Comentario 16/09/2024
PETRO:
NO LE MIENTA MÁS AL PAÍS
Por: Carlos Alberto Mejía C.
Ingeniero Industrial y Administrativo.
https://reflexiones-de-cam.blogspot.com/
El
presidente de la República, Gustavo Petro, por todo tipo de medios, repite una
y otra vez un particular mensaje, en el que insiste que se estaría fraguando un
supuesto plan para desestabilizar el gobierno del llamado cambio, un golpe
blando dado por las oligarquías y los viejos poderes políticos a su mandato
autodenominado progresista.
Y
es que al mandatario colombiano no le ha gustado para nada la investigación que
adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE), a una presunta violación de los
topes en la financiación de su campaña presidencial, de primera y segunda
vuelta. “Cada paso dado contra el presidente en el Consejo Electoral constituye
un golpe de Estado”, dice Petro.
La
evidencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, con pruebas
documentales que hablan de violación de las normas electorales por más de
$5.300 millones de pesos, por exceso en los topes (límite de recursos
permitidos), ocultamiento de ingresos y egresos de la campaña y por el origen
de los recursos.
El
primer mandatario asegura que una providencia del Consejo de Estado que
reafirmó la facultad del Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña
del presidente entraña un “golpe de Estado”. Vale decir que también la Corte
Constitucional avaló esta misma facultad para el CNE. El fondo del asunto es
que se define la autoridad competente para investigar y sancionar las
presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de
ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y
presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición del
Pacto Histórico, de la que el hoy presidente fue candidato.
La
competencia para adelantar las actuaciones administrativas con relación al
presunto incumplimiento al régimen de financiación de las campañas
presidenciales, incluso donde los candidatos han resultado elegidos jefes
de Estado, recae únicamente en el Consejo Nacional Electoral, de conformidad
con lo establecido en los artículos constitucionales 109 y 265 y lo estipulado
en la Ley 996 de 2005. Se investiga la campaña, no al presidente.
El
presidente trata de desconocer el ordenamiento jurídico y las disposiciones del
Consejo de Estado que facultan al Consejo Nacional Electoral, aduciendo que
quien es el único que lo puede enjuiciar es la Comisión de Acusaciones de la
Cámara Representantes y luego, para ser aprobada la acusación, debe pasar por
el Senado de la República. Las pruebas son palmarias en contra de la violación
de las normas electorales y aún está por ver su reafirmación en la
investigación de las cuentas pertenecientes a la campaña, que decretará el
Consejo Nacional Electoral en pleno. Sin embargo, Gustavo Petro y sus áulicos
siguen hablando de golpe blando.
No
hay tal golpe blando, lo que se quiere crear por parte del presidente Petro son
cortinas de humo y distracción de la atención sobre el verdadero problema de la
violación de las normas electorales y por esa vía del artículo 109 de la
Constitución de la República que indica la prohibición de la violación de los
topes máximos de financiación de las campañas, hecho que será sancionado con la
pérdida de la investidura o del cargo. Además de las sanciones penales
tipificadas en el Código Penal, donde los delitos de “financiación de Campañas
electorales con fuentes prohibidas”, “violación de los topes o límites de
gastos en las campañas electorales” y “omisión de información de aportante”,
son punibles penalmente.
Así,
estamos frente a dos tipos de delitos, los de indignidad de presidente Petro
con la eventual pérdida de su investidura y los delitos penales de los miembros
de su campaña por la violación de las normas electorales. El presidente de la
República cuenta con un fuero especial que implica que las presuntas faltas
penales o disciplinarias en las que pueda incurrir sean de conocimiento
exclusivo del Congreso de la República.
Desde
la época de las campañas de primera y segunda vuelta se oían voces diversas
sobre posibles delitos electorales en la campaña de Petro, voces de diversos
orígenes y partidos se unieron para afirmar que había tales delitos y solicitar
su investigación. Ahora ya se cuentan por decenas las denuncias. Desde que la
campaña de Petro decidió “correr las líneas éticas” como alguna vez afirmó
Sebastián Guanumen, miembro de la campaña y hoy premiado con la representación
diplomática de Colombia en Chile, todo se consumó, con todo tipo de “formas,
colores y sabores” en contra de las normas y, por supuesto, afectando el juego
limpio con los demás candidatos y las otras campañas. En la campaña de Petro,
la ética brilló por su ausencia y la política sucia primó sobre el cumplimiento
de las leyes y de los procedimientos establecidos.
Sencillamente,
todo es un fraude que debe ser sancionado en forma ejemplar, por lo tanto, les
corresponde al Consejo Nacional Electoral en lo administrativo y a la Comisión
de Acusaciones de la Cámara en lo disciplinario y penal adelantar las
respectivas investigaciones y, en caso de considerarlo pertinente, acusar ante
el Senado de la República. Esta última autoridad determinará si procede la
pérdida del cargo y/o la remisión a la Corte Suprema de Justicia en caso de
delito. En todo caso, Petro no debe mentirle más al país ni tratar de
desestabilizar sus instituciones para sembrar cortinas de humo sobre su
verdadera responsabilidad frente a estos hechos. El que se da un golpe blando
es Petro mismo, si violó las normas, o demuéstrele presidente al país que no es
así, pero sin mentirle.
