LA CUESTIÓN TRIBUTARIA

 Comentario 19/04/2021

 

LA CUESTIÓN TRIBUTARIA

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

La gran mayoría de los países están atravesando dificultades en sus presupuestos públicos, debido al mayor nivel de gasto e inversión social que la pandemia ha demandado. El alistamiento del sector salud, en sus instalaciones y en su personal médico y paramédico, ha requerido de ingentes sumas de dinero. Pero, por otro lado, las ayudas sociales en términos de las subvenciones, los subsidios, las exoneraciones y las contribuciones de diversas naturalezas dirigidas a las familias vulnerables y al sector productivo respectivamente, también han sido billonarias. Si a lo anterior sumamos los costos inherentes al tremendo lío de las vacunas, desde su adquisición y pago, su ubicación en el país, su preservación y almacenamiento, la logística de su distribución y la complejidad de su aplicación, el escenario del gasto público se vuelve realmente complicado, dado, además, que los gastos, los pagos y las inversiones corrientes del Estado no han cesado por la pandemia.

En consecuencia, muchos países atraviesan por escenarios de déficit fiscal y de endeudamiento público realmente difíciles y en algunas situaciones muy delicados. De hecho, las calificadoras de riesgo y los organismos crediticios multilaterales han puesto su “dedo en la llaga” advirtiendo de una eventual crisis de deuda, situación en la cual los países encuentran su acceso al crédito completamente cerrado, como ocurre normalmente también con las personas que se quedan insolventes (sin liquidez) o sin respaldo. En este escenario, las calificaciones de riesgo de los países empeoran y el costo de sus créditos se eleva, complejizando la situación económica. Ahora, todo lo que le suceda al Estado, se transporta al sector privado, pues si el país queda mal calificado, se degrada también la calificación de las empresas que operan en el respectivo territorio, en cuanto su mayor limitación de acceso al crédito externo y el alto costo de este.

Lo primero que ocurre es que la valoración crediticia del país se enrarece, es decir, de buen pagador se pasa a ser dudoso pagador o mal pagador, como ocurrió, por ejemplo, no hace algunos años con Argentina, quien vio seriamente afectada su relación crediticia con todo tipo de deudores, de hecho, casi que ninguna institución ni entidad quería tener relaciones crediticias o de negocios con ese país por su insolvencia e incapacidad de pago. Sólo algunos fondos aventureros estaban dispuestos a prestarle o a comprar su deuda a tasas exorbitantes. En consecuencia, el servicio de la deuda pública, o sea, el costo que paga el gobierno por intereses de sus saldos de endeudamiento se encarece sensiblemente.

Lo segundo que ocurre es que el acceso a nuevos créditos o refinanciaciones se vuelve más difícil y en ocasiones inaccesible. Los Estados tienen que recurrir a liquidar sus activos para poder sobrevivir, como sería en Colombia, por ejemplo, tener que vender la totalidad de la propiedad del Estado en Ecopetrol para poder funcionar como Estado y como Gobierno, y, por supuesto, estos recursos se acabarán rápidamente, sobre todo por la exigencia del gasto social y el de funcionamiento.

Se producirá en seguidilla un mayor déficit fiscal y paulatinamente la incapacidad de extender algunos servicios del Estado y lo peor, el gasto social necesario en educación, salud, pensiones, defensa y bienestar comunitario, así como el apoyo a poblaciones vulnerables. El país perderá su calificación crediticia y el acceso a nuevos recursos y, como consecuencia, lo tercero que ocurrirá es una fuerte devaluación de su moneda, es decir, la moneda pierde valor frente al resto del mundo porque el Estado no es creíble.

A la altura de este comentario nos debemos preguntar si la reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso para su aprobación es oportuna[1]. La respuesta es que el momento es muy inconveniente por la situación general de la economía y la pandemia, sin embargo, no por inconveniente, deja de ser necesaria. Lo peor que nos podría pasar es que el Estado, como un todo, presente una parálisis por insolvencia (falta de liquidez) y falta de acceso a nuevos créditos o refinanciaciones, allí pagarían los “platos rotos” todas las clases sociales y, como siempre, los más los pobres, quienes tienen menos defensas.

Ninguna reforma tributaria gozará jamás del favoritismo del público, cada sector económico, cada segmento de la sociedad, cada organización, cualquiera que sea su actividad, defenderán con vigor su prioridad y su posición para no tener que pagar más o nuevos impuestos. Y más si se trata como la actual de una reforma profunda, que grava consumos sensibles como la gasolina, los servicios públicos, y también a los medianos y altos ingresos, pensiones y patrimonios de las clases superiores. Sin embargo, el momento es tal, que, aunque “el paciente está en estado delicado, con mayor razón hay que operarlo”, así mucho le duela o su mejoramiento tenga un pronóstico de lenta recuperación.

Para entenderlo de una manera simple, el resultado de la economía de un país, gira en la suma de tres componentes que se complementan mutuamente, ellos son los resultados acumulados por: 1. el sector privado, 2. el sector público y 3. el sector externo, entendiendo este último como el intercambio económico del país con el resto del mundo. No importa que el sector privado y el externo vayan bien, el resultado negativo del sector público anulará el buen desempeño de los otros dos. La situación en Colombia se hace más difícil dado que tanto el sector público como el sector externo tienen dificultades, más en el primero que en el segundo, pero al fin resultados negativos.

Es, en consecuencia, el momento de mirar con grandeza y altruismo las soluciones que el país requiere y especialmente el sector público, para aceptar la necesidad de pagar nuevos o mayores impuestos y contribuciones, para que a todos nos vaya mejor. En contraprestación, lo que deberíamos exigirle al Estado y sus gobernantes y funcionarios es austeridad, eficiencia y probidad en el manejo de los recursos, evitando la corrupción, por un lado, y aplicando correctamente los gastos en necesidades sociales, por el otro, pero también en crecimiento y desarrollo del país. No sólo subsidios y beneficios que tenderán a perpetuarse en el tiempo, se requiere más inversión si queremos “comprar presente pero también futuro”. Subvenciones sociales sí, pero oportunidades para todos también. Que no se nos vuelva “otra década perdida”.

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[1] Existe una enorme controversia en el país debido a la oportunidad de la reforma, por el mismo hecho del deterioro económico ocasionado por los cierres y por el calendario electoral, con elecciones el próximo año. La reforma se presenta como una solución de tipo social (subsidios para evitar pobreza) y fiscal (déficit y endeudamiento público). Sin embargo, también existe controversia sobre la recurrencia de los subsidios, su permanencia y su orientación, como subvención o como generación de trabajo. Es un tema con muchas aristas y posiciones, al Congreso le tocará decidir.

POPULISMO Y PROGRESISMO

 Comentario 12/04/2021

 

POPULISMO Y PROGRESISMO

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Cada mes que pasa se entra con mayor intensidad en el escenario electoral del próximo año, período en el cual habrá elecciones de congreso y presidencia, de hecho, las decisiones que hoy se toman en aspectos políticos, económicos y sociales, desde ahora consultan el interés individual de los partidos o de los potenciales candidatos frente a las futuras elecciones. Ya no se mide con la objetividad del contenido de lo que se decide o propone, sino con la conveniencia desde el punto de vista electoral, todo lo cual complejiza las decisiones, porque entramos en una etapa más emocional que racional al juzgar y al hacer en todos los órganos del poder público y en los distintos actores que se mueven en ellos. Aunque los comicios se ven lejanos por el ciudadano de a pie, sin embargo, desde ahora empieza un gran peligro electoral, el llamado populismo. El interés es el voto útil y mi elección, no importa cómo le vaya al país.

El populismo apela al pueblo para construir su poder, entendiendo al pueblo como las clases sociales menos favorecidas y sin privilegios económicos o políticos. Suele basar su estructura en la denuncia constante de “los males” que encarnan las clases privilegiadas, es decir, en generar odio de clases, como si las personas de mejor posición o progreso fueran las culpables de los males de otros.

Los líderes populistas, por lo tanto, se presentan como redentores de los humildes (Robin Hoods). El término populismo, en consecuencia, hace referencia a las medidas políticas que no buscan el bienestar o el progreso de un país, sino que tratan de conseguir la aceptación de los votantes sin importar las consecuencias.

El populismo es efectista, busca resultados inmediatos, resonantes y notorios, que se convierten en un espejismo lleno de complacencias para los más débiles, sin embargo, los platos rotos vienen más tarde. Muy fácil ofrecer una renta básica para las personas con mayor vulnerabilidad, pero las cuentas no cuadrarán porque el Estado no dispone de recursos para semejantes erogaciones novedosas, halagadoras y adicionales, de por vida y para todas las generaciones actuales y por venir.

En Colombia el 90% del presupuesto público prácticamente ya está asignado a gastos sociales y de funcionamiento. Si, por ejemplo, el presupuesto público establece que hay una destinación para la educación del 35% del aforo disponible, estos recursos no pueden dedicarse a la llamada renta básica prometida durante la campaña. En la práctica, salud, pensiones, educación, deuda pública, servicio de la deuda y gastos de funcionamiento incluido el de defensa, comprometen el presupuesto público de una manera casi que inflexible.

Además, lo que caracteriza a los gobiernos populistas, desafortunada y frecuentemente, es la politiquería y la corrupción, dos malos enemigos de la eficiencia del sector público, los cuales se convierten en gastos desbordados, burocracia, despilfarro, ineficacia en la ejecución de las obras, mal gobierno, compromisos con los grupos de su interés o con los partidos de su conveniencia y no con los ciudadanos en general o con los grandes intereses del país.

Frente a estas duras realidades, escuchar tantas voces electoreras y promeseras de lo que no se podrá cumplir, es un ejercicio político lleno de engaños para las personas poco avisadas, lo cual, en general y lamentablemente, es la cultura de nuestra población. Los oídos se dejan halagar fácilmente con esas mágicas soluciones, las cuales cautivan votos incautos, mal informados o con esperanzas infundadas, si bien, elección tras elección, de nuevo se quedan en el vacío.

Todo esto conforma el llamado populismo, prometer lo que no tiene asidero, ni financiero, ni legal, ni funcional, ni posibilidad de ejecución. Latinoamérica está llena de ejemplos del cáncer del populismo en los últimos años: los Kitchner en Argentina, Chaves y Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Lula en Brasil, Correa en Ecuador y Mujica en Uruguay, y así por muchos lugares. Sin embargo, el populismo no es una característica únicamente de la izquierda, puede existir en cualquier tipo de ideología política, pero es más notorio, frecuente y recurrente en las ideologías de izquierda.

Los populismos frecuentemente se autodenominan progresismos y se acompañan de nacionalismos, es decir, se explota el sentimiento nacional para encubrir los daños populistas cuando estos ya son inevitables. Además, en ocasiones se invoca también el enemigo externo como el causante de los males, como ocurre en Venezuela frente a Colombia, donde se afirma que los colombianos somos la causa de los reveses del pueblo venezolano, que horror y que malévola afirmación, pero así se cacarea continuamente. Ahora, si se juntan el populismo, la politiquería, el nacionalismo malsano y la corrupción, estamos al frente de la catástrofe total de un país, su economía, sus instituciones, su desarrollo social y el progreso de sus comunidades.

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMUNES

Comentario 05/04/2021

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMUNES

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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Con bastante alborozo algunos sectores del país celebraron el “Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto”, celebrado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016, el cual fue presentado por el presidente Santos como la solución a los problemas de violencia y el subsecuente proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición.

5 años después tenemos que reconocer que el Gobierno Duque ha hecho un gran esfuerzo por darle “cumplimiento con legalidad”, dentro de las más severas restricciones de tipo presupuestal y, en el último año, además en medio de la pandemia. Se han hecho acciones de reinserción de combatientes, apoyo a su resocialización y fomento a su actividad productiva, concesión de importantes subsidios directos, inversión en territorios de especial sensibilidad en el conflicto armado (programa PDET)[1], y se conducen nuevos esfuerzos en materia de entrega de tierras baldías, recuperadas del narcotráfico o de propiedad del Estado y su adjudicación legal, así como en la recuperación de territorios y su pacificación. Se constituyeron elementos de justicia transicional y de reconstrucción de la memoria histórica y se les ha cumplido con aspectos del acuerdo como las curules en el congreso, la regularización de su partido político y su inserción en las comunidades. El esfuerzo del Estado en realidad ha sido muy grande, aunque para algunos parezca insuficiente o pequeño. Inopinadamente, en nuestro criterio, se pactaron compromisos por más de $130 billones de pesos, los cuales desbordan las finanzas y capacidades del Estado, parece que pudo más el lograr un Nobel de paz, que el hacer un acuerdo equilibrado en términos de justicia y factible financieramente.

Pues bien, ¿qué hemos recogido?: Algún nivel de desmovilización de combatientes en regiones y menores hechos de violencia desbordada contra las comunidades inermes o contra el ejército, o los secuestros de personas diversas, pero los problemas tales como el narcotráfico, el reclutamiento de niños, las “vacunas” y las llamadas disidencias combatientes, comandadas por Márquez y Santrich, continúan atacando a poblaciones, infraestructura y objetivos militares, aunque eran también compromisarios del acuerdo. Además, se ha recrudecido el asesinato de líderes sociales. La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición aún están en la “mente de sus creadores”, quienes negociaron una paz llena de concesiones del Estado sin ninguna garantía de la contraparte en el cumplimiento estricto, oportuno y sin dilaciones de lo acordado. Específicamente, las Farc, hoy los Comunes, se habían comprometido a temas tales (menciono sólo algunos de los más importantes) como:

• Reparación: en dinero se han recibido menos de $50.000 millones de pesos para reparar a las víctimas, lo cual es una cifra, por un lado, lejos de la acumulación de riqueza que las FARC atesoraron con sus delitos, especialmente con el narcotráfico y los secuestros, y, por el otro, lejísimos de la verdadera reparación de los cerca de 8 millones de víctimas que el conflicto le dejó al país. De hecho, este sería el mayor lavado de dinero, la mayor evasión fiscal y la mayor fuente de divisas de dudoso origen, que haya ocurrido en muchos años en el país. Además, según el acuerdo de paz, lo que no reparan las FARC le toca al Estado, o sea que todos los colombianos vamos a pagar por los delitos de las FARC y ellos, “mondos y lirondos”.
• Plazos: la entrega material de los bienes en reparación no se cumplió, si bien se prolongaron los plazos y los términos.
• Rutas:  Las llamadas rutas para acabar con el narcotráfico no se revelaron, dicen que ellos no son “sapos”. Como sus delitos por narcotráfico son políticos según el acuerdo, que les importa. Y los contactos internacionales también, por ningún lado.
• Eliminación de cultivos: se daba por compromiso obligado la participación de las FARC en la eliminación de cultivos ilícitos, pero “la dicha es flor de un día”, desde el día en que se firmó el acuerdo, tampoco han hecho nada.
• Verdad: hasta ahora ni en la JEP, que es el tribunal de justicia especial y transicional para la paz, creado con el acuerdo de paz para defender a las víctimas, no ha hecho nada por ellas, pues sólo les ha dado beneficios a los de las FARC como los de no extradición y de penas reducidas, no de cárcel sino “alternativas y restaurativas”, ni tampoco en la Comisión de la Verdad se han reconocido los hechos que conforman la verdad verdadera. Las FARC han salido con “verdades” tan absurdas como que el asesinato de Alvaro Gómez Hurtado, fue por cuenta de las FARC, ¿a quién le están ayudando?, ¿a su amigo defensor el expresidente Samper? De la JEP mucho por esperar porque apenas ahora se refieren a los falsos positivos de las fuerzas armadas de Colombia y a los secuestros de las FARC, pero sin ninguna reparación ni condena.
• Retenciones versus secuestros: los secuestros de las FARC han sido denominadas retenciones, lo cual los aleja de las penas reales y de la Corte Penal Internacional, afortunados, ¿no cierto? Solo unos valientes combatientes de las FARC han revelado la verdad de sus torturas psicológicas y físicas que cometieron en sus campamentos con sus “retenidos”.
• Desmovilización de los miembros de las FARC:  en realidad ni todos se desmovilizaron, ni todas las armas se entregaron, ni todas las caletas de dinero se revelaron, lo que tenemos es una disidencia mejor armada que nunca. Así mismo, el no reclutamiento de menores sigue por todo el país, por las disidencias de las FARC o por formaciones delictuales de todos los pelambres.
• Los delitos sexuales:  Tampoco han sido sancionados, las niñas de la Corporación Rosa Blanca, que fueron víctimas de esos atroces vejámenes, tampoco han sido acogidas por la JEP, y, para colmo de males, el Covid se llevó al gran Herbin Hoyos, quien era el valiente periodista que las lideraba y mantenía presente ante el país su condición de mujeres obligadas a servirles sexualmente a los miembros de las FARC y a abortar posteriormente.

Ahora los dirigentes políticos de las FARC son los Comunes, pero su cambio de nombre no los exime de su responsabilidad y de sus obligaciones como firmantes del acuerdo de paz frente al país y la comunidad internacional. Ah, pero lo extraño es que ésta última, sabiendo todo lo anterior, no dice una sola palabra sobre la verdadera conducta de estos bandidos.

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[1] El PDET se construye en 170 municipios que fueron priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional.

¿SE ACABÓ LA DEMOCRACIA?

 Comentario 29/03/2021

 

¿SE ACABÓ LA DEMOCRACIA?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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En un importante artículo publicado por el diario El Tiempo del 14 de marzo de 2021, se revelan los resultados de una encuesta que buscaba verificar la percepción de los colombianos sobre su sistema democrático. Pues bien, estos hallazgos son francamente preocupantes dado que la manifestación de los encuestados es de una clara decepción sobre el sistema político que nos rige y que ha sido uno de los baluartes de la estabilidad política e institucional de Colombia durante toda su historia.

Veamos primero brevemente los resultados de la encuesta para luego hacer los comentarios:

Lámina 1                                                                                              Lámina 2                                                                        

La primera lámina nos muestra la evolución de la opinión sobre el apoyo a la democracia, el cual pasa desde un 55.4% en el 2012, que ya era bajo, hasta un 18.2% en el 2020, que nos deja “callada la boca”. El desencanto con el sistema democrático de Colombia es abrumador.

Según el diccionario de la Real Academia Española, la democracia es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo. Esta soberanía -o autoridad suprema- puede ejercerse directamente o por medio de representantes. En otras palabras, la democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos son quienes tienen el poder a través de su voto para la revisión y modificación de su constitución, para la elección de sus representantes o para juzgar las acciones de sus gobernantes o de los elegidos como representantes en los diferentes órganos de decisión del Estado.

Hay democracia participativa cuando se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas o cuando se facilitan a la ciudadanía amplios mecanismos refrendatarios o plebiscitarios consultivos. Así, la democracia es obra directamente cuando la decisión es adoptada por los miembros del pueblo, mediante plebiscitos y referéndums vinculantes, elecciones primarias o facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes. Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes.

En Colombia la constitución creó la división de los poderes públicos para buscar el equilibrio de poderes y la representación popular en forma equilibrada, con un sistema de pesos y contrapesos de cada rama del poder sobre las otras, para la mayor y mejor transparencia y gestión en representación del pueblo. Es así como se crearon las tres ramas del poder en forma independiente: ejecutiva (Gobierno), legislativa (Congreso, con Senado y Cámara) y judicial (sistema de justicia).

Pues bien, en la segunda parte del gráfico presentado se tiene la opinión de los colombianos sobre sus ramas de poder, donde se concluye que la confianza en ellas viene disminuyendo hasta niveles realmente bajos y preocupantes. El ejecutivo, representado por el presidente, apenas alcanza un 38% de voto favorable, el Congreso un 21% y el Sistema de Justicia un 26%. Cifras todas demasiado bajas como para dejar de preguntarse, ¿cuáles son las causas detrás de esa pérdida sistemática y totalmente regresiva de afinidad con las tres ramas del poder?

En nuestra opinión es una mezcla entre la pérdida de significado de los partidos políticos, la corrupción y la clara desfiguración que han venido presentando al país las tres ramas en su falta de efectiva decisión, de total transparencia y de la eficiente y eficaz ejecución, donde en buena medida están primando los intereses de grupos de opinión, económicos o políticos, más que los intereses reales de la ciudadanía.  Los jueces ya hacen política y no justicia, los legisladores no legislan, ejercen labor política y el ejecutivo, quien también actúa políticamente, ha concentrado buena parte del poder ante la ausencia de los anteriores, con logros y yerros, por supuesto. Como las promesas políticas de campaña son un cuento mientras dura la campaña, así como también la transparencia brilla por su ausencia, las intrigas y componendas políticas son recurrentes y la mano ajena en los contratos públicos es permanente, se convierten en una fuente de desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones, en sus representantes y en su democracia.

Entre las formas de gobierno alternativas más comunes se encuentran la monarquía (gobierno de reyes), la teocracia (gobierno de clérigos), la aristocracia (gobierno de los ricos), la tiranía ( gobierno de los tiranos que se toman el poder y se vuelven omnímodos), la dictadura (gobiernos que se transforman en verdaderas dictaduras de personas o camarillas que se tratan de perpetuar en el poder), el comunismo (gobierno del estado totalitario y del partido único) y nuestra querida, desprestigiada y aporreada democracia. ¿Cuál escogemos y defendemos?, la democracia, por supuesto, no hay mucho mejor para escoger, pero con la exigencia de su buen funcionamiento.

¿PETRO PRESIDENTE?

Comentario 23/03/2021

¿PETRO PRESIDENTE?

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
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En acalorada entrevista concedida a la periodista Vicky Dávila por el candidato Gustavo Petro para la revista Semana del 17 de marzo del 2021, realizó una serie de afirmaciones con el tono de advertencias si llega a la Presidencia en el año 2022. Vamos a examinarlas tomando el texto como lo pronunció, sin embargo, dividiendo las temáticamente para poderlas abordar en forma independiente, así (entre comillas sus afirmaciones):

1. Lo primero que dijo fue que “todos tendrían que pagar impuestos en su totalidad porque las excepciones son corrupción”. Además, al hablar de los empresarios privados, afirma: “En un Gobierno progresista[1], que paguen los impuestos y compitan. Y dejen de tener un Estado arrodillado ante ellos”.

Como es bien sabido, el Estado atraviesa por una seria encrucijada fiscal y de endeudamiento interno y externo que rebasan las posibilidades de las exhaustas arcas del tesoro nacional. Se tramitan las reformas fiscales y tributarias en este momento para subsanar, en lo posible, los déficits, o mitigar sus impactos inmediatos, transfiriendo a las vigencias futuras parte de los impactos que ha dejado la atención de la pandemia por más de $40 billones en todos los frentes que ha causado tan exigente, imprevista y crítica situación de salud y de restricciones a la actividad productiva, y las consecuencias que ha dejado en todos los niveles de la sociedad.

Tiene razón el señor Petro al esperar que “todos” paguen impuestos, evitando, en lo posible y en lo razonable, las exenciones y exclusiones de todo tipo, ya que en Colombia sólo 3.810.347 ciudadanos y 549.757 empresas pagan impuesto de renta, frente a una población económicamente activa de cerca de 25 millones de habitantes y de 6.000.000 de empresas productivas que se estima tiene el país. En la práctica, cerca de 5.000 empresas pagan casi el 90% del impuesto de renta que se recauda en Colombia, el sistema impositivo “le carga la mano” a las empresas y descuida a las personas como potenciales pagadores de impuestos. El nivel de evasión, elusión y exclusión de las personas para el pago de impuestos de renta es enorme.

Petro llama las excepciones “corrupción”, y mucho puede haber de ese terrible mal que nos carcome, sin embargo, hay una gran parte de población de bajos ingresos o en informalidad laboral que no paga y no debería pagar impuestos, por sus, efectivamente, bajos ingresos, sin desconocer que hay personas que laboran de una manera informal o en pequeñas empresas, que también reciben grandes sumas de dinero por las que deberían aportar a las necesidades del país, pero esta cultura o este nivel de control no se ha logrado, aunque, cada vez más el cerco se cerrará para lograr que todo el que tenga unos ingresos determinados, también contribuya a las necesidades del país a través de los impuestos, independientemente de la denominación o la clasificación de su actividad productiva, ya que el Estado somos todos y nos sirve a todos.

2. “Vivimos en un país que es el cuarto más desigual del mundo. Los hombres más ricos de América no hacen nada por corregir eso, sino que día tras día devoran más y más. No es el producto de su trabajo”. Y más adelante afirma: “El fondo es que vivimos en un país profundamente desigual y que esa desigualdad ha sido causada por los herederos del esclavismo, que consideran que su país es su hacienda particular y que tienen un derecho hereditario y divino de usufructuarlo, sin darle espacio a la gente. Y la gente queda condenada a la miseria”

No es un secreto para nadie el fenómeno de la desigualdad, frente a lo cual a través del Estado, por un lado, se generan soluciones, pero también esos que Petro llama “los más ricos de América”, generan inversión, desarrollo y empleo, porque, como dice el refrán popular, “la plata no está dando en los árboles”, hay que trabajar duro para poder conseguirla, y si esos empresarios lo han logrado y lo están logrando, lo que hay es que felicitarlos y estimularlos para que sigan invirtiendo en el país y en sus soluciones, para su beneficio, por supuesto, pero a través de sus impuestos y sus empleos e inversiones, para el beneficios de los demás. Hay que considerar también que los empresarios privados con sus programas de responsabilidad social empresarial realizan grandes acciones de beneficio comunitario a través de asociaciones, corporaciones o fundaciones creadas para tal fin.

La afirmación de que día tras día devoran más y más y que no es producto de su trabajo, no es cierta y genera odio de clases, los ricos y los pobres confrontados por la política, produciendo un sentimiento de rechazo y resentimiento en contra de los empresarios, cuando, en realidad, son ellos los que pueden hacer crecer y desarrollar el país y generar el bienestar de sus habitantes, en general. Por el contrario, los países centrados en el intervencionismo del Estado y con gobiernos autocráticos y populistas frecuentemente han demostrado sus graves efectos en el crecimiento de la pobreza y en el saqueo de los países que han gobernado.

3. “Yo no soy ingenuo. Me estás preguntando por personas que se han enriquecido con el Estado. Usan su dinero para cooptar al Estado. Y el Estado está es para proteger a los más débiles”.

De nuevo el problema de la corrupción y la connivencia de funcionarios del Estado y algunos empresarios de dudosa conducta quienes, efectivamente, sí esquilman las arcas del Estado, es decir, de todos los ciudadanos; estos son un puñado de empresarios, funcionarios y políticos que han hecho toda la vida grandes fortunas por cuenta del Estado, vaya para ellos todo el peso de la ley, pero la generalización sobre que todos los empresarios se han enriquecido con el Estado, es, de nuevo, muy grave y genera discriminación y odio entre los ciudadanos y los empresarios y, por supuesto, mayor polarización del país.

4. “Cuando la banca está creciendo, pero la economía real se está destruyendo, es que la banca está chupando el circuito real de Colombia. Eso es perverso. Eso es destructivo. ¿Cómo se corrige eso? Con la banca pública”.

El rechazo de la izquierda radical por el sistema financiero y bancario es inveterado, para estos ciudadanos la banca es sinónimo de explotación de la comunidad, sin apreciar que el banquero gana porque le sirve a la comunidad, canalizando recursos de quien dispone de ahorros, transformándolos en créditos para actividades personales, familiares, productivas o de inversión a todo tipo de ciudadanos y empresas.

El negocio bancario es complejo y por excelencia riesgoso, exige grandes sumas de capital para su operación y por lo tanto requiere de inversionistas con capital suficiente, sentido de riesgo, criterio y olfato para los negocios, lo cual es bueno para el país. Los banqueros privados y públicos compiten entre sí, día a día, y como resultado de esa competencia los ahorradores y deudores tiene cada vez mejores servicios, avanzada tecnología y un sustancial apoyo para sus actividades, a tarifas competitivas.

No cabe duda que el país requiere también su banca pública para que canalice los recursos a sectores deprimidos o de bajo acceso donde el banquero privado poco estará presente, como es obvio. El concepto de Petro sobre los banqueros ahonda las diferencias y la polarización y, de nuevo, la odiosa distinción sobre que los pobres lo son por los ricos y los banqueros. Durante la pandemia los bancos del país también han visto disminuidas sus ganancias en más de un 50% y, sin embargo, han sido el gran apoyo del gobierno para canalizar los subsidios por la pandemia. Uno de los aspectos que ayuda a superar niveles de subdesarrollo es la bancarización de la población y esto se logra con la banca, no contra la banca. En Colombia ya el 80% de los colombianos tienen al menos un producto bancario, especialmente ahorros.

5. Mientras tanto, insistió en que “el 80% del empleo en el país lo producen la pequeña y la mediana empresa, pero que no reciben ayudas del Gobierno”.

Es cierto que la mayoría del empleo del país se genera en los micro, pequeños y medianos negocios y en el Estado como gran empleador, lo que no hace sentido es que afirma que el Estado no les ha suministrado ayudas, pues los programas de garantías del Fondo Nacional de Garantías, los de crédito subsidiado, el apoyo a la nómina y los de canalización de la demanda a “compre colombiano” han sido determinantes de la recuperación paulatina de la economía y el bienestar de los ciudadanos durante la pandemia. Sin contar en esta descripción con otros frentes de subsidios del Estado a la salud, las pensiones, el adulto mayor, la educación, el apoyo a poblaciones vulnerables, etc., que ya tienen carácter permanente.

6. Aseguró que “hará cambios sustanciales en el sistema pensional, de tal suerte que la mayor parte de la población que gana hasta cuatro salarios mínimos cotice en un el fondo público como Colpensiones. Los demás, la menor cantidad de ciudadanos, si quieren, pueden ir a los privados”. “La pensión es un derecho, no es un negocio como vender Postobón”.

Este es otro aspecto en el cual la izquierda radical “mete sus dientes”, considerando que las pensiones son un derecho que debe ser administrado y fuertemente subsidiado por el Estado, como ocurre hoy con las pensiones a cargo de Colpensiones y, además, que hay sectores de empleados del Estado que deben tener fuertes privilegios en sus pensiones, las cuales son pagadas por todos los colombianos, sin mérito ninguno, en mi opinión, distinto a que son empleados de algún organismo del Estado.

La construcción de una solución para la vida de retiro es un deber de todo trabajador durante su vida laboral en todas partes del mundo, sin embargo, para la izquierda es un derecho adquirido, lo que en la práctica es un subsidio que unos trabajadores, que pagan impuestos y forman su propia pensión, en la práctica le conceden a otros trabajadores que gozan de la pensión sin merecimiento ni sentido de equidad. Distinto es el caso de los programas del tipo adulto mayor o los BEPS (beneficios económicos periódicos) que administra el Gobierno para poblaciones verdaderamente vulnerables. ¿Quién va a pagar las pensiones que el candidato a presidente Petro espera que se les conceda como derecho al grueso de la población?

7. “Yo no tengo la intención de perseguir a nadie. Si esos empresarios, en especial Sarmiento –a quien estudié muy bien por Odebrecht–, dejan de ordeñar al Estado y se dedican, de acuerdo con el plan de desarrollo que proponemos, a lo que nosotros consideramos, serían loables en un sistema económico. ¿Les vamos a quitar los bancos? No. Pero los bancos no pueden ser un sistema para chupar la economía real”.

Una precisión puntual es que la familia Sarmiento ha sido exonerada de cargos en el caso de Odebrecht, la segunda es que, como todos los de la izquierda, Petro quiere ejercer un grave dirigismo desde el Estado para el sector privado, eso de que “se dedican, de acuerdo al plan de desarrollo que proponemos, a lo que nosotros consideramos, serían loables en un sistema económico”, lo que hace es inhibir la iniciativa privada, restringir la libertad de empresa y crear camarillas directoras de la economía privada desde el gobierno, lo cual es una frecuente fuente de corrupción. Desaparecería la palabra privado del mundo empresarial de los particulares, gravísimo.

8. “No. Yo no odio. Ni siquiera a quienes me torturaron. A quienes amenazaron a mis hijos. Nunca me he puesto a perseguir ni a mis perseguidores”.

Los orígenes guerrilleros de Gustavo Petro, su discurso cargado de lucha de clases, de restricciones a las libertades privadas, de dirigismo estatal y de un régimen de privilegios en favor de sus intereses políticos y de sus camarillas, muestran la verdadera cara de sus ambiciones y prepotencia: sus rasgos son de izquierda radical, sectarismo, autocracia y menos democracia, populismo y nacionalismo malsanos, socialismo de Estado y polarización agresiva contra las demás corrientes de pensamiento.

Estamos a tiempo, pensemos bien en qué necesita y le conviene al país, y en lo que nos podría llegar en el 2022 hacia adelante.

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[1]Progresista es el nombre que los miembros de la izquierda radical se dan a sí mismos, ya no socialista, menos comunista o marxista-leninista.

¿OCUPACIÓN O SUBSIDIOS?

 

Comentario 15/03/2021

 

¿OCUPACIÓN O SUBSIDIOS?

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

“Dale un pez a un hombre y comerá hoy, dale una caña y enséñale a pescar y comerá el resto de su vida”. Jesucristo

Todos los países han visto deterioradas sus economías, tanto a nivel del sector oficial como del privado, en medio de la recesión global que estamos atravesando por el cierre o por la ralentización de su actividad económica, con, por supuesto, enormes consecuencias de deterioro social y parálisis de sus proyectos de desarrollo y crecimiento, así como la inversión extranjera directa que en buena medida se ha visto suspendida.

Como resultado de todo ello, los gobiernos han volcado buena parte sus presupuestos de gastos e inversión hacia la concesión de subsidios a las personas y a las empresas más afectadas o débiles para evitar mayor destrucción económica y propender por la reactivación de los negocios o las ocupaciones independientes. Evidentemente esto es necesario y se justifica, especialmente en situaciones de mayor dificultad a las cuales se suman fenómenos de violencia, narcotráfico y catástrofes naturales, como ocurre en varias de nuestras regiones.

Sin embargo, la finalidad del Estado no es ser un proveedor de subsidios, sin perjuicio que hay casos donde es imperioso y urgente que lo haga, como en la educación, la salud, las pensiones y el bienestar de comunidades o personas vulnerables. Salvo condiciones de esa naturaleza, los subsidios tienen la vocación de ser temporales y completamente focalizados a quienes verdaderamente los requieren y los necesitan, sin más alternativa para tenerlos que acudir al Estado. Precisamente, el diccionario de la lengua española RAE, define los subsidios del Estado como: “Prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada”, es decir, tiene su origen, su justificación, su existencia y su terminación.

Desafortunadamente, buena parte de los ciudadanos piensan que una vez concedido el subsidio debe perdurar y mejorarse a través de su existencia, sin importar cuál es su costo, el origen de los recursos y quién realmente lo está pagando, porque el Estado somos todos. La política de subsidios la convierten en un verdadero asistencialismo, el cual, como lo demuestra la experiencia vuelve a las personas verdaderos “zánganos” o “chupa sangres”, que esperan que el Estado les resuelva su vida económica, lo cual es una responsabilidad individual frente a sí mismos y frente a la sociedad.

Los movimientos políticos de izquierda son ampliamente afectos a esta tesis y la defienden con fuerza, sin justificar la proveniencia de los recursos y la real capacidad del Estado o de los demás ciudadanos de conceder subsidios eternos por causas que son eminentemente transitorias. Mucho se habla de rentas básicas, de educación y salud gratuitas, de pensión mínima y de toda una gama de auxilios, beneficios y subvenciones en los más diversos frentes de la actividad humana. Además, con la curiosidad implícita de que todo aquel sector, persona o grupo de personas que tienen dificultades, sienten, esperan y demandan que el Estado se las soluciones a cualquier costo y sin ninguna justificación de carácter social o comunitario o contraprestación en beneficios para otros ciudadanos con dificultades sociales realmente apremiantes y de verdadera pobreza.

Nos preocupa que la política de subsidios tienda a perpetuarse en el tiempo, se vuelva un “derecho adquirido”, como suelen denominarlos y que por esta vía se transforme la capacidad fundamental del Estado de crear condiciones e invertir en el desarrollo económico y de infraestructura del país. De esta manera se abre el espacio a los sectores privados para generar más inversión, ocupación, producción, rentas, impuestos y oportunidades de inversión y crecimiento que beneficien a sus comunidades.

Aquí se impone la reflexión de “dar el pez o enseñar a pescar”, ¿el Estado debe crear condiciones para que los particulares puedan desarrollar sus actividades privadas o, por el contrario, el Estado debe ser un proveedor de subsidios en todo tipo de necesidades o iniciativas individuales o de colectivos de interés particular? No estamos hablando de subsidios temporales necesarios en medio de una pandemia o de una catástrofe o también a poblaciones pobres y vulnerables, hablamos de solucionarle los problemas a sectores o personas individuales para su propio beneficio y sin contraprestación con la comunidad.

Son muchas las obras que puede desarrollar el Estado, tales como las de infraestructura de transporte que acerquen al país con el resto del mundo, de centros de investigación y desarrollo, de dotación urbana de comunicaciones, de seguridad y, por supuesto también de bienestar y recreación, todos los cuales requieren de su inversión directa, o la participación en proyectos de inversión conjunta o asociaciones con el sector privado para ciertos desarrollos. Una solución de ferrocarril, por ejemplo, para el transporte de mercancías y personas como existe en los países más avanzados o una vía fluvial bien dotada a través del río Magdalena, serían multiplicadores de bienestar, ahora y siempre, para muchas comunidades y para todo el país. Además, serían grandes generadores de ocupación para muchos sectores productivos y generadores de diversidad de trabajos directos e indirectos.

EL ESTALLIDO SOCIAL

 Comentario 09/03/2021

 

EL ESTALLIDO SOCIAL

 

Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/

 

Al comentar un reciente estudio del FMI sobre las consecuencias de la pandemia, Antonio Albiñana, periodista y comentarista político español, prevé un estallido de desórdenes sociales tras la crisis sanitaria, hacia mediados de 2022: “Una pandemia pone de manifiesto las fracturas ya existentes en la sociedad, la falta de protección social, la desconfianza en las instituciones, la percepción de incompetencias o de corrupción en los gobiernos, tras lo que sube el riesgo de graves crisis políticas. Calderos de descontento social en lo que echarán sus redes populismos y fascismos de todo tipo”. El Tiempo, 28 de febrero de 2021.

Para nadie es un secreto los graves problemas de pobreza y falta de oportunidades que por décadas han tenido diferentes países en Latinoamérica, más notorios aún en época de pandemia donde buena parte de la clase media se ha rodado hacia condiciones vulnerables y aún de pobreza vergonzante. La razón no es otra que la consecuencia fundamental del bajo dinamismo y por ende el menguado crecimiento económico. En épocas de recesión desaparecen muchos empleos y oficios y, por consiguiente, los ingresos familiares disminuyen, es una clara evidencia de que la demanda agregada de bienes y servicios ha disminuido y en algunos casos ha caído en forma dramática, lo cual afecta negativamente también a las empresas y empresarios generadores de empleo.

¿Qué hay que hacer, entonces?, la respuesta es obvia, restablecer la demanda a través de la recuperación de la dinámica económica, para que ésta requiera de nuevo los empleos y las empresas que se perdieron u otras sustitutivas, retornando al nivel inicial o superior de ingreso de las familias y de mejor bienestar económico cada vez. Esta es la única fórmula válida, factible y posible.

Desafortunadamente otros piensan que no es ese el camino, que todo se soluciona si el Estado asume las riendas de la economía y se convierte en un generador formidable de subsidios a las familias que tienen fragilidad. Este es un hecho que requiere darse en forma temporal y claramente focalizada, no cabe duda de que muchas familias, tanto como muchas empresas, requieren un empujón del Estado para restablecer su actividad productiva y lucrativa luego de la pandemia. Pero, sólo con poblaciones totalmente en línea de pobreza, dichos subsidios deben prolongarse.

La pregunta clave para todos es: ¿De dónde sacará el estado dinero a “chorros” para subsidiar a todo el que tenga dificultades? Y la respuesta es contundente, el Estado no tiene más dinero que el que los propios, honestos y cumplidores de su deber, empresarios o personas naturales, le contribuyan en materia de impuestos. El Estado puede temporalmente endeudarse, pero como dice el refrán popular “no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se venza”. Finalmente, el Estado también tiene que honrar sus obligaciones pagándolas, para lo cual requerirá fatalmente más impuestos.

¿Es fácil decir “que los ricos paguen más impuestos”, pero a ver dónde están esos ricos con capacidad de darle al Estado los impuestos necesarios para que se subsidie a toda una sociedad en condiciones de progreso, bienestar y libertad? Esas personas y empresas terminarían por considerar que sus actividades productivas no valen la pena si el Estado ejerce una exacción de sus negocios o su labor productiva sobre la base de impuestos confiscatorios y, como es obvio, finalmente dejarían su actividad o la trasladarían a un país que sí les ofrezca garantías para ejercer su labor con impuestos razonables. Los países latinoamericanos se caracterizan por altas tasas impositivas, porque han buscado en los impuestos las soluciones, sin embargo, sus niveles de pobreza no han mejorado, en muchos casos con fórmulas de gobierno estatistas y populistas, han desmejorado gravemente.

En consecuencia, la única solución para los problemas económicos y sociales de una comunidad es crecer la economía, por un lado, para que más personas y familias tengan oportunidades productivas y, por el otro, para que el Estado recaude más impuestos por la mayor actividad económica, con tarifas moderadas y crecientes según ingreso, por supuesto, pero nunca confiscatorios, los cuales que se traduzcan en labor social y de desarrollo y no en clientelismo, politiquería y corrupción. No existen más soluciones.

En algunas sociedades se han ensayado cambios en los modelos políticos, económicos o sociales, sin embargo, todas han tenido que reconocer que, sin crecimiento económico, libertad empresarial y lealtad del Estado con las actividades privadas, no hay condiciones para el desarrollo económico y social.

Para no ir muy lejos, el Caso de Chile es sobrecogedor, dado que perdió su estabilidad económica y su liderazgo empresarial, con grave daño a la democracia, ahora amenazada por una reforma constitucional, donde no se sabe a qué lugar se llevará a esa nación que venía siendo ejemplar. Sinceramente no creemos que un cambio en la constitución pueda sustituir la fórmula del crecimiento económico para favorecer mayor equidad y mejores oportunidades. Como afirma Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso en Chile, en un interesante artículo que tituló “CAOS”, publicado en La República del jueves 4 de marzo de 2021: “Y así estamos, meses después del referéndum con el caos desatado, dando cuenta de la total incompetencia de nuestra élite y con la democracia en riesgo vital”.

Debemos prepararnos para el estallido social, reforzando nuestra democracia, las instituciones, la constitución, nuestro modelo económico, político y social y no hacer oídos blandos a las ilusiones y veleidades de los socialismos populistas y nacionalistas que ya se anuncian por ahí como la mejor opción. No hay solución distinta contra la pobreza que el crecimiento económico con un enfoque de bienestar.