero de la Constitución política de Colombia, el cual dice:

Artículo 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Estamos a tiempo y advertidos.

LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA

 Comentario 18/01/2021

LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA

Por: Carlos Alberto Mejía C.
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“Las dificultades superadas son batallas ganadas y oportunidades creadas”, Winston Churchill.

Dos polos que parecerían opuestos nos están dejando sin oportunidad:

Por un lado, la pandemia ha exigido muchas medidas de choque, algunas desde el punto de vista de la salud pública, como las acciones de aislamiento, las restricciones en cuanto aglomeraciones y las recomendaciones preventivas del uso de los tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, el control de temperaturas al acceder a sitios públicos, etc. Además, la preparación del personal de la salud, la compra de medicamentos, implementos, equipos, la dotación de hospitales y clínicas con camas de cuidados especiales o intensivos (UCI) para la oportuna atención de los pacientes, etc.

Pero, por otro lado, se han hecho esfuerzos por el mantenimiento de la dinámica económica, del empleo y de la reactivación luego de los cierres. Esto último fundamentado especialmente en todo tipo de estímulos, subsidios e intervenciones de los gobiernos nacionales y/o regionales, tales como los subsidios a los adultos mayores, a los jóvenes, a las poblaciones vulnerables, a la nómina, a las garantías de los créditos productivos a través de los bancos nacionales, las líneas de crédito dirigidas a situaciones específicas, entre otros muchos esfuerzos.

A lo anterior se suman, por supuesto, los esfuerzos del sector privado en mantener su actividad económica con algún nivel de uso de su capacidad instalada más o menos razonable, en promedio estimado actualmente en un 60 a 70%, insuficiente, por supuesto, pero muy significativo y determinante en el proceso de recuperación de la economía y del mantenimiento de la ocupación a niveles razonables. En medio de la pandemia, hemos llegado al 16% de desempleo, el cual se había remontado hasta el 25% ante semejante choque con la parálisis económica, esperamos que siga descendiendo y que no se reverse de nuevo.

Ahora, todo lo que se ha hecho ha requerido de un esfuerzo descomunal en términos de la voluntad y la dedicación en los funcionarios públicos y privados (valga para ellos el eterno agradecimiento) y, por supuesto, de la aplicación del presupuesto público a estas destinaciones, conduciendo al país a un serio déficit fiscal, estimado en cerca del 9% del PIB y de un endeudamiento público de cerca del 65 % del mismo guarismo, frente a los cuales tardaremos muchos años para recuperarnos, con datos previos a la pandemia del 4% y el 50% respectivamente. Como consecuencia las finanzas públicas están exhaustas y el tema de la pandemia parece que es para largo tiempo, pero bajo la esperanza de la vacuna en su disponibilidad, su oportuna aplicación y la efectiva inmunización de los ciudadanos, lo cual tardará tiempo considerable.

Mientras tanto, qué pasa con la economía privada, pues también se deteriora por la falta de dinámica económica a la cual conducen los cierres y las restricciones. Combatir la pandemia con las medidas de aislamiento nos conduce a la consecuente destrucción de la economía. Este es el otro polo que se ha complicado en forma extrema.

No queremos entrar en la discusión sobre si es primero la salud o la economía o viceversa, obviamente los dos son importantes y además interdependientes, sin el bienestar del uno, no lo hay tampoco en el otro, sin embargo, sí es necesario indicar que si las finanzas públicas no se recuperan, los gastos e inversiones del Gobierno para la pandemia y los demás frentes sociales se agotan y que sin actividad económica, no habrá ocupación para las personas ni progreso para las empresas o para las actividades y oficios independientes. Es como una encrucijada, que por algún lado debe superarse.

En nuestra opinión, respetando todos los que piensen en forma contraria, es indispensable mantener la economía abierta y simultáneamente crear una sólida cultura cívica de la protección personal y familiar a través del autocuidado, combatiendo la amenaza de la pandemia con todos los medios de inmunización que estén al alcance y creando la mayor censura social a quien no practique el autocuidado, sanción pecuniaria, si corresponde, y aún privativa de la libertad cuando se afecta gravemente el interés general.

No hay otra forma, pues sin recursos económicos suficientes nunca habrá capacidad de combatir la pandemia y simultáneamente mantener la ocupación de las personas y los servicios básicos a las familias en salud, educación, pensiones, bienestar social, etc. Si la economía no está activa, no sólo padecerán las familias que afrontan problemas por el contagio de alguno de sus miembros, sino que muchas familias más padecerán también por los problemas de falta de ingreso que genera la desocupación: hambre, pobreza y desesperación. Como afirmaba sabiamente Winston Churchill, interpretando sus palabras, hay que ganar las batallas de la economía y la salubridad simultáneamente, creando una oportunidad para el progreso de las personas, las familias, las comunidades y el país entero.

LA EQUIDAD NO ES IGUALDAD

 Comentario 12/01/2021

 

LA EQUIDAD NO ES IGUALDAD

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Estamos atravesando circunstancias excepcionales fruto de las contingencias en la salud originadas en el covid-19 y en el deteriorado desenvolvimiento económico de los países, como consecuencia del afectado comercio global, es decir, del reducido flujo de personas, mercancías, servicios y capitales entre los diferentes países del mundo, los cuales forman parte de los tratados de libre comercio o de acuerdos comerciales regionales.

Las consecuencias son muchas y muy diversas, con impactos diferentes en las comunidades, como la pérdida de empleos y ocupaciones, la de actividades productivas o la de la prestación de algunos servicios, la suspensión de inversiones y retornos, de viajes y regresos, de avances e innovaciones, de proyectos que se aplazan o se cancelan, de efectos psicológicos en las personas o las familias, de deterioro en los niveles de servicios comunitarios, especialmente en la educación y en los propios servicios de salud, de escaseces de insumos o mercancías, de negocios que desaparecen, de locales sin ocupación, de sueños e ilusiones que no se pueden desarrollar, etc.

Todo lo cual ha exacerbado los niveles de pobreza en muchos países, baste mencionar el caso de Colombia donde los niveles de pobreza podrán elevarse a más del 30% de la población, ya que de 2 a 4 millones de personas podrían salir de la clase media y entrar en situación vulnerable.

El primer llamado a superar estas contingencias, las cuales se espera que sean transitorias, son, por supuesto, los gobiernos, nacionales, regionales o municipales, quienes deben destinar esfuerzos y recursos en forma emergente para ayudarle a las personas, las empresas, las organizaciones y las comunidades a superar sus propias adversidades.

Sin embargo, es claro que a todas las personas y organizaciones no los golpea la ola de dificultades de la misma manera. Aquí surge una complejísima disyuntiva, dado que los recursos suelen ser limitados y frecuentemente escasos, ¿a quién o quiénes apoyar prioritariamente y en qué orden hacerlo? Aunque todos somos iguales ante la ley, no todos tienen las mismas carencias o circunstancias, por un lado, o las mismas ventajas y oportunidades, por el otro. Aquí aparece el concepto de equidad, en sustitución al de igualdad, aunque frecuentemente se interprete la equidad como igualdad.

La equidad es la cualidad que caracteriza al hecho de dar a cada individuo lo que se merece, en consecuencia, el individuo recibe, por diferente que sea, lo que este requiere o, en otro contexto, lo que se haya ganado. Sin embargo, ambos conceptos no representan lo mismo. De hecho, incluso podrían considerarse en contraposición el uno del otro. Por ello, mientras que la igualdad es la acción de repartir, en partes iguales, en una misma proporción, un bien, un recurso, un servicio, etc., la equidad, sin embargo, es la acción en la que dicho reparto se hace en función de los “méritos” de la persona. En este sentido, si una persona merece más que otra, el reparto no sería igualitario.

Por esta razón, la equidad tiende a asociarse más con el concepto de justicia que con el de la igualdad. Pues puede existir un reparto equitativo sin que este requiera que, de igual forma, sea igualitario.

Las condiciones de crisis sanitaria y económica que ha traído la pandemia, al igual que, como ocurre en una catástrofe natural, si bien afectan a todos los seres humanos en el deterioro eventual de su salud o de su bienestar, no a todos les causa el mismo daño económico. Hay familias cuya condición de pobreza se agudiza con los problemas de afectación de la salud o del entorno donde viven.

Los trapos rojos que se están viendo en los barrios de escasos recursos como sinónimo de hambre y grave deterioro económico nos hablan de equidad más que de igualdad. Es el momento de darles el mayor apoyo, que razonablemente el Estado y los particulares podamos brindarles, pero sin crear dependencias malsanas para cuando retornen las situaciones de normalidad.

Es claro, comprensible y justificable aún suprimir beneficios o avances en otros campos, para atender las adversidades actuales, sin embargo, no sería lógico desviar indefinidamente los recursos cuya aplicación también resulta necesaria y a veces prioritaria en otros frentes. Cuando se restablezcan las condiciones de cierta normalidad, “las aguas” deben volver a su cauce.

No es sano acostumbrar a las personas, a las organizaciones o a las comunidades a recibir subsidios del Estado o de los particulares, la gran mayoría terminará acostumbrándose a vivir así y a considerar que la subvención es un derecho adquirido, lo cual lo vuelve gratuito y obligatorio, con detrimento de la equidad en favor y frente a otras personas, organizaciones o comunidades. En la naturaleza, cuando hablamos de animales parásitos, nos referimos a organismos que viven a costa de otras especies, con lo cual se debilita quien lo padece y terminan eventualmente falleciendo los dos. En consecuencia, no hay que fomentar el “parasitismo social”.